El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que ayudó a crear el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, en 2010, ha condenado al Estado Plurinacional de Bolivia y en específico al Gobierno de Morales por la violación de los derechos de la naturaleza en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). […]
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que ayudó a crear el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, en 2010, ha condenado al Estado Plurinacional de Bolivia y en específico al Gobierno de Morales por la violación de los derechos de la naturaleza en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
La sentencia del tribunal por el caso TIPNIS fue leída este 15 de mayo de 2019 en varias ciudades de Bolivia simultáneamente. El fallo que condena al Estado boliviano se basa en la sistemática violación de los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas del TIPNIS en calidad de defensores de la Madre Tierra, según estipulan la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra, Ley 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, además de prerrogativas de la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT y otras normativas nacionales e internacionales promulgadas y ratificadas por la administración de Evo Morales. Así mismo, el tribunal dispuso al Gobierno boliviano una serie de medidas de cumplimiento inmediato. La sentencia completa puede consultarse en el sitio web del Archivo Documental Isiboro Sécure (tipnisbolivia.org).
El 7 y 8 de noviembre de 2017, una delegación de indígenas del TIPNIS conformada por el expresidente de la Subcentral TIPNIS, Fabián Gil y la presidenta de la Subcentral de Mujeres del TIPNIS, Marqueza Teco, presentaron una denuncia por violación de los derechos de la naturaleza en el TIPNIS al Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza durante su sesión en la ciudad de Bonn, Alemania. Después de un proceso de análisis y selección de denuncias, el tribunal aceptó estudiar el caso del TIPNIS en enero de 2018. Por lo que, una comisión internacional de observadores del tribunal internacional, conformada por Alberto Acosta (Ecuador), Shannon Biggs (EE.UU.), Enrique Viale (Argentina) y Hana Begovic (Suecia) fue enviada a Bolivia para reunirse con autoridades del Gobierno boliviano, actores sociales y realizar una visita al TIPNIS, para constatar las denuncias de sus habitantes entre el 15 y el 22 de agosto del mismo año.
Un tribunal ético promovido por Evo Morales
E l primer Tribunal Permanente por los Derechos de la Naturaleza y de la Madre Tierra se instaló el 17 de enero del 2014 en Quito, Ecuador, pres idido por la Dra. Vandana Shiva, con el objetivo de presionar a los gobiernos para que garantizaran los derechos de la naturaleza. Sus sentencias están basadas en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, adoptada en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra , el 20 de abril de 2010 en la localidad de Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia y promovida por el propio presidente Evo Morales. Las resoluciones y sentencias del tribunal tienen un carácter ético y no vinculante, esto quiere decir que los gobiernos y otras entidades públicas o privadas no están obligadas a cumplir las recomendaciones o dictámenes del tribunal. En cambio sus sentencias poseen un fuerte valor ético, ya que los jueces que conforman el tribunal tienen una trayectoria de al menos medio siglo documentando y denunciando conflictos socioambientales en todo el mundo. En la actualidad, el tribunal está conformado por jueces y juezas, como la filósofa y activista india, Vandana Shiva, el líder indígena nativo-americano, Tom Goldtooth , el cineasta y senador argentino, Fernando «Pino» Solanas, el economista y exministro de energía de Ecuador con el Gobierno progresista de Rafael Correa, Alberto Acosta, la antropóloga y feminista argentina, Rita Segato, la indígena kichwa-s arayaku de Ecuador, Patricia Gualinga, el escritor y abogado ambientalista sudafricano, Cormac Cullinan, el sociólogo y ecologista mexicano, Enrique Leff, entre otros.
Violación a los derechos de la naturaleza en el TIPNIS
El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) es un área protegida por Decreto Ley 7410 de 1965 y tierra de origen comunitaria otorgada mediante Decreto Supremo 22610 de 1990, como resultado de las exigencias de la primera Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad, llevada a cabo por indígenas amazónicos de Bolivia en ese mismo año. Posee una extensión de 1.236.296 hectáreas y en el se han registrado más de 39 especies de reptiles, 53 anfibios, 108 mamíferos, 188 peces, 470 aves, y se estima que haya más de 2.500 plantas vasculares, además, es una región que se destaca por su importancia hídrica a nivel nacional.
Para los pueblos indígenas moxeño trinitario, yuracaré y tsimane’ que habitan el TIPNIS, su territorio ha sido desde hace siglos refugio de los abusos cometidos por blancos y colonizadores, en los siglos XVII y XVIII durante el periodo misional franciscano y jesuita, y durante la fiebre del caucho a finales del siglo XIX. En los últimos cincuenta años, y como consecuencia de las crisis económicas neoliberales de finales de los setenta, varias oleadas migratorias de población andina se han asentado en el trópico cochabambino (región del Chapare) y sur del TIPNIS para sembrar hoja de coca de forma ilegal, aprovechando el inminente auge del narcotráfico; colonizando y despojando tierras indígenas e imponiendo un sistema socioeconómico individualista, extractivista y parcelario, ajeno a las prácticas culturales indígenas de la región. Entre estás oleadas migratorias llegó a una edad muy joven Evo Morales con sus padres al Chapare, donde termino convirtiéndose en un dirigente sindical con formación política de corte revolucionaria.
