La Corte Suprema de Justicia falló en contra de la candidatura a gobernador de Sergio Uñac en la provincia de San Juan. Ratifica así la vocación de servir a intereses poderosos, así se requiera forzar o directamente violar a las normas de cualquier jerarquía.
El llamado tribunal supremo se adjudicó una vez más la potestad de dar una interpretación de las constituciones provinciales contraria a la de los poderes judiciales locales. Y de hacerlo con el proceso electoral ya lanzado. Esto último ensombrece el cuadro, ya que queda poco tiempo para “instalar” nuevas candidaturas. Y eso podría dejar en situación desventajosa al peronismo de esa provincia a la hora de disputar con éxito el voto popular.
La arbitrariedad “al palo”.
A los miembros de la Corte no les inquietan esas consideraciones. Es probable que piensen que ellos, como “guardianes de la República” y productores de fallos inapelables, están muy por encima de cuestiones tan prosaicas como el resultado de unos comicios provinciales.
Y que adjudiquen un valor eminente a ese rasgo de “independencia” frente al Poder, así con mayúsculas. Esto último porque para el pensamiento conservador de nuestra sociedad, sólo hay un tipo de poder al cual limitar y hostigar, y es al que ocupa cargos electivos, aquél en el que aún tiene alguna incidencia la voluntad popular.
Con el poder económico, mediático, cultural, se hace como que no existen. Y en lo que atañe a los “supremos” su relación con los mismos es tan fluida y carente de autonomía que no se necesita ni mencionarla. Es raro que se «equivoquen” y fallen en discrepancia con los intereses más concentrados.
Y uno de los magistrados, Carlos Rosenkrantz, no se “equivoca” jamás y a menudo sube la apuesta, votando en disidencia respecto a sus colegas, con suma de pleitesía hacia los “dueños del país”.
Pese a lo repetido hay que señalar una vez más que dos de los “custodios de las instituciones” no tuvieron reparo alguno en aceptar de parte del gobierno anterior un nombramiento por decreto para sus cargos, violación de la constitución nacional en grado de flagrancia.
Allí de lo que se trataba era de poner hombres afines a la entonces coalición gobernante “Cambiemos” en los cargos judiciales decisivos. Y así se hizo. Sólo la fuerte e inmediata reacción en contra hizo naufragar el operativo.
Más allá del fracaso de esa maniobra, el mero intento deja claro que la preocupación institucional de los cortesanos está signada por la hipocresía. La misma que se manifiesta cuando se muestran indiferentes a violaciones de derechos más que claras. El torbellino judicial que se abatió y aún se cierne sobre Milagro Sala no los perturba. Y miran para otro lado frente a la integración de un poder judicial provincial disciplinado en toda la línea con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
Hoy nos encontramos con que el ataque iniciado en Tucumán y San Juan podría proyectarse sobre Formosa, donde también hay reclamos judiciales contra la reelección. Más allá de que se tenga una visión crítica sobre la permanencia del gobernador Gildo Insfran, lo cierto es que sería un embate más hacia mandatarios alineados con el peronismo. De inhabilitarse su candidatura se añade un modo más de beneficiar a oposiciones locales encuadradas en “Juntos por el Cambio”. Deseosas de acceder al poder provincial sin fijarse en “detalles”.
Ah, la república.
El punto es que en la provincia del nordeste, la constitución habilita la reelección indefinida, por lo que no puede argumentarse que Insfran viola el ordenamiento provincial con sus postulaciones.
Y allí viene otra dimensión de la decisión sanjuanina. El juez Rosenkrantz no basó su voto en el avasallamiento de la norma provincial. Por el contrario, invocó para pronunciarse el artículo 5º de la constitución nacional, que vale la pena transcribir íntegro: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria.”
Dentro de ese artículo, quien fuera abogado de un variado núcleo de grandes empresas pone atención en la obligación de cada provincia de preservar el “sistema republicano” en la norma suprema que dicte oportunamente. La “Justicia” debería determinar si la norma provincial se adapta al requisito republicano, definición opinable por demás y que, por supuesto, quedaría circunscripta al libre arbitrio de los “supremos”.
Un corolario de este último fallo es que no se circunscribe a cuestiones electorales. De seguir ese criterio, tras la vaguedad “republicana” podría atacarse cualquier cláusula de una constitución provincial e invalidarse otras decisiones que debieran ser privativas de las provincias.
