El cometido de violaciones a los derechos humanos en Chiapas es un fenómeno innegable, que no ha terminado con el arribo del gobierno de la “transformación”, sino por el contrario, se profundiza, y esto porque forma parte de la política represiva que implementa el gobierno chipaneco contra el pueblo organizado y no organizado.
Ante tal situación la Comisión Estatal de Los Derechos Humanos (CEDH) se niega a denunciar y condenar las violaciones a los derechos humanos, actitud que lo convierte en cómplice por su silencio y su negativa de atender y resolver los miles de casos de injusticias.
Juan José Zepeda Bermúdez Presidente de la CEDH presentó recientemente el tercer informe de actividades de la dependencia a su cargo, evento en el que estuvo presente Rutilio Escandón Cadenas gobernador de la entidad. Dicha presentación fue únicamente simulación y demagogia, donde lo fundamental era ocultar la realidad de violencia que se vive en la entidad.
El “ombudsman” chiapaneco presentó cifras de casos recibidos en el año 2020, un total de mil 166 casos (dato dudoso y conservador). Sin embargo, omitió deliberadamente explicar las causas que originan un elevado número de violaciones a los derechos humanos, y del grado de impunidad que prevalece dado que ninguna autoridad ha sido castigada por sus crímenes.
La CEDH tiene conocimiento de la existencia de presos por motivos políticos, torturados, ejecutados extrajudicialmente, de personas que han sido desplazadas de manera forzada, de víctimas del paramilitarismo, de comerciantes que la policía les prohibió ejercer su derecho al trabajo condenandolos a la incertidumbre de cómo llevar el sustento al hogar, y una lista larga de casos de acciones gubernamentales que violan derechos humanos.
A pesar de todo esto, el presidente de la CEDH en su informe fue nada enfático en condenar estos hechos, al contrario, permitió que el gobierno chiapaneco dirigiera unas palabras, quien sin perder la oportunidad aprovechó para dar un mensaje lleno de palabras huecas y demagógicas que buscan ocultar su responsabilidad en el clima de injusticia e impunidad que se vive en la entidad.
Expresó “la prioridad en mi gobierno es promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas y todos, sin distingo, pues de esta manera, además de brindar satisfacción y bienestar, se sientan las bases del progreso y un mejor porvenir en Chiapas.”
Para nada es prioridad del gobierno estatal “garantizar los derechos humanos” por el contrario, su política es represión, es la de proteger a paramilitares, a autoridades involucradas en crímenes de lesa humanidad, como a Jorge Luis Llaven Abarca responsable de torturar a luchadores sociales.
El hecho de que periodistas e intelectuales hayan calificado a Chiapas como una de las entidades más peligrosas del país para ejercer la defensa de los derechos humanos, colocan las palabras de Rutilio en su lugar, cómo demagogia pura.
Si la CEDH no señala al culpable de la violencia, impunidad e injusticias, se convertirá en cómplice y abonará al clima de represión e impunidad. Sus siglas serán un engaño para la población y perderá toda credibilidad ante el pueblo.
Tiene la oportunidad de modificar su actitud, pero esta debe reflejarse en los hechos, en decir sin temor públicamente que en Chiapas el gobierno estatal reprime, viola derechos humanos tal y como lo dicen las víctimas y sus familiares en las manifestaciones y protestas.
Le recordamos que evidencia hay por demás sobre el proceder represivo del ejecutivo estatal y de otros funcionarios públicos que han estado involucrados en violaciones a los derechos humanos, se requiere que estos paguen por sus crímenes, es una demanda del pueblo la justicia para las víctimas y el castigo a los responsables, el papel de la CEDH en este sentido es importante para su definición.
Las víctimas seguiremos denunciando sin lugar a dudas el clima de violencia que se vive en la entidad, el riesgo es latente de que se cometan nuevas violaciones a los derechos humanos debido a los ataques paramilitares y el hostigamiento policiaco militar, así como por la imposición de la farsa electoral y el intento del gobierno de callar a quien proteste y se manifieste en contra de este régimen de opresión.
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo