La pregunta que da título a este artículo no es meramente retórica, aunque pudiera parecerlo. Tiene todo su sentido y una carga de mala intención que, desde ya, reconozco y asumo. Me explico. Para quienes no estén familiarizados con la realidad política boliviana de los dos últimos años, ese título reproduce, en términos interrogativos, las […]
La pregunta que da título a este artículo no es meramente retórica, aunque pudiera parecerlo. Tiene todo su sentido y una carga de mala intención que, desde ya, reconozco y asumo.
Me explico. Para quienes no estén familiarizados con la realidad política boliviana de los dos últimos años, ese título reproduce, en términos interrogativos, las pintadas que durante el proceso de aprobación del reglamento de la Asamblea Constituyente aparecieron en muchas paredes de la ciudad de Sucre. En ellas, sus autores sintetizaban, en forma de eslogan, una de las trampas de de los grupos de oposición contra el proceso de transformación política del país que se pretendía vehicular a través de la referida Asamblea.
Así, descreídos de la utilidad de la misma, pero temerosos de abandonarla, enrocados en sus posiciones conservadoras y la defensa de sus privilegios dichos grupos trataron de hacer todo lo posible, a lo largo del proceso constituyente, por paralizarlo, por enredarlo, por convertir su posición minoritaria dentro de la Asamblea en argumento para bloquear toda iniciativa promovida desde los grupos mayoritarios, con el MAS a la cabeza.
Esa actitud, fomentada por la excesiva permisividad con la que el MAS facilitaba la discusión y puesta en entredicho de cuestiones democráticas básicas, alcanzó su punto álgido cuando se permitió que se pusiera en duda el criterio de la mayoría simple para la aprobación del proyecto de texto constitucional por parte de los constituyentes antes de someterlo a referendo popular. Es ahí cuando los representantes de los partidos políticos tradicionales reclamaron una regla de aprobación democrática reforzada y exigieron que la aprobación del proyecto constitucional debía hacerse por voto afirmativo de dos tercios de los constituyentes: dos tercios era democracia y mayoría simple no.
En su opinión, no bastaba con que la mayoría de los representantes de la población del país votaran a favor del proyecto, sino que la preservación del interés de las minorías exigía de una cláusula de refuerzo que se traducía, por aquel entonces, en la aprobación por parte de los dos tercios de los constituyentes, tal y como finalmente se aprobó.
Hay quienes piensan -entre quienes me cuento- que allí comenzó a fraguarse gran parte de la ofensiva en contra de la Asamblea Constituyente que desde entonces emprendió la derecha boliviana en sus diferentes versiones, desde la presuntamente civilizada derecha nacional encarnada en PODEMOS hasta la visceral y racista derecha regional personalizada en comités cívicos y otras agrupaciones cuyos nombres constituyen la antítesis exacta de sus comportamientos públicos.
Sea como fuere, y a pesar de los pesares, una cosa pareciera que allí quedaba clara para todos: en Bolivia, dos tercios era democracia.
Ahora, más de una semana después de la celebración del referendo revocatorio que sometía tanto el cargo del presidente y vicepresidente de la República como el de los prefectos de ocho de los nueve departamentos del país a votación popular para refrendar su mandato o ser revocados de su cargo, los criterios han vuelto a ponerse en entredicho.
Tal es así que, a pesar de que el presidente Morales ha sido ratificado en su cargo por más del 67% de la población, el referendo revocatorio no ha aportado ni un ápice de claridad política al país.
Aunque quizá esa apreciación merece ser matizada por cuanto el referendo sí ha dejado completamente fuera de juego a uno de los agentes en liza (bien es cierto que era el más débil de todos ellos). Así, el ex presidente y dirigente de PODEMOS, Tuto Quiroga, que intentó con la aquiescencia de la embajada estadounidense recomponer su figura de líder de la oposición y eclipsar el poder emergente de la oposición regional dando luz verde en el Senado a la convocatoria del referendo revocatorio recién celebrado, se encuentra ahora con que la jugada le ha salido por la culata y su muerte política está más que sentenciada, al tiempo que su partido se descompone a ritmo acelerado.
