«Vamos a terminar con Aerolíneas»

Luego de una semana cargada de conflictos en el sector aeronáutico, que culminó con reuniones entre autoridades de Aerolíneas Argentinas y representantes de los gremios aeronáuticos y la promesa de que no habrá medidas de fuerza en el corto plazo por reclamos salariales, el jefe de Gabinete Guillermo Francos realizó duras advertencias a los trabajadores de la empresa estatal.

“El Gobierno está dispuesto a avanzar con las propuestas que ya hizo: por un lado, la privatización; y si los empleados quieren le entregamos la compañía y que ellos resuelvan”, anticipó, para añadir que “en caso contrario, vamos a ir a la privatización”. “Si el Congreso no hace la privatización, el presidente ha sido muy preciso. Vamos a terminar con la compañía, con Aerolíneas Argentinas”, remarcó Francos.

La amenaza del jefe de ministros llega en el marco de las negociaciones entre las máximas autoridades de la aerolínea de bandera con representantes de los gremios de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), quienes se comprometieron a no frenar la actividad en los vuelos mientras continúen las negociaciones.

Francos ratificó la postura del Gobierno al dejar en claro que “de ninguna manera la situación va a continuar como estaba”, ya que “se planteó la necesidad de cambiar los convenios colectivos con todos los beneficios que tienen en Aerolíneas Argentinas”. El funcionario consideró que “hay un avance” en las negociaciones con los gremios, aunque admitió que “hay que ver ahora la reunión definitiva”.

A pesar del reclamo de los trabajadores, en la reunión del viernes se supo que no se habló específicamente de la cuestión salarial. Por el contrario, el Gobierno les transmitió a los gremios su decisión de iniciar el Procedimiento Preventivo de Crisis en caso de persistir el conflicto con las operaciones, algo que podría derivar en el cierre de Aerolíneas Argentinas.

“Se habló básicamente del Convenio Colectivo de Trabajo y las modificaciones que sugiere Aerolíneas, como parte de lo que ellos llaman Plan Integral”, sostuvo Mateo Ferrería, secretario gremial de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, al término del cónclave del viernes.

El referente de APLA recalcó que “no se llegó a ninguna posición, sino que quedamos en seguir conversando la semana próxima”. “Nosotros expusimos nuestra propuesta, la empresa hizo lo mismo con la suya. Quedamos en seguir con el tema”, concluyó Ferrería.

Paro en radios

Desde el SiPreBA convocaron medidas de fuerza en las emisoras radiales luego de reiteradas audiencias paritarias con propuestas insuficientes por parte de la Cámara empresarial ARPA. Tras el paro de 24 horas que realizaron el jueves 7/11, esta semana convocaron dos jornadas de lucha con paros y ceses de tareas que se realizarán este lunes 11 y martes 12/11 en las radios privadas del AMBA.

La paritaria de prensa radial está sin actualización de sueldos desde agosto y por eso reclaman que es urgente alcanzar una recomposición que permita recuperar la pérdida de poder adquisitivo y evitar mayores brechas ante la inflación.

Crisis en el Garrahan

Volvió a activarse el conflicto salarial y profesional en el Hospital Garrahan. Durante la mañana del viernes se organizó un recital en la explanada de entrada de la institución. Participaron diferentes grupos y músicos infantiles. 

La intención de la movida fue concientizar a la sociedad acerca de los salarios congelados desde hace meses del personal de salud. Y, sobre todo, la falta de reemplazo de los numerosos profesionales que se han ido yendo del Hospital en los últimos meses.

Ante esta situación, las organizaciones como la gremial de ATE Garrahan, “Autoconvocados” y la Asociación Profesionales y Técnicos (ApyT) armaron la movida musical para el deleite de chicos, y padres, que concurren al hospital.

La medida se enmarcó en el ya largo plan de lucha que llevan adelante los trabajadores del principal hospital pediátrico del país. Vale recordar que esta institución es “conjunta” y depende, en un 80%, del ministerio de Salud de la Nación y el otro 20 % de la Ciudad de Buenos Aires.

La nutricionista Norma Lezana, secretaria general del gremio APyT (profesionales y técnicos), señaló: “hoy enfrentamos dos temas conflictivos: por un lado la falta de aumento salarial. Pero también hay un problema de personal, ya que no se están reemplazando los profesionales que se están yendo del Hospital mes tras mes, por la falta de soluciones”. 

Según esta profesional, “en lo que va del 2024 ya renunciaron 60 profesionales que no fueron reemplazados. Esto implica más demoras para poder dar turnos a los pacientes y también genera una mayor sobrecarga de trabajo para los que quedan, algo que puede eventualmente repercutir en la calidad de la atención”.

Lezana ejemplificó también el tema salarios: “una enfermera, con 12 años de experiencia y a cargo de una sala de terapia intensiva, gana 890.000 pesos”.

Según los organismos gremiales, le están solicitando -hace semanas- reuniones al todavía flamante “Consejo Directivo” del Hospital, que fue uno de los primeros actos administrativos que realizó el ministro Mario Lugones tras asumir. “Pero por ahora ni siquiera nos responden el pedido de sentarnos a dialogar sobre la situación”, se lamentó la dirigente gremial.

Por su parte, los integrantes del Consejo Directivo informaron que “le presentaron al ministro de salud Mario Lugones, un “Plan de Trabajo”. La intención, explican, es “optimizar los recursos y sanear el estado del hospital”. Según el Ministerio, “la nueva administración se propone mejorar el cobro de servicios que el Hospital le brinda al sector privado con el objetivo de mejorar los ingresos del personal médico asistencial del plantel”. Además, se planea revisar las contrataciones de servicios tercerizados y reducir la estructura de personal jerárquico”. 

Según el Consejo, “ya detectaron una falencia en el recupero de las prestaciones que brindaba el hospital a pacientes con cobertura social. Este proceso está en revisión, lo que redundará en la mejora de los ingresos genuinos de la institución.

Un punto posible radica en mejorar y aumentar la facturación, ofreciendo al mercado módulos para facturación de prácticas de alta complejidad que se realizan en el hospital mediante un nomenclador propio y un régimen de retribución por productividad. 

Además, se busca optimizar los pliegos de licitación, por lo que se están revisando y analizando contratos y adjudicaciones que vienen teniendo los mismos proveedores en los últimos 10 años.

Para las próximas semanas, los trabajadores del Garrahan tienen pensado coordinar nuevas acciones de protesta, junto a otros organismos estatales del mundo de la salud. “Este problema lo debería estar analizando todo el sector”, finalizó Lezana. “Desde las autoridades de la Ciudad -que también tienen jurisdicción sobre la institución- hasta los responsables de salud de las provincias que, muchas veces, derivan pacientes para realizar procedimientos extremadamente complejos que sólo se realizan en este Hospital”.

