El anuncio del gobierno de los monopolios en boca de su hacedor de historias en turno, el «Procurador» Jesús Murillo Karam, es sólo un nuevo intento, antes la trataron de hacer el 7 de noviembre, de dar por cerrada, oficialmente, la investigación por la muerte, asesinato y desaparición de los 43 compañeros de la Normal […]
El anuncio del gobierno de los monopolios en boca de su hacedor de historias en turno, el «Procurador» Jesús Murillo Karam, es sólo un nuevo intento, antes la trataron de hacer el 7 de noviembre, de dar por cerrada, oficialmente, la investigación por la muerte, asesinato y desaparición de los 43 compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa. Y es un nuevo intento porque desde noviembre del año pasado lo intentaron, aportando los mismos «argumentos» que aportó el martes 27 de enero el supuesto procurador de justicia. Y pongo entrecomillado lo de argumentos porque lo que ha aportado el gobierno de Peña Nieto hasta el momento son suposiciones y verdades a medias, basadas en dichos muy cuestionables de personas supuestamente involucradas en los hechos que el gobierno se afana en colocar como su «verdad histórica».
Los «hechos», que no pruebas científicas, que ha presentado el gobierno reiteradamente tienen que ver con un asunto de peleas entre bandas rivales del crimen organizado. Exime al exalcalde, quita presión al oportunismo de izquierda y coloca al proceso electoral en marcha como punta de lanza de la nueva embestida contra el movimiento social. Porque en el fondo de todo el entramado mediático que ha armado la burguesía monopólica y su gobierno, está el tema de las elecciones y la «legitimidad» que da el hecho de que los ciudadanos voten, es decir la simulación democrática y la imagen del gobierno ante el mundo es lo que priva en la actitud del gobierno.
¿Cuáles son los «hechos» que presenta el gobierno? Que los compañeros desaparecidos fueron confundidos como parte de un grupo enemigo al que pertenecía el exalcalde perredista de Iguala y que por esa razón se decidió ejecutarlos y desaparecerlos. ¿En que basa esta afirmación?, en los dichos de cuatro personas, presentados en videos muy bien producidos y editados en donde se observa a los cuatro en una actitud relajada, amena, cooperativa, diciendo sin ningún recato, como los mataron, incineraron y tiraron sus restos a un río. De la participación de los policías, de las omisiones, documentadas, de las fuerzas federales (ejército y policía federal), de la utilización de los instrumentos del estado para asesinar, secuestrar y desaparecer personas, no se dice nada.
Las inconsistencias y las mentiras son evidentes en todo el desarrollo de la presentación de los hechos. Infinidad de testimonios dan evidencia de que los mandos militares del 27 batallón de infantería, instalado en Iguala a unos metros de donde se sucedieron las agresiones y la desaparición de los compañeros, sacaron a las tropas a las calles el 26 de septiembre por la noche. Testimonios de médicos, enfermeras y familiares de los normalistas dan prueba de que el ejército interfirió, impidió, no permitió que los heridos fueran atendidos en los hospitales cercanos, de eso no se dice nada. Y no se hace simplemente porque eso corroboraría un hecho insoslayable, repetido en las movilizaciones, en las marchas, en los plantones: fue un crimen de Estado.
De esta «verdad histórica» del gobierno de la burguesía monopólica resaltan varios elementos que no se corresponden con ella. De acuerdo con el último testimonio de una de las personas detenidas (el «cepillo» o el «terco»), ellos recibieron de los policías municipales de Iguala a 35 muchachos, algunos ya iban muertos y a otros los liquidaron en el famoso basurero de Cocula. Primer hecho, los contaron, porque da un número preciso. Segundo, que pasó con los otros ocho compañeros, porque los desaparecidos son 43 y si no estoy mal en ecuaciones avanzadas, 43 menos 35 restan ocho, ¿en dónde están? Segundo, especialistas, científicos e, incluso, trabajadores de crematorios, han dicho en infinidad de ocasiones que es imposible la cremación en un tiempo tan corto (no se precisa cuando se inició la incineración, pero los cuatro afirman que a las cinco de la tarde del 27 ya sólo había cenizas), además del tiempo, las condiciones, el lugar, etc., no son propicios para una cremación como la que se quiere hacer creer.
