He tratado de mantener un criterio cauteloso en relación a la desestabilización que ha tratado de imponer la derecha, desde el momento mismo en que asumió la presidencia Evo Morales Ayma. Es imposible seguir ignorando que no se trata de acciones diversas, resultado de la incomprensión de ciertos sectores o de la defensa que hacen […]
He tratado de mantener un criterio cauteloso en relación a la desestabilización que ha tratado de imponer la derecha, desde el momento mismo en que asumió la presidencia Evo Morales Ayma. Es imposible seguir ignorando que no se trata de acciones diversas, resultado de la incomprensión de ciertos sectores o de la defensa que hacen los privilegiados de sus beneficios. Ignorar que se trata de un plan diseñado con precisión, sería asumir que no conocemos ninguna experiencia anterior.
Desde el «paro cívico» en aquel ya lejano enero de 2005, que comenzó con una protesta por la falta de diesel y concluyó con la convocatoria a elección de prefectos, hasta el grotesco asalto a una comisaría, por la Unión Juvenil Cruceñista, para liberar a sus compinches atrapados en actos delictivos, hay una línea de conducción, que puede tener espontaneidades, pero sigue un claro derrotero.
La base conspirativa
Este es el proceso. El Comité Cívico pro Santa Cruz, con fuerte influencia sobre la población urbana de esa ciudad, se alarma por el sesgo que van adquiriendo los acontecimientos; en octubre de 2003, es expulsado del país Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, quien le sucede, promete llevar adelante la Asamblea Constituyente y la nueva Ley de Hidrocarburos. Derrotado como ha sido su referente nacional, el comité comienza a buscar la forma de recuperarse. Ya en junio de 2004, poco antes del referendo sobre hidrocarburos, presenta lo que se atrevió a llamar «agenda de junio» en contraposición a la Agenda de Octubre que enarboló el pueblo que se rebeló contra el régimen neoliberal. Aunque fue una declaración de guerra, no tenía la armazón de una confrontación. De hecho, su agenda no era otra cosa que un largo listado de pretensiones que mostraban su inquietud por el fin de sus prebendas.
Sobre esa agenda se prepararon para demandar autonomía departamental, como una forma de imponerse a la exigencia de autodeterminación de los pueblos indígenas, que fue el motivo básico para la convocatoria a Asamblea Constituyente. Mesa, para entonces definido en su posición de apoyo a las logias cruceñas, hizo dos arreglos: de una parte, concilió un proyecto de nueva ley de hidrocarburos con las propias empresas petroleras que aprovechaban los ventajosos contratos que sólo les obligaba a pagar 18% de regalías y unos cuantos impuestos que sus contadores manipulaban hábilmente.
Las tácticas del desgaste
Como no pudieron impedir la vigencia de la nueva Ley de Hidrocarburos, aunque Carlos Mesa se negó a promulgarla y, por tanto, no movió un dedo para cumplirla, los comiteístas se concentraron en impedir la convocatoria a la Constituyente. Pero Mesa no resistía tantas presiones y renunció. Los presidentes de ambas cámaras parlamentarias también debieron resignar sus pretensiones sucesorias y así fue como Eduardo Rodríguez Veltzé, presidente de la Corte Suprema de Justicia, debió asumir el primer mandato de la nación, para convocar a elecciones de presidente y vicepresidente.
Por supuesto, la elección de prefectos quedó postergada aunque, de verdad, nadie había iniciado campaña electoral, pues era incontrastable la evidencia de que no se realizaría en la fecha indicada.
Fue entonces que, la movilización popular obligó a elecciones generales, previa renuncia de senadores y diputados. Sin mucha discusión, se aceptó incluir la elección de prefectos aunque, claramente, era inconstitucional. De todos modos, era una forma de reconocer el derecho de las minorías. En la perspectiva, puede verse que fue la carta de triunfo con que, los grupos de poder económico, entraron al juego. La elección de varios prefectos que no responden al proyecto de cambio, les dio el punto de partida para planificar el derrocamiento del presidente Evo Morales.
La recuperación del control sobre los hidrocarburos, fue concretada por el nuevo gobierno ese primer año, sin que ninguna de las empresas su hubiese atrevido a retirarse de tan jugoso negocio. Pero, la derecha ridiculizó el hecho: dijo que no había tal nacionalización, acusó de haber acordado secretamente otros términos de explotación, hasta algún parlamentario sostuvo que el Estado obtenía menos recursos que antes de la recuperación. No les importó quedar en ridículo; sabían que así ocurriría. Lo importante era mantener una inquietud latente en la población.