Dow viola la conciliación obligatoria

En el Cordón Industrial del Sur de Santa Fe la empresa Dow se niega a cumplir con la conciliación obligatoria que le ordena reincorporar a 120 trabajadores que despidió de su planta de Puerto General San Martín.

La resolución del ministerio de Trabajo de Santa Fe va en contra de la decisión que tomó la petroquímica el 4 de octubre pasado, cuando anunció el cierre repentino de la planta. A partir de este anuncio los trabajadores se instalaron en el ingreso a la fábrica para exigir la reincorporación.

En la audiencia entre el gobierno santafesino, el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) y la empresa se acordó la conciliación obligatoria comprometiendo a Dow a reincorporar a todos los despedidos. Al otro día, se le impidió el ingreso a la planta.

Mauricio Brizuela, secretario general de Soepu, aseguró que Dow “es la punta de la flecha para un montón de despidos” y adelantó nuevas medidas de lucha para la semana que viene si no hay respuestas. “El cordón industrial está a punto de estallar y creo que tienen que tomar carta en el asunto”, expresó.

La producción de esta planta es única en el país y abastece otras industrias como la colchonera, farmacéutica, automotriz, de la refrigeración, electrodomésticos, construcción, calzado, pintura y minería.

Diputados no trató la expropiación de Dow

En Santa Fe la Cámara de Diputados de la provincia no pudo tratar la expropiación de Dow porque la vicegobernadora Gisela Scaglia no envió el proyecto que tenía media sanción del Senado.

La multinacional norteamericana cerró la planta en Puerto San Martín hace un mes y dejó a sus 120 trabajadores en la calle. El 17 de octubre pasado, la Cámara alta santafesina dio media sanción al proyecto que declara a la fábrica de utilidad pública y sujeta a expropiación. Sin embargo, la vicegobernadora y presidenta de la Cámara, no cumplió con su función de girarlo a Diputados para su tratamiento.

Los trabajadores se habían movilizado junto a sus familias a la Legislatura, pero sólo hubo decepción porque el proyecto no pudo tratarse. El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu), Mauricio Brizuela, no ocultó su indignación y reclamó respuestas al gobernador Maximiliano Pullaro.

“No hay política para defender la industria nacional. Esta es la realidad, no quisieron tratar la ley de utilidad pública. Después vamos a ver quien jugó para los trabajadores y quien no. No metamos a todos en la misma bolsa”, señaló el dirigente gremial.

También adelantó que exigirán que el gobernador de respuestas y sino prepararánn medidas de lucha para este lunes. “Nos entregaron. La ley se quedó cajoneada. El Senado tendría que haber pasado a Diputados, incumplieron su función pública”.

Brizuela se mostró enojado por la situación: “Entramos pensando que la podían tratar. Pensamos que podían generar por lo menos plantear el tema. No les hablan a los trabajadores y dicen defender la industria”, cuestionó. Sin embargo, “acá se está cerrando una industria de las principales. Hay 120 familias en la calle”.

Por su parte, el diputado santafesino del Frente Amplio por la Soberanía, Carlos del Frade, afirmó que va a denunciar penalmente a la vicegobernadora Scaglia por incumplimiento de sus deberes por no girar el proyecto de expropiación de Dow del Senado a la Cámara de Diputados santafesina.

“Estamos en un momento oscurísimo en la democracia acá en la provincia de Santa Fe. Nosotros no vamos a ser cómplices. Vamos a denunciar penalmente a la señora vicegobernadora y presidenta del Senado de Santa Fe por haber cajoneado el proyecto que tenía sanción de forma unánime”, expresó.

Jubiladas/os marcharon al PAMI

Una gran diversidad de organizaciones que nuclean a jubiladas y jubilados movilizaron el viernes 18 a la sede central del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSPJ), más conocido como PAMI, ubicada en Avenida Corrientes 655, contra la intervención gubernamental del organismo y por la cobertura de los medicamentos al 100%, y denunciando que «los recursos del PAMI se constituyen con los aportes de los trabajadores y jubilados/as».

Así lo anunciaron en un comunicado conjunto titulado «El PAMI es de los jubiladxs y los trabajadores»: «el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSPJ), más conocido como PAMI, que son las siglas del Plan Asistencial Médico Integral, y que es hoy la obra social más grande de Argentina y América Latina, con 5 millones de afiliados, fue fundada en marzo de 1971 por el Decreto Ley 19.032. Por entonces, gobernaba el país la dictadura militar de Onganía, surgida del golpe de junio de 1966, y cuando se sanciona el Decreto de Ley mencionado, el presidente (de facto) era Agustín Lanusse. En aquella época, la atención de salud para los adultos mayores era muy limitada, incluso en los hospitales públicos. Es natural que surja la pregunta de cómo fue que un gobierno militar reaccionario sancionara una Ley netamente progresiva para la población trabajadora y en particular para los adultos mayores. Lo primero que tenemos que considerar es que esa dictadura estaba herida de muerte y en retirada, luego del alzamiento revolucionario de los obreros cordobeses en mayo de 1969, mundialmente conocido como el ‘Cordobazo’ y el contexto político e histórico (en nuestro país en particular y en el mundo) de ascenso impetuoso de las luchas obreras y populares y de la juventud de aquella época. No forzamos el análisis entonces si consideramos aquella concesión como una genuina conquista de aquel escenario de grandes luchas», historizan las organizaciones de jubilados sobre el origen del PAMI.

En la misma línea, recordaron que todos los gobiernos incumplieron con la ley al no respetar la composición mayoritariamente obrera del INSSJP, tal como marca la ley que le dio origen: «un aspecto escasamente conocido sobre el Decreto Ley 19.032 y su modificatoria, la Ley 25615/02, es como debe ser la composición del Directorio del INSSJP, que establece que debe que tener 11 Directores de los cuales siete (7) tienen que ser jubilados electos por los afiliados, dos (2) en representación de los trabajadores en actividad y dos (2) designados por el Estado, es decir, una clara mayoría obrera en esa Dirección. Queda claro que todos los gobiernos de turno violaron sistemáticamente esta composición del directorio imponiendo interventores cuya función más ‘importante’, en todos los casos, fue y es, el manejo inescrupuloso y

delictivo de la apetecida caja del PAMI. Tanto es así que, de los 29 directores desde 1971, la casi totalidad, incluido el actual (Leguizamo), fueron interventores, y la mayoría de ellos terminaron procesados por estafas y delitos diversos en el manejo del presupuesto de nuestra obra social», rememoran.

