En conferencia de prensa ofrecida este sábado por la mañana, el periodista, investigador y especialista en temas latinoamericanos, Jeremy Bigwood, ofreció detalles a la intromisión encubierta de varias entidades del país del norte contra Evo Morales, personalmente, y contra el gobierno boliviano, además de que, a través de la Agencia de los Estados Unidos para […]
En conferencia de prensa ofrecida este sábado por la mañana, el periodista, investigador y especialista en temas latinoamericanos, Jeremy Bigwood, ofreció detalles a la intromisión encubierta de varias entidades del país del norte contra Evo Morales, personalmente, y contra el gobierno boliviano, además de que, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) que propugnó la autonomía y la descentralización en Santa Cruz.
Con base en documentos confidenciales del Departamento de Estado desclasificados, Bigwood refirió que la acción específica contra Morales comenzó en 2001, cuando el expresidente Jorge Quiroga se entrevistó, el 6 de diciembre de aquel año, con el mandatario de EEUU, George W. Bush.
El documento secreto da cuenta de que «nos urge continuar agresivamente la erradicación de coca. Sin embargo, creemos que la simple erradicación no es suficiente».
«Estamos muy preocupados por la cantidad de coca existente tanto en el Chapare como en los Yungas y la aparente renuencia del gobierno para tomar acciones decisivas más allá de la erradicación. El embajador (Manuel) Rocha se reunió con ustedes el 12 de septiembre (de 2001) y con un grupo de ministros el 18 de octubre para instar una acción de mayor proyección contra el crecimiento de los cocales en el Chapare».
«Estamos muy preocupados por el acuerdo de noviembre (firmado con los cocaleros) que detiene la erradicación y retira tropas de la línea de acción del Chapare, donde ellas fueron efectivas. Creemos que una respuesta fuerte y continua podría haber debilitado la base política de Evo Morales».
El documento prosigue al enumerar las acciones que el gobierno de Quiroga debía seguir para clausurar los mercados ilegales en el Chapare, arrestar y enjuiciar a quienes violen la Ley 1008, confiscar e incinerar la coca trasladada a otros distritos o la que se encuentre en proceso de secado. Critica a Quiroga porque, a pesar de la erradicación, aparecen nuevos cultivos.
«A menos de ocho meses de la finalización de su gobierno, creemos que necesita dar un fuerte impulso alcanzar los objetivos del Plan Dignidad, Comprendemos que durante el período electoral, puede ser dificultoso enfocarse en el narcotráfico, por lo que esta labor debe comenzar lo antes posible. Sin embargo, es vital que su gobierno concluya satisfactoriamente lo que comenzó cinco años antes -el Plan Dignidad-. Estados Unidos está preparado para proveer la asistencia y los recursos necesarios en tal sentido».
El aplaudido Plan Dignidad consistía en erradicar por completo los cocales en el Chapare y sustituirlos por otros cultivos, además de construir caminos, sendas e infraestructura en la región.
No conforme con impartir órdenes por escrito a Quiroga, el Departamento de Estado distribuyó otro documento con copia a sus embajadas en Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Lima, Montevideo, Quito, Santiago, Asunción y Brasilia, en el que sostiene que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el líder de un partido que apunta a aplicar las leyes existentes en el país, que «encajará» en el esquema de «ayudar a construir partidos políticos demócratas moderados que servirán a contrapesar al radical MAS o sus sucesores».
Bigwood informó también que el gobierno estadounidense favoreció, a través del Fondo Nacional para la Democracia, a la Cámara de la Industria, Comercio, Turismo y Servicios de Santa Cruz (Cainco) con 128.825 dólares destinado a respaldar el plan gubernamental de Sánchez de Lozada, traducido en el decreto 27040, promulgado el 16 de mayo de 2003, que tenía la finalidad de controlar los exagerados niveles de corrupción en el gobierno.
La Cainco, en opinión de Washington, estaba en condiciones de «mejorar la gobernabilidad democrática en el país al abrir las ofertas del gobierno, los procedimientos para definir contratos y los procesos para la toma de decisiones», promover la educación ética de los estándares involucrados en los procesos públicos, fomentar la participar de la pequeña y mediana empresa en los procesos públicos y mejorar las actuales leyes que regulan los procedimientos gubernamentales.
La presencia del Departamento de Estado, mediante el Instituto Democrático Nacional para Asuntos Internacionales (NDI, por sus siglas en inglés), es visible, además, en el proceso de la Asamblea Constituyente, pues desembolsó 197.445 dólares para el desarrollo de talleres de trabajo destinados a analizar el futuro texto de la Carta Magna.
El investigador subrayó que una de las conclusiones de esta tarea consiste en que «el NDI adaptó el modelo comunitario de debate para conducir a Santa Cruz a un ronda de diálogo a través de la fundación política de Usaid para facilitar la apertura de la discusión acerca de la autonomía regional y la descentralización».
Bigwood es periodista hace más de 20 años. Trabajó como fotoperiodista en las guerras civiles de los 80 y 90 en Latinoamérica, y se ha destacado como investigador de la política de Bush hacia la región, con cuya finalidad debió ampararse en el Acta de Libertad de Información y Revisión Obligatoria de Secreto Oficial, para que se desclasifique documentos secretos de diversas entidades del país del norte.