El gobierno de Chiapas a cargo de Rutilio Escandón Cadenas arguye la inexistencia de la violencia contra el pueblo, se deslinda de la responsabilidad en los actos de violencia perpetrada por las fuerzas policíaca militares y violaciones a los derechos humanos que funcionarios de su gobierno cometen por omisión, comisión y aquiescencia y que en los hechos son materializadas por las instituciones del Estado en presos políticos, tortura, represión…
Es difícil silenciar la magnitud de la violencia en esta entidad, ésta desenmascara el carácter del gobierno. La autoría material se personifica en agentes paramilitares, policías de civil y uniformados, el ejército, la Guardia Nacional, la Marina, mientras que los autores intelectuales son los mandos policíaco militares así como el fiscal general, el secretario general y el gobierno de Chiapas.
Las instituciones son las encargadas de instrumentar la violencia, éstas funcionan acorde a la naturaleza del Estado, como un instrumento de opresión de una clase sobre otra, por tanto, las instituciones gubernamentales y funcionarios en el país responden al carácter del Estado burgués para someter y ejercer la violencia sobre el resto de la sociedad que pertenece a la clase trabajadora.
La violencia que priva en esta entidad es perpetrada de manera sistemática y planificada por el gobierno en turno contra del pueblo trabajador organizado y no organizado. La represión política, jurídica o administrativa es decisión y política del gobierno actual, sobre ellos recae la responsabilidad política del contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
Al pueblo no solo se le priva de la salud, de la vivienda, de la tierra, de la educación, de un trabajo con derechos garantizados, sino que se ejercen medidas coercitivas que dejan en la prisión a cientos de obreros, campesinos y otros sectores populares quienes a contra corriente luchan por mejores condiciones de existencia y la violencia desatada bajo la cobertura del “gobierno del cambio”.
La violencia institucional se ejerce bajo la careta del “gobierno de la cuarta transformación”, es el argumento idóneo para la aplicación del estado de derecho oligárquico para oprimir a los trabajadores del campo y la ciudad e imponer la voluntad empresarial. A los pobres el peso de la ley y a los perpetradores de los crímenes de Estado el manto de la impunidad.
El discurso es de respeto a los derechos humanos, sin embargo, la impunidad priva además sobre nuevos crímenes de lesa humanidad cometida por las instituciones y sus funcionarios en turno; el caso más reciente fue la muerte por tortura del señor Adolfo Gómez Gómez al interior del CERSS núm. 5 en San Cristóbal de Las Casas a quien el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca acusó de trata de personas, junto a 4 personas más.
El crimen fue denunciado por los familiares quienes reclamaron su inocencia. El hecho esta consumado y comprueba que la tortura es práctica al interior de los penales de Chiapas y no es un hecho aislado o casual del resto de caso como el de nuestro compañero Javier González preso político en este mismo penal. Javier fue víctima de desaparición forzada y tortura el pasado 17 de julio de 2019, vía movilización lo presentan con vida pero en condición de preso injustamente alargando la violencia institucional.
Nuestros compañeros son víctimas de esta práctica institucional, Armando Hernández, Venturino Torres y Asunción Gómez presos políticos en el CERSS núm. 14 en el municipio de Cintalapa, se les priva de su libertad de manera injustificada bajo mandato del fiscal Llaven Abarca como el responsable intelectual de estas graves violaciones a los derechos humanos, no solo hacia ellos, sino contra el pueblo trabajador objeto de esta política criminal.
Los tratos crueles, degradantes e inhumanos que se materializan en las cárceles contra los presos por motivos políticos y sociales forma parte de las medidas de sometimiento al que instrumentan las instancias gubernamentales procuradoras de impartir la “justicia”.
A esto se atiene el movimiento popular y el pueblo en general, un mar de injusticias, de impunidad, de violencia ejercida desde las instituciones donde el funcionario menor hasta los altos mandos de los tres órdenes de gobierno forma parte de ello en estricto apego a una política que en el discurso esconde su carácter antipopular.
No hay represión, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, degradantes o inhumanos que no sea por comisión, omisión o aquiescencia de las autoridades en turno, por ende, cada injusticia contra un trabajador organizado o no, expresa el carácter del gobierno, ya no de forma aislada, sino de manera sistemática que se traduce en impunidad e inmunidad para los perpetradores.
Los actos represivos como parte de la violencia institucional dejan un sin número de violaciones a los derechos humanos, un halo de violencia que el pueblo chiapaneco del campo y la ciudad puede hacer acto de memoria y reflexión sobre el carácter de este gobierno.