A un año del brutal ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural «Isidro Burgos» de Ayotzinapa, Guerrero en Iguala, el Estado ha pretendido eximirse de toda responsabilidad proclamando a los cuatro vientos que ya investigó lo que había que investigar y difundiendo su «verdad histórica». Pero las seis ejecuciones extrajudiciales, más de 20 […]
A un año del brutal ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural «Isidro Burgos» de Ayotzinapa, Guerrero en Iguala, el Estado ha pretendido eximirse de toda responsabilidad proclamando a los cuatro vientos que ya investigó lo que había que investigar y difundiendo su «verdad histórica». Pero las seis ejecuciones extrajudiciales, más de 20 heridos, 43 detenidos desaparecidos, decenas de torturados y amenazados, no pueden solamente ser obra del ya mítico «crimen organizado» coludido con estructuras del gobierno. Se trató de un ataque bien planificado y ejecutado como parte de una estrategia de terrorismo de Estado, el cual tiene la finalidad de sembrar miedo en el pueblo para evitar que protestemos y nos organicemos por mejores condiciones de vida. De esta manera se pretende continuar con la aplicación de las reformas y políticas neoliberales que la clase burguesa necesita para que prosperen sus negocios.
La tesis que sostiene el Estado sobre los hechos de Iguala, aquella que dice que los normalistas fueron «confundidos» con sicarios por un grupo rival, se desmorona cada día que pasa. Los estudiantes normalistas no son delincuentes y es imposible que se les pueda confundir con el crimen organizado, las formas de protesta y organización de los normalistas son inconfundibles. Además, quienes interceptaron y dispararon a los camiones de los normalistas en dos ocasiones fueron policías municipales con el respaldo de policías estatales, como lo demuestran los testimonios y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que ha dado el seguimiento al caso, quienes además concluyen que las autoridades sabían desde el inicio que en los camiones iban estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Entonces, nada de confusión, la desaparición forzada de los normalistas en Iguala fue perpetrada por policías municipales con el apoyo de la Policía Estatal, la Policía Federal y el Ejército en un operativo bien coordinado y no fue una «casualidad» y confusión del crimen organizado ni una venganza de la familia de José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala.
El informe de la Procuraduría General de la República (PGR) señala como fundamental para la «investigación» la detención de Felipe Rodríguez Salgado, miembro del cartel de los Guerreros Unidos, quien supuestamente participó y dirigió la masacre de Iguala. Dicha investigación indica que los sicarios de Guerreros Unidos confundieron a los normalistas con su grupo antagónico local, el cartel de Los Rojos. Lo que plantearía la pregunta: ¿Esos sicarios fueron tan estúpidos para confundir a los estudiantes, pero al mismo tiempo son tan hábiles para no dejar evidencias claras? Como podemos observar no hay lógica en dicha investigación. Bajo esta suposición, el Estado ha pretendido responsabilizar al crimen organizado con la intención de eludir su total responsabilidad y ocultar su verdadero papel, ya que es el Estado, por medio de sus cuerpos represivos y paramilitares, quien tortura, ejecuta extrajudicialmente y desaparece a luchadores sociales que le incomodan para aplicar sus políticas de explotación y despojo.
La PGR sostiene que jóvenes normalistas fueron trasladados y quemados en el basurero de Cocula, sin embargo, especialistas del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalan que es imposible que haya sucedido de esa manera, ya que para quemar 43 cuerpos se necesitan 33 toneladas de troncos de cuatro pulgadas, aproximadamente unos dos tráileres llenos de leña. También señalan que para quemar los cuerpos con llantas de autos se hubieran necesitado 995 llantas. Si hubiese sido así, se habrían dejado como residuo poco más de 2.5 toneladas de alambre de acero y, además, la hoguera tendría que haber llegado hasta una temperatura de 1,540 °C, lo que habría generado una enorme columna de humo que habría sido visible a kilómetros de distancia.
El entonces procurador, Jesús Murillo Karam, sostuvo que los detenidos del cartel Guerreros Unidos confesaron su responsabilidad en el asesinato e incineración de los normalistas, indicando que los cuerpos estaban tan calcinados que al «tocar los dientes se deshacían», cualquier dentista sabe que para deshacer un diente hay que triturarlo y… ¿de dónde sacaron una trituradora mecánica esa noche los sicarios de Guerreros Unidos? La tesis de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula no cuenta con sustento científico, como ya señalaron los especialistas de la UNAM. La hipótesis de la fogata es absurda, de ser real, el calor hubiera devastado la vegetación a varios cientos de metros alrededor del basurero. La investigación de la PGR ofende a las familias de los normalistas y ofende a la inteligencia humana.
En los días inmediatos a los hechos de Iguala, el Estado desarrolló un ridículo teatro mediático para la «localización» de los normalistas. La supuesta búsqueda en los cerros de la región y las recompensas que se ofrecieron para obtener información son parte de un montaje mediático. Buscar en los cerros, pero no en los cuarteles militares, instalaciones donde históricamente se ha ocultado a los detenidos desaparecidos por motivos políticos, es un sinsentido.
Los medios de comunicación también han contribuido a desvirtuar los hechos de la masacre para, a través de la mentira, sembrar confusión y promover la criminalización de las víctimas y de las expresiones que exigen justicia. Los periodistas al servicio del Estado han fingido dolor, pero ellos mismos han sido los que deforman la verdad dando por cierta la «verdad histórica» de la PGR sin el más mínimo interés por corroborarla. El pueblo y sus organizaciones rechazamos esa asquerosa hipocresía, ese supuesto dolor que no es más que demagogia y teatro mediático.
La masacre de Iguala no fue el resultado de un «estado de ingobernabilidad», como dicen los «analistas» apapachados por el régimen (los Krauze, los Camín, los Gómez Leyva y los Dórigas), ni de una «ausencia de Estado» o, como incluso algunas organizaciones de la izquierda reformista han retomado, de un Estado fallido. Que nadie se confunda, la masacre de Iguala fue un crimen de Estado y la supuesta «verdad histórica» no pasa de ser una mentira mal articulada. Hoy, a casi un año de distancia, los que nos organizamos y luchamos por el socialismo, junto con todo el pueblo, afirmamos que no olvidamos, no nos resignamos, seguimos y seguiremos impulsando la organización popular para que no se vuelvan a cometer estos crímenes de lesa humanidad. También volvemos a afirmar que FUE EL ESTADO, porque es un Estado terrorista, un Estado burgués, el cual al tener el monopolio de la violencia y ejercerla contra las clases desposeídas, impone la voluntad de la burguesía sin importar qué tanta sangre derrame en el pueblo.
Nota:
Este artículo fue publicado como parte en el Suplemento especial «Ayotzinapa nunca más» del No. 10 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), en circulación desde el 4 septiembre de 2015.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.