La derecha se reoxigena con un regalo que le cayó cielo. Al menos 273 mil electores masistas y sus familias en Santa Cruz requieren protección estatal frente al racismo. Los movimientos sociales perciben que proceso no es lo mismo que periodo, aunque lo contenga Cuando el grueso del electorado daba por bienvenida la certidumbre de […]
La derecha se reoxigena con un regalo que le cayó cielo. Al menos 273 mil electores masistas y sus familias en Santa Cruz requieren protección estatal frente al racismo. Los movimientos sociales perciben que proceso no es lo mismo que periodo, aunque lo contenga
Cuando el grueso del electorado daba por bienvenida la certidumbre de los dos tercios resultantes de su ultima cita en las urnas, y daba el adiós a la llamada «polarización» simétrica de los bolivianos -desmentida por el reciente 67-33-, las últimas decisiones de una aparentemente frágil Corte Electoral han congelado en las alturas el torrente de los movimientos sociales que sustentan al gobierno e intentan reflotar la puesta en vigencia de una nueva Constitución
La contingencia era aprovechada por los opositores. El prefecto tarijeño, Mario Cossío, dijo que tendrá listo en tres meses, un parlamento regional que contrapese lo ganado por el oficialismo en las última semanas, y en el Beni se adelantó una asamblea regional, mientras que en Santa Cruz los prefectos adversos al gobierno afinaban una estrategia de resistencia civil.
En coincidencia con su rebelde sucursal cruceña, la CNE decidió que no ejecutará la serie de cuatro votaciones anticipadas por el gobierno e impugnadas por la oposición, y desnudó con ello no sólo las formalidades con que una dependencia estatal puede paralizar el empuje de los movimientos sociales, sino la presunta imprevisión de los mismos dirigentes oficialistas al poner en marcha una estrategia con procedimientos deleznables.
El paquete electoral lanzado por el presidente Evo Morales incluía la convocatoria a cuatro votaciones simultáneas para consultar a la población sobre el tamaño de los latifundios, la ratificación de la nueva Carta Magna aprobada en Oruro pese al sabotaje de los opositores, y la selección, el mismo 7 de diciembre, de 167 consejeros departamentales y 112 subprefectos, en igual número de provincias, a fin de dejar atrás el «dedazo» de los prefectos y la influencia de los concejos municipales.
Con sólo dos votos ante la ausencia de los restantes tres, la CNE paralizó también en aroma de santa ecuanimidad la elección de «subgobernadores», corregidores y asambleístas departamentales convocada para Santa Cruz por el prefecto Rubén Costas; y el referéndum autonómico de Chuquisaca, impulsado por la prefecta Sabina Cuellar y la derecha de Sucre.
La Corte arguyó insuficiencias legales en los seis procesos, y por si fuera poco les puso un candado anunciando la ejecución, hasta diciembre, de una auditoría al padrón electoral, con el que, curiosamente, convalidó ha sólo días los recientes resultados del referéndum ratificatorio del Presidente y seis prefectos, y revocatorio de otros dos prefectos
TEMORES FARSAS Y VEROSIMILITUDES
Se confirmaron así los peores temores oficialistas sobre el quiebre del sistema electoral y el no funcionamiento de las Cortes departamentales a la hora en que fuera necesario convocar a los bolivianos para concurrir nuevamente a las urnas y poner en vigencia, junto con la nueva CPE, el régimen de autonomías populares que neutraliza el modelo autonómico elitista de los agroempresarios de las tierras bajas.
Aunque no se esperaba que las objeciones al decreto presidencial del múltiple sufragio provinieran del cuartel central de la misma CNE, otras fuentes y observadores más suspicaces, aludían a una eventual tramoya protagonizada por el Gabinete y los ejecutivos de la Corte para dar la impresión de que las elecciones estaban congeladas, a fin de obligar a los opositores a concertar el pacto fiscal y la constitucionalización de las autonomías, ofrecido por el gobierno tras el último referéndum.
Las mismas fuentes remarcaron que, mientras el gobierno en ausencia del primer mandatario se resignaba sin grandes reparos a las objeciones de la CNE, los ministros de Trabajo y Hacienda, Walter Delgadillo y Luis Arce habían sido enviados a Tarija y Santa Cruz para intentar acercamientos con los prefectos de esos departamentos.
