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La invasión humanitaria de Venezuela

Zafarrancho en la Cancillería argentina

Fuentes: Rebelión

El ministerio argentino de Relaciones Exteriores y Culto (MRECIC) entró en un proceso de desconcierto, malestar y operaciones internas a partir del papel a jugar en el marco del proceso de desestabilización e injerencia estadounidense sobre Venezuela que apoya el presidente Mauricio Macri y el grupo de sus operadores «confiables» que no habitan, precisamente, el […]

El ministerio argentino de Relaciones Exteriores y Culto (MRECIC) entró en un proceso de desconcierto, malestar y operaciones internas a partir del papel a jugar en el marco del proceso de desestabilización e injerencia estadounidense sobre Venezuela que apoya el presidente Mauricio Macri y el grupo de sus operadores «confiables» que no habitan, precisamente, el Palacio San Martín ni la torre vidriada de Esmeralda 1216 en la Ciudad de Buenos Aires.

El zafarrancho diplomático se produce cuando está llegando la cuenta regresiva de los preparativos para el «show de la frontera» a desplegarse desde Cúcuta, Colombia, está llegando a 0 y ya se cerró el cerco con tropas, aeronaves y flotas vertebrado por el Comando Sur alrededor de la nación sudamericana desde sus -hasta el momento- 16 acantonamientos en Aruba, Curazao, Colombia, Brasil, Guadalupe, Guayana Francesa, Honduras, Martinica, Panamá, Puerto Rico y Trinidad y Tobago, además de las concentraciones alistadas en distintos fuertes de los propios Estados Unidos, bajo la comandancia de «Halcón 1», nombre de fantasía que asumió la jefatura del despliegue, instalada en Key West, Florida.

A partir del momento en que reemplazó a Cristina Fernández de Kirchner en la oficina principal de la Casa Rosada, el mandatario argentino intentó construir un liderazgo subregional de características antagónicas a la de sus antecesores nacionales y continentales y buscó por todos los medios congraciarse con los gobiernos de Washington, con Barack Obama primero, Donald Trump en la actualidad.
 

El retroceso de administraciones latinoamericanas consustanciadas con los intereses de sus pueblos y sus países, dinamitó los esfuerzos de integración regional soberana desarrollados desde comienzos de siglo, con la consecuente destrucción de los avances logrados en el proceso de integración económica, las propuestas de colaboración financiera sin sujeción a los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el desendeudamiento externo, además de acabar con las posturas compartidas ante negociaciones multilaterales de diferente índole,reemplazadas por una agenda que ahora incluye temas de coordinación para la «defensa» y hasta la redefinición de los principios de la «ayuda humanitaria». A juicio de Jorge Taiana, canciller de Néstor y Cristina Kirchner y coordinador del Grupo de Trabajo Internacional Mundo Sur, Macri «boicoteó todas las instancias políticas y económicas de integración regional como Mercosur, Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) o Parlasur (Parlamento del Mercosur) [1].

En paralelo, los representantes macristas trabajaron en la OEA, el «Grupo de Lima», y en cuanto foro pudieron, contra el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, reelecto 20 de mayo del año pasado gracias al concurso del 67,8% del 46% de los empadronados que participaron del acto comicial. Las autoridades argentinas se sumaron a la estrategia desestabilizadora interna que desde 2016 intenta instalar la imagen de una «crisis humanitaria» en el país [2].

El acompañamiento macrista al despliegue militar estadounidense incluyó su integración, desde el año pasado, a esa estrategia a través de un dispositivo de «Unidades de Respuesta Sanitaria Argentina» en la frontera entre Venezuela y Colombia, bajo la cobertura «humanitaria» de Cascos Blancos, organismo redireccionado hacia el injerencismo por su actual conducción, violando todos los principios que debe respetar una misión de esas características según lo define Naciones Unidas al remarcar que «los actores humanitarios no deben tomar partido en las hostilidades y en las controversias de orden político, racial, religioso o ideológico».

Los propios papeles preparados de apuro, con un burdo «cortar y pegar» de documentación elaborada por administraciones anteriores y presentados como «Documento Soporte» de su accionar en Cúcuta, repasan los «Principios Humanitarios» y bajo los subtítulos «Imparcialidad» e «Independencia», reconoce que «La acción humanitaria debe darse exclusivamente según la necesidad, sin distinciones de nacionalidad, raza, género, creencias religiosas, clase o posturas» e «independiente de los objetivos políticos,económicos, militares, u otros que pueda tener un actor en áreas donde se despliegue una acción humanitaria», exactamente lo contrario a la actual situación y a las decisiones presidenciales.

