El ministro de seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, se apuró a encubrir a su policía apenas aparecieron los cuatro cadáveres de la familia Pomar después de 24 días. Los rastrillajes fueron «un éxito», dijo con total desparpajo, mientras que los cuerpos fueron descubiertos por un trabajador rural de la zona. El lamentable desenlace del «Caso Pomar» […]
El ministro de seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, se apuró a encubrir a su policía apenas aparecieron los cuatro cadáveres de la familia Pomar después de 24 días. Los rastrillajes fueron «un éxito», dijo con total desparpajo, mientras que los cuerpos fueron descubiertos por un trabajador rural de la zona.
El lamentable desenlace del «Caso Pomar» pone en evidencia la crisis por la que atraviesan el gobierno y las distintas instituciones que son funcionales a éste y al sistema en general.
La complicidad entre el poder político, las fuerzas de seguridad y la justicia, sigue siendo el hilo conductor de cualquier crimen o catástrofe que padecemos, no nos olvidemos de Cromagnon.
Las mafias que atraviesan de lado a lado a las distintas fuerzas de seguridad, a los poderes judicial y político, son el germen de los diversos delitos e ilícitos que asolan a la sociedad argentina.
La «Maldita Policía», bautizada así por la revista «Noticias» en agosto de 1996, ha participado en casos ultra conocidos: La masacre del Puente Pueyrredón, en la que murieran Santillán y Kosteki, secuestros varios como los de Echarry y Diego Peralta y el asesinato de José Luis Cabezas, entre otros.
El asesinato de Axel Blumberg lleva el sello característico de «la bonaerense». El camarista Fernando Maroto señaló directamente a los policías de la Delegación Departamental de Investigaciones de San Isidro, explicó que éstos «eligen a las víctimas de secuestros y les brindan a las bandas apoyo logístico para que operen como su mano de obra» (Clarín, 27/3/04).
En este contexto, y con los ejemplos citados precedentemente, nos surge una pregunta que no podemos eludir: ¿Las fuerzas de seguridad pueden ser autónomas del poder político central?
Los pergaminenses también somos víctimas de la corrupción. Hace un año, y sólo por la fuga de una menor, nos enteramos que en el Cruce (Rutas 8 y 188) existía un lugar llamado Spartakus, donde se ejercía la prostitución y la trata de personas, muchas de ellas menores, en situación de esclavitud. El poder político de la ciudad no se hizo cargo de la situación, menos aún de la investigación; por el contrario, se sintió agredido por la intervención del Foro Infancia Robada que conduce la monja Marta Peloni, quien denunciaba que estas cosas no suceden sino con la complicidad de los poderes político, judicial y policial.
Hace poco más de un mes, asistimos a un caso de «gatillo fácil»: Carlos Quiroz, un joven de barrio, de familia humilde, cuyo único delito era ser pobre, fue fusilado por la policía. Tampoco en este caso el poder político supo representarnos; el crimen de Carlitos no tuvo la cobertura nacional, ni siquiera local, necesaria. Sin embargo, este mismo poder, frente a un hecho como el de la familia Pomar, intenta montarse en él no sólo para lavar su imagen sino para utilizarlo como elemento de presión política en beneficio propio. En el caso del asesinato del joven de quince años, fueron pocos los habitantes de Pergamino que acudieron a las marchas que se realizaron pidiendo justicia. Esta situación nos debe llamar a la reflexión: ¿Hay diferentes categorías de víctimas en la realidad que abarca la tan nombrada «inseguridad»?
A pesar de la diferencia cuantitativa de las marchas, debemos rescatar la movilización popular como acto democrático. Es decir, la intensificación de la protesta y movilización, al punto de llegar a hacer de este ejercicio algo totalmente natural y no extraordinario; tomando conciencia del poder que tenemos como pueblo para reclamar y exigir cuando nuestros derechos son desatendidos.
Debemos plantearnos qué hacemos con esa inseguridad que emana de la corrupción implícita en las fuerzas de seguridad; qué hacemos con la inseguridad vial que se manifiesta en rutas abandonadas, pobladas de baches y sin señalización; qué hacemos con la inseguridad que hace que nuestra ciudad tenga una de las tasas más altas de mortalidad infantil en la provincia; qué hacemos con la inseguridad educativa y sanitaria, con docentes y enfermeros mal pagos y con los sistemas de salud y educación cayéndose a pedazos; qué hacemos con la «inseguridad informativa» que desinforma en beneficio de intereses políticos o económicos.
Otra cuestión para analizar es el papel de los medios masivos de comunicación en el caso Pomar que, salvo honrosas excepciones, ha expuesto a los ojos de toda una sociedad la diferencia entre libertad de prensa y libertad de empresa. Pareciera que medio punto más de rating justifica dar verosimilitud a cuanto rumor, versión o chisme ande circulando, sin preservar, en este caso concreto, la privacidad de una familia. Pasaron por los medios nacionales temas como la vinculación con la venta de efedrina, la tenencia de armas de fuego, la violencia familiar, la venganza por deudas económicas, la huída del país, etc. Deberíamos preguntarnos ante cada hecho relatado «en vivo» si la información que recibimos responde a las preguntas básicas del periodismo: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? , y podríamos así darnos cuenta de que sólo somos espectadores y consumidores de un mero relato del movilero de turno, de las subjetivas conclusiones del ocasional entrevistado o de los análisis de inescrupulosos «formadores de opinión».
A partir de la ineficacia del accionar policial y judicial nos surge un interrogante: ¿Seguirá insistiendo Scioli en que la solución a la inseguridad se encuentra en dotar de mayor cantidad de armas a las fuerzas para combatir a los «mal vivientes»? Según nuestro criterio, es totalmente erróneo otorgar mayor poder a una fuerza policial escasamente preparada para cumplir su función y totalmente corrompida por intereses políticos y económicos.
Nadie duda de que sea necesario e imperioso el desmantelamiento de la mafia enquistada en las fuerzas de seguridad y en los poderes judicial y político. Sin embargo, modificar esta realidad dentro del sistema capitalista, es imposible. No creemos que la decisión de desplazar a los responsables del operativo ponga fin a la corrupción en la que están sumergidas las fuerzas de seguridad. Al fin y al cabo, las nuevas autoridades fueron formadas bajo las mismas pautas que las desplazadas. Por eso es necesaria la reestructuración del sistema, para no seguir dando vueltas en un círculo vicioso donde cada decisión se toma con el fin de que nada cambie, que todo siga igual. Es preciso acabar con las transas de la policía, el negocio de los desarmaderos de vehículos robados, la protección a los prostíbulos, etc.
A partir del trágico suceso sufrido por la familia Pomar, debemos tomar conciencia de que nadie hará nada por nosotros, de que la movilización popular, el reclamo y la exigencia es el camino a seguir para tomar el futuro en nuestras manos.
Hoy más que nunca, se hace imprescindible plantearnos la construcción de una sociedad sobre nuevas bases.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.