Pero el gobierno logró convocar a la elección de constituyentes, aunque la derecha logró varias concesiones que le impidieron, al MAS-IPSP, alcanzar los dos tercios que, por la votación, le hubiesen correspondido. Fue primera mayoría en siete departamentos, incluyendo Santa Cruz. Al mismo tiempo, el referendo sobre autonomías se impuso en cuatro departamentos.
Teniendo en cuenta que, el modelo autonómico debía establecerse en la nueva Constitución Política del Estado, las logias cruceñas, aliadas para manejar el Comité Cívico pro Santa Cruz, conspiraron para impedir que la Asamblea Constituyente iniciara sus sesiones. Durante ocho meses mantuvieron una estéril disputa por un procedimiento, jugada a la que el MAS se dejó arrastrar sin prever las consecuencias.
Había comenzado el plan, cuya primera etapa era mantener una constante inquietud en la población.
Operación violencia
Cumplido el primer objetivo, pasaron a la etapa violenta. Bastó despertar un viejo sentimiento de reivindicación para desatar la violencia en Sucre, donde sesionaba la Asamblea Constituyente. Asalto a los edificios concedidos a la Constituyente y hostigamiento, hasta golpizas, contra los miembros de la Asamblea.
Muchos ensayos se habían producido en Santa Cruz principalmente, en lo que muy bien puede calificarse como entrenamiento de la Unión Juvenil Cruceñista. La violencia llegó hasta el asesinato de personas, de las cuales se acusa al gobierno.
Los actos de violencia se multiplicaron a tal punto, que la comunidad internacional mostró preocupación. Hubo varias misiones que intentaron detener esta operación. A su vez, el gobierno, buscaba en forma insistente encontrar un punto de acuerdo con esos grupos que, apoderados de las prefecturas, comenzaron a crear las condiciones para actuar en absoluta desobediencia a las leyes nacionales.
Nada fue posible como fórmula de entendimiento. Sencillamente, los enemigos del pueblo, se negaron a dialogar. Con total soltura, reclamaron condiciones inaceptables para sentarse a dialogar con el gobierno. Era algo así como que, los vencidos exigieron rendición incondicional a los triunfadores.
Este es el gran escollo que no han podido traspasar. Todos sus esfuerzos de desestabilización, siembra de inquietud y desorden, violencia y amedrentamiento, no han podido disminuir la valoración que tiene el pueblo boliviano sobre su gobierno. Evo Morales sigue teniendo el apoyo mayoritario.
Es más. Cuando creyeron que su popularidad había caído en un punto bajo, desafiaron al presidente a confrontarse en un referendo revocatorio. La promulgación de la ley los llevó a tal confusión que han terminado peleando entre ellos.
La carta de la falsificación
En tal situación, no les quedó alternativa. Han recurrido a la falsificación. Un día antes del ilegal referendo autonómico en Tarija, al cual se oponía claramente la provincia Gran Chaco, en la capital provincial, Yacuiba, se provoca un atentado contra los estudios de un canal televisivo afiliado a la red más contraria al gobierno. Se revela la presencia de un militar adscrito a la Casa Presidencial y armas de reglamento, incluyendo un fusil AK que, rápidamente, se acusa que procede de Venezuela. Como no es así, entonces aparecen papeles que «demuestran» que un funcionario de la Embajada de Venezuela, rentó el carro que usaron los terroristas. Aunque la versión hace aguas por todo lado, insisten en la acusación, anunciando que iniciarán juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales.
Que, dos días después, la banda de la Unión Juvenil Cruceñista haya atacado una comisaría para rescatar a tres de sus compañeros detenidos por actos de violencia comprobados, no tiene importancia. Se machaca sobre el tema de Yacuiba que, por supuesto, sirvió para que la población se convenciera de votar a favor del referendo que, día antes, repudiaban.
Por supuesto, en toda esta trama, es visible la mano de la CIA. Falsificaciones, para crear conflictos, son cosa cotidiana en Washington. Bastaría recordar el bullado caso de Belmonte Pol. Pero, como es de esperar, seguirán adelante, convencidos de que, en último caso, tendrán asilo político en Estados Unidos.
Vencerlos definitivamente
Las experiencias en Bolivia y en otras partes del mundo, dan una sola respuesta. Para terminar con estos planes hay que vencerlos definitivamente. Es posible ser generoso con el enemigo derrotado. Lo que no es posible, es dejar la tarea a medias y buscar un entendimiento con ellos.
El 10 de agosto próximo, el pueblo dirá a los grupos de poder, de los comités cívicos, de la confederación de empresarios privados y de las logias, que no tienen apoyo. Entonces sí, podrá entrarse en un diálogo constructivo.