A cinco días de la realización del referéndum revocatorio para el Presidente y Vicepresidente de la República y también para ocho de los nueve prefectos del país, las movilizaciones con el saldo de muertos y heridos, el enfrentamiento entre bolivianos, los piquetes de huelga de hambre, el agravio a la investidura presidencial y la incertidumbre […]
A cinco días de la realización del referéndum revocatorio para el Presidente y Vicepresidente de la República y también para ocho de los nueve prefectos del país, las movilizaciones con el saldo de muertos y heridos, el enfrentamiento entre bolivianos, los piquetes de huelga de hambre, el agravio a la investidura presidencial y la incertidumbre reinan en el país, ubicado en el corazón del continente latinoamericano.
Sectores radicales de la ultraizquierda y la ultraderecha se unieron, con diversas demandas, para evitar la voluntad del soberano.
Hoy, en la población de Caihuasi-Oruro, el desplazamiento de los efectivos policiales para despejar el bloqueo de caminos derivó en la muerte confirmada de dos trabajadores mineros: Hernán Montero y Miguel Vicente Alegre y más de una treintena de personas que resultaron heridas, entre ellas dos uniformados.
Se investigan los hechos porque de acuerdo a informe forense se utilizaron armas de fuego y se teme que ocurran más decesos.
Mientras que sectores de la educación, salud, minería, discapacitados y otros realizan desde hace más de dos semanas violentas jornadas de bloqueo de caminos y movilizaciones en torno a la demanda de una Ley de Pensiones que plantea la Central Obrera Boliviana (COB), cerca de un millar de representantes cívicos de la denominada «media luna» iniciaron piquetes de huelga de hambre con el objetivo de exigir al gobierno que deje sin efecto el descuento del 30 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
«Lamentablemente nos encontramos ante un gobierno dictador. Los trabajadores exigimos a todas las organizaciones laborales del país a plegarse a la huelga general indefinida hasta que el gobierno apruebe nuestra Ley de Pensiones sin ninguna modificación, porque mover un dígito del proyecto y su estudio actuarial, sería retroceder», afirmó el secretario ejecutivo de la COB de Oruro, Jaime Solares.
Por los sucesos sangrientos ocurridos hoy, las medidas de presión en diferentes puntos del país se radicalizan: fue dinamitado un puente en la carretera hacia Cochabamba, quemaron un bus de transporte interdepartamental, se apedreó un canal de televisión en Oruro, padres de familia y estudiantes se enfrentaron con los maestros en poblaciones vallunas y diversas actividades presidenciales están siendo paralizadas por la presión regional.
«Creemos que la irresponsabilidad de algunos dirigentes está conduciendo a estos hechos lamentables», aseveró el Ministro de Gobierno, Alfredo Rada.
«La huelga de hambre no tiene nada que ver con el referéndum revocatorio, se trata de la recuperación de nuestros recursos y, por eso, diariamente se irá masificando esta medida», justificó Branko Marincovik, uno de los dirigentes cívicos de Santa Cruz opositores al gobierno y que impulsa las autonomías departamentales.
Desde hace dos semanas, en seis capitales de departamento del país se suspendieron las labores escolares generando un perjuicio generalizado para los escolares y los ingresos a algunas ciudades están prácticamente interrumpidos por los bloqueos.
El Ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, lamentó en esta coyuntura «la extraña coincidencia» de las medidas de presión de los sectores laborales con los cívicos y autonomistas.
«Es preocupante ver esta situación porque se entiende que los trabajadores mineros son aliados del gobierno, pero ahora sus medidas van en convergencia con la huelga de hambre instalada por cívicos de la media luna», dijo el ministro.
Presidente vetado
Bolivia, conmemora el 6 de agosto, su 183 aniversario de independencia y, lamentablemente, atraviesa uno de los momentos más complicados después de dos años y medio del Gobierno de la Revolución Democrática y Cultural.
Históricamente todos los actos patrios se los realizaba en la casa de la Libertad de Sucre, la Capital de la República; sin embargo, el Presidente Constitucional de la República, Evo Morales Ayma, está prohibido de pisar esa ciudad.
Desde Sucre, se anunció que si el Jefe de Estado «no pide perdón» por los tres muertos y más de 400 heridos suscitados en la zona de La Calancha cuando en noviembre del año pasado fue aprobado el proyecto de la nueva Constitución Política del Estado «no se responsabilizaban de lo que pueda pasar».
La Prefectura y el Comité Interinstitucional de Chuquisaca prácticamente borraron de los programas oficiales al Primer Mandatario de la Nación y, en las últimas horas, el gobierno no tuvo otra alternativa que aceptar el veto.
Bajo el argumento de «evitar enfrentamientos entre bolivianos» el Poder Ejecutivo, acató la prohibición y se quedó con ganas de conmemorar el aniversario patrio en la Capital de la República.
Asimismo, hoy los presidentes de Argentina y Venezuela, Cristina Fernández y Hugo Chávez y el anfitrión boliviano suspendieron a último momento su arribo a la ciudad de Tarija, ubicada al sur del país, debido a los violentos disturbios que fueron protagonizados por sectores cívicos, universitarios y vecinales que se movilizaron para evitar la llegada de los gobernantes, bajo la lógica que días antes del referéndum revocatorio sólo son parte de una campaña electoral.