Otro tema no resuelto: imaginemos la «pira humana» que se construye con 35 cuerpos humanos, digo, apilarlos de tal forma que pudieran ser quemados en el tiempo que se dice, es decir no sólo tirarlos en el piso y prenderles fuego, así es imposible que en tan corto tiempo se hubiesen convertido en ceniza tanto cuerpos, sino acomodarlos, con conocimiento y experiencia que ellos mismos dicen no poseer, para que la supuesta incineración fuera efectiva. Por otro lado, imaginemos el olor y el humo que se desprende de esta dantesca escena. Un simple incendio de basura genera una humareda que es apreciable a kilómetros de distancia. Cómo es posible que esto sucediera sin que nadie lo notara.
Las personas aparecidas en los videos presentados por la Procuraduría, han señalado que se utilizaron llantas y otros elementos flamables, y una cantidad desconocida de gasolina. Surgen varias preguntas: ¿cuántas llantas?, ¿de dónde las sacaron?, ¿cómo las transportaron? Además de esto todos los elementos que utilizaron para efectuar su labor generaron, seguramente, una movilización inusual de personas, vehículos, etc., que ninguna autoridad notó, ¿extraño, no? Por otra parte se insiste en señalar que en el basurero del municipio de Cocula se han encontrado evidencias que corroboran los dichos de los supuestos sicarios, ¿qué evidencias?, llantas quemadas, restos de ropa quemada, restos óseos, etc. ¡Pues claro, se trata de un basurero al aire libre, carajo!, en donde se tiran y queman desperdicios, o llegan quemados y ahí se esparcen, restos óseos de animales, lo que echa por tierra esta «verdad histórica».
Pero sumemos más contradicciones a las mentiras del dizque procurador de justicia. El 7 de noviembre del 2014, Murillo Karam presentó los mismos hechos y testimonios que el 27 de enero de este año, con una salvedad, de que los restos y las evidencias encontradas serían analizados por un laboratorio especializado en ello instalado en la ciudad de Innsbruck, Austria, cuyos resultados darían la certeza científica a sus dichos. El laboratorio, al que se apostó todo el peso de las pruebas del gobierno, ha señalado que es imposible verificar con certeza científica que los restos y las evidencias recibidas pudieron establecer la base del principal «argumento» del gobierno.
Así, la «certeza científica» a la que apostó el gobierno no existe. Sin embargo, ahora con los mismos argumentos (se dirá que hay un nuevo sicario detenido, pero que sólo ha «corroborado» los dichos de los primeros, es decir ha sostenido la tesis del gobierno) que hace tres meses, se trata de dar por cerrada la investigación. Y para ello se han puesto en marcha todos los instrumentos de dominación que tiene a su disposición la burguesía y sus monopolios, fundamentalmente los medios de comunicación. Pero después se utilizarán otros mecanismos, sobre todo la represión contra el movimiento popular que se ha manifestado masivamente y que amenaza perturbar la «paz social» que se ha presumido hasta el hartazgo a nivel internacional.
La «verdad histórica» del gobierno esconde la intención de dar «carpetazo» a la investigación. Los reiterados llamados de Peña Nieto a «superar» Ayotzinapa, pone en evidencia las verdaderas intenciones de los monopolios. Prominente líderes de la burguesía monopólica han expresado públicamente que el gobierno tiene que «aplicar la ley» para «preservar el Estado de Derecho», eufemismos para presionar hacia la represión, ya que las acciones del movimiento popular amenazan con perjudicar sus enormes ganancias.
Con el argumento de que la investigación está concluida, el gobierno de los monopolios está anunciando que ya no existen motivos para las movilizaciones y las protestas del pueblo insumiso. La estrategia es clara, no permitir que la plataforma de impacto internacional que suponen las elecciones, sea utilizada por el movimiento popular para demostrar al mundo que la simulación democrática no resolverá los verdaderos problemas del país. Ya la propia corriente del oportunismo socialdemócrata se ha sumado a las presiones para que se reprima a los insumisos, porque lo único que buscan es mantener los privilegios que les permite estar al servicio de la burguesía monopólica, tendencia histórica de esta corriente.
Para el movimiento popular no está resuelta la investigación de la desaparición de los compañeros de Ayotzinapa. Por el contrario, las mentiras, esas sí «históricas», del gobierno de la burguesía monopólica, busca detener la insumisión, como sólo lo saben hace: con la represión. La maquinaria estatal se ha puesto en marcha para presentarnos como «vándalos», como trasgresores de la ley. Ya los medios de comunicación masivos del país comienzan a generar la visión de que el «problema de Ayotzinapa» está resuelto, por lo que no existen motivos para las protestas y las movilizaciones. Ante esto, el movimiento popular debe incrementar sus acciones, colocar el grito de ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos! debe ser la consigna que estructure nuevas movilizaciones, nuevas acciones de lucha.
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