Una historia perdida. Así se llama el último libro del chileno Juan Pablo Meneses, que parte con el apotegma “todos los hechos que vienen a continuación son reales y, aun así, este libro es una novela”. Muchos sucesos de los últimos tiempos en la Argentina parecieran ser parte de eso, la difícil distinción entre realidad y ficción. Basta revisar los episodios recientes de la empresa Vicentin: en efecto, lo que aparece como telón de fondo es algo así como una historia perdida. Perdida, corrupta, en quiebra… ¿Y en una callejón sin salida? ¿O hay luz al final del túnel?
La empresa, que llegó a alcanzar los primeros puestos en el ranking de embarques de granos al exterior con una facturación de 4.000 millones de dólares, ocupando el puesto 29 entre las 50 mayores riquezas del país y siendo la firma que más creció durante el macrismo, yace con sus bienes embargados e inhibidos y con sus directivos sin poder salir del país, sospechados de millonarias estafas. Hasta los acreedores privados, en un hecho inédito en lo financiero, creen que el salvataje del Estado es urgente y necesario para que Vicentin no termine en manos extranjeras. Sin embargo, nada puede normalizarse si los investigadores no despejan primero el enigma: dónde están los más de 1.500 millones de dólares que faltan de su magnánima deuda.
Lo primero que surge de la trama es la desesperación de los trabajadores: están en estado de asamblea y el gremio aceitero santafesino entró en alerta debido a la situación de la agroexportadora y su dilatado concurso de acreedores. A su cesación de pagos declarada en 2019 –que la situó al borde de la quiebra– se le suman permanentes conflictos laborales, multas por desobediencia judicial, un directorio sospechado por estafas millonarias y un concurso de acreedores en el que se encuentra desde febrero de 2020, sin solución de continuidad.
Hace un mes, en una clara jugada de conciliación patronal, el juez Fabián Lorenzini –el mismo que fue acusado de ser amigo de la empresa y que luego quiso abandonar la causa, aunque la Cámara santafesina de Reconquista se lo impidió– declaró la existencia de acuerdo ante una propuesta de pago de Vicentin. Pocos días después, sin embargo, recibió las impugnaciones de la AFIP y el Banco Nación Argentina (BNA). Ambos pusieron el grito en el cielo por considerar, entre los puntos principales, que la misma gira en torno de un pago muy reducido a los grandes acreedores, el BNA entre ellos. La respuesta final todavía está en veremos.
Para entender el cuadro de la estafa, similar en varios aspectos a la del Correo Argentino, la AFIP –que reclama una deuda cercana a los 100 millones de pesos– hizo referencia a la “venta simulada” del 16,67% de Renova SA –fábrica que procesa porotos de soja para producir aceite y harina– 48 horas antes de que Vicentin SAIC declarara en público su default. “Lo cual implicó la salida del 14,41% de todos los bienes (conocidos) del patrimonio de la deudora, que es prenda común de los acreedores”, precisó. De ese modo, denunció una jugada maestra de la empresa para fugar sus activos antes de declararse en bancarrota. Por su parte, el BNA consideró la propuesta de Vicentin como “abusiva y fraudulenta”, calculando 300 millones de dólares por créditos, a los cuales la empresa propuso pagar en una quita real del 80% de la deuda.
Lo que sospechan los sindicatos es que el acuerdo concursal que propuso la firma y avaló en primera instancia el juez Lorenzini implique el despido inicial de 80 trabajadores, y que pasados los 18 meses en los que supuestamente garantizarían la continuidad de la producción, la planta del pueblo santafesino de Avellaneda cierre sus puertas. “Lorenzini estaría dispuesto a firmar el plan de pagos a acreedores y así la empresa tendría el aval para su achicamiento y posterior desguace”, puntualiza Leandro Monzón, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón. Los obreros no tienen la más mínima confianza en el juez: lo consideran aliado del gigante exportador.
También la empresa anclada en Rosario, Commodities SA, impugnó el acuerdo judicial al igual que otros 71 miembros del fideicomiso de acreedores granarios de Vicentin. “El fraude que pretende consolidar Vicentin y el desguace que sus directivos están proponiendo son un golpe al corazón de la cadena del agro”, señalaron en una carta pública.