Sin embargo, esta baja política es menor, por cuanto el juego de poder en Bolivia durante los últimos meses tiene como tablero de contienda el escenario regional más que el estrictamente nacional. Se trata, así, de un conflicto con precisos contornos físicos y que se dirime en una lucha donde los gestos, aunque pudieran parecer simbólicos (como impedir que en la semana previa al referendo el presidente de la República pudiera llegar a pisar esos territorios), suponen un cuestionamiento tan básico del principio de autoridad que no debieran permitirse bajo ningún concepto.
En ese escenario, el referendo no ha hecho sino enquistar aún más las posiciones de los prefectos departamentales, quienes han retornado a la situación de fuerza en la que se encontraban tras los referendos autonómicos ilegales del pasado mes de mayo.
Los prefectos díscolos no entienden ahora que dos tercios de la población ha confirmado al presidente Morales en su cargo y que ninguno de ellos ha sido ratificado en sus respectivos departamentos por un porcentaje tan elevado como el conseguido a nivel nacional por el presidente.
La lectura que hacen, por el contrario, es que sus porcentajes de aprobación en sus departamentos son superiores a los del presidente y de ello infieren, en consecuencia, que se encuentran legitimados en el plano local para proseguir con su proyecto rupturista e insolidario.
Una situación que, valga el excurso, se hubiera podido solucionar muy fácilmente si se hubiera previsto el establecimiento de una circunscripción única para el caso del presidente y vicepresidente de la República. De esa forma se hubiera evitado que se conocieran los porcentajes departamentales de votación para dichas figuras y, con ello, la lectura sesgada que actualmente están realizando los prefectos.
En cualquier caso, y ya a toro pasado, no caben los lamentos por lo que se podía haber solucionado de una forma que hubiera evitado dar argumentos fáciles a la oposición. Lo que hay que enfrentar ahora es cómo gestionar los resultados de ese referendo que, en principio, pudieran parecer favorables (tanto por el porcentaje de aprobación popular para la gestión gubernamental como porque han sido revocados dos prefectos de oposición: los de La Paz y Cochabamba) pero que, como los acontecimientos rápidamente se encargan de matizar, llevan visos de profundizar el conflicto.
En efecto, a los pocos días el gobierno de su victoria ha vuelto a convocar a los prefectos a la negociación y, éstos, no sólo se han levantado de la mesa sino que han convocado una huelga general en sus respectivos departamentos en un claro intento de reforzar sus posiciones y tensar la negociación.
Cuando todo apuntaba a que con esos resultados tan favorables el gobierno podría destrabar definitivamente el referendo constitucional y proceder a someter el proyecto de Nueva Constitución Política del Estado al pueblo, los hechos muestran que se tendrán que seguir gestionando las urgencias del día a día impuestas por la ofensiva opositora que se encarga, hábilmente, de mantener el conflicto en la agenda gubernamental e impide que se cree el clima de estabilidad mínimo y necesario para convocar el referido referendo.
Ante esa situación el gobierno podría rehuir sine die la resolución del conflicto pensando que en la convocatoria del referendo constitucional y en la aprobación del texto se encontraría la solución. Sin embargo, eso sería pecar de iluso, ya que en Bolivia no habrá paz hasta que una de las partes imponga a la otra su proyecto de país, dado que difícilmente puede caber la conciliación entre posiciones tan enfrentadas.
En esa tesitura, la voluntad conciliadora del gobierno está siendo interpretada como un signo de debilidad, como si más allá del respaldo popular existieran fuerzas ocultas que le impidieran aplicar decididamente el principio de autoridad y, con él, avanzar por fin en la construcción de un proyecto de país que avalan dos de cada tres bolivianos.
Así que, como rezaba uno de los eslóganes de la campaña presidencial del MAS, «ahora es cuando» dar ese golpe de timón definitivo y recordarle a la oposición que, como ellos reclamaban, dos tercios es más que democracia. De lo contrario, se corre el riesgo de perder una oportunidad histórica que, dudo yo, Bolivia pueda permitirse desaprovechar.
Alberto Montero ([email protected]) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Puedes ver otros textos suyos en su blog La Otra Economía.