La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) posesionó ayer a directores y cinco síndicos en las petroleras capitalizadas y privatizadas. Ya no están más los funcionarios ligados a las transnacionales, sino que esta vez, entre los posesionados figuran críticos del proceso de la capitalización y los contratos de las petroleras, además de representantes de las […]
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) posesionó ayer a directores y cinco síndicos en las petroleras capitalizadas y privatizadas. Ya no están más los funcionarios ligados a las transnacionales, sino que esta vez, entre los posesionados figuran críticos del proceso de la capitalización y los contratos de las petroleras, además de representantes de las Fuerzas Armadas.
Los nuevos directores fueron posesionados en un acto que contó con la presencia del ministro de Hidrocarburos, Andrés Solíz, y el presidente ejecutivo de YPFB, Jorge Alvarado, el encargado de entregar las designaciones a los representantes del Estado ante las empresas petroleras y que tendrán la misión de transparentar el hasta ahora oscuro manejo de esas empresas en las que los bolivianos tenían una participación accionaria cercana al 50 por ciento.
«Pasaron diez años de la década infame (de capitalización) y saber el nombre (de los directores) era una información confidencial, como todo. Ahora siento que las personas que van a integrarse como síndicos y directores están entrando a un infierno, y el pueblo boliviano quiere saber qué es lo que hay ahí adentro», dijo Soliz Rada.
Y es que después de la capitalización, la designación de los representantes de los bolivianos ante el directorio de esas empresas fue responsabilidad, primero de un Comité de Administración del Fideicomiso de los recursos de la capitalización -un grupo de tres personas que no tenían la obligación de rendir cuentas a nadie- y luego de las AFPs, empresas que nombraban para esos cargos a funcionarios ligados a la rosca petrolera y a personajes que dirigieron el oscuro proceso de capitalización.
Esa forma de administración, ocurrida en momentos en que funcionarios de Repsol se ufanaban de tener retornos de 10, allí donde sólo habían invertido 1, generó las críticas que luego se convirtieron en pedidos de nacionalizar las empresas del sector petrolero.
El acto de la víspera fue una de las consecuencias del decreto 28701, aquel que el gobierno llama de la nacionalización de los hidrocarburos.
Los críticos
Entre los designados figura el abogado José Luis Roca, autor del primer libro que cuestionó el proceso de capitalización y lo que el llamó la extraña formación de las SOCA, Sociedades capitalizadas, que no figuran en el Código de Comercio boliviano.
Roca es cercano a Soliz Rada y a grupos de bolivianos que participaron en la «resistencia» al poder de las petroleras en Bolivia.
Otro de los designados es el abogado Santiago Berríos Caballero, quien realizó estudios sobre la validez legal de los contratos de las petroleras y luego presentó una demanda de nulidad en contra de los contratos petroleras, debido a que éstos no fueron ratificados por el Congreso, una paso ineludible según la legislación boliviana.
Durante los días de efervescencia popular, Berríos explicó varias veces que no era necesaria la nacionalización, sino que simplemente agilizar el proceso de nulidad de los contratos petroleros.
Entre los directores también figuran representantes de las Fuerzas Armadas, un sector que -al margen de los comandantes, cuya lealtad se compraba con pagos extra- durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada había cuestionado la política entreguista del gobierno y que le llegó a plantear la toma inmediata de los campos petroleros.
La nueva realidad petrolera
Si las intenciones del gobierno van viento en popa, se prevén profundos cambios en el manejo del negocio petrolero en Bolivia, particularmente en las empresas que tienen participación accionaria del Estado, las capitalizadas Chaco, Andina y Transredes.
Hasta ahora, estas empresas funcionaron en base a las directivas impuestas por las transnacionales, casi sin ninguna objeción por parte de los representantes bolivianos. A partir de ahora, con la nueva estructura accionaria en la que YPPB tendrá la mayoría, las directivas serán definadas por esta empresa que se convierte en socio mayoritario.