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Un trío incómodo: Repsol, el gobierno español y la democracia en Bolivia

Fuentes: Rebelión

Desde el pasado dieciocho de diciembre, cuando se supo que Evo Morales iba a ser el primer Presidente indígena de Bolivia, este país ocupó un lugar de privilegio en la atención de determinados gobiernos y, especialmente, del español; por no hablar del salto cuantitativo, que no cualitativo, de la información que la prensa española comenzó […]

Desde el pasado dieciocho de diciembre, cuando se supo que Evo Morales iba a ser el primer Presidente indígena de Bolivia, este país ocupó un lugar de privilegio en la atención de determinados gobiernos y, especialmente, del español; por no hablar del salto cuantitativo, que no cualitativo, de la información que la prensa española comenzó a hacernos llegar de lo que allí está ocurriendo.

Durante este tiempo, las posiciones de gobierno y prensa española han sido mucho más conciliadoras que las mantenidas frente a otros presidentes de países que también se definen como socialistas, sea el caso de Cuba o de Venezuela. Pareciera que otorgándole el beneficio de la duda y no siendo especialmente agresivos con Evo Morales como lo son con Hugo Chávez o Fidel Castro, intentaran evitar una reacción indeseada que lo acercara más a estos últimos que a Lula da Silva o Néstor Kirchner, cabezas visibles de lo políticamente correcto y tolerable en la política latinoamericana.

Pues bien, parece que el punto de inflexión ha llegado, las paciencias empezaron a agotarse y Evo Morales está entrando ya en el peligroso círculo de los presidentes latinoamericanos «populistas».

Y, como no podía ser de otra forma, a la cabeza del dictamen acerca de lo que es o no tolerable se encuentra el diario El País que, sea por sus intereses corporativos en Bolivia -¡sí que tiene mala suerte PRISA con los presidentes que eligen los pueblos de los países en donde tiene sus negocios: primero Venezuela; ahora Bolivia…!- o por su servilismo al gobierno español, se hizo eco y dedicó uno de sus valiosos editoriales (el del 13 de marzo) a justificar unas declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, dignas de figurar en cualquier antología del «perfecto bocazas diplomático que tuvo la oportunidad de callarse y no la aprovechó».

Pues bien, la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de nuestro gobierno y de su portavoz mediático incondicional no es otra que la decisión de la justicia boliviana de investigar un «presunto» delito de contrabando de petróleo por parte de Repsol-YPF por valor de casi 8 millones de euros, es decir, más de 1.300 millones de las antiguas pesetas. ¡Qué osados estos bolivianos!

Destaco lo de «presunto» porque no ha habido aún juicio ni sentencia y, por lo tanto, se trata de una investigación judicial en curso para determinar si se ha producido o no un delito; aunque parece que conforme avanza la investigación van surgiendo indicios de que no sólo se trataría del contrabando, sino que podrían haberse cometido otros delitos por parte de la empresa transnacional.

Así, de momento, también «parece» -porque, insisto, se trata de presunciones- que su filial en Bolivia, la petrolera Andina, podría haber incurrido en irregularidades arancelarias -un eufemismo para referirse al impago de los correspondientes impuestos- en la importación de bienes de equipo por valor de 8 millones de dólares. Y también «parece» -sólo «parece»- que Repsol-YPF mantenía abierta sin autorización una planta gasificadora en el Campo Margarita que no había terminado de ser nacionalizada y venía funcionando de forma ilegal [1].

Todas estas presunciones han conducido a que la justicia boliviana, haciendo un escrupuloso uso de sus funciones y atribuciones, citara a los dos principales directivos de Andina el pasado mes de febrero para que prestaran declaración al respecto; los directivos acudieron el 16 de febrero y solicitaron una prórroga para personarse; prórroga que, tras ciertas confusiones, les fue concedida. Se los volvió a citar el 8 de marzo y, desde entonces y hasta este pasado 15 de marzo, se encontraban huidos de la justicia y bajo ellos pesaba una orden de busca y captura. Hasta que ayer decidieron presentarse ante la justicia; se les tomó declaración y se encuentran actualmente en libertad bajo fianza.

¿Puede alguien sorprenderse de esa concatenación de acontecimientos? ¿En qué punto la justicia boliviana ha cometido un exceso que pudiera interpretarse como una violación de los derechos de los directivos de Andina?

Aunque, quizás, la pregunta relevante que los medios de comunicación españoles no quieren hacerse es la que cualquiera con un mínimo de sentido común se haría: ¿Por qué no acudieron los directivos a declarar y dónde han estado ocultos? Es más, tampoco hay que ser Hércules Poirot para preguntarse a continuación: ¿Y Repsol? ¿Había dado instrucciones a ambos directivos de que no se presentasen? ¿Sabía dónde se encontraban ocultos? Y, lo que es más relevante, ¿qué tenían que ocultar y por qué?

Gobierno boliviano, 1; Moratinos, 0

Se supone que uno, en cualquier parte del mundo, no puede sino alegrarse cuando la justicia investiga y descubre indicios de delito, juzga y, si se demuestra que dicho delito efectivamente se ha producido, sentencia y condena.

