Luego de la aprobación del Financiamiento Universitario en Diputados, docentes universitarios anunciaron un nuevo paro de 48 horas para el martes 20 y miércoles 21 de agosto. La medida fue aprobada tanto por Conadu como por Conadu Histórica y además propusieron una Marcha Nacional para septiembre.
La medida fue ratificada en el Plenario de Secretarías Generales de Conadu y también en el de Conadu Histórica. Ambas federaciones docentes coincidieron en remarcar que las acciones de protesta se dan «en el marco de la unidad con el Frente Sindical de Universidades Nacionales». De esta manera, el nuevo paro nacional se llevará a cabo entre el martes 20 y el miércoles 21 de agosto.
La resolución marca una continuidad con el plan de lucha que la docencia universitaria viene llevando adelante. Además, no solo reclaman por la recomposición salarial sino también contra la declaración de la esencialidad educativa en todos los niveles obligatorios, algo que tiene por objetivo atacar el derecho a huelga, como quedó claro durante la sesión de Diputados de este miércoles.
En su comunicado, Conadu Histórica señaló: «El plenario rechazó la aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación de la Educación como ’servicio esencial’ entendiendo que atenta contra el derecho a la protesta de las y los trabajadores del sistema educativo. Esto agravado por un incremento de la brecha entre aumento salarial y aumento de la inflación que, como hemos señalado, supera en general el 57% y llega al 101, 8 % en el cargo inicial».
Previo a la reunión de Conadu Histórica, la Asociación Gremial Docente de la UBA decidió en asamblea proponer al plenario la realización de un paro de «no menos de 72 horas» y expresó: «Debemos orientar todo el plan de lucha a la paralización de las universidades nacionales hasta conquistar nuestras reivindicaciones. En ese sentido apoyamos la toma de la Universidad Nacional de San Luis, las asambleas interclaustro, intergremiales e intersindicales, y todas las luchas que se orienten en ese sentido».
La continuidad de la medida de fuerza se da en medio de una crítica para la universidad pública, con salarios docentes y no docentes por el piso y con una propuesta por parte del gobierno de un aumento mísero del 3% en agosto y 2% en septiembre. En lo que va del año, los salarios perdieron ya cerca de la mitad del poder adquisitivo y más del 80% de la docencia y no docencia cobran sueldos por debajo de la línea de pobreza.
Se aprobó en Diputados el Financiamiento Universitario
Tras 22 horas de sesión llegó la votación para el Financiamiento de las Universidades, y la lucha de la comunidad universitaria y el paro docente logra un avance importante. Con 143 votos a favor obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados la obligación para el Poder Ejecutivo de recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario con actualización por inflación para todo el 2024 y retroactivo desde diciembre de 2023 mientras no se resuelva por paritaria nacional.
Los únicos votos en contra fueron los de La Libertad Avanza, el PRO y los 3 tucumanos ex Unión por la Patria que apenas lograron reunir 77 voluntades. Todavía falta el tratamiento en el Senado para que se convierta en ley.
La aprobación se logró con los votos afirmativos de Unión por la Patria, UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal, Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Por Santa Cruz. La única abstención fue la del radical mendocino Lisandro Nieri. El gobernador de su provincia, Alfredo Cornejo, viene siendo de los más activos para que el radicalismo colabore cada vez más con Milei.
La iniciativa aprobada terminó incorporando la propuesta de actualización salarial que planteó el Frente de Izquierda en el dictamen firmado por Christian Castillo y Romina del Plá: por inflación y retroactiva.
El texto que finalmente obtuvo media sanción dice: “Encomiéndese al Poder Ejecutivo Nacional a recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo. Desde el mes siguiente a la sanción de la presente ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”.
También se incorporó al texto que fue votado, un artículo propuesto por Blanca Osuna de Unión por la Patria para becas: “Queda establecida la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles”.
