Un caso de abuso sexual y embarazo de una niña de 11 años que no recibió ninguna protección gubernamental, pese a que en Bolivia el año 2014 el Tribunal Constitucional sentenció que en un caso como este se puede proceder a la interrupción legal del embarazo sin orden judicial previa, terminó de confirmar que el Ministro de Justicia, Iván Lima, es miembro del Opus Dei.
Así se explica que en un caso tan grave dicha autoridad guardó absoluto silencio y no tomó acción alguna, lo que puede ser calificado como incumplimiento de deberes. Lima puso su voto de obediencia y Fidelidad a su prelatura antes que su obligación de hacer cumplir las leyes de un Estado Laico.
Pero la situación es aún peor, ya que la niña víctima de abusos sexuales acudió junto a su madre a un hospital del sistema público, manifestando su voluntad de acogerse al procedimiento que la Sentencia Constitucional del año 2014 les permite. Ya en ese centro médico, en vez de recibir apoyo profesional especializado, la víctima y su madre fueron presionadas moral y psicológicamente por representantes de la iglesia católica, hasta que desistieron de su voluntad inicial. Días después, esta criminal injerencia fue desafiantemente respaldada por el arzobispo de la ciudad de Santa Cruz, Sergio Gualberti, purpurado de nacionalidad italiana que es frontal opositor al gobierno de Luis Arce y que, a finales del 2019, respaldó el golpe de Estado contra Evo Morales.
Frente a este abierto desafío de la jerarquía católica, el devoto ministro siguió manteniendo la sumisión a su fe y no a la ley, actitud con la que ha dañado al gobierno del que forma parte, lo que hizo que resaltaran aún más las acciones de la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, que sí activó un Amparo Constitucional en favor de los derechos de la menor de edad, cumpliendo así con sus obligaciones legales y enfrentándose a una élite católica que se cree intocable.
La presencia en el gabinete de un ministro del Opus Dei es peligrosa para el presidente Luis Arce, ya que tiene cerca suyo a un operador de la derecha confesional más recalcitrante que no sólo está protegiendo a la jerarquía eclesiástica que fue parte de la trama golpista hace dos años, sino que con sus acciones está socavando la propia estabilidad gubernamental. No es para tomarlo a la ligera, el Opus Dei fue fundado el año 1928 por Josemaría Escrivá y Balaguer, en una España en la que florecían las ideas republicanas, democráticas y laicas contra las que Escrivá y sus seguidores lucharon. Durante la Guerra Civil española de 1936-1939, los miembros del Opus Dei dirigieron acciones de violencia católica contra los defensores de la república y la izquierda, siendo por ello reconocidos por el dictador fascista Francisco Franco y el Obispo de Madrid en 1941 como Sociedad Sacerdotal. Es muy importante decir que Escrivá se opuso a las ideas renovadoras del Papa Juan XXIII aprobadas en el “Concilio Ecuménico Vaticano Segundo” del año 1962. En América Latina, se debe saber que la “Obra” como es conocida por sus miembros, combatió desde los sesenta a los sacerdotes que profesaban la Teología de la Liberación acusándolos de “castrocomunistas” y que el Opus Dei en los años setenta apoyó abiertamente las dictaduras de Pinochet en Chile y Videla en Argentina. No es casual que fuera alentado por el papado ultraconservador de Juan Pablo II (1978-2005), lo que le permitió convertirse en una verdadera multinacional de la fe presente en 68 países. En los años noventa apoyó en Perú al régimen de Fujimori a través del arzobispo de Lima José Luis Cipriani, que en 1996 durante la toma por el MRTA de la embajada de Japón, fingió buscar una negociación, entró a la embajada con una microcámara oculta cuyas imágenes sirvieron a los comandos militares que ejecutaron la operación “Chavín de Huantar”, aniquilando a los 16 emeretistas que efectuaron la toma. En Bolivia, uno de los principales referentes del Opus Dei es Danilo Eterovic Garret, sacerdote de 66 años, de nacionalidad boliviano-croata, que tuvo entrañable relación y fue asesor espiritual del ya fallecido Silvio Marinkovic, latifundista cruceño, militante de la Ustacha fascista de Croacia y padre de Branko Marinkovic. ¿Sabrán algunos ingenuos que defienden al ministro que este es el Opus Dei al que sirve y obedece Iván Lima?
El lamentable caso de la niña fue sólo un eslabón más de una cadena que algunos creen que son errores, pero que en realidad son actos premeditados de infiltración.
Posesionado el 8 de noviembre del 2020, su primera tarea era impulsar los juicios penales contra los operadores del golpe de Estado: Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Iván Arias, Marco Pumari, Branko Marinkovic, Arturo Murillo, Luis Fernando López, los mandos militares y policiales, los jefes de los grupos paramilitares (Unión Juvenil Cruceñista, Resistencia Juvenil Kochala, Resistencia Juvenil de Comcipo) y también los obispos católicos que fueron parte de la conspiración. Esta era la prioridad, pero el ministro no lo hizo y dejó a su suerte la denuncia contra los golpistas presentada en la vía ordinaria por la ex diputada Lidia Paty.
