En esta ocasión no quisimos hablar de cómo algunos organismos nacionales e internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o la organización de la «sociedad civil» Mexicanos Primero, han metido su cuchara para decidir y dictar el rumbo que ha de tomar la educación pública en México, ni de cómo […]
En esta ocasión no quisimos hablar de cómo algunos organismos nacionales e internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o la organización de la «sociedad civil» Mexicanos Primero, han metido su cuchara para decidir y dictar el rumbo que ha de tomar la educación pública en México, ni de cómo la aplicación de las «recomendaciones» que hacen al Estado mexicano sirven para garantizar mano de obra barata. Tampoco nos detendremos en explicar la relación estrecha que existe entre los dirigentes de dichos organismos, el gobierno federal y las principales cámaras de comercio y cadenas de comunicación masiva, o en los millones de pesos del erario público que terminan en los bolsillos de empresarios, supuestamente preocupados por la educación en nuestro país.
No, en esta ocasión consideramos importante hablar de cómo la Reforma educativa lo afecta a usted, padre o madre de familia. Tal vez se ha percatado de que el paro que llevan a cabo algunas escuelas en su colonia no sólo es impulsado por profesores, sino también por papás o vecinos preocupados por lo que está sucediendo. A la vez, tiro por viaje en la radio y la televisión escuchamos condenas hacia el pueblo que, organizado o no, se solidariza con los profesores, sale con ellos a marchar, apoya los paros, lleva víveres a los centros de acopio o informa a sus vecinos de sobre las razones por la que realmente está luchando el magisterio democrático. Sin embargo, lo que no nos dicen, ni nunca nos dirán los medios de comunicación masiva, son las razones por las que muchos padres de familia están apoyando a los maestros debido a que han tomado conciencia de que la lucha magisterial es también una lucha del pueblo.
Según el Resumen ejecutivo de la Reforma educativa, uno de los objetivos fundamentales de la misma es «fortalecer las capacidades de gestión de la escuela» a través de la «autonomía de gestión escolar y la participación de los padres de familia». Pero ¿qué es eso de la gestión de la escuela y la autonomía escolar? Estos mecanismos tienen dos caras, por un lado, se permite la entrada de empresas privadas a las escuelas para que provean servicios y dejan el camino libre para que se lucre con las necesidades escolares y, por otro lado, la dichosa «autonomía» abre el camino para la legalización de las cuotas «voluntarias» al delegar el sostenimiento de las escuelas a los padres de familia y crear las condiciones para que «programas compensatorios», como las becas o los desayunos, desaparezcan. Según dicho resumen de la Reforma educativa, la columna vertebral de la «autonomía escolar» es que «las escuelas puedan tomar las decisiones que correspondan a su mejor funcionamiento», lo que en realidad significa que cada escuela deberá administrar su infraestructura y la obtención de los materiales educativos, mediante la creación de «asociaciones de padres de familia» las cuales, según la Ley General de Educación, en sus artículos 69 y 70, «tendrán por objeto: […] colaborar en el mejoramiento de los planteles [y] procurará la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada escuela pública». Lo anterior bajo la justificación de que la educación debe estar bajo la «vigilancia ciudadana» y que, como reza el texto citado, «[los padres de familia son] los principales responsables de la educación de sus hijos».
Tal vez se estará preguntando ¿es esto posible? Primero tenemos que pensar que la Reforma educativa es parte del Pacto por México, esto es, la serie de reformas constitucionales (laboral, energética, hacendaria, en materia de telecomunicaciones, etcétera) que Peña Nieto ha aprobado a lo largo de su gobierno y que en los hechos sólo han significado el recorte de derechos económicos y sociales, recortes presupuestales en los programas sociales y de subsidios y una mayor carga a nuestros bolsillos o ¿acaso usted trabaja menos de 9 horas diarias, tiene un contrato con prestaciones de ley como seguro social, aguinaldo o vacaciones pagadas? ¿paga menos por la energía eléctrica, el gas o la gasolina? Después, sumándole a todo esto, tan sólo en este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha hecho recortes por, al menos, 163 mil 715 millones de pesos en los rubros de salud, educación y programas sociales. Además, para cerrar con broche de oro, ya que a nuestros queridísimos gobernantes no se les va una, parte de la Reforma educativa es la descentralización del presupuesto, es decir, que ahora cada estado deberá solucionar todos los problemas que aquejen a la educación pública, pero sin los recursos suficientes para atenderlos.
Así que ya se irá imaginando el panorama que nos espera si queremos darles educación a nuestros hijos, sin embargo, el rumbo que tome la misma está en nuestras manos, pero no en el sentido que el gobierno nos quiere imponer, sino porque de nuestra capacidad organizativa y nuestra solidaridad hacia el magisterio democrático dependerá que la educación sea gratuita. Desde la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP) te invitamos a participar en nuestras brigadas de agitación, a unirte a las actividades que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realiza en tu barrio y a crear Comités en contra de las reformas neoliberales, integrados por padres de familia, trabajadores de la educación y alumnos, en los que se lea y discuta éste u otros artículos de FRAGUA. Es momento de caminar codo con codo con nuestros maestros democráticos, es momento de transformar nuestra indignación en organización.
¡Alto a la represión contra el movimiento magisterial-popular!
NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección EDUCACIÓN del No. 19 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), en circulación desde el 25 de julio de 2016.