Durante más de un año, la nueva Constitución Política del Estado (CPE) fue satanizada por la oposición enceguecida en su pretensión de hacer prevalecer sus privilegios tantos años disfrutados. Esto, sin contar que, a lo largo de la realización de la Asamblea Constituyente que sentó las bases del nuevo texto, esa misma oposición, se encargó […]
Durante más de un año, la nueva Constitución Política del Estado (CPE) fue satanizada por la oposición enceguecida en su pretensión de hacer prevalecer sus privilegios tantos años disfrutados. Esto, sin contar que, a lo largo de la realización de la Asamblea Constituyente que sentó las bases del nuevo texto, esa misma oposición, se encargó de obstaculizar los trabajos de aprobación del texto y estuvieron a punto de impedirlo.
Después de ese largo tiempo, finalmente se llevará la nueva CPE a consulta popular en dos referendos simultáneos: uno para establecer la extensión máxima de tierras que se puede obtener de hoy en adelante y otro para ratificar su vigencia o, por el contrario, negarle reconocimiento. Trabajamos, quienes nos propusimos el cambio, por la ratificación. Hoy estamos seguros de lograr una casi unanimidad, con los votos en contra de quienes quieren seguir negociando con la tierra, expoliando el erario nacional, haciendo negocios ilegales y comerciando la soberanía nacional, todo en conjunto. Más del 80% de los bolivianos y bolivianas le dirán si a la nueva Constitución Política del Estado.
La virtuosa nueva CPE
La carta magna boliviana ha sufrido innumerables modificaciones. Esencialmente, sin embargo, sigue siendo la aprobada al fundarse la república. La estructura básica de esa CPE, con todas las modificaciones que le hicieron, es la misma: una concepción liberal de la relación entre el Estado y la sociedad. De esa concepción emerge toda la estructura que prioriza al capital, subordina el trabajo y relativiza los derechos de las personas.
La nueva Constitución reconoce y pone en primer lugar, el carácter plurinacional de Bolivia, establece el derecho de los pueblos indígena originario campesinos (entendida esa frase como un solo concepto unitario e indivisible) y, por primera vez, le da lugar en el texto constitucional. Incluye la justicia comunitaria y establece la legalidad que le negaron hasta hoy. Abre espacio a la propiedad y las transacciones comunitarias.
A partir de allí, es lógico que se produzcan modificaciones importantes en la estructura de los órganos de poder. El más importante de ellos, es que todos estos órganos tienen responsabilidad directa ante el pueblo. El control social ya no se reduce a la elección de las autoridades, sino a una participación activa de fiscalización de los actos del Estado y, una gran conquista, el derecho a reclamar la revocatoria de mandato de las autoridades nacionales que no cumplan su labor.
Es otro Estado que diseña la nueva CPE. Ya no se trata de mejoramientos del viejo estado liberal. Es cierto que la revolución del ’52 incorporó aportes esenciales a esa estructura y terminó con los resabios coloniales más deprimentes. Sin embargo, mantuvo el núcleo liberal de la Constitución.
Es más, en el capítulo de la tierra, con la reforma agraria impuesta en agosto de 1953, se desconoció las tierras comunitarias y se las entregó individualmente a cada miembro del ayllu. De ese modo, la revolución nacional los obligó a reconocerse como campesinos, en el esfuerzo de crear una nacionalidad boliviana única, disolviendo la identidad de los pueblos originarios.
Es probable que no haya sido esa la intención, pero el resultado fue tal y, en consecuencia, el movimiento indígena originario se vio obligado a remontar la estructura diseñada por la reforma agraria. Los ayllus se mantuvieron convirtiendo a sus autoridades en sindicatos, reuniendo la asamblea y aplicando la justicia comunitaria más allá de las obligaciones que le imponía el poder central. Fue así que, al iniciarse la nueva época de las dictaduras militares, transaron con éstas a través del pacto militar campesino. Aquel campesino, después de atravesar tantas vicisitudes, alcanzó su madurez cuando reivindicó su cultura, reasumió su identidad y habló con orgullo en su lengua nativa.
Hoy, la Constitución que será votada el 25 de enero proclama: Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.
Y declara sus derechos: A existir libremente, a su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión, a que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal, a la libre determinación y territorialidad, a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado, a la titulación colectiva de tierras y territorios, a la protección de sus lugares sagrados.
Son más; sólo mencionamos los primeros. Pero es suficiente para resaltar que la nueva CPE reconoce, por primera vez, una historia de siglos que no pudieron borrar españoles ni criollos.
Abriendo caminos
Es un primero, fundamental y trascendental paso que está dando esta Constitución. Tendrán que darse otros, porque hay mucho, muchísimo más por hacer.
Las dos terceras partes de las y los bolivianos se reconocen como parte de una nación originaria, de una etnia, de un pueblo que habitaban estas tierras desde tiempos inmemoriales. Su cultura se mantuvo a través de los siglos pero, sobre todo, resistiendo la deformación, incorporando los elementos que le sirvieron para sobrevivir y sostenerse, aprendiendo lo que conocían los pueblos que llegaron a conquistar y manteniendo sus ciencias, perfeccionando sus artes, usando su sabiduría ancestral.
Esa cultura -tradiciones, formas de ser, de expresarse, de relacionarse, de vivir con la naturaleza- tienen que ser la característica que, en el futuro, sea igual para todos nosotros. Aún tenemos que transitar por un camino de acercamiento, haciendo que lo traído comience a convivir con lo nacido aquí. Esos caminos tendrán que unirse y entonces, sólo entonces, seremos un solo pueblo.
No vamos a vivir bien mientras no alcancemos tal propósito. Y esto no puede ser sólo en Bolivia. Aspiramos a esa gran nación latinoamericana que hoy día está dando sus primeros pasos. Hay que coordinar la marcha para que todos lleguemos a la meta. Por eso, la Constitución Política del Estado, que debe ratificarse el 25 de enero, es una Constitución para todos.