Desde que hace un año las varias oposiciones de derecha en Bolivia capitalizaron políticamente el negativo resultado del referendo sobre la reforma constitucional que buscaba habilitar a Evo Morales para una nueva postulación presidencial, se abrió una etapa riesgosa para el gobierno. Uno de los peligros era que las fuerzas conservadoras aprovecharan ese impulso para […]
Desde que hace un año las varias oposiciones de derecha en Bolivia capitalizaron políticamente el negativo resultado del referendo sobre la reforma constitucional que buscaba habilitar a Evo Morales para una nueva postulación presidencial, se abrió una etapa riesgosa para el gobierno.
Uno de los peligros era que las fuerzas conservadoras aprovecharan ese impulso para expandirse a nivel nacional y unificarse en un solo proyecto político. A la luz de los hechos tal cosa no ha sucedido; la derecha boliviana sigue tan dividida como siempre entre varios dirigentes que se creen a cual más presidenciable: Jorge Quiroga, Rubén Costas y Samuel Doria Medina. A ellos se suma Carlos Mesa, que comienza a rodearse de oportunistas que se esfuerzan por presentarlo como la alternativa «de centro», pretendiendo que el pueblo olvide que Mesa fue parte, como vicepresidente el 2002-2003, del más nefasto gobierno neoliberal: el de Gonzalo Sánchez de Lozada.
El otro peligro era que se dividiera el bloque histórico transformador, sea por problemas internos en el gobierno o por confrontaciones entre el gobierno y los sectores sociales. No se han presentado fisuras a nivel gubernamental, pero es evidente que en el segundo semestre de 2016 los conflictos con los obreros fabriles por el cierre de la textilera Enatex, y con los mineros cooperativistas por las demandas burguesas de su dirigencia, pusieron al filo de la ruptura al bloque de movimientos sociales que respaldan al proceso de cambio. ¿Por qué no se produjo el quiebre? A modo de hipótesis mencionemos las siguientes: 1) El liderazgo de Evo Morales, pese al resultado adverso del referendo, se mantiene como un factor de consenso unitario de los movimientos sociales, 2) La clase obrera organizada en la Central Obrera Boliviana (COB), pese a las contradicciones programáticas con el gobierno, se niega a asumir que éste sea el «enemigo principal» y desoye en el seno de los sindicatos las aventureras convocatorias de la ultraizquierda, 3) La Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM) preserva su vitalidad como espacio de cohesión de una treintena de organizaciones campesinas, obreras y populares, gran parte de ellas afiliadas a la COB.
Y así llegamos al 21 de febrero de 2017. Algunos «colectivos ciudadanos», que realizan tareas de captación política para los partidos de derecha, llevados por su activismo plantearon convertir el 21-F en una fecha de regocijo y movilización antigubernamental al recordarse un año del referendo. Habían acuñado una consigna tan rimbombante como mentirosa: «Bolivia dijo No». De esta forma y por efecto de la propaganda, convertían una victoria por escaso margen (apenas el 2% de los votos válidos) facilitada por la mayor abstención (15%) de los últimos años, en un triunfo total, anulando de un plumazo la voluntad de 2,5 millones de personas que votaron por el Sí.
Estaban seguros que ni el gobierno ni la Conalcam reaccionarían, calculando que podían anotarse una cómoda victoria en las calles. Pero se equivocaron. La Conalcam asumió el desafío y convocó junto al gobierno a la movilización bajo su propia consigna: «Contra la mentira, por el desagravio a la democracia».
La respuesta fue sorprendentemente alta; en las nueve capitales de departamento, así como en veinte ciudades intermedias, se realizaron grandes marchas y concentraciones. Las organizaciones campesinas aglutinadas en el Pacto de Unidad (fundado en 2004 y que hoy es parte de la Conalcam) volcaron gran cantidad de sus afiliados de muchas provincias hacia las ciudades, donde se encontraron con otros tantos contingentes movilizados por las juntas vecinales y las organizaciones sindicales urbanas. Voceros de derecha trataron de neutralizar el impacto político de las movilizaciones de apoyo al proceso de cambio con un genial argumento: «son todos funcionarios públicos». ¿Centenares de miles de burócratas disfrazados de campesinos, trabajadores y vecinos, en todas las capitales del país? Absurdo, por donde se lo mire.
La más realista evaluación política del 21-F la expresó un diputado chuquisaqueño de extrema derecha, perteneciente a la bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que ese mismo día declaró en Radio Panamericana: «Los partidos de la oposición se dejaron llevar por el entusiasmo de algunas plataformas ciudadanas que se precipitaron convirtiendo esta jornada en una innecesaria pulseta con el gobierno. El oficialismo y el MAS siempre tendrán mayor capacidad de movilizar a su gente que nosotros».
Pero en el campo revolucionario no debemos caer en el exitismo. Aunque hubo una buena y contundente respuesta en las calles a la convocatoria gubernamental y de la Conalcam, hay que reconocer que las fuerzas opositoras lograron juntar a gran cantidad de adherentes en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
En estas circunstancias en que las derechas se yerguen desafiantes es fundamental preservar la unidad del Bloque Social Revolucionario que sigue defendiendo al proceso de cambio y que busca profundizarlo. Pero la movilización de masas no es suficiente si es que no viene acompañada de claros objetivos programáticos, mismos que para entusiasmar al pueblo deben tener contenido revolucionario. El camino del pactismo con la burguesía, que conlleva concesiones programáticas de carácter regresivo, confunde y desmoraliza a los movimientos sociales que forjaron este proceso de cambio. Así sucedió con el planteamiento, anunciado por el Ministro de Economía Luis Arce, de habilitar un Fondo de Crédito a los agropecuarios con los aportes laborales para el seguro social a largo plazo (jubilación). Por muchos argumentos técnicos y financieros que esgrimió dicha autoridad, la medida fue rechazada por los trabajadores. En sentido inverso, el anuncio de incrementar la alícuota adicional al impuesto a las utilidades de los Bancos, hecha por el mismo ministro, recibió la simpatía de la población porque se entiende que el sentido de la medida es redistributivo. ¿Acaso estos dos casos no nos enseñan por dónde debemos ir y qué errores no debemos cometer?
Si algo demostró el 21-F es que el liderazgo de Evo Morales sigue vigente al punto de convocar a tanta gente a su favor, aun cuando él no participó en ninguna de las concentraciones. Pero a ese liderazgo hay que apuntalar con una buena gestión de gobierno y con una estructura política de movimientos sociales. No se trata de separar la gestión de la estructura, en todo caso se deben articular bajo el concepto y la práctica de lo que se ha denominado Gobierno de los Movimientos Sociales. Esta es una particularidad del proceso político boliviano, nuestro sello distintivo, que se lo debe cuidar de cualquier tentación burocratista que a título de eficiencia busque tal separación.
Los socialistas comunitarios debemos seguir impulsando el empoderamiento de los movimientos sociales dentro del proceso de cambio. Si son esos sectores sociales organizados los que nos defienden en las calles, deben ser también los que aporten en la conducción estratégica de gobierno.
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