En la historia institucional argentina contamos con un lamentable precedente de estas salvaguardias institucionales que se convierten en su contrario. El artículo 6 de la CN, permitía al gobierno federal intervenir en las provincias para “garantir la forma republicana de gobierno”.
Esa habilitación derivó en un abuso extremo: Durante mucho tiempo los gobiernos nacionales desplazaban a distintos gobiernos provinciales con cualquier pretexto y los reemplazaban por “interventores federales” no elegidos por nadie. Que para colmo solían permanecer bastante tiempo en sus cargos. En muchas ocasiones eran desplazados los tres poderes provinciales, con la consiguiente reducción a cero de la autonomía.
Por fortuna, en las últimas décadas se aminoró mucho el uso de ese instrumento. Ocurre ahora que un pronunciamiento como el de Rosenkrantz trae de nuevo el peligro. No ya en manos del poder ejecutivo y eventualmente del legislativo, sino de “la Justicia”. Encarnada en funcionarios designados a perpetuidad y sin participación del voto popular. Lo que haría a los posibles avasallamientos aún más graves que las tradicionales “intervenciones”.
Ya se rumorea además que la inhabilitación de candidaturas y las suspensiones de comicios podrían llegar al campo de los municipios. Lo que abriría la posibilidad de que intendentes con muchos años en el cargo fueran privados de su reelección. Con la consecuente multiplicación de acciones judiciales para reacomodar las cargas en el plano electoral, siempre a favor de la oposición de derecha.
La arbitrariedad y las inclinaciones políticas de los “supremos” quedarían cada vez más libres para tornarse en una instancia decisiva del sistema de poder, siempre en aras de que las democracias no se conviertan en “autocracias”, como asimismo arguyó Rosenkrantz. Cuatro individuos determinarían dónde empieza y concluye la democracia. Por supuesto a satisfacción de sus mandantes del “poder real”.
¿Y Cristina?
Ante estas últimas actuaciones del alto tribunal no cuesta imaginarse que, de presentarse para la jefatura de Estado la actual vicepresidente, la Corte podría pasar por encima de pasos procesales y tiempos judiciales. Y confirmar la sentencia condenatoria hacia CFK antes de las votaciones de este año. La misma decisión judicial que va acompañada de una inhabilitación perpetua para postularse a cualquier cargo.
Se haría efectiva así la temida proscripción de la expresidenta, con lo que la discrecionalidad del tribunal llegaría a niveles de completo escándalo.
Lamentable es que ante la posibilidad de esa situación agraviante hacia las instituciones, la candidata con mayor potencialidad electoral de todxs, haya decidido no postularse. El efecto es que da por perdida antes de tiempo una batalla democrática que ante la eventualidad valdría la pena dar.
No en los estrados tribunalicios, sino con el pueblo en la calle, al estilo de la enorme movilización que contrarrestó el propósito de la Corte de extender el “2×1” a los presos por crímenes de lesa humanidad. Y enlazando además con las mejores tradiciones populares del peronismo.
La vice en ejercicio renunció a esa perspectiva. Y, de paso, dejó en situación de desamparo político a los millones de personas decididas a sufragar por ella. Desatención que deriva en que esos millones tengan que optar entre candidatos a los que ni hubieran contemplado si pudieran seguir hinchando los pulmones al grito de “…Cristina presidenta…”
Una vez más quedó demostrada la carencia de voluntad a la hora de hacer efectivo el “Si la tocan a Cristina…” que tanto se cantó en el pasado cercano. Y también que en el repertorio político del kirchnerismo no entra la posibilidad de apelar a la combatividad masiva, a la disposición a la lucha que tantas veces demostró el pueblo argentino.
La reflexión posible es que las coaliciones que se disputan hoy los cargos de gobierno siempre elegirán las negociaciones entre cuatro paredes, o las “órdenes” indiscutidas e indiscutibles a la hora de mantener alejadxs de las decisiones a sus supuestos “representados”.
La democracia, en tanto, sigue deslizándose hacia un pozo sin fondo, Al que la empujan un amplio abanico de protagonistas o cómplices a la hora de concentrar el poder en una pequeña minoría. La que se cree propietaria de las instituciones.
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