Con la inminente promulgación de la nueva Ley Federal del Trabajo (LFT) por el Poder Ejecutivo, recientemente avalada por el Poder Legislativo o Congreso de la Unión (cámaras de diputados y de senadores), se daría inicio a otra fase del capitalismo salvaje con base a una nueva regulación jurídica de las relaciones sociales de producción. […]
Con la inminente promulgación de la nueva Ley Federal del Trabajo (LFT) por el Poder Ejecutivo, recientemente avalada por el Poder Legislativo o Congreso de la Unión (cámaras de diputados y de senadores), se daría inicio a otra fase del capitalismo salvaje con base a una nueva regulación jurídica de las relaciones sociales de producción. Las relaciones entre el capital y el trabajo asalariado se adecuan formalmente dentro del marco de la profunda crisis económica local y mundial.
Un breve balance general de esta nueva LFT puede consistir en lo siguiente:
El capital y su representante político colectivo, o sea el Estado, pretenden que, al igual que en otras partes del mundo, el terrible costo social y económico de la crisis recaiga únicamente sobre los hombros de la fuerza de trabajo. La mano de obra, el pueblo trabajador, es decir, el proletariado en general y en particular la clase obrera, ha sido y seguirá, por el momento, cargando el pesado fardo de la recesión productiva y lo que conlleva: desempleo masivo y mayor pobreza social.
Se trata de una fase de reproducción ampliada del capital con base a una mayor intensidad de explotación de la fuerza de trabajo. La dinámica de la acumulación de capital requiere de una mayor precarización del trabajador. Las condiciones laborales se modifican para exprimir más el trabajo excedente (trabajo no pagado) que representa el plusvalor generado por el operario que deriva en la ganancia capitalista.
Los portavoces políticos patronales, es decir, diputados y senadores priístas y panistas, retóricamente afirman que se trata de ampliar el mercado de trabajo para disminuir el enorme desempleo pero tal suposición mecanicista no deja de ser mera especulación toda vez que el crecimiento del mercado laboral nunca ha estado directamente asociado a decretos o leyes laborales sino al incremento del capital productivo, especialmente el de las inversiones directas en la producción industrial, pues a final de cuentas es este capital el que jalona como locomotora el tren de la economía en su conjunto. El predominio del capital financiero, especialmente el especulativo, viene teniendo una mayor determinación en las crisis mundiales. Otra cosa muy diferente es saber a donde diablos se dirige el tren, cuál es su destino, aunque podemos suponer que nos dirige al precipicio de la barbarie social absoluta y de la destrucción brutal de la naturaleza.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) asevera que esta ley da una señal para la generación de empleos formales y el crecimiento del país, además de que abre el camino para reformas urgentes. Las elites empresariales del país celebraron la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, la cual dijeron representa la generación de empleos formales y el crecimiento del país. En sus sueños guajiros los patrones afirman que la reforma laboral con su aplicación efectiva puede hacer avanzar al país 30 posiciones en la clasificación de competitividad laboral y ocho lugares en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. Más aún, el CCE afirma que con la aprobación de la reforma laboral los jóvenes podrían estar produciendo más de dos billones de pesos, el equivalente al 16 por ciento del producto interno bruto (PIB), en interés y beneficio de ellos y del país. Una de las justificaciones pueriles, engañabobos, de los promotores es la suponer que la nueva LFT conduce a una creciente competitividad y una mayor productividad económica, cuando en realidad esta última está directamente determinada por un incremento de las inversiones del capital en mejoras tecnológicas del proceso de producción inmediato. La modernización de la maquinaria es la clave de la productividad, lo que contradictoriamente genera, a su vez, desempleo. Esa es una de leyes férreas del capital. Por supuesto, la competitividad tiene como base material la productividad e indirectamente la reducción salarial, pero, como todos sabemos, menos los políticos patronales y sus economistas, incluidos los portavoces empresariales, el crecimiento económico no está asociado al desarrollo social y al bienestar de la población. Crecimiento económico no es equivalente de desarrollo social. La macroeconomía puede estar «muy bien» a ojos de los tecnocratas neoliberales y podemos tener al hombre más rico del mundo, pero tenemos a decenas de millones de mexicanos viviendo en la pobreza y en la miseria absoluta. La macroeconomía puede estar «muy bien» y en contrapartida la economía doméstica, es decir, la del pueblo trabajador asalariado está por los suelos. La «fortaleza» del mercado interno no depende directamente de la macroeconomía sino de otras variables económicas; entre ellas la de contar con un mayor poder adquisitivo salarial.
Con la nueva LFT México se afianza mundialmente como uno de los paraísos laborales más proteccionistas para los intereses patronales. Es posible que con el nuevo marco jurídico aumente el empleo, y posiblemente aquel que depende de la inversión directa extranjera, con base a la reducción salarial y la precarización del trabajo. Aquí cabe señalar el cinismo de los diputados panistas que enarbolaban retóricamente la democracia sindical y la rendición de cuentas en su propuesta normativa, pero todo quedó en mera simulación. Los charros sindicales seguirán caminando tan campantes… mientras los trabajadores no decidan lo contrario.
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