«Con la intervención actual que vino de la mano del gobierno facho liberal de Milei, lo que tenemos ahora es un ajuste criminal en nuestra obra social, con el arancelamiento de los medicamentos que tenían cobertura del 100%, limitación en las prestaciones de salud, cierres y/o vaciamiento de centros de salud, como el caso del Hospital Español de Buenos Aires, y todo esto con un manejo discrecional e impune de la caja y los aportes de los afiliados y trabajadores –denuncian. Queda claro que semejante robo absolutamente escandaloso en nuestra obra social solo pudo ser posible por la complicidad de todos los partidos que se sucedieron en el gobierno y la burocracia de las centrales obreras. Pero todo esto está siendo cuestionado por la gran lucha que vienen desarrollando en todo el país y forma creciente diversas organizaciones de jubiladas y jubilados, enfrentando incluso la represión criminal de los esbirros de la Bullrich, y que han puesto en la agenda de los reclamos populares, la superación de la miseria de los haberes jubilatorios, que incluso generó la primera crisis seria del actual gobierno, cuando Milei vetó una fórmula de movilidad votada en el Congreso que aportaba un modestísimo aumento de $ 15.000 en esos haberes».

Finalmente, señalan: «y ahora, en el tope de los reclamos de las organizaciones de jubilados, aparece el tema de los ajustes en el PAMI y, sobre todo, la cuestión decisiva de terminar con las intervenciones fraudulentas e ilegales en nuestra obra social y que la misma sea dirigida tal como lo establece la propia ley que acá citamos, por los propios jubilados electos por el voto de los afiliados. Que no quepan dudas que iremos a fondo con esta lucha fundamental, no solo para las y los jubilados, sino para el conjunto de la clase obrera de nuestro país. Esto en el marco de un notable crecimiento de las luchas populares, mientras crece el descrédito del gobierno hambreador, cipayo y represor. Tenemos entonces un contexto propicio no solo para el crecimiento de estas luchas, sino y sobre todo para su triunfo», finalizan.

Asamblea en Fate rechazó cambios en el sistema de trabajo

La intención de la empresa con la propuesta del cambio del sistema de trabajo significaba que los trabajadores pasarían a tener menos días de descanso a cambio de tener el domingo y algunos sábados franco. Sin embargo, lo más perjudicial era que la patronal disponía del derecho a cambiar el sistema de turnos a su gusto luego de febrero del 2026. Volver al actual o mantener el que se proponía, incluso dividir a la fábrica en distintos sistemas según su conveniencia.

Se trataba de un preacuerdo con la dirección del SUTNA para ser refrendado o no en la asamblea. Un punto de crítica fue que no hacía alusión a la situación de los despedidos que siguen peleando. Al reorganizar la fábrica sin ellos, fue interpretado por un sector como una traba a esa lucha, dejándola limitada al plano legal.

El preacuerdo fue anunciado por video por parte de los compañeros del SUTNA y se proponía que se vote el jueves 10 al mediodía. Un cambio a las apuradas que hacía a la vida de toda la fábrica por los próximos años. Este elemento fue muy importante para explicar el rechazo.

La patronal además buscaba extorsionar. En el texto la empresa ofrecía no despedir «sin causa» hasta febrero del 26 si se aprobaba el cambio que querían.

Todo este cambio, por otro lado, respondía a una necesidad de la empresa para reorganizar la fábrica luego de «desprenderse» de 250 compañeros por despidos y retiros «voluntarios» mediante aprietes en muchos casos. El «temario» de los trabajadores es el salario y los despedidos.

Se llegó a la asamblea, que esta vez fue grande. Cerca de 600 obreros. Toda la calle ocupada, en la puerta del Sindicato para no hacerla frente a las cámaras de la empresa. El compañero Crespo, secretario general del SUTNA, defendió el preacuerdo y las listas de izquierda se manifestaron en contra. Compañeros despedidos intervinieron y recibieron un caluroso aplauso. Los llamados independientes también se pronunciaron por el rechazo, pero sin cuestionar el método utilizado como los «preacuerdos» y las «asambleas exprés» ya que como todos saben cuándo eran parte de la Directiva, jamás se opusieron a actuar de esa manera.

En la votación se pronunciaron a favor centralmente los delegados y directivos, pero la base de la fábrica, el resto de la asamblea estuvo en contra.

Fue una demostración de la voluntad de los trabajadores de Fate de defender sus conquistas. Al terminar la votación el grito fue nuevamente «unidad de los trabajadores». De eso se trata, de conquistar una unidad necesaria para enfrentar a las empresas. Ellas insisten con un atraso salarial que ratificaron en la audiencia que se hizo al finalizar la asamblea mientras los despedidos siguen insistiendo en su justa reincorporación. Para dar estas peleas, recuperar asambleas como esta donde se logró una verdadera discusión, debate y votación es muy importante. También organizar a todo el activismo para fortalecer cada pelea. Se pueden y deben hacer reuniones abiertas en la Seccional donde irían muchos compañeros para que la organización no quede solo en manos de los delegados y directivos. Sería una forma de conquistar más fuerza, tan necesaria hoy frente a empresas que mostraron su dureza.

Denuncian causas armadas contra dirigentes sociales

Organizaciones sociales, originarias, sindicales, políticas, y de Derechos Humanos convocaron el martes 5 de noviembre a una conferencia de prensa para denunciar juicios y armados de causas a dirigentes de las organizaciones sociales y políticas de Jujuy. Fue en la sede del Cedems, ubicada en Balcarce 162 de San Salvador de Jujuy.

“La elevación a juicio sin ningún tipo de pruebas, fundamentos y que violan los derechos más esenciales, amerita la más amplia difusión y el mayor repudio. ¡No a la criminalización de la protesta! ¡Abajo la reforma, arriba las wiphalas! Basta de persecución política. Por el cese de la criminalización, expresaron desde el Frente de Organización en Lucha, una de las organizaciones convocantes.

Vuelven a subir la luz, el gas, las naftas y el gasoil

El Gobierno definió una nueva suba en las tarifas de luz y del gas natural en red. Fue a partir del 1° de noviembre. El primero de esos servicios subirá un 2,5% mientras que el segundo lo hará 2,7% a partir de noviembre. Además, habrá nuevas subas en los combustibles.

El objetivo del gobierno es que estos nuevos aumentos se “compensen” para la población por el menor consumo que implican las altas temperaturas. Sin embargo, en el caso de millones de personas, esas mismas temperaturas veraniegas llevan al uso de aires acondicionados, que implican un consumo mayor.