La cumbre tri-nacional tenía previsto firmar un acuerdo que inicie el diseño de ingeniería conceptual y básica, los estudios económicos y medio ambientales para la instalación de una planta de extracción de licuables y la inauguración del proyecto petrocasas.
Pese al fuerte resguardo policial y militar, los sectores movilizados rodearon el aeropuerto Oriel Lea Plaza de Tarija y, en más de una oportunidad, se enfrentaron a los uniformados.
Desde que el Presidente de la República, Evo Morales Ayma, asumió la Presidencia de Bolivia, 44 bolivianos y bolivianas fallecieron en diversas circunstancias: 22 en 2006, 10 en 2007 y 12 en esta gestión. Ninguno de los casos fue esclarecido, existe total impunidad.
Intereses políticos
El domingo 10 de agosto en Bolivia se debe realizar el referéndum revocatorio y/o ratificatorio para el Presidente y Vicepresidente de la República y además para ocho de los nueve prefectos; la única que no se somete a esta consulta popular es la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar quien fue elegida a través del voto popular hace pocos días.
La determinación de asumir medidas de presión por los sectores opositores al gobierno fue tildada de política y un intento de perjudicar el revocatorio por el Poder Ejecutivo.
A los piquetes de bloqueo y huelga de hambre, se organizan marchas de cacerolas vacías y otras medidas violentas por parte de los prefectos y otras autoridades de Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba, quienes están aglutinados en torno al debilitado Consejo Nacional Democrático (CONALDE).
El Presidente Evo Morales Ayma, en una masiva concentración realizada en la población valluna de Aiquile, manifestó que la mayoría de los prefectos representan al viejo modelo neoliberal.
«Mario Cossío ¿quién era? Era presidente de la Cámara de Diputados, por lo tanto, diputado de Sánchez de Lozada; Leopoldo Fernández era senador, ministro de Tuto Quiroga, diputado de ADN y ahora prefecto de Podemos ¿Quién era Manfred Reyes Villa? Aliado de Goni, de Bánzer, su hermano era ministro de Goni, de Bánzer y de Tuto, era parte del equipo neoliberal».
La percepción del gobierno sobre las medidas de presión es clara porque la consulta popular que ingresó en su etapa final debería convertirse en una fiesta democrática y no en jornadas de violencia y luto.
Diversas informaciones dan cuenta que los sectores contrarios al gobierno -tanto de la ultraderecha como de la ultraizquierda- intentarán por todos los medios instalar un clima de violencia y confrontación, entre bolivianos del campo y la ciudad, para tratar de evitar el desarrollo normal del referéndum revocatorio.
¿Temor al pueblo?
Las últimas encuestas de diversas empresas coinciden en que el Presidente y Vicepresidente de la República serían ratificados con más del 54 por ciento de los votos; por lo menos tres de los ocho prefectos prácticamente ya estarían revocados y, por eso, se oponen a la consulta popular.
Aunque en los últimos días, Bolivia vive un clima de confusión total de cara al revocatorio, el próximo domingo será el soberano quien defina la continuidad o no de sus autoridades.
En esta coyuntura particular de caos jurídico y legal, se impone la decisión política: la Ley 3850 aprobada por el Congreso Nacional fue cuestionada por diversos sectores por el contenido de la pregunta y los porcentajes diferentes asignados a cada uno de los prefectos; la única magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, recomendó mediante un decreto que la consulta debería paralizarse; la Corte Nacional Electoral y varias cortes departamentales determinaron interpretar la ley y otorgar el porcentaje del 50 por ciento más uno a todos los prefectos y se iniciaron procesos contra algunas autoridades, tanto del oficialismo y de la oposición.
La única magistrada que queda en el Tribunal Constitucional fue elegida en 2003 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y la mayoría de las cortes departamentales, como Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz están controladas por ciudadanos que amparan hechos ilegales y anticonstitucionales como la realización de los referéndums sobre autonomías.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, fue acusado a un juicio por genocidio por la Fiscalía de la República; el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, enfrentará un juicio de responsabilidades por sedición y malversación y la magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, será demandada por prevaricato y otros delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Aunque siete de los ocho prefectos admitieron que están de acuerdo con participar en el revocatorio y que sea el soberano quien defina su futuro, existe uno, Manfred Reyes Villa de Cochabamba, que se resiste a cumplir la ley y junto a diversos sectores reaccionarios impulsa la autonomía departamental.
El Presidente de la República, Evo Morales Ayma, ante esa conducta antidemocrática lamentó que el prefecto cochabambino se escape del referéndum.
«Quiero decirle a Manfred Reyes Villa que sea hombrecito y que se meta al referéndum revocatorio y no esté escapando del pueblo boliviano», afirmó.
Lo cierto es que en este país donde se construye un proceso de cambio, existen sectores que no sólo son contrarios a la gestión de gobierno, sino que como ocurrió en otros países se pretende debilitar, destruir y corroer los pilares básicos de la democracia; en suma, se pretende imponer a nombre de las autonomías, la «balcanización» parte de las guerras indirectas…
– Alex Contreras Baspineiro es periodista y escritor boliviano, ex vocero de gobierno. [email protected]