La coyuntura generó serios problemas en el seno del Ministerio que comanda el embajador de carrera Jorge Marcelo Faurie, quien administra decisiones estratégicas que se toman en otros despachos, en especial el del licenciado Fulvio Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, instalado en la casa de gobierno, desde donde llegan por sistema teledirigido y con carácter indiscutible.

El papel de mera «escribanía» internacional que juega la actual Cancillería espesa aún más el clima de malestar que se vive entre la diplomacia localque, entre otras cosas, califica de «entreguista» a Faurie -que reemplazó a Susana Malcorra después del fracaso internacional al que arrastró al presidente Macri por seguirla en el intento de convertirse en Secretaria General de la ONU-, por no defender los intereses de sus pares, egresados como él del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, hoy a cargo del resucitado diplomáticamente embajador Fernando Petrella, quien supo tener mejores años bajo el gobierno de Carlos Menem, como así también las peores acusaciones judiciales en su contra.

Se registraron dos hechos críticos: la opinión profesional de la Conserjería Legal, contraria al reconocimiento del opositor venezolano Juan Guaidó, autoproclamado «presidente encargado» del Ejecutivo venezolano, y la crisis que produjo la competencia entre la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Diplomacia Pública, a cargo de la «Unidad de apoyo a la Reconstrucción de Venezuela» y la presidencia de Cascos Blancos, forzada en las horas previas al espectáculo «humanitario» colombiano a replegar cualquier posible acción en la zona y relegada a empaquetar las donaciones que logre recolectar entre la colonia venezolana en la Argentina.

A «la Casa» no le gusta ser de papel

      
Por encima del direccionamiento de los «lineamientos de política internacional» que reciba el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MRECIC), la desaprensión del actual Ejecutivo nacional hacia un cuerpo de renombre internacional, en particular en las Américas y entre los organismos multilaterales, con diplomáticas y diplomáticos respetados por su formación y manejo de las más variadas temáticas internacionales, está haciendo estragos en la imagen de su «número uno», al que ya todos, y todas, se refieren con un despectivo relacionado con su altura.
Uno de los últimos capítulos de esa novela tiene que ver con la situación venezolana. La diplomacia, no solo la florentina de los Medici o la elíptica vaticana, está cargada de formas que permiten, a veces, disimular lo que es obvio. Una de ellas es la elaboración de «non papers», documentos que dicen lo que realmente sostiene un funcionario, una dependencia, incluso un Estado, aunque sin carácter oficial, sin membrete ni firma; pero… ¿quién te quita lo opinado?
El 19 de enero pasado, el jefe de la Consejería Legal, Embajador Mario Oyarzabal entregó a su jefe directo, el canciller Faurie, uno de esos documentos «fantasma»; le puso un título casi antagónico con la recomendación del mismo: «RECONOCIMIENTO DE JUAN GUAIDÓ COMO PRESIDENTE DE VENEZUELA», así, todo en mayúscula.
El autor de esta nota tuvo a la vista el documento oficioso, sin embargo desconoce si fue redactado a pedido de «la superioridad» o traccionado desde «legales», ante la inminencia de la «intromisión en los asuntos internos de Venezuela» que estaba por cometer el presidente Mauricio Macri, a instancias de lo dispuesto por Trump.
El 11 de enero, 24 horas después de la asunción de Nicolás Maduro para su segundo mandato presidencial, Juan Guaidó anunció frente a la sede de la ONU en Caracas que se asumiría «las competencias de la encargaduría de una Presidencia de la República». Una semana después y tres jornadas antes de la autoproclamación, Canciller recibió la carilla y media que sentenciaba que «en el estado actual del Derecho Internacional, el reconocimiento de un gobierno, cuando hay otro gobierno que efectivamente detenta el control en un país, es considerado una intervención ilegal en los asuntos internos de ese Estado». Para que no quedasen dudas, el documento abandona el lenguaje florentino y expresa con todas las letras que, «En este contexto, para el Derecho Internacional el reconocimiento de Guaidó constituiría una intromisión en los asuntos internos de Venezuela».