En la votación en particular fue rechazado el artículo que defendía la UCR sobre los mecanismos de distribución del presupuesto. El radicalismo buscaba que se distribuya según cantidad de estudiantes, egresados, tipo de carreras, entre otras variables. Desde Unión por la Patria se opusieron explicando que de esa forma perjudicarán a las universidades más pequeñas en provincias donde hay menos estudiantes. También se rechazó otro artículo propuesto por la UCR que establecía auditorías de la AGN sobre el presupuesto universitario.
José Luis Espert fue el encargado de defender el rechazo de La Libertad Avanza y el PRO. “No podemos permitirnos una ley de fantasía que vaya en contra del déficit cero”. Aunque reconoció que los salarios docentes están retrasados, reafirmó su negativa para que eso cambie.
El diputado del FIT-U, Christian Castillo, que además es docente universitario expuso los datos del drama salarial de la docencia universitaria que es parte de la emergencia presupuestaria: “de lunes a miércoles venimos de un paro nacional muy fuerte en todas las universidades nacionales, no hubo clase en ninguna Universidad. Porque entre noviembre y julio el salario docente aumentó un 80,4% pero en ese mismo periodo la inflación fue del 134,3%. La pérdida del salario de docente y no docentes universitarios es el doble de lo que han perdido el resto de la Administración pública nacional”.
La diputada Danya Tavela de la UCR fue la encargada de anunciar las incorporaciones sobre aumento salarial a la docencia. Remarcó la pérdida que vienen sufriendo frente a la inflación, y que son los más rezagados entre los empleados estatales. Se sinceró cuando hizo el repaso de cómo se llegó a tratar el financiamiento universitario: “nos auto boicoteamos para que no salga ninguno -de los proyectos- para cumplirle a dios sabrá quién”.
La actitud de la UCR frente a la emergencia universitaria fue muy errática. Pero sobre todo estuvo atravesada por cumplir exigencias del gobierno de Milei, con la presión de sus propios gobernadores al frente. Previo a esta sesión, hubo tres intentos para llevarlo al recinto: en mayo se negaron a tratarlo y solo propusieron llevar el debate a comisiones, en junio se negaron a incorporarlo al temario de una sesión, y en julio suspendieron ellos mismos la sesión que habían solicitado para tratarlo.
El derrumbe de los salarios en las universidades nacionales
Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA reveló que los salarios reales docentes y no docentes en las universidades nacionales han experimentado caídas mayores a la del promedio del sector público, e incluso a la sufrida por los trabajadores no registrados, y advirtió en ese sentido que si no ocurre una recomposición significativa de aquí a fin de año la inversión en el sistema universitario podría caer a valores de 2005 con relación al PBI.
El documento de la UBA se conoció en medio de las medidas de fuerza que realizaron la semana -cuando debía iniciar el segundo cuatrimestre- los gremios de docentes y no docentes de todo el país en rechazo al aumento salarial del 3% para agosto y 2% para septiembre hecho por el gobierno nacional.
El informe “El financiamiento universitario argentino: anatomía de un derrumbe”, elaborado por Javier Curcio y Julián Gabriel Leone, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, recuerda que luego de la multitudinaria marcha del 23 de abril, el gobierno nacional ordenó un refuerzo en el rubro de gastos de funcionamiento que enfrentaba una licuación real del 60%, “aún sin indexar por la canasta tarifaria que representa la principal fuente de erogaciones en la mencionada partida”.
Sin embargo, los gastos de funcionamiento representaron solo el 3,3% del total del programa presupuestario durante 2022 y el 5,5% en 2023, ya que “las universidades componen cerca del 85% de su presupuesto total en masa salarial para el pago a docentes, investigadores, directivos y personal administrativo no docente, destacándose la función de producción educativa como fuertemente intensiva en mano de obra”, explica el informe.
Por lo tanto, la evolución del componente remunerativo salarial se relaciona casi linealmente con la erogación total que el Estado desembolsa a las universidades nacionales. “De este modo, los salarios universitarios se convierten en la principal válvula de ajuste efectiva sobre los fondos que recibe el sistema”, lamentan los especialistas.
