Fuera Repsol y las multinacionales de Bolivia. Por la devolucion a Bolivia, sin indemnizacion, del gas y todos los recursos energeticos. Por la condonacion de la deuda externa Los trabajadores y el pueblo boliviano han vuelto en estos días a mostrarnos a los trabajadores/as del mundo su enésimo ejemplo de dignidad y coraje. Se han […]
Fuera Repsol y las multinacionales de Bolivia. Por la devolucion a Bolivia, sin indemnizacion, del gas y todos los recursos energeticos. Por la condonacion de la deuda externa
Los trabajadores y el pueblo boliviano han vuelto en estos días a mostrarnos a los trabajadores/as del mundo su enésimo ejemplo de dignidad y coraje. Se han echado a la calle, han paralizado el país, han cercado la capital y con ello al Gobierno, al Parlamento y a las embajadas de los estados que manejan como marionetas al Gobierno títere de turno.
El pueblo boliviano ha vuelto a explotar con la profunda indignación que produce la injusticia y el hambre, para defender la soberanía sobre sus recursos naturales no renovables, reclamando la nacionalización de su gas y su petróleo, que les están siendo saqueados por las multinacionales de las grandes potencias imperialistas a cambio de muerte, hambre, miseria, exclusión social y destierro.
Bolivia y América Latina están sometidas a un saqueo colonial
Bolivia cuenta con reservas gasíferas estimadas en más de 100 mil millones de dólares (12 veces su PIB anual), las segundas más importantes de Latinoamérica. Y tiene reservas petrolíferas valoradas en más de 27 mil millones de dólares. Sin embargo Bolivia es hoy el país más pobre de Latinoamérica. El 63% de su población vive por debajo de la línea de pobreza y el 35% no puede cubrir ni siquiera sus necesidades alimentarias.
Mientras las multinacionales españolas como Repsol, Telefónica o BBVA hacen su agosto, al pueblo boliviano se le ha condenado a perecer de hambre o emigrar.
La inversión de capitales en Bolivia ha ido acompañada de pérdida de puestos de trabajo y expolio de los recursos. Entre 1998 y el 2002, 1 de cada 3 bolivianos perdió su trabajo. Las privatizaciones impuestas por el FMI, han sido el mecanismo del expolio. En 1997 el último año de su primer mandato, Sánchez Lozada apodado «el gringo» y algunos líderes del Congreso aprobaron en secreto un Decreto que privaba al Estado la propiedad de los hidrocarburos y permitió la propiedad multinacional del gas natural en su «origen», lo cual significaba que el gas era «boliviano» mientras permanecía bajo tierra, pero de propiedad extranjera cuando se bombeaba y se vendía.
Para el imperialismo, el control de los hidrocarburos y las fuentes de energía es un tema de primer orden. Si continúa su nivel de consumo actual, EE.UU. va hacia una crisis energética y de abastecimiento interno de hidrocarburos en pocos años. Por esa razón EEUU no ha escatimado esfuerzos en ir desde promover la guerra contra Irak a los intentos de golpe en Venezuela.
EEUU impulsó una serie de políticas y herramientas como la privatización (sobornización) de las empresas petroleras estatales, por ejemplo, en Argentina, donde Repsol compró YPF. En otros países, las empresas continuaron siendo estatales, pero se impuso una privatización indirecta, con concesiones de áreas de explotación, procesamiento, transporte y comercialización. Una parte creciente del negocio pasó a estar en manos de empresas extranjeras, como en Venezuela, Ecuador, México y Brasil.
Junto con esto, el imperialismo impulsa los proyectos PPP (Plan Puebla-Panamá) e IIRSA (Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana) que buscan garantizar la infraestructura para la extracción, el procesamiento y el transporte de esos recursos naturales.
El ALCA (Asociación de Libre Comercio de América) se dirige en el mismo sentido, como un marco político y jurídico que «legaliza» todo el proceso colonizador: su estatuto dice que los recursos naturales son de «propiedad continental».
Los Gobiernos locales corrompidos por las multinacionales y los gobiernos que las respaldan sellan acuerdos de autentico latrocinio. En Bolivia el acuerdo original con las multinacionales estipulaba un reparto a medias entre el Estado y las corporaciones privadas, pero el entonces presidente Sánchez de Lozada incluyó una cláusula secreta en la que los «nuevos pozos» serían explotados con un porcentaje para el Estado boliviano de sólo el 18%, mientras que el 82% restante sería para las multinacionales.