Y esa alegría debería ser mucho mayor cuando la sentencia puede recaer sobre un delito consistente en la expoliación por parte de una empresa transnacional de los recursos naturales de uno de los pueblos más pobres de Suramérica, en donde el 14,4% de su población vive con menos de un dólar al día, mientras que el 34,3% lo hace con dos dólares al día. Y en donde, por seguir con otro dato sangrante, el 20 % más pobre de su población tiene una tasa de mortalidad infantil más alta que la de Haití, Kenia, Nigeria o Camerún.

Y, frente a esa situación de miseria, la otra parte en discordia es una transnacional que explota casi el 25% de las riquezas en hidrocarburos del país y que el año 2004 tuvo unos beneficios netos de 845 millones de euros, o sea, el equivalente al sueldo anual de 17,8 millones de bolivianos.

Sin embargo, y ante esta situación -y aquí es donde viene la parte entre patética y vergonzosa de la cuestión en lo que a mi condición de ciudadano del Estado español se refiere-, a nuestro Ministro de Relaciones Exteriores no se le ocurre otra cosa que declarar que «no podemos aceptar que la imagen de una compañía española (sic) se vea afectada por este tipo de actitudes y creemos que tampoco hacen un favor al nuevo gobierno boliviano»; declaraciones que se sitúan en ese frágil terreno que separa la estulticia del cinismo.

Nuestro ministro «parece» ignorar (otorguémosle también a él la presunción de inocencia) que uno de los productos estrella que España se permite exportar por el mundo y, especialmente, por América Latina, es su «democracia» y la «ejemplar» transición que nos condujo a ella. Sin embargo, mal tuvieron que hacerse las cosas para que una persona que representa los intereses de España fuera de sus fronteras no sepa que nuestras democracias burguesas se sustentan sobre la división de poderes y que ello implica la total independencia del poder judicial con respecto al resto de poderes del Estado. ¡Ay, ministro, si Maquiavelo levantara la cabeza!

Aunque, igual, si Maquiavelo levantara la cabeza quizás haría gala del epíteto a que su apellido dio lugar y, en una lectura maquiavélica de esas declaraciones, las resumiría en una simple frase: «A España, por boca de Moratinos, le importan más los beneficios de Repsol que la salud de la democracia en Bolivia». Cuestión de prioridades de nuestro gobierno, ya se sabe.

Mientras que nuestro ministro mostraba abiertamente cuáles eran sus preocupaciones, el Presidente de Bolivia, con una conciencia mucho más precisa y asumida de lo que significa la democracia, respondía que el caso estaba en manos de la justicia boliviana y que bajo ningún concepto iba a interferir sobre sus investigaciones. Afirmación ejemplar y rotunda de quien confía en la justicia de su país a pesar de haber llegado al poder teniendo que enfrentarse en diversas ocasiones a la misma a lo largo de su vida política.

Pero, además,  Moratinos se permitía socializar la inquietud que probablemente se le esté transmitiendo desde Repsol y afirmaba, a continuación, que las actuaciones de la justicia boliviana no eran buenas señales para las inversiones extranjeras. Evidentemente, el corolario que de ello se sigue es que la impunidad, la desidia judicial o la simple expoliación irrestricta de las riquezas naturales de Bolivia al más puro estilo colonial que con tanto éxito aplicó España desde el «descubrimiento» de América sí que son las señales adecuadas que los inversores internacionales esperan recibir de un país pobre como Bolivia.

Evidentemente, tan jugosas declaraciones no podían dejar de tener respuesta desde el gobierno boliviano (¡lo pone usted muy fácil, ministro!) y era en este caso el Vicepresidente, Álvaro García Linera, quien le contestaba a nuestro ministro, pero también a todos los que como él piensan, que «no es nunca una mala señal cumplir la ley».

Lo que el Vicepresidente boliviano no decía -porque probablemente piensa antes todo lo que dice- es que a Moratinos «parecen» no gustarle las leyes bolivianas. Las mismas leyes que hasta ahora han permitido que la empresa transnacional que «parece» que le quita el sueño al ministro obtenga en Bolivia una rentabilidad y unos beneficios que no obtiene en ninguna otra parte del planeta.

Si ése fuera el caso, alguien dentro de su gabinete tendría que decirle al Ministro, antes de que volviera a cubrirse de gloria con unas declaraciones en ese sentido, que Bolivia ya no forma parte del Virreinato del Perú; que Bolivia es un país soberano y que, le guste o no, puede darse las leyes que su pueblo estime oportuno para regular su convivencia, incluidas las que regulan la explotación de sus recursos naturales por empresas transnacionales.

Y, por otro lado, mejor haría Repsol-YPF, por el bien de su lucrativo negocio, en colaborar con el desarrollo de ese país, como se le está solicitando desde el gobierno boliviano, que en mantener su política de confrontación y ocultación.

Porque pudiera ser, sólo pudiera ser, que un día el pueblo boliviano decidiera que Repsol debe abandonar el país y se les expropiaran esas inversiones (eso también se hace en España, Moratinos, la expropiación por causa de utilidad pública y, coincidirá usted conmigo, en que qué mayor utilidad pública puede haber que la de buscar la vía legítima para que un pueblo salga de la miseria y la pobreza). Y, llegado ese día, ¿dónde iba a plantar Repsol sus plataformas? ¿En los jardines de la Moncloa?

Sr. Moratinos, hágale un mejor servicio a los intereses que está tratando de preservar y deje de hablar de democracia…, al menos, de la de Bolivia.

[1] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=28187

Alberto Montero Soler ( [email protected] ) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y colaborador habitual de Rebelión.



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