¡14 años!
IMPUNIDAD es lo que ha prevalecido y persiste desde hace catorce años para Gabriel y Edmundo. Catorce años que se cumplirán este 25 de mayo, fecha en la que se cumple un año más de la desaparición forzada cometida en contra de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Cuál fue su “delito”, luchar por la vía armada revolucionaria para transformar de fondo la situación de desigualdad en el país.
El 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca, Gabriel y Edmundo fueron detenidos- desaparecidos por elementos de la policía estatal y posteriormente entregados al ejército. Ambos fueron reclamados días después por el Partido Democrático Popular Revolucionario – Ejército Popular Revolucionario (PDPR- EPR), como sus militantes.
Desde el momento en que los familiares nos enteramos de su desaparición forzada iniciamos la lucha en exigencia de su presentación con vida, a la cual se sumaron organizaciones independientes y organizaciones de derechos humanos con las cuales la lucha ha continuado hasta el momento.
Durante estos catorce años han sido diversos los recursos que hemos empleado para buscar a Gabriel y Edmundo, se han utilizado todas las herramientas que tenemos al alcance para buscar verdad y justicia, el acompañamiento de grandes abogados y organizaciones populares y de derechos humanos, ha permitido constatar en la práctica y en los hechos que ante un crimen tan atroz como lo es la desaparición forzada, sólo la lucha organizada y constante puede lograr algunos avances para lograr combatirlo. Todos los recursos que hemos agotado han demostrado bajo las propias leyes del Estado, que en el caso de ambos luchadores sociales se cometió y se sigue cometiendo este crimen de Estado y de lesa humanidad, así lo reconoció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación en el 2009.
Esta recomendación determinó que Gabriel y Edmundo fueron víctimas de desaparición a manos de agentes del Estado, tanto de la ciudad de Oaxaca como del gobierno federal y del ejército, pero nunca se les quiso investigar, fue hasta el 2019 luego de más de 12 años de la desaparición forzada y después de 6 años de haber interpuesto una demanda de amparo en el 2013, en la que se señalaba como responsables a diversas instancias de la SEDENA y el ejército, fue que el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concede la demanda de amparo 942/2013 en mayo del 2019, señalando como responsables a autoridades tanto del gobierno local como del ejército, en la que se ordenaba a estos últimos abrir los cuarteles militares para buscar a Edmundo y Gabriel, citar a comparecer a altos mandos y crear una comisión especial de búsqueda para el caso, entre otros aspectos.
Este hecho, trajo indignación por parte del ejército quien impugnó esta decisión para no acatarla, ante esto los familiares y abogados interpusieron un recurso de revisión, el cual le fue asignado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien una vez revisado el caso y ante la gravedad de este, resuelve el 14 de diciembre de 2019 enviar el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que fuera dicha instancia quien resolviera en definitiva el recurso de revisión. Así, el 04 de junio de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae el caso, luego de varios meses de exigencias y cartas dirigidas a esta para que aceptara su competencia, después de más de 13 años de lucha.
El hecho de que el caso de los luchadores sociales Gabriel y Edmundo se encuentre actualmente en la Suprema Corte, en espera de emitir una sentencia, ha sido fruto de la constante lucha y exigencia que se ha desarrollado durante todos estos años por parte de los familiares, organizaciones populares y de derechos humanos que de manera coordinada han realizado diversas acciones para llegar hasta este punto, el cual es importante destacar ya que constituye un logro para el movimiento popular, ya que es el primer caso de una desaparición forzada cometida por cuestiones políticas, en contra de dos integrantes de un grupo insurgente, que llega hasta la Suprema Corte del país y eso ha sido producto de la lucha organizada.
Así mismo, a la par de este proceso, se encuentran actualmente detenidas 8 personas en penales federales por su presunta responsabilidad en la comisión de la desaparición forzada en contra de ambos luchadores sociales, entre los que están ex-integrantes de la entonces policía ministerial del estado de Oaxaca y dos prófugos, el ex-procurador Evencio Nicolás Martínez y el entonces jefe de la policía ministerial Pedro Hernández Hernández. Sin embargo, a pesar de contar con estas detenciones, no se ha podido determinar el paradero de ambos desaparecidos, así como tampoco sancionar al resto de los responsables tanto materiales como intelectuales como lo son elementos de la SEDENA y el CISEN, y los propios ex presidentes Felipe Calderón quien era presidente en el 2007 cuando sucedió el hecho, y el entonces gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz, además de Enrique Peña Nieto por la omisión que tuvo durante los seis años que duró su gobierno en el que nunca hizo nada para investigar los hechos.
El papel que tiene en estos momentos la Suprema Corte es decisivo para constatar si en verdad existe un cambio en la política actual de gobierno para erradicar estos crímenes o perpetuarlos en la impunidad, por ello el llamado es seguir exigiendo a esta instancia que cumpla con su responsabilidad y emita una sentencia que permita acceder a la verdad y la justicia para Gabriel y Edmundo, pero también que siente las bases y permita que muchos otros casos más puedan hacerlo. La lucha independiente y constante es el camino para arrancarle al Estado la verdad y la justicia que tanto anhelamos y así seguiremos luchando ¡Hasta Encontrarlos!
¡Vivos Se los Llevaron, Vivos los Queremos!
¡Ni Perdón, Ni Olvido, Juicio y Castigo a los responsables!
NOTA: Este artículo fue publicado como parte del No. 65 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), mayo, 2021.