El Presidente de Bolivia es un activo y destacado jugador de fútbol. Incluso en los momentos más inverosímiles se concede un tiempo para jugar una «pichanguita». Pues bien, en estos días ha metido un gol de media cancha, firmando nuevos contratos con todas las empresas petroleras que trabajan en el país. Aunque no agota su […]
El Presidente de Bolivia es un activo y destacado jugador de fútbol. Incluso en los momentos más inverosímiles se concede un tiempo para jugar una «pichanguita». Pues bien, en estos días ha metido un gol de media cancha, firmando nuevos contratos con todas las empresas petroleras que trabajan en el país.
Aunque no agota su programa nacionalizador, que todavía tiene pendiente la expropiación de las acciones de cuatro empresas, esta firma de contratos con todas las compañías -incluso con las que probablemente serán expropiadas en el futuro- hace progresar dicho programa de manera fundamental.
Los contratos no son todo lo que se dice de ellos, por supuesto, pero no cabe duda de que parecen bastante mejores que los que van a sustituir. Si éstos obligaban a las empresas al pago de regalías de 18 a 50 por ciento, e impuestos de 25 por ciento a las utilidades, constituyendo un «goverment take» (participación gubernamental) de entre 30 y 60 por ciento de la producción, los actuales -de los que todavía, sin embargo, no se sabe mucho- establecerán, según las declaraciones oficiales y de Petrobras, un «goverment take» de alrededor de entre el 50 y el 80 por ciento. Además, ahora el Estado no será el que reciba las contribuciones de unas empresas que producían, transportaban y exportaban los hidrocarburos a su aire, lo que dio lugar a una enorme suspicacia, sino el que pagará a las compañías petroleras por sus servicios de explotación de hidrocarburos. Y no en especie, como ellas pidieron hasta el final. El gobierno les pagará con dinero, transformando así a sus antiguas asociadas en «operadoras a sueldo». Ni más ni menos. No se trata, por supuesto, de una relación desconocida dentro de la industria petrolera. Pero es diametralmente opuesta a la que prevaleció entre 1996 y el día de hoy, tiempo durante el cual algunas compañías pudieron darse el lujo de fijar un precio para el gas boliviano inferior a los parámetros regionales, cuando las ventas se realizaban a sus sucursales extranjeras.
Durante años, las compañías petroleras y los expertos vinculados a ellas afirmaron que «jamás» aceptarían que se les quitara la condición de comercializadoras directas de su producción, porque en tal caso ya no podrían incluir las reservas que explotan entre sus activos bursátiles, y por tanto sufrirían financieramente. Pues bien, el presidente Morales acaba de mostrar de qué material estaba hecho ese «jamás»; era feble, pero hizo caer en el error a más de uno (incluyendo al director de PULSO).
Ahora bien, reconocidas nuestras culpas, relativicemos. Lo poco que dijeron las empresas petroleras después de la firma de los contratos (se han quedado calladas como suelen hacer, a la hora de la verdad, los bravucones), sugiere que el gobierno cedió algunas disposiciones en los contratos, todavía desconocidas, y garantizó que las retribuciones sean suficientes para asegurar la rentabilidad de las inversiones. Por tanto, antes de cerrar la evaluación sobre lo sucedido, todavía hay que conocer esas disposiciones.
Por otra parte, también es necesario, aún, conocer las verdaderas cifras del negocio, porque las que ha dado el gobierno están ciertamente endulzadas. Por ejemplo, la propaganda oficial compara las recaudaciones fiscales por hidrocarburos de hace dos o tres años (300 y pico millones por año) con las de ahora (500 y pico millones por año), y con las del futuro (mil millones por año), y atribuye estas modificaciones exclusivamente al cambio de las normas, sin aclarar que los volúmenes de exportación son muy distintos. O compara «peras» (las regalías del 18 por ciento que establecían los contratos menos favorables de la serie de contratos firmados en el pasado) con «manzanas» (el probable «goverment take» de los contratos más favorables de entre los que se acaban de firmar).
Asimismo, hay que tomar en cuenta que estos contratos se aplicarán a campos de gas en funcionamiento, mientras que probablemente las condiciones que deba ofrecer Bolivia a la inversión de riesgo, es decir, a la que el país necesitará en el futuro para el descubrimiento de nuevos yacimientos, tendrán que ser condiciones diferentes, más parecidas a las de los años noventa.
Y, finalmente, es necesario considerar cuáles serán los resultados de la expropiación de la Empresa Boliviana de Refinación, de Transredes, Chaco y Andina, es decir, de las cuatro firmas que en el pasado pertenecieron al Estado. Algo que resulta imprescindible para realizar un balance completo y objetivo del significado histórico de la nacionalización del gas.
A pesar de todo esto, sería muy mezquino de nuestra parte negar que hasta ahora el gobierno logró mucho más de lo que algunos dijimos que podría obtener sin la salida de las petroleras del país, sin juicios internacionales, sin millonarias indemnizaciones. Al no creer en las declaraciones de estas compañías, el gobierno tuvo razón. Nosotros no; fuimos ingenuos y nos equivocamos.
En lo que no erramos, sin embargo, es en nuestra oposición a la idea de que la captura de las rentas del gas es la clave para un auténtico desarrollo del país. Lo crucial en realidad es qué se hace con los recursos, si alimentar la rebatiña de los codiciosos, cada uno de los cuales quiere una tajada de la torta que acaba de aumentar; o si cimentar una estructura productiva que nos permita seguir prosperando cuando finalmente, de aquí a cuarenta o cincuenta años, se haya acabado el gas.