Miembros de Unión Juvenil Cruceñista (UJC), opositores, oficialistas, Gobierno y sectores sociales demandaron este miércoles al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, no fugar del país y enfrente a las acusaciones de terrorismo y sedición que pesan en su contra. «Cobarde», «tiene miedo», «que dé la cara», «debe responder a la […]
Miembros de Unión Juvenil Cruceñista (UJC), opositores, oficialistas, Gobierno y sectores sociales demandaron este miércoles al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, no fugar del país y enfrente a las acusaciones de terrorismo y sedición que pesan en su contra.
«Cobarde», «tiene miedo», «que dé la cara», «debe responder a la justicia», «irresponsable», fueron algunas de los calificativos y frases que políticos, dirigentes sociales y hasta sus correligionarios utilizaron en contra del cívico cruceño quien adelantó su intención de salir del país rumbo a Europa.
Marinkovic y otros cívicos, son acusados de terrorismo, sedición y atentado contra los bienes y la seguridad del Estado entre agosto y septiembre pasado.
Tras hacerse público que el Gobierno pidió a la Fiscalía que investigue a Marinkovic y que por ello no tenga miedo, el empresario desapareció de la actividad pública y desde la clandestinidad dio entrevistas a algunos medios cruceños para denunciar que es sujeto de persecución política.
UNIONISTAS
El presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), David Cejas, exigió al líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz no escapar del país y enfrentar a las acusaciones de terrorismo y sedición.
«No es posible que a estas alturas él (Marinkovic) esté diciendo me voy porque corro peligro, todos estamos corriendo peligro, que sea valiente», expresó Cejas a la prensa.
«Yo creo que Marinkovic tiene miedo porque no por nada se va ha declarar en la clandestinidad y va a huir», aseguró Cejas quien actualmente se encuentra refugiado en la brigada parlamentaria cruceña por miedo a ser detenido.
CUESTIONAMIENTOS
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada señaló el pasado lunes, que es muy fácil ser líder y promotor de acciones violentas «cuando están las buenas», pero criticó que «cuando llega el momento de rendir cuentas con la justicia, claro ahí lo fácil es ocultarse».
El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, dijo que Marinkovic debe salir de su escondite sino tiene responsabilidad en las acciones vandálicas que le costaron millonarias pérdidas al país.
El diputado opositor de Poder Democrático Social (Podemos), Wilman Cardozo, criticó el accionar del cívico cruceño por esconderse y no dar la cara para enfrentar por sus actos en septiembre pasado.
«No debe ser irresponsable para dejar a sus bases a merced de la justicia a sus compañeros que han luchado por reivindicaciones regionales, debe dar la cara», aseveró.
A su vez el senador del MAS, Félix Rojas, dijo que el esconderse y huir a la justicia es admisión de culpa, como lo está haciendo el principal dirigentes de los cívicos cruceños.
El presidente de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), Fidel Surco, calificó de «cobarde» al cívico cruceño por esconderse como rata.
«Salir del país es confirmar que responsable del golpe cívico prefectural y por lo tanto será un fugitivo», afirmó el dirigente social.
Por su parte, el asesor jurídico de Marinkovic, Juan Carlos Peralta, confirmó que el cívico saldrá del país rumbo a Europa, aunque no dio a conocer la fecha.
«Estamos estudiando el momento oportuno para que pueda salir del país», dijo el abogado.
DAÑOS AL ESTADO
Un daño económico de más de 200 millones de dólares costó la toma violenta de instituciones del Estado, atentado a un gasoducto y el bloqueo de rutas en el oriente y sur de Bolivia realizado entre el 25 de agosto al 17 de septiembre, por parte de organizaciones cívicas a convocatoria de los prefectos opositores aglutinados en el denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde).
Esta estimación de daños corresponde a informe de cada institución que fue saqueada. Durante los días que duró las medidas de presión del Conalde, los cívicos y unionistas tomaron por asalto instituciones regionales como de la Administradora Boliviana de carreteras (ABC), el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
Además del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y el atentado al gasoducto Yacuiba Río Grande (GASYRG).
ADUANA
En el caso de la Aduana, se cuantificó una pérdida económica de 763 millones de bolivianos (unos 100 millones de dólares) por el bloqueo cívico fundamentalmente en la región del Gran Chaco boliviano, cuyo monto corresponde a recaudaciones aduaneras, además del comercio exterior referido a la importación y exportación de productos.
De acuerdo a esta entidad, el bloqueo de vías interrumpió los corredores bioceánicos, impidiendo el flujo comercial a los vecinos países, provocando un grave daño económico al Estado.
Las pérdidas en el sector de las exportaciones llegó a 660 millones de bolivianos, por importaciones a 91 millones de bolivianos, además de las recaudaciones aduaneras que hacen 12.3 millones de bolivianos.
YPFB
El 10 de noviembre, las acciones cívicas que perjudicaron el sistema de distribución de hidrocarburos fue la explosión en el Gasoducto Yacuiba Río Grande (GASYRG), que afectó de manera directa la provisión de gas natural para el mercado interno y la exportación, cuyo daño fue cuantificado en al menos 100 millones de dólares.
IMPUESTOS NACIONALES
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) también reportó un daño económico por 2.2 millones de dólares a causa de destrozos a su infraestructura en Santa Cruz, de donde los cívicos y Unión Juvenil Cruceñista robaron equipos informáticos, documentación de los contribuyentes y material de oficina.
ABC
En el caso la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), ésta informó que las pérdidas por daños a la infraestructura en sus oficinas de Beni, Pando, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, que incluye a la empresa Vías Bolivia, alcanzan inicialmente a un valor de 3.5 millones bolivianos.
El informe da cuenta que las oficinas de la Regional ABC-Pando, tomadas el pasado 3 de septiembre por miembros de la Federación de Juntas Vecinales y Comité Cívico de esa región, reportó una pérdida de 800 mil bolivianos por la quema del predio, robo de computadoras, muebles y daños a vehículos.
INRA
Las medidas del Conalde también afectaron a las oficinas regionales del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en los cuatro departamentos que hacen la llamada «media luna», siendo la más afectada la ubicada en Santa Cruz.
Datos de esta institución indican que los daños económicos superan los 500 mil dólares, de los cuales, 300 mil dólares corresponden a los destrozos ocasionados en su regional de la capital cruceña.
Los daños cuantificados se refieren a vehículos apedreados e incendiados, equipos de computación sustraídos de las oficinas, material de escritorio, muebles, documentos, entre otros.