La agencia antidrogas estadounidense tendrá hasta el 1º de febrero de 2009 para evacuar el país. El gobierno de Bolivia asumirá totalmente el reemplazo de sus tareas.
Con Estados Unidos ocupado por el recambio presidencial y los desafíos derivados de la crisis financiera, la presión sobre los gobiernos de Sudamérica se ha aliviado permitiendo a sus mandatarios acciones que en otro contexto no hubiesen sido toleradas.
Bolivia es un buen ejemplo. A la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg decretada hace dos meses por el presidente Evo Morales y al abandono del país por parte del Programa Estadounidense de Cooperación (USAID), se ha sumado la salida forzada de la DEA, acusada de injerencia en asuntos políticos internos del país. (Ver: «Paradojas en el orbe». APM 25/07/2008)
La actitud inflexible del presidente Morales se explica dentro de un contexto de pensamiento vigente con simultaneidad en diversos países latinoamericanos y que tiende a la recuperación progresiva de sus soberanías y a la reformulación de sus relaciones con actores extranjeros -sean éstos gobiernos, corporativos o supranacionales- en términos más beneficiosos para sus propios intereses en materia de potestad territorial, costumbres y recursos naturales.
En este caso particular es necesario recordar en particular algunos aspectos relacionados con la actuación internacional de la DEA y que nada tienen que ver con el publicitado objetivo de «contribuir a eliminar el flagelo del narcotráfico» pero sí con sórdidos intereses.
LOS ORIGENES De acuerdo con la tendencia de militarizar la lucha contra los estupefacientes, la DEA encuentra su espacio de acción como apoyo en las tareas de inteligencia que sirvan al objetivo -muy a priori no discutible- de «destruir el circuito comercial de la droga atacando los cultivos en los países productores».
A diferencia de la CIA o de los órganos de inteligencia propios de las fuerzas armadas de Estados Unidos, la DEA obtiene carta blanca para actuar en territorios extranjeros por la supuesta «nobleza» del objetivo que esgrime, mientras que los otros organismos, deben actuar subrepticiamente y fuera de las leyes locales (CIA) o bajo permiso especial de los parlamentos que autoricen a operar en «ejercicios militares combinados» en el caso de las Fuerzas Armadas.
Así, la presencia de agentes de la DEA en otros países es un hecho que se ha naturalizado pero que, sin embargo, implica la aplicación extraterritorial de las leyes estadounidenses y constituye -consecuentemente- una amenaza a la soberanía nacional y al principio de autodeterminación de los pueblos.
Pero de hecho, las capacidades de la DEA bien pueden ser redirigidas a la desestabilización de regímenes progresistas no afines a Washington.
Así, la excusa de erradicar militarmente el cultivo de coca fue una pantalla que desde las épocas del presidente Ronald Reagan se utilizó para instaurar en el área «guerras de baja intensidad», es decir, el acoso a cualquier intento de atentar contra la hegemonía de Estados Unidos.
Dicha política se mantuvo hasta que el actual presidente de Bolivia, Evo Morales, pactó con los cultivadores la idea de «racionalización orgánica y comunitaria» a fin de limitar los excedentes de producción que se utilizan en la fabricación de drogas sin afectar cultivos y costumbres ancestrales de los pueblos originarios. (Ver: «Entre la erradicación y la racionalización orgánica». APM 19/04/2007)
Justamente es el programa de «racionalización orgánica y comunitaria» la alternativa política del presidente Morales a la militarización de la lucha contra el narcotráfico. Llevar adelante la iniciativa implicaba lógicamente deshacerse de una DEA cuya misión era exactamente la inversa, es decir destruir el cien por ciento de los cultivos de coca.
Cabe agregar que la hoja de coca tiene usos medicinales alternativos que agrandarían el mercado de consumo legal y que posibilitarían su industrialización con todos los beneficios laborales que ello implica.
Dichos usos alternativos han sido ocultados en el afán de criminalizar la planta y facilitar su destrucción.
Un ejemplo son las ventajas que el té de coca proporciona a los tratamientos en la recuperación de adictos.
Son esas alternativas las que esgrime el presidente Morales, en el marco de su campaña para industrializar y dignificar los usos tradicionales de la hoja de coca.