Si se parte de los niveles vigentes a comienzos de diciembre de 2023, “los salarios universitarios se ubican 55pp por debajo de la inflación acumulada hasta julio de 2024”, dice el informe. Por su parte, el Índice de Salarios relevado por el INDEC “muestra una actualización a mayo (último dato disponible) del conjunto de los salarios públicos 14pp por encima de los sueldos universitarios en el mismo período”, agrega el documento.
Además, si se toman en cuenta los últimos ajustes paritarios del personal civil de la Nación, “al mes de julio señalan una recomposición del 96% desde diciembre frente a un 81% para los trabajadores universitarios”, advierte el informe haciendo una comparativa con otros trabajadores.
Si la comparación se hace con trabajadores no registrados, la situación es aún peor: “La evolución de los salarios docentes resulta todavía más desfavorable que la de aquellos trabajadores no registrados. Es decir, se ubica por debajo del conjunto de trabajadores que no poseen una actualización en su sueldo vía negociación colectiva ni amparo de ninguna de las distintas instituciones laborales como, por ejemplo, el salario mínimo”, describe el documento.
En moneda constante, el programa presupuestario Desarrollo de la Educación Superior presenta una caída real en lo que va del año del 31,5% respecto al año anterior y de casi un 25% en referencia a igual período en 2022. “Esta evolución se encuentra fuertemente influida por la dinámica del desembolso acumulado en salarios docentes y en menor medida por la evolución de los salarios no docentes”, revela el informe, donde también se indica que a pesar del refuerzo que llegó después de la marcha universitaria, los gastos de funcionamiento también presentan una caída acumulada del 35% interanual real, que incluso supera al descenso del 25% real en la asistencia financiera a hospitales universitarios.
En este escenario, sostiene el documento, “resulta imprescindible generar los acuerdos necesarios para asignar los recursos al sistema universitario en forma urgente”. La continuidad de un servicio que “ostenta muy alta valoración por parte de la ciudadanía (incluso del propio gobierno)” requiere no sólo un presupuesto de funcionamiento acorde, “sino una rápida actualización en los haberes de sus docentes e investigadores, artífices de la calidad educativa brindada”.
Si se analizan los números, remarcan los especialistas, el hecho de actualizar los salarios “de ningún modo obliga a eludir las restricciones fiscales existentes” sino que “sólo exige priorizar la generación de conocimiento y adicionar algo de voluntad política a su resolución”.
El Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) es un organismo de doble dependencia (UBA y CONICET) dedicado a la investigación académica de alto nivel en el área de la economía y se dedica al estudio de cuestiones referidas a la macroeconomía, finanzas públicas, protección social, integración internacional, desarrollo productivo, empleo y distribución, sustentabilidad, redes y sistemas complejos, historia económica y epistemología.
Paro universitario
Los trabajadores universitarios, docentes y no docentes, se concentraron el miércoles 7 en la intersección de Córdoba y Junín, en la Ciudad de Buenos Aires, para protestar y dar dimensión pública a la problemática que los afecta.
En ese aspecto, el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, explicó que «en los últimos ocho meses, los trabajadores llevamos un retraso de más del 50% acumulado. El ofrecimiento del gobierno del 3% para agosto y del 2% para septiembre es inaceptable y pone a los trabajadores del sector en una situación crítica que hoy salimos a denunciar».
«Sin docentes y no docentes bien remunerados, la educación pública en las universidades es inviable», dijo.
La dinámica del inicio del segundo cuatrimestre se vio afectada por el plan de lucha que llevan adelante los gremios universitarios, mientras crecen las acusaciones contra el Gobierno por «falta de respuesta» ante los reclamos formulados por la comunidad educativa.
El viernes 9 se llevó a cabo una reunión paritaria en el Palacio Sarmiento, ocasión en la cual los sindicatos rechazaron la oferta del Gobierno, que consistía en un aumento del 3% para agosto y de 2% para septiembre. Los gremios remarcaron que la propuesta se encuentra por «debajo de los índices inflacionarios», por lo cual ratificaron las medidas de fuerza y «jornadas de visibilización» de la protesta.
