Otra vez el gobierno y los empresarios han lanzado una reforma a la Ley Federal del Trabajo que, por un lado, legalice todo lo que los empresarios han logrado avanzar en contra de los trabajadores en los hechos, y por el otro, profundice aun más esas medidas dejando a los trabajadores en la completa indefensión […]
Otra vez el gobierno y los empresarios han lanzado una reforma a la Ley Federal del Trabajo que, por un lado, legalice todo lo que los empresarios han logrado avanzar en contra de los trabajadores en los hechos, y por el otro, profundice aun más esas medidas dejando a los trabajadores en la completa indefensión frente a sus patrones.
No es poco lo que quieren obtener con las modificaciones que plantean en más de 400 artículos de la LFT. Los aspectos hasta ahora más sobresalientes son:
· Establecimiento del pago por horas y de los contratos por trabajo a prueba, para que en un plazo de 30 días el trabajador demuestre que tiene los conocimientos y cumple los requisitos para desarrollar el trabajo. También se permitirán contratos por capacitación.
· Cambios para que los trabajadores puedan laborar en forma discontinua en una misma empresa, y puedan prestar sus servicios unos días a la semana, al mes o por periodos cortos durante todo el año y como sean requeridos por las empresas.
· Suprimir movimientos escalafonarios por antigüedad y otros criterios fijos, privilegiando la productividad del trabajador.
· Desaparecer la figura de «puesto de trabajo» bajo la cual un asalariado sólo está obligado a cumplir la tarea para la cual fue contratado, e incluir «la multihabilidad obligatoria».
· En caso de despido, la propuesta exime al patrón de la obligación de reinstalar a un trabajador con antigüedad menor a tres años y se le permite no informar al trabajador de la rescisión de la relación laboral, sino hacerlo directamente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
· Se plantea que los emplazamientos a huelga se presenten junto con la lista de nombres de los trabajadores que están a favor de esa acción, lista que previamente debe ser certificada por las autoridades.
· En caso de huelga, el patrón sólo estaría obligado al pago de salarios caídos por un plazo de seis meses, aun cuando los conflictos se prolonguen por años.
· Se podrá negar el trámite para el paro de labores por incumplimiento al contrato cuando no se precisen bien las violaciones y su forma de reparación.
· En las demandas por titularidad, los sindicatos también tendrán que dar los nombres de todos aquellos que quieran cambiar de organización y también esta lista tendría que ser certificada por las autoridades.
· Las juntas de conciliación y arbitraje podrán interpretar los estatutos de los sindicatos y declarar la inexistencia de una huelga si a su juicio el sindicato no cumple con los requisitos para el emplazamiento previstos en sus propios estatutos.
La iniciativa también incluye que la elección de los líderes sindicales debe ser por el voto secreto y directo de los afiliados y suprime la obligación del descuento de cuotas, además de obligar a las dirigencias gremiales a difundir información sobre la administración de sus recursos y sus estatutos. Seguramente el PAN incluyó estas medidas para tener un terreno de negociación con el PRI, y aunque las mantengan es claro que no serán aplicadas más que a los sindicatos que al gobierno le resulten incómodos.
Es verdad que la ley vigente tiene aspectos muy negativos para los trabajadores, como la famosa toma de nota que el gobierno otorga discrecionalmente. Pero en la correlación de fuerzas actual, cualquier reforma que se haga será en contra de los trabajadores, por lo que más bien tenemos que defender la consigna de que no se le modifique ni un punto ni una coma. Recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un llamado a las autoridades a «redoblar los esfuerzos para promover las reformas estructurales, aprovechando los importantes pasos dados recientemente para mejorar la productividad del sector de la electricidad», en referencia al intento de liquidar a Luz y Fuerza del Centro. Están haciendo cuentas alegres, pero se les olvida que llevan 15 o 20 años tratando de imponer este tipo de reformas y hasta ahora no han podido. El golpe que ahora lanzan es más duro que los anteriores. Empecemos a difundir en qué consiste y empecemos a organizarnos para no permitirles avanzar con su reforma.