Después de que Sánchez de Lozada hubiera cedido los derechos de explotación del gas, los geólogos a sueldo de las multinacionales «descubrieron» que el gas boliviano y las reservas de petróleo eran diez veces superiores a las estimadas con anterioridad a la firma de los contratos con esas multinacionales. El robo estaba consumado.
Repsol y los gobiernos español, yanki y británico al frente del expolio
Con este panorama es de entender el entusiasmo de Repsol en Bolivia. «La rentabilidad en la industria del petróleo y gas en Bolivia es sumamente alta: por cada dólar invertido, la empresa petrolera gana 10 dólares», declaró recientemente Roberto Mallea, ejecutivo de Repsol YPF en Bolivia. Con absoluto descaro hablan, en medio del hambre del pueblo boliviano, de una rentabilidad del 1000%. En el mismo sentido se felicitaba Edward Miller el presidente de British Gas, cuando afirmaba que las proyecciones de Pacific (British Gas, British Petroleum y Repsol/YPF) establecen que el ingreso previsto para las transnacionales serán de 1.369,6 millones de dólares en promedio anual, mientras que el pago de impuestos y regalías a las arcas bolivianas oscilará de 40 a 70 millones de dólares.
El celebre «España va bien» de Aznar y el ahora «España va muy bien» de Zapatero son inexplicables sin el expolio de las multinacionales españolas a Bolivia y a toda América Latina. Cuando algunos cínicamente se quejan de la «llegada masiva de inmigrantes» deberían tomar buena nota de que el hambre y la miseria no son catástrofes naturales sino el producto del expolio que un puñado de países, entre ellos España, someten al mundo.
La recolonización española de América Latina tiene en Repsol una empresa emblemática cuyo rastro no termina en Bolivia, Argentina o Venezuela, como muestra la denuncia de Amnistía Internacional a Repsol por financiar a grupos paramilitares en el departamento de Arauca (Colombia), que asesinan indígenas; por causar enfermedades graves como la hepatitis y el cáncer, como sufren los indígenas Huaroni en Ecuador y los Mapuches en Argentina a consecuencia del consumo de agua contaminada por los pozos de Repsol y por el aumento de metales pesados en la sangre por la explotación petrolífera sin control.
Es la devastación ecológica, expolio y generación de sufrimiento humano al servicio de una codicia insaciable.
Los trabajadores/as y el pueblo boliviano en el centro de la escena
Los mineros, la clase obrera boliviana y los campesinos se han colocado en el centro de la vida del país y han acaudillado la lucha de todo el pueblo hasta echar al Gobierno. Con su lucha los trabajadores y el pueblo bolivianos reivindican la propiedad estatal de los hidrocarburos y que su explotación y comercialización se realice en beneficio del país y del pueblo.
El heroísmo y la abnegación de los trabajadores y el pueblo boliviano se ha demostrado en innumerables ocasiones. Fue esa lucha la que enfrentó la política del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada de consolidar y profundizar la entrega de los hidrocarburos y lo derribó, en octubre de 2003. Y es esa lucha la que de nuevo obliga a dimitir al Gobierno Mesa.
La actual situación boliviana al igual que la reciente caída de Lucio Gutiérrez, en Ecuador, muestran que la clase obrera y la lucha popular están vivas y que Latinoamérica continúa siendo uno de los centros de la lucha de clases en el mundo.
Quienes dieron por enterradas las revoluciones y por finiquitada la clase obrera como sujeto social de los cambios, deberían bajar de sus ciber- tribunas y tomar buena nota de Bolivia
Contra los que no ven en la clase obrera y en el pueblo más que ciudadanos que ejercen el voto cada cuatro años y que tienen que votar a éste o aquél para «cambiar las cosas», Bolivia ha demostrado que la acción directa de las masas en la calle es la única garantía para conquistar derechos, para alcanzar una democracia real. Como señala una de las declaraciones de la Asamblea popular de la ciudad de El Alto -donde dio comienzo el levantamiento popular- «Los trabajadores y vecinos rechazamos todas las maniobras de la clase dominante de sucesión constitucional o elecciones entre los mismos politiqueros» «Estamos luchando por recuperar los hidrocarburos y no por cambiar un payaso por otro»
El pasado 6 de junio, cientos de miles de trabajadores, campesinos y estudiantes tomaron La Paz y realizaron un gigantesco «cabildo obrero y popular» (asamblea), con la presencia de la COB, los mineros, las combativas organizaciones de El Alto y federaciones campesinas. En es asamblea se acordó crear una «Gran Asamblea Nacional y Popular» y «forjar un nuevo gobierno del pueblo que sustituya el vacío de poder (…) bajo la línea de la nacionalización de los hidrocarburos».
