¿A qué le teme el imperio cuando persigue con saña a las universidades? ¿Qué tipo de enemigo construyen en sus laboratorios ideológicos cuando convierten al saber en blanco militar? Hoy, el gobierno de Donald Trump —reinstalado por la máquina neoliberal del caos— desata una ofensiva brutal contra el pensamiento crítico, la ciencia libre y los espacios de emancipación cognitiva que aún resisten en los campus universitarios de Estados Unidos. No es una exageración: estamos ante una guerra semiótica total contra la inteligencia social organizada.
Es terrorismo epistemológico de Estado. Trump ha ordenado cancelar todos los contratos federales con la Universidad de Harvard; ha impedido la inscripción de estudiantes internacionales; ha revocado visas por el solo hecho de participar en protestas pacíficas pro-palestinas. ¿Quién define ahora qué es odio? ¿Quién controla el diccionario del poder? Trump no actúa solo ni improvisadamente. Lo hace como operador de una casta de propietarios del sentido: magnates del petróleo, fabricantes de armas y dueños de medios que ven en la universidad un enemigo estratégico, un riesgo para el orden semiótico que reproduce la obediencia. Harvard, el MIT, Berkeley o Yale no son espacios homogéneos, ni inocentes, pero albergan aún núcleos de pensamiento crítico, investigación científica autónoma y redes de solidaridad internacional que pueden ser insumos peligrosos para la revolución.
No es una persecución anecdótica, ni coyuntural. Forma parte de una doctrina de choque cultural que busca disciplinar la producción simbólica y clausurar la autonomía del conocimiento. Tal como ya lo anticiparon los manuales de contrainsurgencia cultural del Pentágono, la nueva guerra es contra los significados y las subjetividades: ya no bastan los tanques, ahora hay que controlar las metáforas. Quieren vaciar las universidades de toda crítica, convertirlas en fábricas de tecnócratas sin conciencia, en ingenieros del capital, en administradores del despojo —especialmente durante su presidencia (2017-2021)— se inscriben dentro de una ofensiva ideológica más amplia contra las instituciones del conocimiento, la crítica social y el pensamiento progresista. Trump acusó repetidamente a las universidades estadounidenses de ser centros de “adoctrinamiento marxista” o “liberal radical”, atacando especialmente a las ciencias sociales, las humanidades y los departamentos de estudios raciales o de género. Trump incluyó ataques a científicos y académicos sobre temas como el cambio climático, la pandemia o el aborto. Trump articuló un discurso de guerra cultural en el que las universidades eran vistas como trincheras del “enemigo interno”, responsables de sembrar la crítica social y los valores progresistas. Sus ataques buscaban disciplinar ideológicamente al conocimiento, minar la autonomía universitaria y consolidar una narrativa neoconservadora.
Desde su regreso a la presidencia en 2025, Donald Trump ha intensificado su ofensiva contra las universidades estadounidenses, con medidas que afectan directamente a la autonomía académica, la diversidad estudiantil y la libertad de expresión. Ordenó el retiro masivo de fondos federales a Harvard. El Departamento de Seguridad Nacional revocó la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de Harvard, impidiendo la inscripción de estudiantes internacionales para el año académico 2025-2026. Esta medida fue bloqueada temporalmente por una orden judicial, pero generó incertidumbre y preocupación en la comunidad académica internacional. Trump nombró a Linda McMahon como Secretaria de Educación con el objetivo declarado de cerrar el Departamento de Educación, devolviendo la autoridad educativa a los estados y comunidades locales. Estas acciones recientes de la administración Trump representan un desafío significativo para la educación superior en Estados Unidos, afectando la diversidad, la libertad académica y la posición internacional de sus universidades.
Hay que construir una nueva internacional del pensamiento crítico. Urge levantar universidades emancipadoras, descolonizar los saberes, refundar el diálogo entre ciencia, conciencia y pueblo. No podemos permitir que la humanidad se quede sin sus fábricas de futuro. Porque lo que Trump y sus secuaces atacan no solo en Harvard. Atacan al derecho universal a pensar, a la inteligencia colectiva, a la civilización educativa. Y si hoy callamos frente a esa agresión, mañana nos atacarán a todos. Hoy más que nunca, la defensa del pensamiento crítico es una tarea revolucionaria. La universidad no es una mercancía, ni un cuartel, ni un campo de concentración semántico. Es, debe ser, un territorio de lucha por la verdad, por la libertad y por el sentido humano de la vida. Y como tal, debemos defenderla con todas nuestras palabras, nuestras ideas y nuestras trincheras de papel.
Pero Trump no es una anomalía aislada. En América Latina, sus métodos encuentran eco en una legión de imitadores ansiosos por privatizar las universidades públicas, perseguir a los docentes que piensan, y criminalizar a los estudiantes organizados. Desde Javier Milei en Argentina, que califica a las universidades como “nidos de adoctrinamiento socialista”, hasta José Antonio Kast en Chile, que propone auditorías ideológicas y recortes presupuestarios a centros críticos, pasando por los embates legislativos de la derecha brasileña contra las universidades federales, el trumpismo académico se ha vuelto doctrina continental. Y no olvidemos los ataques mediáticos sistemáticos en México contra los proyectos educativos de la 4T, acusándolos de “populismo pedagógico” o “marxismo disfrazado”.
Es la Guerra Cognitiva sin fronteras. Hoy, al menos una docena de gobiernos o movimientos derechistas en América Latina aplican manuales de intervención semiótica contra el pensamiento crítico, recortan recursos, hostigan a investigadores y clausuran líneas de investigación incómodas. Reproducen, tropicalizan y sistematizan el modelo Trump de asfixia académica, con apoyo de fundaciones transnacionales y medios de comunicación hegemónicos que operan como custodios de la ignorancia funcional. Por eso insistimos: la batalla por la universidad no es sectorial, es civilizatoria. Defender el derecho a pensar es defender el futuro de los pueblos. Y esa tarea no se delega ni se posterga. Se ejerce, palabra por palabra, idea por idea, aula por aula.
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