El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario que lo redactó, master en Leyes por la Harvard LawSchool, asesor o jefe de delegaciones de la República Argentina ante tribunales como el de «Derecho del Mar», la Corte Internacional de Justicia en el «Caso de las Plantas de Celulosa en el Río Uruguay», la Comisión Ballenera Internacional, el Comité de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur de las Naciones Unidas, o ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz, explicó a su superior que quien luego sería «reconocido» por el Presidente de la Nación «no detenta el control efectivo sobre el territorio ni sobre una parte del territorio de Venezuela», ni «representa indiscutiblemente la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano, estando su representatividad condicionada, entre otras cosas, por el apoyo con que cuenta el régimen de Maduro de un sector de la población, por la falta de cohesión de la oposición, y por la debilidad de fundamentos constitucionales de su eventual gobierno», además de que «la facultad de la Asamblea Nacional de declarar la vacancia del cargo de Presidente y designar un Jefe de Estado interino no surge expresamente de la Constitución».

Se desconoce si, también de manera oficiosa, Pompeo, verdadero responsable de la política internacional argentina, antes de tirarlos a la basura leyó los argumentos diseñados en una institución que no es precisamente «chavista», pero sí experta en derecho internacional público y respetuosa de sus normas. También de sus prácticas, dentro de las cuales «no existe ningún caso en que se haya aprobado credenciales de delegados nombrados por un gobierno que no haya poseído en algún momento control sobre el territorio de un Estado», ni «delegados nombrados por gobiernos que no han ejercido nunca poder efectivo en un país», como lo remarca con un subrayado Mario Oyarzabal. A su juicio, Guaidó «no constituye una ´autoridad efectiva´, con lo que los actos que realiza -incluyendo el nombramiento de representantes- no producen consecuencias para el derecho internacional (no son oponibles a otros Estados u organismos internacionales)».
Es decir, los autodenominados «embajadores» que se reúnen con presidentes como Trump, Macri o el colombiano Iván Duque Márquez, con quien hoy es secretario general de la OEA, Luis Almagro, o con funcionarios de poca monta, como así también los «recaudadores» de la campaña «humanitaria» y los organizadores del 23F, carecen de legalidad, a juicio de los expertos argentinos.
Sin embargo, sobre ese tablado hueco se montará el «show de los puentes», que unen los municipios Simón Bolívar y Ureña, en el estado venezolano de Táchira, con la ciudad colombiana de Cúcuta.

Cascos que dejaron de ser Blancos

Durante más de una década la región de Latinoamérica y el Caribe fue un ejemplo mundial de articulación humanitaria, con respeto absoluto por los principios que deben regirla y con participación decisiva de los estados en la toma de decisiones de los organismos multilaterales, impidiendo que sus burocracias, tanto en la OEA como en las dependencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), actuaran sin atender los mandatos y orientaciones de los gobiernos que los componen y a los que se deben.

Se desarrollaron las prácticas más avanzadas en el rubro durante los primeros 15 años del siglo, con el liderazgo de Brasil y Argentina a través de sus organismos específicos de asistencia humanitaria internacional (Coordinación General de Acciones Internacionales de Combate contra el Hambre y Cascos Blancos, respectivamente). Los retrocesos ya mencionados, afectaron también esas experiencias exitosas.
Casi en simultáneo, y desde la vereda de enfrente, a partir de septiembre de 2001, bajo sus guerras disfrazadas de «preventivas» y sus acciones colaterales, Estados Unidos y sus aliados intentaron disimular los estragos y la ilegalidad de sus despliegues bélicos contra países como Irak, Afganistán, Libia, sus operaciones en distintos conflictos en África o las características injerencistas de su desembarco sobre Haití tras el terremoto de 2010. En ese marco, sus agencias convirtieron a su «ayuda humanitaria» en acciones de » asistencia dirigida», complementarias o preparatorias de las intervenciones.

 
Ese modelo, falsamente asistencial, contraviene todos los principios de Naciones Unidas, intenta legitimar la injerencia extranjera en asuntos internos de los países con los que se «colabora», influye sobre las decisiones nacionales soberanas, desestabiliza a los gobiernos locales y planta las bases para el asentamiento logístico necesario para un potencial despliegue militar extranjero. 

