No se cansa la mata de dar, ahora resulta que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, efectuó un informe a puertas cerradas sin los medios de comunicación ante más de 1,500 mujeres en el pleno centro de la burguesía local; el Club Campestre. En plena demostración de cinismo el gobernador despilfarró recursos públicos para ofrecer […]
No se cansa la mata de dar, ahora resulta que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, efectuó un informe a puertas cerradas sin los medios de comunicación ante más de 1,500 mujeres en el pleno centro de la burguesía local; el Club Campestre. En plena demostración de cinismo el gobernador despilfarró recursos públicos para ofrecer a sus allegadas el clásico pan y circo, pues entre comida y bebida hizo gala de grandilocuencia presentando lo que llama «avances», una probadita del cúmulo de eufemismos próximos a revelarse en el congreso del Estado. Pero algo más que dudas surgen ante este evento y muchos otros; ¿Por qué un gobernador cuya función es pública y tiene en sus manos el uso de los recursos generados por el pueblo rinde informes en privado, sin la prensa y ante un sector de la sociedad yucateca y no frente a toda ella? ¿Qué pretende ocultar informando en privado a sus allegadas? ¿Si estamos en plena austeridad no es incongruente realizar eventos como el referido dejando excluidos a los sectores populares de la sociedad en vez de usar esos recursos para programas sociales realmente efectivos?
La difundida cancelación del impuesto del 8% para seguridad pública que se pretendía cobrar a través de los recibos de luz que anunció con bombo y platillo Mauricio Vila, en uso indebido de auto-propaganda en favor de su imagen personal, se ha revelado como un engaño, pues además de que fue la federación quien echó para atrás esa pretendida usura y no el gobierno estatal como se nos quiso hacer creer, ahora sale a la luz que en el decreto 173/2000 se establece que la vigencia de la medida de suspensión únicamente será hasta el 31 de diciembre de 2020, es decir, que para los primeros días del próximo año el gobierno pretende en medio de la distracción comenzar a cobrar el impuesto de una u otra forma, además, es importante recordar que es necesario que los diputados traidores del pueblo que votaron a favor de esos impuestos los deroguen en el mismo congreso del Estado donde fueron aprobados, y eso debe ser una de las exigencias sociales del pueblo yucateco.
En una entrevista televisada el gobernador salió intentando «justificar» el reemplacamiento, como es costumbre entre los gobernantes sin fundamento habló de que otros gobiernos anteriores usaron la misma medida, la vieja táctica de culpar al pasado ¿si gobiernos anteriores lo hicieron es obligación hacerlo ahora? ¿No que están renovando la forma de gobernar?; después mencionó que en comparación con estados como Campeche el cobro no resulta tan elevado si se divide por año (entre 3) pues en el estado vecino se efectúa un cobro anual y en Yucatán no, ¿acaso no hay entre sus agudos analistas de la economía uno/a que pueda idear otra forma de generar recursos sin dañar al pueblo? Al final, dijo que como gobernador no está para ser popular, y bueno, en eso último la va llevando muy bien, pero lo importante acá es dejar en claro que la medida de los impuestos y el reemplacamiento son anti-populares no por ubicarlo arriba o debajo en las encuestas usadas por los gobiernos y los consorcios privados para hablar de un buen o mal gobernante, no para nada, las medidas económicas tomadas son anti-populares por el hecho de que afectan económicamente a amplios sectores de la sociedad yucateca, no es una cuestión de encuestas como los tecnócratas creen, es una cuestión de respeto al bienestar de las familias y ciudadanos radicados en Yucatán, ¿acaso creen que despedir a miles de trabajadores y trabajadoras es una media que favorece la paz social y bienestar común? El gobierno ha querido meter miedo a la sociedad diciendo que si no se efectúa el reemplacamiento se pone en peligro la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, ¿acaso los sistemas de seguridad se basan únicamente en el inventario de las placas? ¿Ese es el gran secreto de la seguridad en Yucatán? ¡Por favor!, no crean que el pueblo es ignorante, las medidas económicas son para generar ganancia a privados, pagar cuotas electorales y servirse del erario público.
El cansancio y hartazgo ante tan descaradas mentiras tiende siempre a romper por la más débil parte, no se crean los del poder que el pueblo ignora sus acciones y desconoce sus intenciones. Hablar de «austeridad» despidiendo a miles de trabajadores y trabajadoras, dejando sin cobrar a muchos más y echándole la culpa a la federación por sus decisiones anti-populares no son medidas que incrementen la tranquilidad ni desarrollen la economía, y mucho menos, no son los famosos costos políticos que tanto gustan nombrar los analistas a modo, no señores, todas las acciones comentadas son agravios directos a la vida, la salud, la dignidad, la paz y la concordia que tanto se presume de Yucatán. ¡Es la hora de que el pueblo levante la voz!
Cristóbal León Campos es integrante del Colectivo Disyuntivas
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