Las Asambleas Populares de El Alto «no aceptan ni las elecciones ni la sucesión constitucional, no quieren ni a Vaca Diez-Presidente del Parlamento y representante de la extrema derecha pro golpista- ni a Rodríguez».
Como ocurriera en el 2003, el proceso revolucionario boliviano vuelve a colocar de forma recurrente en las filas de la Central Obrera Boliviana, de la Federación de Mineros, de Maestros Urbanos, de la Federación de Campesinos de La Paz y de la Central Obrera y la Federación de Juntas Vecinales lo que está en el centro de la situación política: ¿Quién debe gobernar? ¿Quién debe tener el poder?
De nuevo Evo Morales hace de bombero
El heroísmo de los trabajadores bolivianos ha ido siempre acompañado del titubeo cuando no de la traición -como en tantos lugares del mundo- de sus dirigentes. Tras la caída de Sánchez de Lozada, quien representaba la opción popular mayoritaria, el MAS, con Evo Morales al frente, frenó la lucha y permitió que asumiera Carlos Mesa, al que dio apoyo explícito con su voto, en un Parlamento no representativo, para que garantizara la «continuidad institucional». La dirección de Jaime Solares en la COB (Central Obrera Boliviana) y el dirigente campesino Felipe Quispe (del Movimiento Indigenista Pachakutik), se declararon «opositores», pero definieron una larga tregua, que permitió pasar el fraudulento referéndum sobre el gas y consolidar al gobierno de Mesa. Este año, ante la primera renuncia presentada por Mesa al Congreso, meses atrás, los diputados del MAS y los de Pachakutik votaron por la permanencia de Mesa.
El Gobierno de Mesa, como su predecesor fueron gobiernos suspendidos en el aire, sin más apoyo social que el que le garantizaba el freno impuesta a la movilización popular por los dirigentes de las organizaciones obreras y populares, en especial la de Evo Morales.
En esta ocasión, de nuevo el diputado cocalero y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, demandó públicamente a las organizaciones sociales y populares dar una tregua a Eduardo Rodríguez, el nuevo presidente de Bolivia.
Rodríguez, hasta ahora era jefe del Poder Judicial, un poder carcomido por la corrupción y caracterizado tanto por legalizar el saqueo que hacen las transnacionales de las riquezas de Bolivia, como por conceder impunidad a la alta burocracia estatal que roba las arcas públicas. Rodríguez había asumido el cargo en la Corte Suprema, gracias al apoyo del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Según la Federación de Maestros Urbanos de La Paz, Rodríguez fue asesor jurídico de la Embajada de Estados Unidos y socio en el bufete del abogado Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro de Gobierno de Sánchez de Lozada y responsable directo de las masacres de febrero y octubre del 2003 en contra del pueblo.
Con semejantes credenciales, Rodríguez llega a la Presidencia, con el entusiasta apoyo de la Iglesia, los empresarios, los grandes medios de comunicación y el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales.
No es de extrañar pues que un gran conocedor de la situación latinoamericana como es James Petras afirme: «Es una farsa. El primer arreglo de Evo en el 2003 cuando vuelve de Europa, en el último momento durante la insurrección, exige aceptar a Mesa como un presidente temporal que queda 23 meses. Es como invitar a alguien a casa y que se quede dos años y pico. Entonces Evo repite esta vez la misma cosa. Durante las grandes movilizaciones que él está frenando siempre con sus políticas, denunciando la nacionalización del petróleo y últimamente cuando lo sobrepasaron sus propias bases da un pequeño viraje y después vuelve a su política común que es simplemente olvidarse de la nacionalización, pensar en las elecciones futuras y todo lo demás. Y aceptar a Rodríguez. El señor Rodríguez es exactamente el clon de Mesa.».
La reaccionaria y proimperialista burguesia de Santa Cruz de la Sierra
La crisis boliviana ha provocado la división inter-burguesa. La burguesía de Santa Cruz de la Sierra exige la autonomía y esa exigencia comienza a extenderse también a otra zona, Tarija.