En paralelo al polémico expediente judicial que define el concurso de acreedores, hubo otra importante novedad en tribunales. El fiscal Miguel Moreno, de la unidad de Delitos Económicos de Santa Fe, que en 2022 había imputado a ex directivos de Vicentin SAIC por presunta estafa, amplió recientemente la acusación para sumar la figura de asociación ilícita. Uno de los aspectos centrales de la pesquisa es lo que impugnó la AFIP en el concurso de acreedores: la venta del 16,6% del capital de Renova a una empresa controlada por Viterra –socia incondicional de Vicentin– por un monto de 122,7 millones de dólares.
La investigación de Moreno considera que al menos Daniel Néstor Buyatti (ex presidente de Vicentin), Alberto Julián Macua (ex vicepresidente), Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoán, Cristián Andrés Padoán, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin y Yanina Colomba Boschi (ex directores), Omar Scarel, Javier Gazze y Miguel Vallaza violaron sus deberes de administradores y quebrantaron el deber de cuidado del patrimonio de la empresa al permitir, entre otros graves hechos, la venta del 16,6% de Renova el 3 de diciembre de 2019, es decir un día antes de declarar el default de Vicentin. Mientras tanto, los síndicos del concurso –Norberto García, Diego Telesco y Carlos Amut– fueron acusados por encubrimiento. De allí, la imputación por asociación ilícita, uno de los más graves delitos del fuero económico.
La estafa, en rigor, se cocinó entre amigos. Se ocultó la verdadera situación financiera de la empresa para continuar recibiendo granos de sus clientes y a la vez obtener créditos para pre-financiación de importaciones del Banco Nación. “Cabe destacar que Daniel Néstor Buyatti se desempeñaba en ese momento como presidente de Vicentin y al mismo tiempo era director de Renova; en tanto que Máximo Javier Padoán era simultáneamente director en Vicentin y director suplente en Renova”, precisa el escrito judicial, que verificó la falta de transparencia manifiesta en pos de mejorar la situación patrimonial de la empresa.
Un aspecto que pondera el fiscal Moreno es que la venta se realizó a un socio comercial de Vicentin, dado que la empresa Renaisco pertenecía al entonces llamado grupo Glencore, actualmente Viterra. “Resulta inverosímil que el mismo día en que el Directorio refiere que las negociaciones de la venta de acciones de Renova se encuentran avanzadas, y que autorizan la suscripción de la oferta, el precio de compra y la forma de pago en los términos del borrador, simultáneamente Vicentin contrae un préstamo de 10 millones de dólares con Oleaginosa Moreno, empresa controlada por Glencore”, señala el documento.
Fue por eso que la Corte provincial obligó al juez Lorenzini a revisar cómo Vicentin pretendía utilizar la venta de sus acciones de Renova, que son parte de los activos presentes en el concurso a disposición de los acreedores. Dicha operación, en efecto, está vetada por dos jueces penales de Rosario que imputaron al directorio de la compañía por presuntas estafas. Lo que salta a la luz es que las subfacturaciones, falsas liquidaciones y otras maniobras de corrupción se empezaron a dar desde 2012, cuando el grupo empresario fue desarmando la estructura patrimonial que tenía como centro a la empresa Vicentin Argentina, trasladándola a Vicentin Family Group en Uruguay y usando la “sucursal” argentina para la toma de deudas. En el camino, las cooperativas agropecuarias fueron víctimas directas de la declaración de cesación de pago y, de esa forma, pequeños y medianos productores habían sido esquilmados por el grupo empresario. Se estima que fueron afectados 1.500 productores y 93 cooperativas agropecuarias.