Esto, al mismo tiempo, tiene como trasfondo la abierta confesión por parte de funcionarios del Gobierno, de que habrá cortes de luz en el verano. Esto como resultado de la falta de inversión en infraestructura por parte de las empresas privatizadas que administran el servicio.

Un hogar promedio precisó en octubre $134.414 para pagar los servicios públicos en el AMBA

En octubre un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, debió gastar $134.414 pesos en el mes en cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable en el hogar. Así lo detalló el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet. A partir del 1ero de noviembre vuelven a aumentar la luz, el gas y los combustibles.

Si bien el costo de la canasta retrocede 2,5% respecto al mes anterior por menores consumos de energía eléctrica y gas que bajan una vez pasado el pico estacional de invierno, los cuadros tarifarios continuaron subiendo: “se incrementó un 3,1% energía eléctrica y 0,5% gas natural en promedio e incrementos en los cuadros tarifarios de agua” detalla el informe de IIEP.

Con respecto a diciembre de 2023, el costo de la canasta total se incrementó 369% a partir de las actualizaciones de tarifas de transporte, energía eléctrica, gas natural y agua, tres veces más que la inflación promedio. En la desagregación por servicio, el incremento más importante fue en la factura de gas natural con un aumento del 715% respecto a diciembre de 2023 y es explicado tanto por los aumentos tarifarios como por el aumento del consumo estacional. El gasto en energía eléctrica aumentó 162% mientras que los servicios públicos, que no dependen de factores estacionales, muestran un aumento del 601% para el transporte y del 289% para el agua.

En relación al salario, la canasta de servicios públicos del AMBA de octubre representa el 12,2% del salario promedio registrado estimado del mes. Más del doble en relación a diciembre de 2023 cuando implicaba el 5,9%; mucho más implica del salario si tomamos en consideración el trabajo no registrado “en negro”. A la vez que el peso proporcional del gasto en transporte alcanza el 42% y es significativamente más elevado respecto de los restantes servicios.

En tanto los subsidios del estado nacional, en los primeros nueve meses de 2024 suman $6,59 billones. Estos se redujeron un 38% real interanual, descargando el costo que imponen las empresas a los usuarios. Así los hogares pasaron a pagar la parte mayoritaria de la tarifa, de un 42% en diciembre 2023 a 53% en octubre 2024.

Los tarifazos tienen como contracara la reducción de los subsidios que, en realidad, no son a los usuarios, sino a las ganancias empresarias. Esto está en sintonía con la exigencia de reducción del gasto público que exige el FMI. No en beneficio de las necesidades sociales, sino de garantizar el pago de una deuda fraudulenta al Fondo y el capital financiero, que ya había comenzado a aplicar el Gobierno del Frente de Todos.

Las empresas privatizadas aumentaron sus ganancias en millones con el Gobierno de Milei. Un servicio cada vez más caro y de pésima calidad. A 4 meses de que comience el verano, el gobierno ya anunciaba cortes de luz por deficiencia del servicio.

Por otro lado, el informe del IIEP detalla un aumento «histórico» en el transporte subterráneo, denunciado por la izquierda. Con el boleto a $757, la tarifa es 31% superior al promedio histórico. «La velocidad del aumento observado es el más pronunciado desde el inicio del servicio en el año 1913, ubicando a la tarifa de octubre en un valor similar al promedio registrado en los primeros años de la privatización del servicio durante la convertibilidad.» Un gran negociado del grupo EMOVA, perteneciente a los Roggio.

Es necesario debatir si es más importante es que aumenten las ganancias empresarias a costa de un servicio caro y de mala calidad o que consideremos a los servicios públicos como un derecho esencial para toda la población. Eliminando la ganancia empresaria en primer lugar se podría generar un gran ahorro millonario. En segundo lugar, la estatización de todo el sistema de servicios públicos con gestión democrática por parte de sus propios trabajadores, de técnicos especializados y en la cual participen comités de usuarios populares, podría hacer más eficiente, económico y sustentable el servicio. Para poner por encima las necesidades de las mayorías que la ganancia de un puñado de empresarios.

Marcha atrás con los despidos en Petroquímica Río Tercero

La ciudad de Río Tercero se movilizó por las calles en apoyo a los trabajadores y en contra de la empresa. “El modelo económico que pretendemos es con políticas de Estado y no a la voluntad del libre comercio que quiere ejercer el presidente donde la apertura de las importaciones de manera indiscriminada genera desocupación y destrucción de la industria nacional”, señaló David Salto, secretario general de ATE Río Tercero.

Además, aseguró que “cuando el pueblo se empieza a rebelar y empiezan las movilizaciones y manifestaciones, creo que si no toman cartas en el asunto puede terminar pasando lo que pasó en el 2001 con un gran estallido social”.

Desde la ciudad de Córdoba llegaron grandes grupos de estudiantes y partidos de Izquierda que apoyaron la manifestación de los trabajadores.

“Nos parece fundamental poder seguir construyendo la unidad obrera estudiantil desde abajo. La defensa de los puestos de trabajo, la educación y salud, solo es posible con la unidad en las calles porque es un gobierno que viene contra todo y con la misma fuerza tenemos que responder”, afirmó Victoria Feinher, estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba.

Empleadas domésticas acordaron un 6% de aumento salarial en dos tramos

La Comisión de empleadas de Casas Particulares logró una suba salarial del 6% dividido en dos tramos: un 3,2% retroactivo a septiembre y un 2,8% por octubre.

El aumento se calculará de acuerdo al sueldo anterior. Es decir, para septiembre, los de agosto; para octubre los del mes anterior.

¿Cómo queda la hora en octubre de 2024?

• Quinta categoría: mínimo de $ 2.779,54 la hora, con retiro. «Cama adentro», $2.998,09.

• Cuarta categoría: con retiro, $ 2.998,09. «Sin retiro, $ 3.352,43.

• Tercera categoría: el mínimo pasa a ser de $ 2.998,09 la hora.

• Segunda categoría: $ 3.174,19, con retiro y $ 3.371,84 para las «sin retiro».

• Primera categoría: con retiro, un mínimo de $ 3.352,43 la hora. Sin retiro, $3.671,14.

Más de treinta sindicatos de la CGT respaldaron el paro nacional de transporte

Una treintena de sindicatos, integrados en la CGT, manifestaron su apoyo al paro nacional de 24 horas anunciado por la Mesa Nacional del Transporte. A esta medida de fuerza se sumaron otros gremios como los de Educación, AEFIP y UTEP, entre otros.

La jornada de paro representó una protesta unificada contra el modelo económico promovido por el candidato presidencial Javier Milei, que, según los sindicatos, plantea una “amenaza real” al desmantelar el rol del Estado y priorizar un libre mercado sin controles.

