A pocos días de decretarse el estado de alarma por Covid-19, un grupo de investigadores/as de la UPV/EHU desarrolló, junto a investigadoras/es de otros centros, un procedimiento para realizar test PCR. Lo lograron en un tiempo record, inviertiendo muchas horas y organizándose en auzolan. Tal y como recogía la revista de la UPV/EHU Campusa el 8 de abril, su especificidad es del 100% y la sensibilidad del 92%. Además, resulta mucho más barato que los kits comerciales, calculándose en 15 euros el coste de cada test. Una semana después, la UPV/EHU recibió la validación del Instituto de Salud Carlos III para llevar a cabo dichos análisis. Según las/os investigadores/as, gracias a este nuevo procedimiento la UPV/EHU podría realizar 500-1000 test diarios, que podrían llegar a 10.000 en caso de coordinar todos los laboratorios de la CAPV que disponen de equipos para realizar análisis PCR.
A partir de ese momento se generó una situación que tendría toques de surrealismo, si no fuera por los intereses que se entrevén tras la misma. Es evidente que la realización de test de forma masiva por parte de la UPV/EHU reforzaría la referencialidad de esta universidad pública y, como estamos viendo estos últimos años, no todas/os están por la labor. Por otro lado, no debemos obviar que los test ofrecen una oportunidad de negocio nada desdeñable, y el realizarlos desde la esfera pública a bajo precio dificultaría en gran medida esa posibilidad. Desde el comienzo, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco restó importancia a esta iniciativa, relegándola a un segundo plano. El menospreciar una contribución tan valiosa en una situación de alarma tal generó malestar en la sociedad, así como en la comunidad universitaria. Consecuencia de ello fue la declaración pública del 25 de abril (https://testmasiboenalde.wordpress.com/) que, en una semana, sumó más de 1000 adhesiones entre el profesorado, personal investigador y personal de administración y servicios de la UPV/EHU.
Pocos días después, la UPV/EHU y Osakidetza firmaron un convenio de colaboración que puede ser interpretado como una respuesta al desconcierto generado por la marginación de las potencialidades ofertadas por la UPV/EHU y a la presión mediática creada por la referida declaración. En efecto, tras el convenio el tema desapareció de los medios. En cualquier caso, es necesario hacer referencia a dos aspectos muy relevantes. Por un lado, la participación de la UPV/EHU se limitaba al estudio de prevalencia de la Covid-19 puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad, previéndose realizar test a 5.000 personas. Por otro lado, desde ese momento han sido constantes los obstáculos y dilaciones: retraso de la validación clínica por parte de Osakidetza, muestras que no terminan de llegar desde Osakidetza, problemas en las pruebas piloto, retraso en los exámenes médicos a los y las voluntarias y, una vez realizados, la recogida de muestras que no termina de llegar… Preguntado el equipo de gobierno de la UPV/EHU sobre estos aspectos y el nº de test realizados, no ha aportado datos concretos. Según pasa el tiempo es más patente que el convenio entre la UPV/EHU y Osakidetza no fue sino un bluff para retirar este incómodo tema de los medios. Dos meses después, la potencialidad de aquella iniciativa ha quedado reducida a prácticamente nada. En una sociedad responsable, esto debería suponer un escándalo.
El grupo que desarrollo el test PCR mostró su disposición para que las instituciones públicas pudiesen utilizarlo de forma masiva con la población. Lo sucedido de ahí en adelante deja en evidencia la existencia de intereses ocultos y un desaprovechamiento manifiesto de las potencialidades del sector público. Si se dispone de los procedimientos y medios técnicos, las validaciones y los medios humanos (personal técnico para realizar los test y profesionales de la salud), ¿por qué se ha minusvalorado esta posibilidad? Con este test se detectan las personas que están contagiadas en ese momento, pero la mera detección de personas asintomáticas supone un gran avance para su entorno y para el control de la pandemia. Y en el contexto de un programa para realizar test con una periodicidad determinada, el riesgo de contagio se reduciría notablemente. En este sentido, también desde el sindicato LAB se ha solicitado la realización de test masivos a toda la población, fijándose prioridades sobre dónde empezar en el ámbito laboral. Si ya se han realizado test a diversos colectivos (trabajadoras/es de la salud, personal de residencias, arrantzales…), ¿por qué no utilizar los medios de la universidad pública para proteger también a otros colectivos y personas? ¿Por qué han decidido marginar dicha posibilidad?
Los/as dirigentes políticos/as han minimizado las capacidades que la UPV/EHU puede ofrecer a la sociedad, y el equipo de gobierno de la UPV/EHU lo ha aceptado con docilidad. Se ha perdido una oportunidad para que la universidad pública respondiese a las necesidades urgentes de la población, para que mostrase su carácter de servicio a la sociedad y para poner en valor el trabajo de sus investigadores/as. Con frecuencia nos reiteran la transferencia de conocimiento como uno de los principales ejes que debe regir la actividad universitaria. En este caso, la transferencia a la sociedad ha quedado seriamente contagiada. Estas situaciones deben llevarnos a reflexionar sobre dónde quedan el famoso lema de la UPV/EHU “Eman ta zabal zazu” (“da y difunde”) y la supuesta autonomía de la universidad pública. Deben llevarnos a replantear qué universidad pública queremos y necesitamos.
Autor@s:
Iñaki Etaio, Maite Urtiaga, Gabi Elkoroaristizabal y Arantza Gutierrez.
Sección sindical de LAB en la UPV/EHU