El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, y el director general de la FELCN, Franz Cabrera, fueron convocados por la DEA a Washington D.C. y estos —con la alcahuetería de Paz Pereira— viajaron apresuradamente hasta las entrañas del monstruo. Una demostración más de hasta qué punto el gobierno está entregando nuevamente la soberanía boliviana a Estados Unidos.
Durante el gobierno de Evo Morales, la DEA fue expulsada de Bolivia por sus antecedentes de injerencia política, fabricación de cocaína, espionaje y manipulación interna bajo el disfraz de la “cooperación antidroga”.
Tristemente, bajo el gobierno de Rodrigo Paz, Bolivia está pasando de ser un país orgullosamente soberano a arrodillarse ante Washington o, como dijo Donald Trump, a “ponerse en fila para besar su trasero”. Eso no es cooperación entre Estados independientes; es subordinación política.
Bajo cualquier pretexto —como en este caso, la supuesta “coordinación de una agenda de trabajo” entre Bolivia y la DEA contra el crimen organizado y el narcotráfico— se intenta justificar lo injustificable. Sabemos que, en el fondo, todo esto es una pantomima destinada a reinstalar la presencia e influencia de esta agencia norteamericana en el país.
No es casualidad que, poco después de su llegada, haya comenzado a instalarse un relato sobre presuntos “sicariatos”, buscando involucrar políticamente a la figura de Evo Morales en una estrategia orientada a fabricar escenarios de persecución y desestabilización.
Cuando la seguridad del país empieza a coordinarse bajo la tutela de agencias extranjeras como la DEA, la CIA, la NED o USAID, se pierde la soberanía y el país corre el riesgo de volver a convertirse en una simple “banana república”, como ocurría antes de 2005.
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