Estos gremios cegetistas advirtieron que esta visión económica podría poner en riesgo derechos conquistados a lo largo de décadas de lucha. “La precarización laboral y la desprotección de las y los trabajadores no son opciones; son riesgos que debemos combatir con firmeza”, señala el comunicado difundido por los sindicatos.

Las organizaciones firmantes, entre las que se incluyen SEIVARA, UDOCBA, FOCRA, La Bancaria, y la UOM, consideran que los cambios económicos propuestos afectarían gravemente la estabilidad laboral y la calidad de vida de millones de trabajadores.

Para estos gremios, la unidad sindical es crucial en este contexto, y es por ello que refuerzan su compromiso con la defensa de los derechos laborales a través de la movilización y el paro. “La unidad y la organización son nuestras herramientas para enfrentar los desafíos actuales y defender los logros de un pasado que no estamos dispuestos a perder”, remarcan, subrayando que la organización colectiva es fundamental para proteger el bienestar de los trabajadores y asegurar sus derechos ante posibles reformas adversas.

La convocatoria al paro del 30 de octubre abarcó a sindicatos de distintos sectores, como SMATA, el Sindicato del Hielo, Gráficos, Custodios, el Sindicato del Caucho, y la Federación de la Carne, entre otros.

Después de dividir el paro del 30/10, la UTA terminó levantando el paro de colectivos

A través de los medios se conoció que hubo un «preacuerdo» pero nadie informó de qué se trata: si es el aumento que pedían los choferes, de dónde sale la plata, si se vienen nuevos tarifazos o si el Estado subsidiará a los grandes grupos del sector. Todo a espaldas de los trabajadores y después de dividir y carnerear el paro nacional del transporte de este miércoles.

Finalmente, Roberto Fernández y la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolvieron dejar sin efecto la medida que habían anunciado para el jueves 31 de octubre luego de reunirse con las autoridades de la secretaría de Trabajo.

Luego de tres horas de negociaciones, el Gobierno logró su cometido. En todos los medios de comunicación se conoció la noticia de una suerte de «preacuerdo» que todavía no fue oficializado por el gremio y del cual todavía no se conoce su contenido.

Roberto Fernández había asegurado, luego de la última reunión con las Cámaras empresarias de colectivos, que el paro se iba a hacer este jueves 31 de octubre. El anuncio tenía como objetivo tensar la cuerda para la negociación, pero al mismo tiempo desmarcarse del paro impulsado por la CATT del miércoles 30, que se sintió con fuerza en todo el país.

¿Cómo puede explicarse la intención de dividir una jornada donde se paralizó el subte, aviones y trenes de todo el país? La única explicación es la de un claro guiño para el gobierno de Milei, señal de que estaban dispuestos a sentarse a negociar y levantar la medida si el oficialismo los convocaba. Precisamente eso fue lo que terminó pasando.

En la actitud de la UTA, junto con la Unión Ferroviaria de Sasia, puede encontrarse la responsabilidad de que la jornada de este miércoles no haya sido una acción de lucha mayor como fue la del pasado 9 de mayo. Ahora, los rumores aseguran que la última oferta presentada por el Gobierno habría conformado a Fernández y compañía, quienes a cambio se comprometieron a dejar sin efecto la medida de fuerza que comenzaba a las cero horas del jueves 31. Sin embargo, los mismos trascendidos aseguran que el acuerdo estaría por debajo de la demanda de los choferes. Además, incluiría nuevos subsidios a las empresas de colectivos del AMBA.

De esta manera, una vez más Fernández y la UTA vuelven a dejar en claro el rol que vienen jugando y la predisposición de colaborar con la gobernabilidad de Milei, negándose a discutir de cara a la base de los trabajadores y usando su poder de fuego para negociar con las Cámaras empresarias y con el oficialismo, de espaldas a los choferes y también a los millones de usuarios.

Gerardo Martínez habló de “diálogo fructífero” con el gobierno

Por Leonardo Martín

Dentro de la agenda estuvieron la situación universitaria, la reglamentación del artículo de bloqueos, del transporte, de Aerolíneas Argentinas, obras sociales y el reclamo de establecer una mesa tripartita.

Una comitiva de la CGT se reunió este lunes con el jefe de Gabinete Guillermo Francos en la Casa Rosada en lo que fue el segundo encuentro por canales institucionales durante el gobierno de Javier Milei. Al retirarse, el dirigente de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT se mostró optimista: “Se está auspiciando una nueva etapa de diálogo entre el gobierno y la CGT y eso es fructífero”. También participaron de la reunión el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el asesor presidencial e integrante del Triángulo de Hierro de Milei, Santiago Caputo.

Algunos de los temas tratados en la reunión fueron la Ley de Financiamiento Universitario que Milei anunció que vetará; la reglamentación del artículo 242 de la ley Bases que refiere a los bloqueos; se planteó encontrar “soluciones” para las problemáticas vinculadas al transporte; la crítica situación de las obras sociales y un pedido para establecer una mesa tripartita con el Gobierno y el sector empresario. La promesa del gobierno es avanzar con canales de diálogo sobre las demandas de la CGT que se verá si termina cumpliendo o son promesas para ganar tiempo.

Dentro de la comitiva que asistió a la Casa Rosada estuvieron Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Roberto Fernández (UTA), Sergio Romero (UDA), Daniel Ricci (FEDUN), Marina Jaureguiberry (SADOP), Maia Volcovinsky (Judiciales), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguro).

La visita no tuvo la presencia de Pablo Moyano (Camioneros) que no ha asistido ni a la anterior visita a la Casa Rosada ni a la reunión que mantuvieron con el secretario de Trabajo Cordero tiempo atrás. Tampoco del dirigente de SMATA y secretario Gremial de CGT, Paco Manrique, que viene manifestando fuertes críticas contra un sector de la CGT y al diálogo abierto con Guillermo Francos. Posición que comparte un sector de la CGT en minoría en el Consejo Directivo.

Gerardo Martínez fue el encargado de hablar con la prensa al salir de la reunión, que ha tomado junto a Andrés Rodríguez la defensa de la postura dialoguista con el Gobierno, donde enfatizó en que se “está abriendo una nueva etapa de diálogo”.

“No quedamos impedidos de tomar las medidas si no estamos de acuerdo, pero apostamos que los argumentos que tenemos son valederos. La pobreza, la desigualdad que para nosotros juega en el primer plano de la discusión”, indicó.