De este modo, los trabajadores de las universidades nacionales de todos los gremios y federaciones que los agrupan confirmaron el no inicio de clases en el segundo cuatrimestre, con fuertes críticas al oficialismo en general y al ministerio de Capital Humano en particular.
«El gobierno de Milei sigue realizando propuestas que se encuentran por debajo de los índices inflacionarios, más allá del retraso acumulado que lleva este sector en todo 2024», denunciaron.
Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA, consideró que “este tipo de decisiones sobre los salarios universitarios que toma el ministerio de Capital Humano está íntimamente relacionado con el modelo de país que imaginan (…) El gobierno, con su accionar sobre el sistema universitario, está poniendo en jaque el proyecto de país que soñamos».
Los docentes universitarios pararon durante toda la semana pasada en Córdoba
Los profesores nucleados en la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (Adiuc) cumplieron un paro por cinco días en reclamo de una mejora salarial.
Durante los cinco días de paro, que incluyó a los profesores de los colegios preuniversitarios Manuel Belgrano y Monserrat, hubo clases públicas y distintas actividades para visibilizar el reclamo.
Adiuc enfatizó que “los salarios docentes están en su mínimo histórico”.
“En julio de 2024, para mantener el poder adquisitivo de noviembre / 2023, los salarios deberían aumentar un 41%. Sin embargo, el gobierno dispuso un incremento en forma unilateral del 7,5%, consolidando un deterioro inédito por su magnitud y celeridad”, detalló en un comunicado.
Así se profundizarán las protestas que habían incluido hasta ahora la suspensión de la toma de exámenes del segundo turno de julio y un paro de actividades el pasado miércoles 7 de agosto.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) afirmó días atrás que “la situación salarial en el sistema universitario es extremadamente crítica”.
El organismo que nuclea a los rectores y rectoras se mostró preocupado por la problemática de los salarios docentes y lamentó las “expresiones del ministerio de Capital Humano que pretenden confundir a la sociedad argentina, al relativizar la gravedad que el problema, efectivamente, tiene”.
“No es justo ni razonable desmerecer la relevancia de un problema que afecta a miles de trabajadoras y trabajadores de la educación de la Nación, mucho menos intentar quitarle importancia a un problema urgente que afecta el normal desarrollo de las instituciones universitarias públicas”, sostuvo en un comunicado.
Ataque al derecho a huelga de la docencia
En la sesión que comenzó el pasado miércoles, Diputados dio media sanción al ataque al derecho a huelga de la docencia de la educación primaria y secundaria con 131 votos. Impulsada por La Libertad Avanza y el PRO, contó con el apoyo de la mayoría de la UCR y otros bloques aliados como Innovación Federal, Coalición Cívica, los tucumanos ex Unión por la Patria, MPN. Entre los positivos hubo algunos de Unión por la Patria: la mendocina Liliana Paponet y el jujeño Guillermo Snopek.
Hubo 95 votos en contra de la mayoría de Unión por la Patria y la totalidad el Frente de Izquierda. En el caso de Encuentro Federal votaron más divididos: Pichetto, Massot, Monzó, López Murphy fueron algunos de los que sumaron a los afirmativos. Stolbizer, Fein, Paulón, De la Sota fueron a los negativos. Del radicalismo hubo apenas 4 votos negativos (Manes, Juliano, Coli y Reyes) y una abstención (Carbajal). Mónica Frade de la Coalición Cívica fue la única en abstenerse de su bloque, los demás votaron a favor.
