A más tardar, en los primeros días de la próxima semana, el «Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades a Sánchez de Lozada y sus colaboradores» se convertirá en la parte querellante de dicho proceso ante la «retardación de justicia» propiciada por el Fiscal General de la República y la chicana que intentan llevar adelante los […]
A más tardar, en los primeros días de la próxima semana, el «Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades a Sánchez de Lozada y sus colaboradores» se convertirá en la parte querellante de dicho proceso ante la «retardación de justicia» propiciada por el Fiscal General de la República y la chicana que intentan llevar adelante los acólitos de «Goni».
Esto significa que los familiares de los 67 fallecidos y los más de 400 heridos, iniciarán acciones judiciales en la capital del país -Sucre- ya que el Fiscal retrasa de forma deliberada la imputación que daría inicio al esperado juicio.
A más de un año y cuatro meses de las jornadas que derramaron la sangre de los defensores del gas en el Altiplano, El Alto, Patacamaya, Ovejuyo y San Julián, ni el gobierno de turno ni el Poder Judicial son capaces de viabilizar la demanda de justicia que a gritos ya pidieron las distintas asociaciones de las víctimas.
¿Hasta cuándo?, preguntan centenares de familias afectadas reeditando la historia de un país que en su recorrido republicano jamás quiso entender las realidades de un pueblo que trabaja y lucha por defender sus recursos, pero que jamás encuentra un lugar en las prioridades del llamado Estado boliviano.
Mientras el poder político se toma su tiempo para así garantizar que «Goni» y sus secuaces se aseguren tanto la libertad, la impunidad como el traspaso de sus riquezas delincuenciales a «palos blancos», las víctimas continúan peregrinando por las oficinas que prometen resarcimiento pero incumplen constantemente los convenios que sus funcionarios firman a diestra y siniestra.
Ni olvido ni perdón ¿Qué hará Sánchez de Lozada cada vez que recuesta la cabeza en la almohada, allá en Miami? ¿Recordará remotamente la masacre que su puño y letra firmaron el 11 de octubre del 2003? Pues aquí en Bolivia, las víctimas de la masacre que propició el gobierno del «gringo», en septiembre y octubre del 2003, todavía arrastran las secuelas de la violencia, en cuerpos que quedaron mutilados, adoloridos, perforados y malcurados.
Víctimas de carne y hueso
«Somos las víctimas de la Guerra del Gas», se presenta un señor de unos 50 años… «A mí me han baleado. Mi sangre está envenenada, ya no puedo trabajar ni de día ni de noche. Mi cuerpo no responde, ¿qué va a comer mi familia?».
Con esas palabras a las que le siguieron muchas otras con el mismo sentimiento, se desarrolló el reencuentro de las «víctimas del gas» en la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto, la noche del 3 de febrero. Eran decenas de hombres y mujeres reunidas con el Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades a Sánchez de Lozada y sus colaboradores, cuyos representantes eran los abogados Rogelio Mayta del equipo jurídico y Sacha Llorentti de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). Junto a ellos, también se encontraban Néstor Salinas, presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas Héroes del Gas y Rafael Félix Mamani, secretario de Derechos Humanos de FEJUVE. El primer reclamo oído fue el incumplimiento del gobierno al convenio suscrito el año pasado referido a facturas médicas impagas, curaciones no realizadas, platinos que no llegaron y prótesis que aún no ocupan su lugar. Hasta altas horas, las quejas llovieron sobre dirigentes que ya no encuentran a quién acudir para salvar a las familias al borde de la desesperación. De la demanda de atención médica más inmediata hasta la exigencia de justicia, las víctimas insisten en retomar medidas de presión para que se haga justicia y se cumple la llamada «agenda de octubre» (que incluye el juicio, la nacionalización de los hidrocarburos y otros).
Esa es la situación que viven las familias afectadas en la masacre de la «Guerra del Gas», en tanto el juicio no avanza ni un paso en los estrados judiciales. Todo lo contrario, los más recientes beneficiados por el poder político fueron los militares que con la venia del gobierno vienen gestionando su impunidad a través de un decreto supremo y con acciones que dicen ser legales, pero que los libera de toda responsabilidad en la matanza de septiembre y octubre de 2003, sin contar otras anteriores.
Más información en ((i)) Sucre:
http://www.bolivia.indymedia.org/es/2005/02/14727.shtml
http://www.bolivia.indymedia.org/es/2005/02/14713.shtml