“Armamos un capítulo específico para la reglamentación del artículo 242 que tiene que ver con los bloqueos”, agregó. Parte de la ley Bases sancionada en junio pasado, ese artículo aún no fue reglamentado, apuntando desde la CGT que tiene una redacción difusa que beneficia abiertamente al sector empresario para tomar como causal de despido en eventuales medidas de fuerza.

Martínez se encargó de aclarar: “El bloqueo no es parte del espíritu de la CGT que es un sindicalismo de gestión”, apuntando que en su reglamentación la redacción no debe “darle la derecha al sector empresario para que ellos determinen que es un bloqueo o no y generar un juego a favor de ellos”.

Respecto al diálogo con el gobierno reclamó que sea “trilateral” y no bilateral como ha ocurrido hasta ahora.

LOS TEMAS

Financiamiento Universitario: Hubo una demanda de que se garanticen los recursos para el financiamiento universitario que permita recuperar los salarios de docentes y no docentes que han perdido un 50% del poder adquisitivo en lo que va del 2024. A la reciente ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, Milei adelantó que va a vetarla para lo cual tiene tiempo hasta el 3 de octubre.

Bloqueos: Aún no se ha reglamentado las modificaciones al artículo 242 de la ley de Contratos de Trabajo. Lo dicho líneas arriba, de convalidarse la actual redacción deje al trabajador expuesto a la arbitrariedad patronal ante protestas que pueden ser interpretadas como asambleas o bloqueos. También hubo una promesa de abordar ese tema.

Transporte: La CGT pidió que se puedan alcanzar soluciones en diferentes problemáticas ligadas a este sector en donde está la situación de Aerolíneas Argentinas como la más candente. La Mesa Nacional de Transporte que agrupa organizaciones de la CATT y UGATT advirtieron días atrás que preparan un paro para el sector para el 17 de octubre. Se definirá el 8 de octubre en un plenario que mantendrás las organizaciones que integran el espacio.

Obras Sociales: Expusieron la crítica situación del sistema solidario de salud. Expresaron una preocupación especial por el aumento “exorbitante” de los medicamentos.

Mesa Tripartita: Se solicitó una mesa de diálogo tripartita con participación del Estado, los empleadores y los trabajadores para abordar los problemas sectoriales y miradas generales sobre producción, desarrollo y trabajo.

«Me voy de la CGT porque a mí no me representa»

El secretario gremial de la CGT, secretario general adjunto de SMATA y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Unión por la Patria, Mario «Paco» Manrique, se refirió a su decisión de irse de la central de trabajadores.

«Voy a renunciar a la CGT, esta CGT a mí no me representa, se vació de contenido, no tiene claro hacia dónde va», explicó. 

«La CGT se convirtió en cuatro o cinco dirigentes que discuten a escondidas. El estatuto de la CGT hay que cambiarlo y que los dirigentes los elijan los secretarios generales», describió. 

«Hasta que Francos asumió como jefe de gabinete la gente había empezado a confiar en la CGT. Después, llegó Francos, les abrió la puerta y todo cambio», aseguró Manrique en una entrevista.

El dirigente sindical fue muy duro con la cúpula de la central obrera: «Si no te movilizás por los jubilados por estrategia… ¿cuál es la estrategia? ¿Y ahora la CGT sale a marchar con los estudiantes porque los estudiantes garpan? Es hipócrita eso».

«A Pablo Moyano lo quiero mucho, pero Pablo Manrique de la CGT se va. De la conducción él es el único que respeto por la coherencia», cerró.

“Tenemos que salir a enfrentar este modelo económico que vino a destruir a la clase trabajadora y a los Convenios colectivos”

En la gestión de Javier Milei “están en contra de todo lo que sea la lucha obrera”, aseguró Daniel Yofra, secretario general de la FTCIODyARA: “Quisieran vivir en un mundo en donde nadie proteste, no haya ninguna huelga; por eso quieren el individualismo, porque es más fácil de dominar. Cuando uno protesta solo, una vez le dicen que no, otra vez le explican y le dicen que no, y la tercera vez lo despiden, entonces nadie lo protege, por eso quieren romper con el derecho colectivo, con la negociación colectiva”.

Yofra realizó estas declaraciones al ser entrevistado en el podcast “Noticias Desde Liliput”, que conduce Andrés Lagotta. “Aquellas organizaciones que tenemos buenos salarios y que le aportamos mucho al Estado tenemos que salir a enfrentar este modelo económico que vino, evidentemente, a destruir a la clase trabajadora y a los convenios colectivos. Todo lo que sea colectivo lo va a tratar de destruir, y lo está haciendo, evidentemente”, aseguró.

“Nosotros, las y los aceiteros, hoy tenemos un salario acorde a las necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo y el 14 bis de la Constitución, en donde le garantizamos las nueve necesidades que allí se establecen: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, salud, esparcimiento, transporte, vestimenta, previsión y vacaciones. Cada una de esas necesidades tiene un valor que lo da el Indec, no lo ponemos nosotros. Todos los trabajadores deberían cobrar esa plata, ese es el punto de partida”, señaló Yofra.

“Pero nos quieren hacer creer, porque la batalla cultural está así planteada, que los trabajadores tienen que ser pobres. Entonces cuestionan por qué nosotros queremos seguir cobrando bien. Porque ya cobrábamos mal, yo tengo casi 37 años de aportes y pasé por la última etapa del alfonsinismo, la peor etapa que tuvimos los trabajadores, que fue el menemismo, conjuntamente con De la Rúa, que estuvo muy poco tiempo, pero se encargó de cambiar o de reformar algunas leyes laborales con la Ley Banelco; entonces, nosotros sabemos lo que es trabajar en empresas ricas siendo pobres. Los que vivimos en esa época no queremos volver”.

Reunificación en marcha de las dos CTA

Los secretarios generales de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, confirmaron que está en marcha el proceso de reunificación de las centrales sindicales.

Desde hace tiempo, y especialmente tras la asunción del presidente Javier Milei, las dos CTA vienen estrechando su vínculo con marchas y actos conjuntos, transcurridos ya 14 años de la ruptura en la Central tras unas escandalosas elecciones que enfrentaron a Yasky y Pablo Micheli, quienes a raíz de esa controversia quedaron a cargo de cada una de las facciones.

Por su parte, Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, explicó que existe la «necesidad de consolidad un núcleo que dentro del sindicalismo plantee con absoluta claridad de que con este gobierno no cabe otra posibilidad que confrontar, en todos los planos que podamos».

«Un gobierno que no deja otra vía que no sea la de la confrontación. Estamos viendo la crueldad sistemática con la que la política económica elige como blanco a los sectores populares. Jubilados, maestros, universitarios, trabajadores», advirtió.

