La reciente irrupción de grupos libertarios en la asamblea de la Universidad Nacional de Quilmes, en un intento por deslegitimar la resolución sobre la toma contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, refleja la escalada en la confrontación ideológica sobre el papel de la educación pública.
El veto, que ha puesto de manifiesto el rechazo generalizado por todas las universidades nacionales, continúa siendo defendido por sectores políticos que parecen menospreciar el rol fundamental que las universidades públicas tienen en la construcción y en el desarrollo del pensamiento crítico.
Entre los políticos que avalan esta postura, se encuentra la diputada del PRO, Sabrina Ajmechet, cuya situación genera una profunda contradicción. Ajmechet, una figura conocida por su afinidad con las ideas en defensa de un Estado “mínimo”, ocupa un cargo de dedicación exclusiva como profesora en la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con un salario que asciende a $1.260.000. Esta incongruencia entre su retórica antiestatal y su actividad docente en una universidad pública financiada por el Estado revela una falta de coherencia ideológica que pone en duda la legitimidad de su discurso; además de su posición parasitaria que ostenta frente al Estado “poco eficiente”, al que critica en su discurso pro-desfinanciador.
El intento de los libertarios de interrumpir la Asamblea en la UNQ no es un hecho aislado, sino que parece formar parte de una estrategia más amplia de deslegitimación de las instituciones públicas, en particular aquellas que se posicionan como bastiones del pensamiento crítico. Las universidades, como la UBA y la UNQ, además de ser espacios de formación académica, han sido, históricamente, centros de resistencia política y de debate plural.
El hecho de que esta manifestación, primero de los docentes y nodocentes y ahora con el protagonismo estudiantil directo, haya sido específicamente en contra de la decisión de Milei de vetar la ley de financiamiento universitario subraya la importancia de estas instituciones en la defensa de la educación pública como derecho universal, accesible a todos, y no como un privilegio para quienes puedan pagarla.
Por si fuera poco, ayer por la noche policías de la Ciudad de Buenos Aires, sin permiso, irrumpían en la Facultad de Ingeniería de la UBA, según refirió, Javier Pérez, secretario general de la facultad, en el programa Campana 750 (AM 750) este mediodía. Pérez, como autoridad, se acercó a la asamblea para saber qué se resolvía y cuenta que después que se había definido la toma, “… unos 20 minutos después, se acercan efectivos de la policía de la Ciudad, queriendo ingresar a la facultad (…) y tuve que salir a hacer lo que hago todos los días, que es dar clase, le tuve que enseñar a un oficial de la policía que la Constitución nacional le impide a él entrar sin autorización de las autoridades formales de la universidad porque la universidad es autónoma…”
Otra vez, crece la preocupación sobre el respeto a la autonomía universitaria, un principio consagrado en Argentina desde la Reforma Universitaria de 1918. Esta intrusión policial es un recordatorio inquietante de los tiempos en que la fuerza y la coerción se utilizaban para reprimir la libre expresión en los claustros universitarios, evocando los peores momentos de la historia reciente de Argentina, como la Noche de los Bastones Largos en 1966, o las facultades tomadas por las autodenominadas “fuerzas conjuntas” de la última dictadura genocida (1976-1983).
El ingreso sin autorización pone en riesgo no solo la seguridad de la comunidad universitaria, sino que socava la autonomía de esas casas de estudio y desarrollo del pensamiento.
El ataque a la autonomía universitaria, ya sea mediante intentos de intervención política o de intromisión policial, representa una amenaza a la libertad académica y al derecho de la sociedad a acceder a la educación pública. Permitir que se conviertan en blancos de la violencia política de minorías que traman nuestros destinos o del autoritarismo policial producto de la ignorancia o de algún mandato, constituye una traición a la histórica lucha por la autonomía.
En este contexto, es fundamental que se levanten voces que denuncien no solo el oportunismo político de figuras como Ajmechet, que ocupan cargos en las mismas instituciones que buscan desfinanciar, sino también, la peligrosa injerencia de la fuerzas de (in) seguridad que nos muestra que la defensa de la educación pública y de las universidades como espacios críticos son, hoy más que nunca, una lucha que debe continuar, a pesar de los intentos de silenciarla desde el gobierno y sus dispositivos represivos y pararepresivos
hasta la posición de algunos medios de comunicación y el periodismo dependiente.
Los estudiantes, docentes y trabajadores universitarios han sido, y seguirán siendo, la primera línea de resistencia en esta batalla, con el acompañamiento de vastos sectores de la población y trabajadorxs, como quedó, ampliamente demostrado en las dos marchas universitarias.
Lo que está en juego no es solo el financiamiento, sino la misma idea de universidad como espacio inclusivo, crítico y autónomo, al servicio del bien común, lo que redobla la apuesta para que, como producto de las políticas, la universidad no quede atrapada en las redes del mercado y como subsidiaria de los intereses corporativos empresariales. Otro debate que se debería poner en la superficie desde hace un poco más de dos décadas para enfrentar los procesos de la colonialidad del saber.
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