Esta exigencia de autonomía se aprovecha de un sentimiento autonómico de los pueblos del interior contra el centralismo político-administrativo paceño. Pero la propuesta tiene profundas razones económicas y políticas. Santa Cruz y Tarija suman apenas el 20% de la población boliviana, pero generan el 40% del PIB nacional y el 60% de las exportaciones. Poseen los principales yacimientos de hidrocarburos y, en Santa Cruz, además, están los más grandes terratenientes y se desarrolla una intensa producción de soja. Una parte importante de esta riqueza va a parar a manos de la burguesía del altiplano y del gobierno central de La Paz, por intermedio de los impuestos nacionales.
Detrás de la pelea por la autonomía, entonces, está la intentona de estas burguesías regionales de lograr una «tajada» mucho mayor, en perjuicio del altiplano «pobre». Al mismo tiempo, la autonomía les permitiría tener las «manos libres» para acordar directamente con el imperialismo y, a la vez, proteger sus latifundios de la toma de tierras por los campesinos pobres.
Que gobiernen los trabajadores y el pueblo
Los campesinos pobres y las nacionalidades indígenas reclaman la convocatoria a una Asamblea Constituyente porque la ven como una forma de discutir los grandes problemas del país y de ser protagonistas de esas decisiones nacionales, de la cuestión de la propiedad de los hidrocarburos, la reforma agraria, los derechos de las naciones indígenas o la unidad del país. Desde este punto de vista se trata de una aspiración democrática totalmente legítima.
Sin embargo, cuando el poder en Bolivia se está dirimiendo en las calles, la burguesía y el imperialismo, con la colaboración de Evo Morales, tratan de utilizar estas expectativas para llevar el proceso revolucionario a la vía muerta de las instituciones burguesas y saldar el proceso actual con unas nuevas elecciones que restablezcan la paz social y con ella el proceso de colonización del país.
Una reciente resolución de una masiva reunión ampliada de dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales y de la Central Obrera de El Alto, que contó con la participación de dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de las principales organizaciones movilizadas en La Paz decía: «Se ha decidido constituir a la ciudad de El Alto como cuartel general y bastión de la revolución boliviana», «Las organizaciones sociales han decidido levantar la Asamblea Popular Revolucionaria en todos los rincones del país para organizar a la población empobrecida y a los trabajadores del campo y las ciudades, con el fin de ponerlos en pie de combate contra el neoliberalismo y las clases dominantes»
Con seguridad que la tarea no es nada fácil, pero el camino de una alternativa de clase a la situación boliviana pasa por la unidad de todas estas organizaciones obreras y populares y que con la COB al frente formen un Gobierno que nacionalice los hidrocarburos sin indemnización, deje de pagar la deuda externa, entregue la tierra a los campesinos, rompa con el FMI y convoque a una Asamblea Constituyente democrática que apruebe estas medidas. No habrá independencia nacional, libertades democráticas plenas, ni dignidad para Bolivia sin que la clase trabajadora y los oprimidos bolivianos se hagan con el poder y rompan con el imperialismo, en una lucha unida con todos los pueblos latinoamericanos.
Nuestro apoyo a la justa lucha de los trabajadores y el pueblo boliviano
Contra los que ven en los acontecimientos de Bolivia una razón para «unirse» en defensa de «los intereses españoles» amenazados, Corriente Roja reafirmamos nuestra solidaridad y nuestro pleno apoyo a la lucha de los trabajadores y el pueblo boliviano. Las tropelías de las multinacionales españolas han traído sufrimiento para los trabajadores bolivianos y para los españoles. La expansión por América Latina de Repsol ha ido acompañada aquí de más precarización del empleo y condiciones tan vergonzosas de trabajo que llevaron a la muerte, entre otros, a los 10 trabajadores en Repsol Puertollano.
Denunciamos por tanto la política de saqueo de América Latina que las multinacionales españolas como Repsol, BBVA, Telefónica, etc. llevan a cabo.
Denunciamos la política del Gobierno Zapatero que, con el apoyo de sus socios de gobierno (IU y ERC) y la burocracia sindical de CCOO y UGT, sigue el hilo recolonizador de América Latina. Un hilo que inauguró el Gobierno de Felipe González y mantuvieron con vehemencia los Gobiernos de Aznar. Una política, recuérdese, que se complementa con una Ley de extranjería contra los trabajadores que se ven obligados a emigrar como consecuencia del hundimiento económico al que las multinacionales abocan a su país.
Apoyamos por tanto la justa reivindicación de las organizaciones y el pueblo boliviano de renacionalización sin indemnización del gas y todos los recursos energéticos y exigimos la condonación de la Deuda externa
¡¡Viva la lucha de los trabajadores/as y el pueblo boliviano!!
19 de junio del 2005