Luego de conocer la alarmante cifra de que cada día 1 millón de niños y niñas se van a dormir sin cenar (revelada por Unicef Argentina), el gobierno y bloques aliados votaron darle otro enfoque a la crisis educativa atravesada por el drama social de la pobreza infantil: atacar a la docencia limitando el derecho a huelga. El proyecto que consiguió la media sanción en la madrugada del jueves no solo no propone ninguna medida frente al 70% de pobreza infantil, sino que tampoco habla de invertir en infraestructura escolar, en comida para los comedores, ni salario para los docentes que son quienes sostienen con su esfuerzo la educación pública. “Se pretende invertir la culpa de quien es responsable de la crisis educativa. El nivel educativo decae porque caen las condiciones de vida. Si llevas los niveles de pobreza al 70% es muy difícil que haya un buen rendimiento escolar” explicó Christian Castillo, docente universitario y diputado del FIT.
Esta “esencialidad educativa” se limita a atacar el derecho a huelga en las escuelas primarias y secundarias. Establece que, en caso de paro docente o no docente, los establecimientos educativos funcionen igual con un 30% de guardias del personal si la medida de fuerza es de 1 o 2 días; y del 50% si es de 3 días o más.
Por la mañana hubo protestas afuera del Congreso de docentes y algunos gremios del sector que se convocaron para rechazar este proyecto. Al mediodía, un operativo de la Policía Federal buscó desactivar la concentración con gases y golpes a la docencia. Las conducciones del gremio CTERA no convocó a ningún paro, limitando la movilización.
Alejandro Finocchiaro del PRO fue el encargado de defender el proyecto y explicó «vamos a regular el derecho a la huelga en la educación obligatoria que es materia Federal” y que eso “no perjudica a nadie”. Pero José Luis Espert de La Libertad Avanza dijo que “se está limitando el privilegio de no dar clases”.
Diputados y diputadas de distintos bloques salieron al cruce del oficialismo y sus aliados. Christian Castillo del Frente de Izquierda le contestó que “esta ley es una estafa. Lo único que hace es tratar de impedir el derecho de huelga de la docencia, pero no obliga a ningún gobierno a poner un peso más en educación”. Afirmó que hay paros porque “los salarios son de hambre” y lo puso en datos: una maestra en la provincia de Buenos Aires cobra $470.000, en Mendoza $425.000, en Chubut $422.000, Santa Fe $540.000, cuando la canasta familiar es de $1.300.000.
Esteban Paulón del socialismo santafesino (Encuentro Federal) habló de la “hipocresía” de quienes lo promovieron, recordando que hasta hubo diputados libertarios que cuestionaron la obligatoriedad de la educación. Blanca Osuna de Unión por la Patria sostuvo que “se necesita inversión, dejemos de mentirnos” y denunció los recortes presupuestarios y en programas que está haciendo este gobierno. Sumó cuestionamiento Itaí Hagman: “esto es un engaño semántico. Si le preguntamos a cualquier persona si la educación es esencial, la respuesta es sí. Pero no estamos discutiendo eso acá”.
Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria, denunció los recortes del gobierno de Milei que impactan en el desfinanciamiento educativo: «12% menos en términos reales por transferencias automáticas a las provincias en el 1° semestre de 2024, 81% de caída de las transferencias no automáticas a las provincias, 88% de caída en lo que respecta al Fondo de Incentivo Docente (FONID)». Apuntó a los radicales por negarse a incluir la restitución del Fonid en el temario de la sesión «no haberlo hecho es una mezquindad política».
Margarita Stolbizer de Encuentro Federal también estuvo entre las opositoras al proyecto y advirtió que este proyecto tiene “vicios de inconstitucionalidad” porque va contra normas del país, fallos de la Corte Suprema y convenios a los que adhiere de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Castillo de la izquierda sumó otro argumento: “la medida que proponen pone en peligro a los pibes en las escuelas. ¿Ustedes se imagina el cuidado del 100% de los pibes de una escuela con el 30% de la docencia? ¿Cómo se hace? ¿Y para darles de comer? Es disparatado”.
