El resultado del referéndum revocatorio en Bolivia, donde el presidente Evo Morales ha salido con un triunfo arrollador recogiendo más del sesenta por ciento de los votos sirve, una vez más, para mostrar el divorcio entre los ciudadanos de la comunidad internacional y los sectores oligárquicos mundiales que controlan gobiernos y medios de comunicación. Entre […]
El resultado del referéndum revocatorio en Bolivia, donde el presidente Evo Morales ha salido con un triunfo arrollador recogiendo más del sesenta por ciento de los votos sirve, una vez más, para mostrar el divorcio entre los ciudadanos de la comunidad internacional y los sectores oligárquicos mundiales que controlan gobiernos y medios de comunicación.
Entre estos últimos, el doble rasero que aplican a las ínfulas independentistas queda en evidencia sólo de pensar que esos prefectos que ignoran la institucionalidad y la legalidad, en España estarían presos y en Georgia bombardeados. Es curioso que sólo cuando se trata de enfrentar a gobiernos díscolos con Estados Unidos y la Unión Europea como en Tibet, Kosovo o ahora Bolivia encuentran apoyo o trato bondadoso. De modo que ahí tenemos a la BBC calificando de «empate» el referéndum.
Basta comparar la reacción entre el prefecto del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera, y el presidente Evo Morales. Mientras éste último anunciaba una convocatoria «a todas las autoridades para buscar consensos (…) respetando las normas existentes, respetando las leyes vigentes», el prefecto de Santa Cruz, tras conocer los resultados del referéndum, calificó al Gobierno de «insensible, totalitario, masista, incapaz, le niega el desarrollo al pueblo y sólo busca concentrar el poder y convertirnos en mendigo de él». A continuación definió la democracia boliviana como «dictadura» y como «tirano» al presidente ratificado en su cargo con un porcentaje sin precedentes en la democracia boliviana. Anunció la creación de una policía departamental y un sistema de recaudación propio, es decir, apropiación de los recursos y fuerzas de seguridad subversivas. Un golpe de Estado. Desde Cochabamba, el opositor prefecto que perdió allí el revocatorio, el ex militar Manfred Reyes Villa, declaró que no acata el resultado y que espera el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Un tribunal que no existe en la actualidad. Segundo golpe de Estado.
Pero la principal reflexión que se nos ocurre tras este referéndum ratificatorio, es idéntica a la que sentimos cuando en 2004 lo convocó y ganó Hugo Chávez en Venezuela: la conclusión de que sólo los gobiernos de izquierda son capaces de preguntarle a la ciudadanía si desean seguir con ellos al frente o revocarlos. Es como si estos gobiernos, calificados peyorativamente de «populistas» cuando no de «dictaduras», debieran de aplicar un plus de urnas y votos para legitimarse. No hay ninguna duda, la izquierda debe volver a pasar por unas elecciones a los dos años en lugar del final de la legislatura, debe soportar a una oposición financiada con dinero estadounidense, debe sortear a unas empresas multinacionales que participan en política apoyando a los sectores neoliberales que les conceden privilegios y debe encajar la conspiración constante de independentismos golpistas sin condena internacional.
Comparemos por un momento con los países donde venció la derecha económica, como México o Perú. Su victoria electoral no la ponen en cuestión los grandes medios de comunicación ni los países ricos y poderosos a pesar del cúmulo de irregularidades que pudo haber en las elecciones, recordemos el caso mexicano. El opositor progresista ha sido invisibilizado en la agenda informativa de todo el mundo, ni López Obrador ni Ollanta Humala tienen un lugar en nuestra prensa o televisión. Las movilizaciones opositoras son igualmente ignoradas, a pesar de que son frecuentes y masivas en estos países. Es lo que yo llamo la política de silencio/portada. Silencio para los países gobernados por las derechas económicas para que apliquen sus políticas neoliberales sin ser molestados y con unas movilizaciones y protestas laminadas de los grandes medios; y portada constante para los países con gobiernos progresistas con una imagen constante de provisionalidad, crisis y desestabilización.
La conclusión es clara, la izquierda no solamente debe ganar unas elecciones cada cuatro o seis años para gobernar, debe defenderse de las conspiraciones separatistas, empresariales, mediáticas e imperialistas. Y mientras se bate contra todas ellas, debe ir avanzando hacia la consecución de un poder que no le viene dado por las urnas, puesto que todos sabemos que tener un gobierno no es lo mismo que tener el poder.
Pero no todo debían ser desventajas. Los gobiernos dignos y progresistas de América Latina cuentan con un clamor de apoyos y entusiasmos en todo el mundo, sabedores desde todos los continentes que representan la mayor esperanza de enfrentamiento al saqueo y la guerra que están llevando Estados Unidos y sus aliados por todo el globo. En un suburbio de Nueva Delhi, en un campo de refugiados palestinos en Gaza, en los pueblos del sur del Líbano, en un centro cultural del cinturón industrial de Madrid o en un campamento del Frente Polisario en Argelia, saben quién es Evo Morales, Hugo Chávez y Fidel Castro y que las luchas de esos gobernantes son las mismas que las de ellos, sin kilómetros que les separen en la búsqueda de un mismo sueño.