En la agenda de las distintas administraciones neoliberales que han gobernado Bolivia, ha estado la construcción de una carretera que integre las capitales de los departamentos de Cochabamba y Beni atravesando el núcleo del TIPNIS, además de la apertura de vías que permitan explorar y explotar los recursos hidrocarburíferos, madereros, faunísticos y otros del área protegida. Con la llegada de Evo Morales al poder, el proyecto carretero se ha retomado, ya que en la actualidad, además de ser presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales es el máximo dirigente de los productores de hoja de coca del trópico cochabambino, por lo que la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos (como se denomina la vía), no solo es un deseo de los neoliberales y las empresas transnacionales, sino de las bases políticas y sociales del presidente Morales en un afán de seguir colonizando tierras indígenas para producir hoja de coca y abastecer a las redes del narcotráfico. En este sentido, en 2008, Evo Morales firmó con la empresa brasileña OAS, ligada al partido de Lula Da Silva, un contrato por más 300 millones de dólares americanos con préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) para realizar la construcción de la carretera. En contrato fue firmado sin realizar consulta previa a las comunidades indígenas del TIPNIS y sin realizar los estudio de evaluación de impacto ambiental correspondientes, tal como recoge la normativa internacional ratificada por Bolivia y la actual Constitución Política del Estado. Esto generó malestar en las comunidades indígenas, que tras varios años de silencio a sus peticiones para que el Gobierno prescindiera el contrato, decidieron marchar en 2011 hasta la ciudad de La Paz y presionar a la administración con el objetivo de paralizar el proyecto carretero. Durante la marcha, fueron brutalmente reprimidos y tras reorganizarse, lograron llegar a la ciudad de La Paz donde fueron recibidos solidariamente por distintos sectores sociales e indígenas del altiplano. La movilización logró que el Gobierno desistiera sus planes y promulgara de la Ley 180 de Protección del TIPNIS que en su artículo 3 prohibía expresamente la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, como cualquier otra. Empero, en agosto de 2017, tras un proceso de consulta amañada, el Gobierno decidió derogarla y promulgar la Ley 969 que contempla la construcción de una red vial dentro del Parque Nacional, aludiendo apoyo de algunas comunidades indígenas y colonas del TIPNIS. Lo cierto es que durante estos últimos años de resistencia a la carretera, el Gobierno se ha encargado de dividir a las familias y comunidades indígenas del TIPNIS, mediante prebendas, proyectos fantasmas, coerciones e incluso el uso de la violencia, lo que ha hecho que algunas comunidades o autoridades indígenas se pongan a favor del proyecto carretero. Esta fue la motivación principal para que algunas comunidades presentaran la denuncia al Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.
Una sentencia sin precedentes
Hasta ahora, la retórica del Gobierno de Evo Morales, había impedido que cualquier organismo internacional pudiese cuestionar el respeto a los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas por parte del Estado boliviano. Aún así, en Bolivia ya son bastante los años de lucha y resistencia contra megaproyectos extractivistas que -contradictoriamente a su discurso- el Gobierno ha aprobado para distintas áreas protegidas y regiones ambientalmente frágiles del país.
Con estos trágicos antecedentes, el tribunal ha sido muy claro y tajante en su fallo y es por eso que entre las medidas de cumplimiento inmediato que exige el tribunal al Gobierno boliviano, se encuentran: la «paralización inmediata y definitiva de de cualquier tipo de avance en la construcción de infraestructura vial al interior del TIPNIS», la «abrogación de la Ley 969 y la posterior elaboración y promulgación de una ley que garantice la conservación y protección del TIPNIS», la adopción de «medidas efectivas para detener el avance de la colonización hacia la zona núcleo del TIPNIS», la «anulación de los planes de expansión petroleros» y el ofrecimiento de disculpas públicas por parte del presidente Evo Morales, entre otras.
Ahora, toca esperar la respuesta oficial del Gobierno boliviano a la sentencia del tribunal, y la pregunta que les formulo con conciencia de las violaciones sistemáticas a los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas que ha cometido el Estado boliviano durante esta última década a la cabeza de Evo Morales, es: siéndole fiel a su retorica, ¿estará el Gobierno boliviano dispuesto a acatar una sentencia en su contra de un tribunal ético que el mismo ayudó a conformar, o cínicamente responderá con una ofensiva aún mayor hacia las organizaciones sociales e indígenas que promovieron la denuncia, empeorando aún más la situación de fragilidad y tensión que viven las organizaciones sociales en el país y el conflicto socioambiental del TIPNIS?
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