Sobre el proceso de reunificación de la CTA, Godoy señaló que «Milei quiere diluir la Nación, y nosotros debemos aportar capacidad de resistencia y de propuesta», lo cual «obliga a nuestras centrales a entrar en un proceso de coordinación para la unidad de planes de acción y propuestas que permitan una salida más pronta que tarde a este escenario de gobierno neofascista que tenemos».

El sciolista Montes de Oca entregó las llaves de Asociaciones Sindicales para que se las quede el abogado de “Caballo” Suárez

Daniel Montes de Oca, ex funcionario de Daniel Scioli, entregó las llaves de la oficina de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales. Se las quedó Martín Aguirre, quien en el pasado reciente ejerciera como abogado defensor del ex líder del SOMU, Omar “Caballo” Suárez.

En otro de los tantos cambios que se van dando en la gestión libertaria del súper ministerio de Capital Humano que comanda Sandra Pettovello, a poco más de un mes de haber asumido, Daniel Montes de Oca, un abogado laboralista de larga experiencia y que tuvo un importante paso por la gestión bonaerense de Daniel Scioli, dejó su lugar en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS).

Aguirre, ahora funcionario de Javier Milei, es ex Secretario General del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, pero en el mundo sindical se lo recuerdo por haber sido el abogado del ex líder del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Omar “Caballo” Suárez en la causa que se le seguía en su contra.

De hecho, Aguirre lo patrocinó cuando el Tribunal Oral Federal 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) absolvió a Suárez quien salió con una remera que decía “Libertad a los Presos políticos”, un libro de CFK en una mano y una nota del Papa Francisco en la otra.

“Él fue el primero de varios sindicalistas sobre los que el macrismo puso la mira”, había dicho en aquella oportunidad Aguirre, ahora devenido en libertario.

Vale recordar que, por la DNAS pasan, entre otros, los trámites de pedidos de personería gremial, las compulsas y las inscripciones gremiales. También debe aprobar los estatutos y emitir los certificados de autoridades en los procesos electorales, una documentación clave. Todas las decisiones de la DNAS son trascendentales para el normal desarrollo de la vida sindical.

Oleada de intervenciones y razias en obras sociales ante el silencio de la CGT

Por Mariano Martín

Una decena de prestadoras recibió el hostigamiento gubernamental vía intervenciones directas o bien inspecciones aparatosas de hasta varios días de duración. Por ahora a salvo, los mayores gremios de la central obrera evitaron pronunciarse.

El Gobierno lanzó la mayor ofensiva contra estructuras gremiales de los últimos años en medio del silencio de la CGT. Al menos una decena de obras sociales sindicales fue objeto en los últimos días de inspecciones aparatosas o directamente intervenciones del Poder Ejecutivo como las ordenadas en las prestadoras de los rurales de Uatre (Osprera), y en dos de organizaciones distintas de ladrilleros (OSPL y Ospilm), de acuerdo a un relevamiento hecho por El Destape. El antecedente más próximo se produjo en la gestión de Mauricio Macri con la intervención de una docena de sindicatos o prestadoras de salud ligadas al sector pero en esa oportunidad la mecánica se extendió a lo largo de los cuatro años de mandato y siempre a instancias de causas judiciales impulsadas por magistrados afines del fuero federal.

La oleada de los últimos días se valió apenas de auditorías propias de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el órgano que preside formalmente Gabriel Oriolo pero controla en los hechos Mario Lugones, el máximo referente del sector sanitario en la administración libertaria. Desde la institución se ordenaron inspecciones sobre las obras sociales del sindicato de marítimos (SOMU), la federación del gas (Fetignra), conductores de taxis, y panaderos (Fauppa), en tanto que en las próximas horas se espera un desembarco similar en la del gremio de empleados de la industria del vidrio (Seivara).

En cada organización se repitió la misma mecánica: un grupo de alrededor de 14 inspectores descendía de un mismo vehículo de la SSS en cada entidad y reclamaba la documentación que cada año las autoridades de las obras sociales completan por escrito y de manera digital. Los controles se extiendían por largas horas y en algunas ocasiones por hasta tres días. En las semanas que lleva la instrumentación de la embestida la central obrera no emitió comunicado alguno ni sentó posición de manera formal a través del triunvirato de conducción.

En el sector también advierten como inminentes las intervenciones de las obras sociales de trabajadores del Turf y del gremio de Vareadores, en ambos casos bajo la misma premisa con la que se ejecutó en mayo pasado el nombramiento de un administrador provisorio en la del sindicato del personal de la Industria del Fósforo (Ospif). Se trata de tres entidades sometidas a años de investigaciones por el traspaso fraudulento de afiliados a favor de una entidad médica privada, Ética Salud. El administrador provisorio nombrado al frente de Ospif fue el abogado Mariano Luis Negro, con una larga trayectoria en la SSS hasta su desplazamiento en el gobierno de Alberto Fernández por sospechas de su participación en esos desvíos.

La acción de mayor impacto fue el nombramiento de una administración provisoria y, una semana después, la intervención de Osprera, la segunda mayor obra social de la Argentina con al menos 650 mil beneficiarios. En ambas instancias fue designada la médica clínica Virginia Montero, proveniente de la prepaga Medifé. Entre los argumentos de las resoluciones figura un desembolso de la anterior gestión de la SSS a favor de esa obra social por 3.350 millones de pesos entre las primarias de agosto y la primera vuelta de octubre.

Desde marzo de 2023 la obra social de Uatre se encontraba bajo la tutela de un juzgado federal de La Pampa y en años anteriores había sido objeto de un tironeo constante entre la conducción del gremio, a cargo de José Voytenco, y su mayor rival interno, el diputado actualmente libertario Pablo Ansaloni. El oficialismo en la Uatre le endilga al legislador (exJuntos por el Cambio) la responsabilidad por el quebranto de la obra social. El enfrentamiento de Voytenco y Ansaloni se precipitó inmediatamente después de la muerte en octubre de 2020 del anterior secretario general de Uatre, Ramón Ayala, quien a su vez había reemplazado al histórico Gerónimo Venegas, muerto en 2017.

El silencio de la CGT ante la intervención de la Osprera fue el primer indicio de una dinámica que con el correr de los días se repetiría en los desembarcos del Ejecutivo en las obras sociales de los dos gremios de ladrilleros (la de los operarios del rubro, OSLP, y la de los trabajadores de la industria a máquina, Ospilm). En el primer caso el gremio es el que lidera Luis Cáceres (Uolra) y el Ejecutivo sospecha que su prestadora de salud habría sido utilizada por el Movimiento Evita durante la gestión del Frente de Todos para canalizar la afiliación de 38 mil monotributistas sociales sin dar prestaciones a cambio y para obtener subsidios automáticos (SUMA).

