Manifestó, en entrevista, que el gobierno mexicano no puede decir -como aseveró Calderón en una reciente reunión con inversionistas- «traigan su dinero, porque ‘este es un país de leyes, aquí se cumple la ley’. Eso no es cierto, no se cumple la norma contra el trabajo infantil».

Consideró que la labor de Gobernación en el rubro de los migrantes es muy deficiente. «Tiene la obligación de ver las condiciones por las que no se cumple la ley, y no lo está haciendo».

Bustamante visitó la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tlapa -en la Montaña alta de Guerrero-, donde vive la familia del niño David Salgado Aranda, quien murió el pasado 6 de enero arrollado por un tractor, cuando trabajaba en el campo agrícola Los Pinos, en Culiacán, Sinaloa.

Los padres del niño migrante, Cruz Salgado Paris y Agustina Aranda Huerta, son de los pocos que no han dejado su pueblo, pues muchos se han ido a los campos sinaloenses en busca de mejores condiciones de vida.

El relator señaló que «el trabajo infantil está muy ligado con la situación de pobreza, o sea, entre más pobre es un país más se presenta ese fenómeno».

Destacó que pretende, «a partir de la tragedia de David», divulgar «la incongruencia entre las leyes mexicanas, que prohíben laborar a menores de 14 años, y la manera en que el gobierno está protegiendo la violación a esa ley. Eso es una contradicción. Por una parte, Felipe Calderón anda diciendo por todos lados que México es un país de leyes, que es un estado de derecho. Lo anda presumiendo en todas partes, pero en realidad vemos que eso no es cierto».

Agregó que las autoridades federales no únicamente permiten la violación de esas normas. «El gobierno de México se ha comprometido a cumplir varias disposiciones que protegen a los niños. Lo ha firmado, pero las está violando al solapar el trabajo infantil en todo el país».

Adelantó que la ONU emitirá una recomendación al gobierno mexicano, para que «se sepa en el mundo que el país está contraviniendo las normas que se ha comprometido a cumplir».

Aquí no hay ni para comprar refresco

Amable, Cruz Salgado, de 53 años, acompañado por su esposa Agustina y sus hijos Silvestre, Silvia, Adriana, Alondra y Sandra, recibió a la comitiva del relator de la ONU en la casa que construye desde hace más de 22 años. «Sólo con el piso me ayudó el gobierno», dijo.

El maíz, explicó, «apenas alcanza para comer. Nos dan 12 bultos de fertilizante por hectárea. Sólo sembré una. Se nos acaba en diciembre, y por eso nos vamos. No hay nada que comer y tampoco trabajo. Allá, en Sinaloa, laboramos mis cuatro hijos, mi mujer y yo. Nos pagaban 67 pesos diarios a cada uno. Aquí, en el pueblo, nos dan 35 por docena de sombreros, y eso no alcanza».

Recordó que apenas cursó el segundo año de primaria. «No sé sumar ni multiplicar, y mi esposa no sabe leer ni escribir. Mi hijo David estudiaba segundo año; luego de trabajar de seis de la mañana a cuatro de la tarde, se iba a la escuela».

Dijo que a Sinaloa ya no regresarán. «Nos vamos a ir a Baja California, a San Quintín o a La Paz, a la pizca de tomate. Ahí pagan 140 pesos por día, y es para pura gente grande».

Enseguida intervino su esposa Agustina Aranda, de 44 años, quien se quejó de que ninguno de sus hijos puede asistir a la escuela primaria. «El maestro dice que los dieron de baja, porque nos fuimos a Sinaloa. Apenas estudian unos 20 niños en esa escuela del Consejo Nacional de Fomento Educativo», comentó.