El proyecto de Ley de Humedales sigue sin ser tratado en el Congreso Nacional y está a punto de perder estado parlamentario. El rol de las mineras que, bajo el discurso verde de «transición energética» y autos eléctricos, ocultan las consecuencias socioambientales de la explotación de litio, mineral ubicado en lagunas altoandinas y salares.
La voracidad de los incendios en el delta del Paraná evidenció en 2020 la urgencia de aprobar una Ley de Humedales que determine la implementación de políticas de conservación y uso sostenible de estos ecosistemas, fundamentales para el equilibrio ambiental a escalas local, regional y global.
Cuando se habla de humedales suele pensarse en paisajes fluviales, ribereños, lagunares y de esteros. Sin embargo, el mapa de humedales de Argentina comprende una gran parte del territorio puneño y prepuneño de Jujuy y Catamarca, áreas de extremo déficit hídrico. En el caso de Catamarca, el sistema de Lagunas Altoandinas y Puneñas es un conjunto de ecosistemas únicos que se encuentran por encima de los 3000 metros sobre el nivel del mar y se alimentan de las corrientes de deshielo de los glaciares que habitan los picos de la Cordillera de Los Andes.
La biodiversidad de estos ambientes es tan importante que hay un convenio internacional, la Convención de Ramsar –ratificada por la Argentina en 1991– con el objetivo de protegerlos debido a las funciones que cumplen en el equilibrio sistémico global. Además de ser reservorios de agua, estas lagunas garantizan la conservación de glaciares, y son sumideros de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, aportando así a la regulación de la temperatura global.
Si se seca un humedal se desencadena un proceso de emisión de carbono que se suma a la ya sobrepasada línea crítica del calentamiento global.
Estos humedales altoandinos están siendo amenazados por la multiplicación de proyectos mineros, particularmente de litio, como el llamado Tres Quebradas (3Q) en Fiambalá (Catamarca). La exploración de 3Q está, desde 2016, en manos de la empresa LIEX, subsidiaria de la canadiense NeolithiumCorp, y este año la empresa anunció que se aventuraría a la explotación de la mano (y con el respaldo monetario) de Zijin Mining Group Co. Ltd., una gigante china de oro, cobre, zinc y otros metales.
El apoyo explícito que recibió la empresa por parte del gobierno provincial se evidencia en varias acciones; una de ellas es la ejecución de un plan de cooptación y construcción de una aparente licencia social mediante un “Programa de Participación Ciudadana”, consistente en falsas consultas y audiencias públicas, que sólo buscan que algunos pobladores presten sus firmas para avalar un proyecto cuyos Informes de Impacto Ambiental cuentan con numerosas ambivalencias, falsedades y omisiones.
Debido a la creciente conflictividad social, estas audiencias requieren la presencia de fuerzas de seguridad nacional y provincial como forma de coacción, tal como ocurrió hace unos días con la audiencia pública sobre la explotación del proyecto Sal de la Vida, de la empresa Galaxy.
La minería de litio contra/atenta contra la Ley de Humedales
Frente a la demanda popular de que se trate la Ley de Humedales este año para que no pierda estado parlamentario, el lobby minero del litio arremetió –al igual que su par, el agronegocio– contra las supuestas consecuencias que traería la normativa, sobre la base de una serie de farsas en torno a la transición energética.
Estados y empresas, a la par, no se cansan de repetir que la minería de litio es sustentable, que permite los cambios tecnológicos para reducir emisiones y que llevará a la recuperación económica que el país necesita.
Particularmente, el discurso minero litífero niega la necesidad de la ley de humedales afirmando que se propuso por los incendios del Paraná, y que no se vincula con otras realidades ambientales del país. A su vez, sostiene que la minería de litio es una “actividad productiva” que se vería perjudicada por las restricciones de explotación minera en zona de humedales.
La perversión de estos discursos llega a un punto límite cuando las empresas se presentan como garantes de la conservación de “las partes vulnerables” de los humedales, mediante la delimitación de “zonas de preservación”, como vegas y áreas de anidación de aves acuáticas.
Al existir escasa o nula información oficial, estas áreas de preservación son definidas por las propias empresas en sus Informes de Impacto Ambiental. En estos documentos se evaden los datos precisos sobre las afectaciones a la disponibilidad y calidad de agua, cuando minimizan la cantidad de agua dulce disponible en las cuencas o niegan su uso en los procesos químicos de extracción del mineral.
Sumado a este accionar de las empresas, el Estado desconoce, estigmatiza y persigue a las comunidades que se resisten a la explotación de sus fuentes de agua. Las asambleas locales y provinciales rechazan el discurso estatal que presenta a la minería como la única alternativa posible, y destacan que en esos territorios habitan comunidades campesinas que desarrollan prácticas agrícolas tan variadas que sorprenden a los más experimentados agroecólogos.
Humedales y litio representan términos contradictorios en las decisiones estatales. Por un lado, crean un Programa de Humedales que busca protegerlos, y, por el otro, configuran un plan minero-energético basado en la desecación de enormes cantidades de agua para obtener los “minerales de la transición”. La contradicción es innegable.
Los pueblos ya han dicho muchas veces «No» a los extractivismos; sin embargo los poderes políticos siguen imponiéndolos a través de nuevas y viejas (pero revalorizadas) commodities, endiosadas como “estratégicas”, pero que no hacen más que profundizar el despojo de los territorios y las comunidades.
Necesitamos una Ley de Humedales. Necesitamos que los actos de consulta y audiencia pública sean veraces y que se cumpla el derecho a la participación libre e informada de los pueblos indígenas y comunidades locales.
Necesitamos una Ley de Humedales que estipule presupuestos mínimos para sustentar las acciones de conservación y que partan de la construcción de información independiente de las empresas que buscar explotarlos.
Necesitamos la Ley, necesitamos un Inventario Nacional de Humedales, que permita establecer una clasificación para su uso y preservación libre de los intereses corporativos extractivistas.
Necesitamos que, una vez más, los pueblos sean escuchados.
Patricia Agosto y Natalia Sentinelli. Equipo de Investigación-Acción Territorial de BePe (Asociación Civil Bienaventurados Los Pobres)