Parte de la indiferencia de la mayor central obrera en este proceso puede explicarse en la decisión del Gobierno de eliminar el SUMA y redistribuir el saldo de ese subsidio entre las prestadoras en función del número de afiliados, una medida destinada a beneficiar a las de mayor volumen como las de los gremios de Comercio, estatales de UPCN, albañiles de Uocra o Sanidad. Entre esa resolución y la equiparación que forzó el Ejecutivo de aportes fiscales entre obras sociales y prepagas a favor del Fondo Solidario de Redistribución (FSR, que reembolsa al sector el costo de las prestaciones más caras) representaron las mayores concesiones libertarias a la CGT y sirvieron para elastizar los canales de diálogo con el sector.

Los empresarios le pidieron a Javier Milei que sancione a los sindicatos que tomen una planta y que habilite jornadas laborales de hasta 12 horas

Los empresarios celebraron la reforma laboral plasmada en la Ley Bases, con modificaciones que incluyen la extensión del período de prueba hasta seis meses para los nuevos empleados o la nueva figura que habilita que un monotributista pueda contratar los servicios de otros monotributistas sin tener que reconocerlos como empleados. En ese marco, haciendo gala del lema del Coloquio de este año “Si no es ahora, cuándo”, reclamaron mayor dureza para los sindicatos: pidieron que al Gobierno que además de sancionar la toma o bloqueo de empresas por parte de los gremios, también se avance en sancionar a las entidades sindicales que propongan este tipo de medidas.

Hubo otros dos reclamos fuertes: modificar la Ley de jornada laboral, no en cantidad de horas, pero sí la configuración de la misma, para poder distribuir el máximo de 48 horas semanales con un descanso mínimo de 12 horas por día a una modalidad más flexible que el límite vigente, de 8 horas por día. Y fijar un único criterio para pagar los juicios laborales, para que no queden libradas a la decisión de cada juicio y juzgado la determinación del monto de las indemnizaciones.

Todos esos reclamos llegaron durante un panel que encabezaron Santiago Nicholson, titular del estudio de abogacía Nicholson y Cano, Santiago Bulat, economista jefe de IDEA, y Agustín Bellido, gerente general de IBM Argentina.

“Celebramos que la Ley Bases sancione la toma establecimientos por parte de sus empleados o de terceros. Pero también es importante sancionar a las entidades sindicales o terceros que propongan estas medidas”, dijo Nicholson. Agregó: “También es importante modificar la Ley de Jornadas de Trabajo, que establece jornadas de hasta 8 horas diarias y 48 semanales, y avanzar hacia un sistema de horas semanal, manteniendo la exigencia que impone la ley de un mínimo de 12 horas de intermedio entre jornadas. Junto a la modernización de los convenios colectivos de trabajo, esas reformas van a ayudar a hacer crecer empleo formal en Argentina”.

El abogado no hizo esos planteos a título individual: Nicholson forma parte de IDEA y su propuesta formó parte de una serie de conclusiones entre los más de 500 socios de esta entidad empresaria.

Un documento difundido desde IDEA refuerza el reclamo que hizo Nicholson. En uno de sus párrafos, allí se solicita “que las acciones sindicales directas que afecten la libertad de trabajo de otros trabajadores provoquen bloqueos al establecimiento y ocasionen daños en personas o en elementos de propiedad de la empresa sean declaradas acciones prohibidas y consideradas como faltas graves”.

El economista Bulat tuvo a su cargo el reclamo de que se aplique en la Justicia un criterio uniforme en los juicios laborales. Según el trabajo difundido por la entidad, la base de cálculo actual dispone que el “crédito” (el monto de la sentencia inicial de una indemnización) se actualice por medio de la aplicación del índice de ajuste CER, desde la notificación de la demanda, más un interés del 6% anual, hasta el pago del juicio.

La propuesta de IDEA respecto al cálculo de las indemnizaciones consiste en establecer una tasa de actualización nacional “que atienda a la depreciación monetaria, no implique un enriquecimiento injustificado para alguna de las partes, brinde previsibilidad y no ponga en riesgo a las empresas y en particular al resto de sus trabajadores activos”.

Milei elimina 180.000 pensiones por discapacidad

Las organizaciones de discapacidad denunciaron en el Congreso el injusto recorte de las pensiones que realiza el gobierno de Javier Milei durante una reunión informativa convocada por la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados.

En ese encuentro se analizó el decreto de Milei con el que restringe el acceso a pensiones para personas con discapacidad. La representante de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Belén Arcucci alertó que para el año que viene el gobierno eliminará 180.000 pensiones y reducirá un 39% el presupuesto para ese fin.

“Se observa que se proyecta 1.034.000 pensiones para el año 2025 que contrasta con el dato de las pensiones actuales, que es del Boletín Estadístico de la Seguridad Social de septiembre, otro de los datos que otorgan, es de 1.212.000 pensiones. Esto entonces asume que para el año que viene va a haber una disminución de casi 180.000 pensiones que son el 15% de la cantidad de pensiones actuales”, añadió.

La presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Gabriela Troiano, afirmó que el ataque “no es nuevo”. “Esto ya pasó en 2016” pero “este año con mayor perversidad”, comparó entre el gobierno de Mauricio Macri y el actual.

“Se está prescindiendo del aporte que las personas con discapacidad podemos dar a la sociedad, no solamente a través de no darnos un trabajo que nos permita aportar a la comunidad sino con una doble discriminación sacándonos también las pensiones no contributivas, con la implicancia que tiene para todas las personas con discapacidad pero, fundamentalmente, para las mujeres con discapacidad”, completó.

La integrante del Observatorio Nacional de Discapacidad, María Sabarese, expresó el cansancio que sienten por estas políticas que recortan sus derechos y los ponen en duda. En primera instancia indicó que la pensión “no es una suma enorme que pueda cambiarnos la vida, pero sí a las personas con discapacidad ayuda y mucho”.

“Estamos cansados, cansa esta situación y estos golpes que continuamente nos dan ¿Para qué darles apoyo para que puedan tener una vida independiente, para una mejor educación si no sirven”, cuestionó?

En el cierre de la reunión, el presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, Daniel Arroyo, informó que se trabaja en un proyecto de ley para crear una asignación universal por discapacidad en reemplazo de la pensión y una ley integral sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Fuentes: Agencia FARCO, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, InfoGremiales, APU, Anred, radiografica.org.ar, Indymedia Trabajadoras/es, www.eldestapeweb.com, Página/12, El Destape.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.