Entre los defensores de esta media sanción estuvieron las voces de la UCR. Julio Cobos dijo que frente a la crisis educativa “algo tenemos que hacer, yo sé que esta ley no es la panacea, pero entendemos que debemos dar este paso importante y necesario”, y sostuvo que es para “evitar abusos” respecto a los paros. Luego, Carla Carrizo explicó por qué ella y “27 radicales estamos apoyando este proyecto”. “Le estamos diciendo a los sindicatos que esto es un problema de poder” aseguró, y sinceró que “esto no va a resolver nada en el sentido total, pero va a ayudar a distribuir el poder”.
El gobierno de Javier Milei ya había intentado imponer este ataque por el DNU 70/2023, que fue frenado por la justicia junto a todo el apartado laboral. Luego lo incluyó en la Ley Bases, pero terminó quedando afuera de la versión que fue sancionada. Ahora logró la media sanción, pero falta el tratamiento en el Senado para que se convierta en ley.
Evitemos que sea ley la esencialidad en educación
Diputados dio media sanción al proyecto que declara la educación como “servicio estratégico esencial” y busca coartar el derecho a huelga. Ctera no organizó la pelea, no llamó a parar, hizo una radio abierta con poca gente y deja pasar este enorme ataque. La oposición docente multicolor, desde SUTEBA y Ademys convocó a parar y movilizar.
Queda la pelea hacia el Senado.
El miércoles, al ingresar al Congreso, los diputados que votarían contra los docentes y la escuela pública fueron recibidos por maestras con carteles reclamando qué es lo verdaderamente esencial para las escuelas y las infancias: “1 millón de niños no tienen para cenar, pero para Milei lo esencial es prohibir el derecho a huelga”. “Lo esencial es el aumento del presupuesto educativo”. “Esencial es calidad y cantidad de comida en las escuelas”, entre otros carteles con demandas se reclamaba a la CTERA el paro nacional y plan de lucha.
Alejandro Finocchiaro, diputado del PRO y autor del proyecto, habló demagógicamente del hambre de las niñeces para explicar descaradamente que con esta ley «vamos a regular el derecho a la huelga en la educación obligatoria que es materia Federal”. Dejó en claro el verdadero objetivo del gobierno y sus aliados.
Buscan atacar el derecho a huelga de docentes y no docentes que son quienes sostienen la educación pública con su esfuerzo, bajos salarios y múltiples cargos para sobrevivir. De aprobarse, si hay paro las escuelas abrirán igual sus puertas con guardias obligatorias de entre el 30% y el 50% del personal.
Esta semana continuaron en lucha los docentes de Neuquén, de Córdoba y se sumó la docencia universitaria. Sin embargo, la Ctera se niega a convocar un paro nacional para fortalecer y unificar esas peleas. No prepararon esta pelea, no llamaron a movilizar, no organizaron a la docencia, no llamaron a paro, no hicieron asambleas. En el Congreso, fueron muy pocos, siendo que convocaba Ctera, Suteba y UTE. Cuando vino la represión, se fueron, como en la Ley Bases.
En momentos en que Milei y los gobernadores quieren ser los mejores alumnos del FMI, “reducir el déficit fiscal” significa recortar cada vez más el ya magro presupuesto educativo: menos obras, menos y peor alimento para pibes que engrosan las filas de la pobreza, menos libros, peores salarios. Coartando las herramientas para enfrentar esto, abren paso para fortalecer la educación privada como la única posible para quienes pueden pagar.
La docencia rechazó desde las escuelas este ataque. Hubo expresiones en todo el país que fueron impulsadas por la oposición docente, sindicatos y seccionales combativas que se reunieron la semana pasada en AMSAFE, Rosario.
Ademys en la Ciudad de Buenos Aires, convocó a paro. En la Provincia de Buenos Aires, los SUTEBAS Multicolor de Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz convocaron a paros que fueron muy fuertes en esos distritos y se extendieron a otros donde las escuelas en asambleas resolvieron adherir, como Ensenada, Lomas de Zamora, La Plata, La Matanza, entre otros.
Preparémonos para que haya miles de guardapolvos rodeando el Senado e impedir que se apruebe esta nefasta ley.