Como explicó recientemente el economista y ex director del BNA Claudio Lozano, el caso Vicentin reflejó de qué modo durante el macrismo el crédito del Banco Nación se usó en función de los intereses de un número reducido de empresas. “De hecho, cuando yo ingreso, me encuentro con esa deuda y un Vicentin que desde agosto de 2019 no pagaba, es decir, desde el momento de la derrota de Macri en las PASO de ese año. Al mismo tiempo, era una empresa que no contaba con la calificación bancaria necesaria, pero a pesar de eso la mantenían en categoría 1, como si fuese normal su situación”, dijo Lozano, que dio por comprobada la connivencia entre el gobierno de Macri y el grupo empresario, primer aportante de Juntos por el Cambio en las elecciones de 2019.
«Vicentín fue una suerte de símbolo del tipo de gestión que había caracterizado a la etapa de Macri en el banco. Reflejaba la decisión de poner el crédito del Banco Nación en función de los intereses de un número reducido de empresas (Vicentín había sido el primer aportante de…
— Claudio R. Lozano (@Lozano_Claudio) May 12, 2023
Los mecanismos fraudulentos fueron evidentes. En primer lugar, el Banco Nación ofició de garante para mantener el financiamiento a exportaciones que se daba intra-firma, en partes del mismo grupo empresario, es decir de Vicentin Argentina a Vicentin Uruguay. Otra regla que se violó fue que el crédito de Vicentin estaba por encima del 18% del patrimonio de la institución.
Una estafa al mejor estilo Correo Argentino: usufructuar los recursos públicos en favor de intereses privados. Según especialistas financieros, en una de las mayores estafas de la historia económica argentina, la empresa había anunciado una reestructuración de su deuda –calculada en más de 1.500 millones de dólares– que hasta el momento sigue en veremos: no se ha cumplido el cobro de los créditos por parte de los acreedores como tampoco el destino definitivo del complejo exportador.
Así lo sintetizó Lozano: “El fraude espectacular que está consumando Vicentin sobre la sociedad argentina fue el hecho de que Vicentin tenía una cuenta en garantía por donde ingresaban los dólares de las exportaciones: entre agosto y diciembre de 2019 (mientras Vicentin no pagaba su deuda) ingresaron 790 millones de dólares. Las autoridades debieron haber ejecutado la garantía, pero no lo hicieron; el presidente del banco en ese momento, Javier González Fraga, liberó esa garantía permitiendo que esos dólares pudieran salir de la cuenta con otro destino. Consecuentemente, cuando nosotros ingresamos al directorio del Banco Nación esa cuenta se encontraba vacía”.
La colosal estafa contó con la complicidad de tres gerentes del BNA, tanto de su sede central como de la sucursal Reconquista de Santa Fe. Todos ellos fueron despedidos y además se suspendió a diez empleados más de distintas jerarquías.
¿Se rechazará la propuesta de Vicentin y ocurrirá el mecanismo de salvataje? ¿Es posible aún una expropiación desde el Estado? ¿Todos los caminos llevan a una empresa mixta, una suerte de empresa pública no estatal con participación de productores y cooperativas? ¿Se está a tiempo de recuperar el dinero adeudado por Vicentin al Estado argentino?
La sospecha es que, de no intervenir el Estado y con un camino favorable en el terreno judicial, el emporio Glencore (de origen suizo, pero que tiene su rama agropecuaria radicada en Canadá), que compartía con los argentinos en partes iguales la propiedad de la sojera Renova, termine quedándose con el conjunto del grupo empresario. Vicentin era la sexta entre los diez grupos empresarios que controlan prácticamente la totalidad de la exportación de granos y subproductos de la Argentina: una comidilla deseada por los peces gordos.
“Hoy, en un marco de mayor concentración del comercio exterior y, a la vez, de extranjerización, ese sector comprende una de las claves de la fuga de dólares y reducción de la recaudación de la Argentina, que tenía lugar en el triángulo entre Paraguay, Rosario y Montevideo. Sin juntas reguladoras, teniendo a Vicentin como espacio estratégico, además el puerto rosarino ha sido preferido por el accionar del narcotráfico en sus negocios ilegales a partir de la privatización del comercio exterior”, actualiza Claudio Lozano en el contexto de grandes pérdidas económicas por la sequía.
El juez Lorenzini, mientras tanto, tiene en sus manos el destino de la empresa. Y los trabajadores en los galpones y los acreedores en sus escritorios aguardan la noticia cada día.