Las decisiones de la Corte, se inscribían de todas maneras en el delgado pero influyente segmento político e ideológico que ostenta condiciones de presunta imparcialidad detestando tanto a moros como a cristianos, pero que igualmente medra del conflicto y la prolongación de las tensiones, como los medios y reportes que presumen de equilibrios, equidades y neutralidades cuestionadas por su misma aplicación pero disimuladas por la habilidad con que se barnizaban de objetividad los mensajes, en una pulseta donde tampoco verosimilitud era lo mismo que veracidad, aunque se asemeje.
Desde Teherán el presidente Morales dijo que los dos vocales habían cedido a las presiones de la derecha, perjudicando la administración del Estado en beneficio de los bolivianos.
SUERTE AL REVES
Así, tras haber recibido un repentino «regalo del cielo», la derecha racista asentada en oriente pero con ramificaciones fuertes en el eje central, enclaves ricos de la sede de gobierno y el sur del país, ganaba la partida de las últimas semanas, pese a la derrota que asimiló en las urnas el pasado 10 de agosto.
Por su parte, los movimientos sociales estaban confirmando que proceso de cambio era lo mismo que periodo de gobierno, aunque lo abarque en el tiempo, y se encontraban ante la disyuntiva de postergar aspiraciones hasta que sus líderes pacten con sus adversarios una nueva Constitución y estén en condiciones de llamar a nuevas elecciones para copar dos tercios del nuevo Parlamento, o simplemente dejar que acabe la gestión para optar por otro candidato ante la eventual inhabilitación del actual Presidente de la República.
La alternativa extrema, a decir de algunos jefes de los movimientos sociales, como Miguel Surco, líder de los colonizadores, era recurrir al uso de la violencia legítima colocando al Estado el sitial que le corresponde, a fin de disuadir a las bandas delincuenciales allegadas a los comités cívicos y latifundistas, de seguir maltratando a 273 mil electores cruceños y sus familias duramente hostigadas sobre todo en las ciudades.
De manera histriónica, el líder de los terratenientes y agroempresarios, Branco Marinkovic, aseguró que el último ataque de sicarios juveniles a residentes collas fue en realidad un acto de defensa: «Lo único que hicieron esos chicos fue defender a una señora que estaba en una vigilia pacifica de aquellos agresores que tenían intenciones de agredir a mujeres», dijo al «alegrarse» de que los pandilleros atacaran también una marcha pacífica convocada por la fracción obrera de Lucio Vedia.
¿CAUDILLO SIN RELEVO?
Ausente del país en gira por Libia e Irán, el presidente Evo Morales parecía estar a cargo de una inmediata iniciativa a su retorno y la correspondiente explicación a los movimientos sociales, puesto que ninguno de sus colaboradores optó por mayores reacciones que no fueran las de ratificar que su estrategia electoral tenía amplia base legal.
En la otra orilla, sin más esfuerzos que la sorpresa ante una batalla ganada providencialmente, la derecha veía coronadas su expectativas de erradicar de Santa Cruz y otras «zonas liberadas» de la presencia estatal y las consultas electorales decretadas por el gobierno, precisamente para regir a futuro con la nueva CPE, alargar el mandato con una nueva gestión de Morales y socavar las bases sociales de los prefectos destrozando las designaciones a dedo y por los grupos ediles.
Las fuerzas oficialistas confiaban así en tener hasta el 7 de diciembre, la ratificación de la nueva Carta Magna, y, hasta mayo del próximo año, tras las elecciones generales, un nuevo periodo de Morales con un Parlamento de aplastante mayoría pro gubernamental que permita, entre otras acciones, enjuiciar a los prefectos que malversaron los fondos públicos en referéndum ilegales.
Pero ahora estaban limitadas a replicar a la CNE y señalarle que su objeción «no tiene carácter vinculante por falta de valor jurídico», según el vicepresidente Alvaro García, mientras la Corte le recordó que le había advertido mediante tres cartas consecutivas acerca de la insuficiencia legal del decreto
«Es importante considerar que en un Estado de Derecho quien incumple deliberadamente el mandato de la ley es pasible a las sanciones que el mismo sistema jurídico establece», dijo a su vez el Ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, aunque sus advertencias parecían más dirigidas a las cortes que funcionan en la Paz que a las de Santa Cruz y Tarija, distantes de la mano del Estado.
A contramano, tras un «análisis jurídico» al DS 29691 que establece el 7-dic-2008 como fecha de nueva cita en las urnas, la Corte concluyó que había un «impedimento de orden legal para su administración y ejecución», lo que demuestra la falta de coordinación entre poderes de Estado respecto de decisiones relacionadas a los electores.