“La educación es un derecho, no un servicio”
El secretario General de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Roberto Cristalli, aseguró que “la educación es un derecho, no un servicio”.
Las declaraciones fueron formuladas luego de que Diputados diera media sanción a un proyecto para que la educación sea declarada un servicio esencial.
“Aquí lo que se está pretendiendo. No es para nada acompañar el proceso y mejorar la calidad educativa, sino que lo que se pretende diciendo que tiene que estar garantizado el 30% de los docentes en las escuelas es nada más que para cuidar a los chicos, para que sirva de guardería”, sostuvo Cristalli.
“Porque lejos de poder solucionar atender los 180 días, impartiendo contenidos o dictando clases, es imposible que con el 30 % de los docentes eso lo puedan hacer con todos los alumnos de una escuela”, agregó.
“Sí se está cercenando el derecho a huelga que es una de las intenciones y la otra cuestión al ser servicio, todos sabemos que los servicios se pagan. Y a la larga el objetivo va a ser que se privatice el sistema educativo y que si querés que tus hijos tengan educación la vas a tener que pagar porque eso es un servicio”, consideró el titular de la UEPC.
“Nosotros consideramos, tal como lo dice la ley de educación nacional que la educación es un derecho, no un servicio”, enfatizó.
“Nosotros valoramos las escuelas públicas de gestión privada. Ahora el presidente de la Nación lo dijo claramente. Él pretende que la educación sea pagada a través de vouchers, darles a las familias y que las familias elijan las escuelas. Y eso sí o sí deriva en la capacidad educativa porque va a haber escuelas que tienen mayor capacidad que otras y, por lo tanto, la capacidad de impartir la mejor educación o no va a estar también condicionada a las condiciones que tiene la escuela, la estructura, la conectividad, la potencia económicamente”, analizó Cristallí.
“Si realmente queremos pensar que la educación tiene que ser de calidad y la tenemos que mejorar, tenemos que invertir. Tenemos que invertir en infraestructura, en capacitación, en estabilidad laboral en los docentes, en los salarios docentes”, reclamó.
Finalmente indicó que “es imposible implantar una reforma educativa sin el consenso docente porque son los que todos los días están en el aula, los que realmente sostienen el sistema educativo más allá de las decisiones donde se tomen”.
“Lo que tenemos que hacer de una vez por todas es discutir todo el trabajo que hacen los docentes fuera del ámbito escolar, fuera de su horario, que no es reconocido”, concluyó.
Ordenan suspender ganancias a sueldos docentes
El juzgado de Trabajo N° 13 de la Ciudad de Buenos Aires ordenó la suspensión de la aplicación del Impuesto a las Ganancias en salarios docentes y de todo lo relativo a adicionales sobre los cuales se calcula ese gravamen.
A principios de agosto, el sindicato docente CTERA había presentado ante la justicia laboral un amparo con el fin que se declare la inconstitucionalidad del impuesto a las Ganancias, que fue restituido en su cuarta categoría en el paquete fiscal aprobado en el Congreso y ya reglamentado por el Ejecutivo.
Más de un tercio de los chicos entre 3 y 4 años nunca fue al Jardín
La Ley Nacional de Educación garantiza el acceso universal a la educación inicial para todos los niños y niñas desde los 45 días hasta los 5 años de edad. Sin embargo, esto no se estaría cumpliendo.
Según el Observatorio de Desarrollo Humano y Vulnerabilidad de la Universidad Austral, más de un tercio de los niños entre 3 y 4 años nunca asistió a un establecimiento educativo formal, lo que expone a una grave brecha en la preparación para etapas educativas.
Casi 6 de cada 10 niños entre 3 y 4 años asisten 4 horas a la escuela. El 67,2% asiste aún establecimiento de gestión pública, pero entre los bebés de un año que concurren a algún centro de cuidados, prácticamente el m ismo porcentaje (68%) lo hace en un espacio de gestión privada, lo que refleja la falta de provisión estatal suficiente.
Fuentes: Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Perfil, Página 12, Clarín, Diario Popular
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