El resultado de esa negligencia ha sido nefasto para el devenir de la democracia boliviana. Como a nombre del Gobierno Lima no activó ningún recurso ante la justicia electoral para impedir o cuestionar sus ilegítimas candidaturas, hoy el fascista Luis Fernando Camacho ha podido ganar las elecciones a Gobernador de Santa Cruz, el ex – militar Manfred Reyes Villa, que tiene numerosos procesos y hasta una sentencia ejecutoriada en los estrados judiciales, pudo habilitarse y ganar las elecciones a la alcaldía de Cochabamba, y el ex ministro Iván Arias del gobierno de facto de Jeanine Añez, que firmó el Decreto 4078 que otorgó inmunidad a los policías y militares en operativos de seguridad contra civiles, y con cuya implementación ocurrieron las masacres de Sacaba y Senkata, logró postular y ganar las elecciones a la alcaldía de La Paz.
¿Qué hacía el ministro mientras estos enemigos de la democracia alcanzaban sus primeros objetivos de legitimación? Se dedicó el primer semestre del 2021 a la “reforma judicial” organizando nada menos que un “Consejo de Notables”, con prominentes juristas de derecha como son los abogados José Antonio Rivera, que tuvo cercanía con Manfred Reyes Villa; Rodolfo Sanjinés Elizagoyen que fue nada menos que asesor legal de la familia Camacho de Santa Cruz; Carlos Alberto Goitia Caballero, ex ministro del gobierno de derecha de Jorge Quiroga el 2001 y constituyente que se opuso a la nueva Constitución entre el 2006 al 2008; Zoraya Faride Santiago Salame que es hija de la senadora de derecha Silvia Salame, ex magistrada de la Corte Suprema que se definió el 2006 como “la primera opositora a la Asamblea Constituyente”.
Este grupo que impulsó Lima lo retrató de cuerpo entero como un abogado convencional y tradicionalista, no un militante por la justicia social y menos un militante del MAS, que no lo es como dejó en claro en una entrevista que le hizo María Galindo en marzo de este año.
Aquél Consejo fracasó, pero era sólo una arista de una estrategia conciliadora con la derecha. Iván Lima se dio a la tarea de convencer al gobierno que la “única” vía para juzgar a Jeanine Añez era mediante un juicio de privilegio constitucional, vale decir un “juicio de responsabilidades”. Según él, un proceso por la vía ordinaria “no va a llegar a buen puerto”, curiosa metáfora marítima que pasa por alto que los constituyentes que redactaron la nueva Constitución Política del Estado del 2009, tuvieron el cuidado de definir la naturaleza de la Presidencia Constitucional como el resultado de una elección directa por voto en las urnas, o de una sucesión constitucional aprobada en la Asamblea Legislativa respetando los procedimientos constitucionales y legislativos previamente definidos, lo que se ratificó mediante la Sentencia Constitucional N° 0052/2021, de 29 de septiembre de 2021, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Por tanto, lo que hizo Jeanine Añez fue una usurpación violenta del poder, un autonombramiento inconstitucional que dio lugar a una administración de facto e ilegal, por lo que debe ser juzgada en la vía ordinaria, sin ningún privilegio.
¿Por qué entonces el ministro Iván Lima insiste tanto con la vía de un “Juicio de Responsabilidades” a Jeanine Añez, cuya autorización requiere del voto de dos tercios (que el MAS ya no tiene) de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Porque llegó muy lejos en las negociaciones con la derecha para su proyecto concertador, que se vinculó con el planteamiento reconciliador del vicepresidente David Choquehuanca, que el segundo mandatario explicaba acudiendo a una alegoría del águila andina: “El cóndor, para poder volar, necesita de las alas izquierda y derecha”. Digo que llegó muy lejos en sus negociaciones para una “reforma judicial pactada” con parlamentarios de los partidos de derecha “Comunidad Ciudadana” y “Creemos”. Esas negociaciones significaban ni más ni menos que, a cambio de que a sus líderes Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho no se les investigue por el golpe del 2019, la derecha estaría dispuesta a aprobar que Jeanine Añez comparezca ante los estrados judiciales pero en “juicio de responsabilidades”, como si hubiera sido una presidenta constitucional y no una de facto.
Increíblemente, en estas tratativas, el Ministro de Justicia incluyó algo por lo que quedará en los anales históricos de las mayores traiciones: reactivar viejos casos de juicios de responsabilidades contra ex ministros del gobierno de Evo Morales, como Alicia Muñoz, Wálter Villarroel, Alfredo Rada, Hugo Salvatierra, incluso la ex senadora Leonilda Zurita (estrecha colaboradora de Evo). Se trata de antiguos procesos que el ex Fiscal General Mario Uribe, militante del partido Acción Democrática Nacionalista (ADN) del ex dictador militar Hugo Banzer, abrió entre los años 2007-2008 contra representantes del gobierno del MAS, como parte de la estrategia de desestabilización del gobierno evista, que la derecha emprendió también desde las esferas judiciales que por entonces controlaba.
Que desde el seno mismo del gabinete de un gobierno popular, un ministro actúe para perseguir a ex ministros de izquierda ya ocurrió en el procesos ecuatoriano. En Ecuador hubo también un “Iván Lima”, se llamó Juan Sebastián Roldán, hombre que ocupó estratégicos cargos palaciegos, muy vinculado a los poderes fácticos de la derecha, y que se encargó de abrir procesos contra ex ministros y ex ministras de Rafael Correa. Ya se sabe lo que vino después: el proceso de transformaciones retrocedió por la traición de Lenin Moreno.
En Bolivia el presidente Luis Arce tiene la palabra, ojalá no permita que esta presencia derechista en su gabinete continúe.
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