Tras ser postergada un par de veces, la cumbre productiva «Sembrando Bolivia» está prevista para el 21 y 22 de abril en Santa Cruz de la Sierra. Esta cumbre pretende constituirse en una instancia decisiva para perfilar los pilares de la política agraria nacional de los próximos años. Dado que se desprende de un esfuerzo […]
Tras ser postergada un par de veces, la cumbre productiva «Sembrando Bolivia» está prevista para el 21 y 22 de abril en Santa Cruz de la Sierra. Esta cumbre pretende constituirse en una instancia decisiva para perfilar los pilares de la política agraria nacional de los próximos años. Dado que se desprende de un esfuerzo de planificación más amplio, como es la Agenda Patriótica 2025, este es un evento sin precedentes en la historia reciente del país. Empresarios, campesinos e indígenas compartirán criterios y demandas con el Estado a fin de potenciar la actividad agropecuaria a nivel nacional.
No obstante, no será la primera vez que el conjunto de actores productivos debata bajo el auspicio estatal. A finales de los años 90 y principios de los 2000, los gobiernos de turno facilitaron una seguidilla de «diálogos nacionales» para abordar un conjunto de temas, entre los que también figuraba la problemática agropecuaria. En aquellas ocasiones, tanto la organización como el contenido de los eventos reflejaba el sesgo neoliberal de la época. Para empezar, la inclusión de los sectores campesinos e indígenas era marginal y en esencia se buscaba simplemente legitimar estos espacios. Dada la urgencia de reducir la pobreza bajo la iniciativa de condonación de la deuda (HIPC), los tecnócratas debían lucir renovados y cercanos a la ciudadanía marginada, aunque en la práctica continuaban con sus lecturas conservadoras, reduciendo la participación de los sectores populares a los ámbitos culturales y simbólicos.
De igual manera, las propuestas dominantes reproducían preceptos de corte neoliberal. Por un lado, primaba la articulación de las llamadas «alianzas público-privadas» que, como argumenta el geógrafo David Harvey, terminan concentrando las ganancias en el sector privado, mientras el sector público es el que asume los riesgos.
Consecuentemente, el aparato estatal era puesto al servicio del empresariado bajo la creencia de que el éxito de este último garantizaría el bienestar de la sociedad en su conjunto. Se planteaba que la reducción de las brechas sociales podría lograrse a través del famoso «efecto de goteo», algo que la historia se encargó de desmentir. Por otro lado, el llamado «crecimiento económico hacia afuera» era el enfoque transversal a las estrategias planteadas. Para encontrar nichos en los mercados internacionales, los asesores de ese entonces planteaban como desafío último el apostar por las exportaciones de ventaja comparativa. Frases como: «producir lo que toca, en el momento que toca y en el lugar que toca» y el recordado «exportar o morir» sintetizaban claramente la apuesta en el plano económico. Existía una fe cuasi religiosa en el mercado como el instrumento más eficiente para asegurar el crecimiento económico, aunque se enfatizaba que la condición necesaria para su correcto desempeño era la no intervención del Estado.
Sin duda las condiciones sociales, políticas y económicas han cambiado radicalmente desde ese entonces y, por tanto, una cumbre productiva en tiempos de Evo Morales debería reflejar estas transformaciones de manera inequívoca. De hecho, la cita venidera debería constituirse en una especie de antítesis a los eventos del pasado. De este modo, la participación campesina e indígena no solo tiene que ser considerada cualitativamente distinta, sino que además debe gozar de un lugar de privilegio. En la oportunidad, este sector ensayará una propuesta trabajada colectivamente bajo el paraguas del llamado «Pacto de Unidad», que aglutina a las cinco principales organizaciones sociales del país (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB; Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia «Bartolina Sisa», CNMCIOB-BS; Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, Conamaq; Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB; y, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, CSCIB). Resultaría paradójico que las propuestas del Pacto de Unidad, siendo base social fundamental de la actual estructura de poder estatal, queden en un lugar secundario.
Esta no será una tarea sencilla pues existen intereses claramente encontrados entre los distintos sectores. Basta comparar las demandas empresariales con las determinaciones asumidas por la CSUTCB en su cumbre nacional realizada el pasado año. En este contexto, y a diferencia de gobiernos anteriores, no correspondería que el Estado asuma un supuesto rol neutral o de «facilitación» -que en la práctica históricamente ha tendido a beneficiar a los sectores de mayor poder económico- sino que más bien debería optar por una opción política nítida a favor de las reivindicaciones populares, sin que esto signifique el desconocimiento del resto de las propuestas. Ciertamente será un debate complejo en el que el Estado deberá operar inteligentemente entre el compromiso con sus bases sociales, sus contradicciones intrínsecas y las condiciones materiales preestablecidas.
Aunque aún no se ha difundido el contenido oficial del evento, el empresariado ya estableció de manera pública sus demandas y expectativas. Tal y como se refleja en una entrevista publicada por el matutino paceño La Razón el 1 de febrero, cuatro son los ejes propuestos por este sector: seguridad jurídica, función económica social, biotecnología y exportación «sin restricciones».
De manera implícita, esta agenda propone reducir el control y regulación estatal así como cuestionar las conquistas sociales de la última década, por lo que puede interpretarse como un intento de restauración de las condiciones pasadas. Por ejemplo, la demanda de exportar «sin restricciones» es un ataque frontal a la política alimentaria que el Estado ha venido implementando desde 2009 bajo la premisa de restringir las exportaciones de aquellos productos que no hayan satisfecho la demanda interna. Como lo han reconocido varios organismos internacionales, esta ha sido una política relativamente exitosa en cuanto al abastecimiento de los mercados y al control de la inflación de alimentos. Conceder tal demanda al empresariado sería en esencia reivindicar las políticas neoliberales de fines de los 90. Por tanto, si las propuestas empresariales resultan las dominantes en la cumbre, en esencia no habrá nada nuevo respecto a los eventos pasados.
Más allá de perfilar la política agropecuaria a futuro, la cumbre «Sembrando Bolivia» constituirá un espacio donde una vez más las organizaciones sociales medirán fuerzas con el empresariado tradicional. Es cierto que será necesario encontrar consensos que permitan salidas viables, pero reproducir lógicas del pasado sería inaceptable. El Gobierno estará ante la oportunidad de demostrar que el nuevo Estado puede ser más que un ente para la legitimación de los intereses del poder económico.
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