La firma del convenio de Derechos Humanos para la formación de la Guardia Nacional entre la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el gobierno mexicano, abre una ventana para saldar la cuenta pendiente con la ciudadanía, luego de dos sexenios de corrupción e impunidad en las violaciones a derechos […]
La firma del convenio de Derechos Humanos para la formación de la Guardia Nacional entre la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el gobierno mexicano, abre una ventana para saldar la cuenta pendiente con la ciudadanía, luego de dos sexenios de corrupción e impunidad en las violaciones a derechos humanos.
Es la respuesta a la petición que plantea el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU), el cual consiste en que se sancione a las y los funcionarios públicos que por acción u omisión violenten los derechos humanos de mujeres, niñas o adolescentes, y en base a las recomendaciones del 23 de julio del 2018, emitidas por la CEDAW.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, firmó el 10 de abril con el presidente Andrés Manuel López Obrador, un convenio donde plantea que «no puede ONU-DH estar ausente de lo que pasa en el país». No se puede asegurar la seguridad sin pleno respeto a los derechos humanos, dijo.
México tiene ante sí la oportunidad de saldar una cuenta pendiente con la ciudadanía, principalmente con las mujeres, niñas y adolescentes, al realizar acciones urgentes para erradicar las violaciones a los derechos humanos que atentan contra la vida, integridad y dignidad de las mujeres.
Desde el 9º Informe Periódico del Estado Mexicano celebrado en Ginebra, Suiza, el 6 de julio de 2018, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) visibilizó y registró la violencia que viven las mujeres y entregó a la asamblea de la CEDAW un resumen de hechos sobre las violaciones a los derechos humanos.
El resumen fue el siguiente: en 2018 fueron asesinadas 3.580 mujeres en México, es decir en promedio 9,9 al día, de las cuales solo 23 por ciento de los casos fueron investigados como feminicidio. El 56 por ciento del territorio nacional ha sido reconocido oficialmente en Alerta de Violencia de Género, sin respuestas contundentes.
Para enero de 2019 fueron asesinadas 304 mujeres, en promedio 10 al día, de los cuales 75 asesinatos son investigados como presuntos femincidios.
Las observaciones por parte del OCNF a la violencia contra las mujeres y niñas incluyen la violencia física, psicológica, sexual, económica, doméstica, desapariciones forzadas, tortura, sexual, asesinatos, y en particular el feminicidio.
Ante ese panorama, el OCNF reitera que el gobierno mexicano debe desterrar prácticas que revictimizan a las mujeres víctimas de violencia feminicida y que mantienen a la mayoría de los casos en la impunidad.
Asimismo, plantea sancionar al funcionariado público que, por acción u omisión, violente los derechos humanos de mujeres, niñas o adolescentes y solicita la intervención de Bachelet para que el Gobierno Federal incluya a la sociedad civil en los grandes retos que enfrenta México.
Bajo esa mirada de denuncia escalofriante, donde las agresiones contra las mujeres van en aumento, se pide la intervención de Bachelet para que el gobierno y la sociedad civil construyan el Protocolo único para la investigación del delito de feminicidio e implementar la histórica sentencia de Mariana Lima Buendía, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2015 y en la cual se establece el criterio de que toda muerte violenta contra las mujeres sea investigada de inicio como feminicidio.
Y que se fortalezca el diseño y aplicación efectiva de la política nacional de igualdad de género de los próximos seis años, así como el personal necesario y capacitado, que deberá construir desde una nueva óptica y no desde la reproducción de viejas prácticas que ponderaban otros intereses y no los derechos de las mujeres.
La demanda más sentida de la OCNF para la aplicación de la justicia es que se realicen investigaciones eficaces y con perspectiva de género para dar con el paradero de autores materiales e intelectuales de los delitos en los que se pone en riesgo la vida e integridad física de las mujeres.
En violencia de género contra las mujeres, el Comité recuerda su recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19, y reitera su recomendación al Estado parte de que se adopte medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatiendo las causas profundas de esos actos, como la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación de las mujeres.
Asimismo, pide se investigue, enjuicie y sancione a los responsables, incluidos los agentes estatales y no estatales, como cuestión prioritaria, así como velar para que se tipifique como delito el feminicidio en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se normalice los protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el Estado parte y se garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio.
Otra recomendación es que se simplifique y armonice en los estados los procedimientos de activación del Programa Alerta AMBER y el Protocolo Alba, se agilice la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas, se adopte políticas y protocolos específicamente orientados a mitigar los riesgos asociados con la desaparición de mujeres y niñas, como el feminicidio y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, y se vele por que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refuerce su perspectiva de género.
En este rubro plantea que se evalúe la repercusión del mecanismo de alerta de violencia de género, a fin de garantizar una utilización amplia y armonizada y la coordinación en los planos federal, estatal y municipal, y se vele por la participación de organizaciones no gubernamentales, expertos del mundo académico y defensores de la perspectiva de género y los derechos humanos, así como mujeres víctimas de la violencia.
Recomienda la CEDAW que se subsane la falta de medidas de protección de la dignidad y la integridad de las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, en particular concienciando a la población sobre los derechos de estas mujeres, en cooperación con la sociedad civil.
También que se refuerce los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los feminicidios, y las desapariciones forzadas, desglosados por tipo de violencia y relación con los perpetradores. Entre las recomendaciones del 23 de julio de 2018 para México, el Comité sugiere que el Estado tome medidas concretas y efectivas para aplicar plenamente en todos los estados, teniendo en cuenta las cuestiones de género y el Mecanismo Federal de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de prevenir, investigar y enjuiciar las agresiones y otras formas de abuso contra ese sector y castigar a sus autores, y se adopte medidas eficaces para luchar contra la impunidad.
En trata de personas, recomienda que se asignen recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para la aplicación eficaz y armonizada de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en todos los estados.
En suma, el CEDAW recomendó a México, desde el 23 de julio de 2018, adoptar una estrategia general dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños para superar la cultura machista y los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad, y eliminar las formas interseccionales de discriminación contra las mujeres.
Además, sugirió elaborar una estrategia de formación para profesionales de los medios de comunicación que comprenda directrices y mecanismos de control para eliminar los estereotipos discriminatorios contra las mujeres y alentar una cobertura informativa que tenga en cuenta las cuestiones de género, sobre todo en las campañas electorales.
Pidió que los medios adopten medidas para promover la igualdad de representación de mujeres y hombres en los medios de comunicación; y aplique plenamente el Convenio por la Igualdad de Género y el Combate a la Violencia contra las Mujeres en los Medios de Comunicación a fin de garantizar la imposición de sanciones adecuadas y el recurso a facultades coactivas para luchar contra los estereotipos de género discriminatorios, así como adoptar medidas para alentar la difusión de imágenes positivas de las indígenas, las afromexicanas, las migrantes y las refugiadas y solicitantes de asilo.
Estas son solo algunas de las recomendaciones que hizo la CEDAW a México desde julio de 2018, y a nueve meses de esas, Bachelet vino a México, donde escuchó no sólo el resumen de 2018 ante las representantes del OCNF, sino también un panorama negativo sobre el alza de las agresiones contra las mujeres.
La forma del convenio podría verse como una luz, una esperanza que no es acción de buena fe, sino concreta, como la firma del convenio para asegurar y acompañar la creación de la Guardia Nacional, donde está la ejecución y aplicación de la justicia.