A sólo tres semanas del referéndum que habrá de revocar o ratificar al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera y a 8 de los 9 prefectos de los departamentos del país, la «revolución agraria» del gobierno nacional está prácticamente paralizada en los departamentos autonomistas del Oriente del país: Santa Cruz, Tarija, Beni y […]
A sólo tres semanas del referéndum que habrá de revocar o ratificar al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera y a 8 de los 9 prefectos de los departamentos del país, la «revolución agraria» del gobierno nacional está prácticamente paralizada en los departamentos autonomistas del Oriente del país: Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, la «Media Luna».
Esto, pese a que se «democratiza el acceso a la tierra» y se «comienzan a corregir las inequidades» en su tenencia, según datos del viceministerio de Tierras.
El director de Tierras de esa dependencia, Cliver Rocha, dijo que se ha regularizado la propiedad de unos 15 millones de hectáreas, contra 11 millones «saneados» entre 1996 y 2005, lo que permite disponer de 2 099 098 hectáreas de tierras fiscales para redistribuir entre indígenas y campesinos.
Se distribuyó un millón de hectáreas, subrayó, frente a 36 815 hectáreas, en 1996-2005. En los dos primeros años de gestión de Evo Morales se entregaron 697 882 hectáreas en La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija, 350 mil hectáreas por año.
Ahora, sin embargo, en las tierras orientales (las más ricas), hacendados y ganaderos se resisten a acatar cualquier disposición legal que afecte sus intereses. Mientras, el gobierno nacional retrocede ante los embates de los latifundistas y sus peones, reforzados desde Santa Cruz por la Unión Juvenil Cruceñista (ujc), reconocido «brazo armado» del Comité Cívico Cruceño, que con armas de fuego y garrotes ha evitado la acción de la reforma agraria.
El argumento oficial para el repliegue gubernamental es «evitar enfrentamientos», dijo Carlos Eulogio Cortés, ex dirigente del Movimiento Sin Tierra (MST) en Santa Cruz. El método violento le resulta a los latifundistas, que ya han impedido la entrega de 100 mil hectáreas a 1 700 familias de la organización, en Ñuflo de Chávez y Velasco, que aún no pueden tomar posesión.
«La reforma agraria avanza en el gabinete pero el gobierno no nos acompaña en el campo», apuntó Cortés y señaló que las familias más desesperadas «han ido entrando de una en una a su tierra, cuando se esperaba que los fueran a posesionar la policía y las fuerzas armadas, como ocurrió el año pasado en Pueblos Unidos». Se estima que hay unos 3 millones de campesinos e indígenas sin tierra, 10 por ciento de ellos del MST.
También les resulta a los hacendados enfrentar con violencia a las brigadas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Cordillera. Desde febrero pasado han logrado impedir los trabajos de regularización en el Alto Parapetí, que se harían en beneficio de las familias guaraníes sometidas a servidumbre o «esclavizadas». La insurrección avanza de la mano de la «Media Luna», proyecto autonómico ampliado por el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa y el triunfo de Savina Cuéllar, la opositora prefecta del departamento de Chuquisaca.
Se trata de una insurrección que esta vez no es una popular pues la abanderan los grupos de poder económicos, que controlan lo mismo los gobiernos prefecturales que extensos latifundios, el complejo soyero-aceitero exportador y la gran ganadería bovina, medios de comunicación, bancos y muchos procesos más.
Su proyecto autonómico cae claramente en sedición: desacata por sistema disposiciones constitucionales y leyes al amparo del «mandato popular» que presuntamente les fue dado cuando se votó por la autonomía en 2006. Este desacato ocurre también, al decir de Pedro Portugal, intelectual aymara, director del mensuario indianista Pukara, por la actitud del gobierno de Morales que, frente al desafío de los grandes propietarios «no ha hecho absolutamente nada, simplemente retrocede, está en la espera permanente».
Esto hace que «se estén larvando situaciones en Bolivia que en el mediano o largo plazo, ojalá no sea a corto, pueden desembocar en situaciones muy conflictivas si no se les pone solución, y uno de los sectores donde puede manifestarse esta conmoción terrible sería en el sector agrario», advirtió Portugal.
La filosofía terrateniente es clara: «las leyes se cumplen hasta donde los hombres lo permiten» dijo el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Guido Nayar, al tomar posesión como presidente de la organización en agosto de 2007. Y en tan magna ocasión, llamó a sus colegas a «resistir los embates del gobierno» para aplicar la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.
Aquel día, la XXIII asamblea ordinaria de Fegasacruz acordó que cada ganadero aportaría «voluntariamente» 50 centavos de dólar por bovino que poseyera «para la defensa del sector pecuario y el desarrollo de una estrategia especial contra el nuevo reglamento de Tierras» porque, dijo Nayar, dicha ley de Reforma Agraria y su reglamento «no van a cambiar porque lo pidamos, se debe usar otras estrategias de lucha», según reportó El Deber.
Esa posición se reforzó luego del triunfo del «SI» en el referéndum sobre el Estatuto Autonómico cruceño el pasado 4 de mayo, que según el gobierno de Morales es «ilegal y anticonstitucional» pero que para la prefectura, ahora declarada gobierno, es «su Constitución», una que le otorga competencia al «gobernador» sobre la tenencia de la tierra, que según la Constitución boliviana vigente (sistemáticamente violada) es facultad del gobierno central.
El 14 de julio, el mismo rotativo consignó que los productores agropecuarios de las cruceñas provincias Caballero, Florida y Vallegrande acordaron rechazar el proceso de saneamiento que realizará el INRA, conminaron a las autoridades municipales de los valles cruceños «para que no permitan el ingreso de los personeros del inra» pues «los productores agrícolas y ganaderos de los valles sanearemos nuestras propiedades con el Instituto Departamental de Tierras que creará el gobierno departamental autónomo de Santa Cruz».
Todo esto pese a que no son pocas las organizaciones que consideran que la reforma agraria de Evo Morales «no ha tocado los intereses de los grandes latifundistas, sino sólo ha distribuido tierras fiscales», señaló el asesor de la nación quechua Qhara Qhara, Epifanio Pacheco.
Para él, esta reforma «consolida la gran propiedad agropecuaria» protegiendo el «latifundio productivo» porque les reconoce «tierras de descanso» y áreas de crecimiento hasta de 30 y 50 por ciento de la extensión total de la hacienda, y «espacios de diversidad» que deben ser protegidos.
En cambio, apuntó, los pueblos indígenas han recibido, algunos, sólo un 20 o 30 por ciento de sus primordiales demandas de Tierras Comunitarias de Origen.
El director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Leonardo Tamburini, comentó que «haber entregado unos 20 millones de hectáreas a indígenas y campesinos es algo que no se puede desconocer» del gobierno de Morales.
«Ponerle límites al latifundio productivo es algo que no se va a poder hacer en el corto plazo, es una acción que requerirá del largo plazo y de una correlación de fuerzas que deberá construirse…
«En esto juegan un papel fundamental las organizaciones sociales indígenas y campesinas que con sus movilizaciones han logrado empujar a que los gobiernos les tengan que regularizar la tierra que ya está en su poder», afirmó.