La oligarquía cruceña aspira a fomentar el nacimiento de una «nueva república». El gobierno boliviano, como los países de Sudamérica, no convalidaran los resultados de la consulta.
De acuerdo al ex legislador socialista, Jerjes Justiniano, el refendum realizado por el Comité Cívico de Santa Cruz no tiene una real validez debido a que «nadie, ningún ciudadano cruceño eligió a los miembros de la Asamblea Autonómica para que redacten un estatuto autonómico. Se atribuyeron esas facultades que no les han dado los soberanos».
«Están trabajando claramente para inducir el voto, se engaña a la gente y se habla de que ‘Santa Cruz te necesita, vota por la autonomía, por favor sí por la autonomía ya se votó y se ganó con el 72 por ceinto´»; agregó tajantemente Justiniano.
Lo que ahora esta en juego en Bolivia es el marco legal que van a presentar esas autonomías. La oligarquía de la denominada «medialuna», desoyendo lo que dice la Constitución Política del Estado boliviano, con el acto del 4 de mayo aspira -según palabras del propio Prefecto cruceño Rubén Costas- a fomentar el nacimiento de «una nueva República, una segunda República no centralista sino a través de las regiones».
Las intenciones separatistas de este grupo apuntaron a conseguir algún aval internacional. A comienzos de abril, los prefectos de la llamada «medialuna» decidieron realizar una visita a México y Colombia. El objetivo de la misma era conseguir veedores electorales internacionales, para que en cierta forma legitimen la consulta autonómica realizada este domingo en Santa Cruz de La Sierra.
En esa ocasión el presidente del Senado, Oscar Ortiz, perteneciente al partido de derecha Poder Democrático Social (PODEMOS), hizo un llamado para que la comunidad internacional envié inmediatamente «misiones humanitarias para contribuir a la pacificación del territorio boliviano».
El Ministro de Gobierno, Alfredo Rada, calificó como un verdadero exabrupto a estas declaraciones. El funcionario recordó que esta medida sólo puede ser dictada en caso de que ocurra una catástrofe producida por desastres naturales o bien por una guerra interna, algo que no sucede actualmente en Bolivia.
Por último, Rada hizo hincapié en remarcar que el proceso de validación del estatuto autonómico que llevan adelante los cívicos cruceños sólo tiene el valor de una mera consulta, ya que no tiene el Aval del Congreso ni de la Corte Nacional Electoral.
Finalmente, los integrantes de la «medialuna» no consiguieron que ningún gobierno de Sudamérica se comprometa a enviar observadores al referendo autonomista convocado por la oligarquía cruceña.
Sobre este tema la analista Glagys Salazar, que participó en 35 misiones electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA), tajantemente afirmó que «un proceso electoral de cualquier país en el que no existan observadores externos, no tiene ninguna credibilidad».
A pesar de esto, la oposición a Evo Morales siguió empecinada en buscar formas que legitimen sus intenciones separatistas.
Otro intento fue la de nombrar como veedores a los 130 diputados del Congreso de la Nación. La moción parlamentaria fue presentada el pasado 29 de abril por el jefe de la bancada de Podemos, Antonio Franco. La misma no sólo pretendía autorizar el viaje de los congresistas para que cumplan el papel de fiscalizadores, sino que también exigía el pago de viáticos que estos puedan llegar a necesitar durante toda la jornada.
La iniciativa al final quedó trunca, debido a la oposición manifestada por los parlamentarios oficialistas. Según los representantes del Movimiento al Socialismo (MAS), era un abuso pagar viáticos -que se financian con la plata de todos los contribuyentes- para validar una acción ilegal destinada a un fraude político masivo.
«Es una pretensión, si se quiere protagónica, un afán que pretende darle cierta legalidad al referéndum de Santa Cruz», aseveró el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo.
Como esa posibilidad también terminó frustrada, los referentes del autonomismo cruceño -en otro intento desesperado por revestir de cierta legalidad a sus actos- anunciaron que los mejores fiscalizadores el 4 de Mayo serán los más de 150 medios de comunicación nacionales y 70 internacionales que están acreditados para cubrir la consulta.
La propuesta fue rechazada por los propios periodistas extranjeros presentes en Santa Cruz de la Sierra. En declaraciones con la Agencia Boliviana de Información (ABI), Guillermo Panizza, cronista del canal de televisión argentina Telefé, enfatizó: «Sí, seremos observadores imparciales y periodísticos. Pero no somos garantes de la legalidad (del estatuto) sino somos garantes de la información».
