Traducido para Rebelión por Jorge Aldao y revisado por Caty R
Las diputadas Laura de La Raudière (UMP) y Corinne Erhel (PS) presentaron el miércoles 13 de abril, un informe sobre la neutralidad de la red a la Comisión Económica de la Asamblea Nacional. En la elaboración de este documento, las diputadas entrevistaron a más de un centenar de protagonistas y ya habían publicado un informe preliminar a finales de enero. La Comisión Europea también debe presentar un informe sobre este tema.
El debate sobre la neutralidad de la red, cuyo principio consiste en garantizar una trasmisión igual de datos a través de Internet, independientemente de la terminal o del tipo de servicios consultados en línea, es objeto de intenso debate desde mediados de los años 2000 en Europa y en los Estados Unidos. Este principio no escrito plantea, por ejemplo, que un operador no puede decidir dar prioridad a determinados contenidos, como el correo electrónico, en comparación con otros, como el vídeo o el P2P.
El debate se reanudó visiblemente por el crecimiento del tráfico de datos, la explosión en el número de aparatos conectados y por la distribución de los costos derivados de estos nuevos usos. La cuestión de la neutralidad de las redes también se plantea de manera creciente a medida que los gobiernos están considerando sistemas de bloqueo o filtrado para luchar contra los delitos informáticos o la pornografía infantil.
Para garantizar un acceso «sin discriminación» a Internet, el documento de las dos parlamentarias establece una lista de nueve propuestas para satisfacer cuatro objetivos fundamentales. «Propuesta Nº 1: consiste en determinar en la legislación la neutralidad de Internet, subraya el informe. El legislador debe enviar un mensaje claro a las partes interesadas, públicas y privadas, sobre su compromiso con la protección de la Internet. Una buena manera de hacerlo es consagrar en la legislación el principio de neutralidad».
Reglamentar las exigencias del bloqueo
El documento también tiene como objetivo «reglamentar estrictamente las exigencias del bloqueo de Internet», a través de la intervención de un juez. «El propósito es evitar al máximo que se obligue a los operadores a bloquear las comunicaciones electrónicas ya que el bloqueo tiene efectos negativos directos (restricción de la libertad de expresión y comunicación) e indirectos (sobrecarga, el desarrollo de cifrado, etc.)», subraya el texto.
Una propuesta que va en contra de las disposiciones introducidas por la Ley de juegos en línea, o en el marco de la Ley de Seguridad Nacional. El artículo 4 de la Loppsi 2, (Ley de Orientación y programación para la Eficacia de la Seguridad Nacional, N de T.) aprobada en febrero, introdujo un bloqueo de sitios que contienen pornografía infantil, con la mera orden de una autoridad administrativa -y no de una corte judicial-. Los autores del informe hacen hincapié, en particular, en que «los gobiernos se enfrentan a los grupos delictivos organizados que utilizan Internet de una manera sofisticada y que sortearán los obstáculos del bloqueo.»
Este informe sobre la neutralidad de la Internet también tiene como objetivo «garantizar la calidad de Internet». Para ello, ARCEP, el regulador francés de las telecomunicaciones, podría convertirse en el responsable de supervisar la transparencia de los operadores en relación con la calidad de su servicio.
«Los principios y las propuestas del informe constituyen un paso importante hacia la protección jurídica de la neutralidad, base esencial de la Internet. Además, el trabajo cuestiona oportunamente la legitimidad de las medidas de precaución», se congratula el colectivo Quadrature du Net, en un comunicado.