EL DINERO Otra cuestión relacionada con las actividades de las agencias de inteligencia -se supone que actúan en «comunidad»- es que lo importante no consiste en eliminar el narcotráfico sino tener acceso a sus ganancias. En otras palabras «se trata de mucho dinero para dejar que solo lo disfruten los delincuentes».
Acorde a esa idea, toda la información que circula públicamente en los medios es simplemente un decorado para ocultar que la droga financia la política exterior estadounidense y el sistema financiero de Estados Unidos se basa en el lavado de dinero.
Dado que explicar la operatoria de blanqueo de dinero excede los alcances de esta nota bastará con citar algunas curiosidades.
Cada año se lavan entre 500 mil millones y 1,5 billones de dólares en todo el mundo; de ellos, 300 mil a 500 mil millones de dólares acaban en bancos estadounidenses. De esta cifra, 80 mil millones de dólares corresponden al lavado de dinero procedente de la droga en Estados Unidos, operaciones que se realizan principalmente en Nueva York, Houston, San Antonio, El Paso, Los Angeles y Miami.
Otro punto de lavado de dinero es el Caribe. En las Islas Caimán viven 30.000 personas pero hay 500 bancos y 40.000 empresas (más empresas que personas). Naciones donde también se lava dinero son México, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Uruguay y Haití. (Ver: «Haciendo el trabajo sucio». APM 05/09/2008)
Más allá de la exactitud de las cifras -la clandestinidad las transforma en «tentativas»- resulta evidente que tanto dinero es una tentación difícil de manejar.
Para ilustrar la operatoria de lavado y utilización del narcodinero conviene citar al menos un ejemplo de muchos.
En septiembre de 2006 el funcionario del Departamento de Justicia estadounidense Michael Bromwich, anunció el inicio de una investigación sobre el rol de la CIA en la financiación de los «contras» nicaragüenses con dinero de la droga.
La investigación se hizo a raíz de una publicación en la revista Executive Intelligence Review (EIR), en la que se demuestra que la CIA, en la época de la presidencia de Geoge Bush (padre), suministró grandes cantidades de droga y crack a los «ghettos» de Estados Unidos para obtener el dinero destinado al grupo irregular nicaraguense.
El informe del EIR, se sustentó en documentos oficiales, transcripciones de audiencias legislativas, fotos, organigramas y gráficos, para concluir que la Casa Blanca facilitó la creación de una red de tráfico de armas y drogas con el fin de apoyar a la contra nicaragüense que en 1984 había dejado de recibir oficialmente la ayuda norteamericana.
El EIR asegura también que, subrepticiamente, pilotos privados conocidos como narcotraficantes llevaban armas y pertrechos a los contras en Centroamérica y luego regresaban a Estados Unidos con cargamentos de drogas.
A estos ejemplos podemos agregar -de cientos- al trafico de opio en Laos (años 70); los ingresos de la heroína producida en Afganistán y Pakistán usados para combatir la invasión soviética (años 80); los traficantes de las guerrillas kosovares (años 90) y por supuesto al «Irangate» durante la presidencia de Ronald Reagan, acción que otorgó su minuto de fama al Teniente Coronel de Marines Oliver North.
Hoy en día, los esfuerzos de la DEA en Asia están orientados a la introducción de la droga producida en Afganistán y Pakistán en el mercado Chino, principal potencia capaz de rivalizar con Estados Unidos y sobre la cuál Washington pretende montar un cerco estratégico dónde las drogas son un elemento más de desestabilización.
El tema narcotráfico es tan sórdido y complejo como su ocultamiento requiere y, tal como se plantea desde los Estados Unidos, resulta vital el rol que cumple la comunidad de inteligencia que tiene a la DEA como punta de lanza en el rubro drogas.
Un dato más. Según el ministro de gobierno de Bolivia, Alfredo Rada «resulta significativo que en los países en donde opera la DEA exista un crecimiento evidente de las plantaciones de coca con excedentes aptos para la producción de drogas».
Estos antecedentes fundamentan la expulsión de esa agencia extranjera de territorio boliviano, medida soberana, valiente y oportuna que seguramente ensanchará el margen de gobernabilidad futura del presidente Evo Morales.