Esta posición también fue compartida por el corresponsal del semanario Brasil De Fato, Igor Ojeda, quien además señaló: «creo que la consulta de Santa Cruz es un hecho ilegal porque no está enmarcada en la Constitución Política del Estado y la ley del referéndum, que determina que sólo el Congreso convoca a referéndum. Es más bien otra intención de las élites cruceñas que buscan redactar sus propias leyes, intentan crear un estado dentro del propio estado».
Como última alternativa al Comité Cívico de Santa Cruz no le quedó otra que contentarse con veedores regionales provenientes de los otros departamentos bolivianos que defienden la cruzada por la autonomía: Tarija, Beni, Pando y Cochabamba. También va a ver diputados de la oposición controlando el «normal» funcionamiento de los centros de votación, así lo confirmó a los medios de comunicación el congresista de Podemos, Antonio Franco.
Entonces se puede decir que es bastante dudoso que personajes que estuvieron vinculadas en la redacción del estatuto autonómico, también sean las encargadas de velar por la transparencia del acto que va a determinar el triunfo del Sí o el No. Ahora se entiende el porqué de la excesiva confianza en el triunfo que tienen dirigentes como Branco Marinkovic, presidente del comité Cívico santacruceño quien prepotentemente vaticina que el respaldo al Sí llegara hasta el 70 por ciento.
En ese marco, la Corte Nacional Electoral de Bolivia en reiteradas ocasiones aclaró que no convalidara los resultados producto de la votación del 4 de Mayo.
«La CNE no avalará ni se pronunciará ante los resultados de las consultas autonómicas, ni en el país, ni ante la comunidad internacional», afirmó el presidente del organismo electoral José Luis Exeni.
En declaraciones a la cadena ATB, Exeni agregó que «los organismos electorales del hemisferio han señalado claramente que el único ente rector del referendo en Bolivia, para administrar y declarar los resultados, es la CNE, por lo tanto la comunidad internacional no reconocerá ningún proceso administrado de manera unilateral al margen de la ley por una Corte Departamental».
A pesar de esta situación, la oligarquía cruceña continúa firme en su intención de desafiar el poder del gobierno de Evo Morales Aima. Hasta amenazan con independizarse del resto de Bolivia, en caso que el referendo autonómico se vea opacado por hechos de violencia.
«Yo estoy seguro que si muere el primer colla o camba que vive aquí en Santa Cruz el cuatro de mayo, no vamos a tener más interés de formar parte de Bolivia… Si causan alguna muerte, olvídense de Santa Cruz. Ya no vamos a coexistir con unos ciudadanos que nos esclavizaron con el centralismo», afirmó en declaraciones a radio FIDES el senador disidente del MAS, Guido Guardia.
Esta posición separatista no es compartida por todos los bolivianos que viven en los departamentos orientales. Es más la provincia Cordillera, hace unos días anunció su estatus de provincia «rebelde y autónoma, con la firme decisión de no permitir que las logias cruceñas impongan ni medio artículo de sus estatutos a partir del 4 mayo, elaborados por cuatro logieros sin la participación de las provincias».
El asesor de los dirigentes cívicos camireños, Mirko Orgaz García, convocó al: «al pueblo cordillerano a no participar de este proceso autoritario e ilegal que pone en peligro la unidad de la nación boliviana».
Por otro lado, cabe destacar que la jornada de este domingo estuvo marcada con violentos disturbios y acusaciones de fraude, poco después de abrir sus puertas unos cinco mil centros habilitados para la votación.
Según pudo comprobar Prensa Latina en el Plan Tres Mil, un populoso barrio de la ciudad capital de Santa Cruz, integrantes de la llamada Unión Juvenil Cruceñista (UJC), fuerza de choque del comité cívico local, enfrentaron el rechazo de sus moradores, aliados del gobierno de Evo Morales.
Vecinos del Plan Tres Mil denunciaron este domingo fraude en el plebiscito para el estatuto cruceño y mostraron ánforas decomisadas llenas de papeletas marcadas con el «Sí».
A su vez, vecinos molestos concentrados en La Rotonda, comentaron que cuando quemaban al menos 20 ánforas descubrieron que las mismas estaban llenas de papeletas ya marcadas, por lo que decidieron hacer conocer a los medios de prensa.
Por su parte, el presidente Morales acusó a Estados Unidos de conspirar para dividir su país.
«La embajada de Estados Unidos es la que encabeza la conspiración. Imagínense lo que ha pasado en la OEA (la resolución del sábado ni condenó ni rechazó el referéndum en Santa Cruz). El embajador estadounidense (Philip Goldberg) es el gran defensor de la división de Bolivia», dijo Morales a Telesur.
Lo cierto es que, más allá de las actitudes separatistas de la oligarquía cruceña, la ilegalidad de esta iniciativa es clara, los países de la región no la reconocerán. Sin embargo, el futuro en Bolivia no vislumbra tranquilidad.