En síntesis, la «intervención humanitaria», que es lo que se pretende desarrollar contra Venezuela a partir del 23 de febrero, constituye una práctica subsidiaria de la «doctrina de seguridad nacional», que soportó conceptual y materialmente a las dictaduras del Cono Sur del último cuarto de siglo pasado y que el presidente Trump trata de desempolvar y poner en práctica sobre un continente al que intenta volver a convertir en el «patrio trasero» del complejo industrial militar y los principales grupos económicos concentrados.

Para concretar acciones de «asistencia humanitaria» -como correctamente deberían definirse-, el país afectado debe formular, ante todo, una declaración formal de «emergencia» en la zona en la que se va a operar, además de reconocer que su capacidad de respuesta ha sido superada; recién en ese momento podría requerirse y concretarse la asistencia internacional.

Así lo plantean los principios humanitarios de la ONU, junto a las prácticas más avanzadas que desarrolló la región durante los primeros 15 años del siglo y hasta el propio documento con el que Cascos Blancos adornó su operatoria en la frontera colombo-venezolana. Estas consideraciones son totalmente negadas en este caso como lo demuestra, por ejemplo, la declaración formal del jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, Christoph Harnisch, al anunciar que su institución no participará en la distribución de la asistencia que llegará desde los Estados Unidos, por considerar que es ayuda de un Gobierno y que «no es humanitaria» y puntualizar que se trata de «una ayuda que un gobierno decide» y que para el CICR el término «humanitario» debe ser protegido por los postulados fundamentales de esa organización, como son la independencia, la imparcialidad y la neutralidad», tal como lo encuadran las resoluciones de la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas (46/182 de 1991 y 58/114 de 2004), incorporados a sus protocolos de acción por la mayoría de las organizaciones no gubernamentales que operan en ese campo [3].

Como organismo de asistencia humanitaria internacional de la Argentina, Cascos Blancos constituyó una herramienta prestigiosa internacionalmente y sirvió de modelo para la creación de estructuras semejantes en otros países, además de participar activamente en la diplomacia que generó dispositivos subregionales y regionales. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri también borró de un plumazo esa historia y en los últimos meses, además, decidió transformar una herramienta que debe ser neutra, imparcial y políticamente independiente, en parte del dispositivo injerencista de Washington contra Venezuela y hasta acordó que profesionales y voluntarios se sumaran a tareas «humanitarias» del Comando Sur a bordo del buque hospital USNS Comfort de la Armada de los EE. UU.

Con esos «pergaminos», las autoridades encabezadas por el embajador Alejandro Daneri creyeron estar en condiciones de ocupar un sitio de privilegio -fotográfico- en el marco de los hechos que se sucedan a partir del 23F y su equipo ultimó los elementos de su viaje a Bogotá el jueves 21, desde donde volaría a Cúcuta para participar del megashow musical financiado por el multimillonario británico Richard Branson, propietario del Virgin Group, cuando el dispositivo de ocupación esté esperando la señal de partida, que llegará desde Key West.

Dos días antes de su partida, Daneri recibió una llamada originada en Piso 10 del edificio de la calle Esmeralda, donde reside la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Diplomacia Pública de la Cancillería, a cargo de un «peso pesado» de la diplomacia del PRO, a la que acompaña desde tiempos del Gobierno de la Ciudad, el embajador Tomás Kroyer que, entre otros temas tiene a su cargo la «implementación y seguimiento de la estrategia de diplomacia pública de la Cancillería, en coordinación con nuestra red diplomática y consular en el exterior». El titular de Cascos Blancos participaba junto a media docena de sus colaboradores de una reunión destinada a repasa los pasos de la expedición; no le gustó lo que le dijeron desde el otro extremo de la comunicación. Por encima de cómo lo haya expuesto,Kroyer se manifestó sorprendido por «el viaje» y le dio a entender que debía suspenderlo.

Aparentemente el desautorizado intentó avanzar en el viaje y en alguna de las acciones de propaganda vinculadas. Sin embargo, el teléfono volvió a sonar, el propio Canciller, parco, como lo es con todos, le recordó que las acciones están a cargo de la «Unidad de Gestión para el Apoyo a la Reconstrucción de Venezuela», que pilotea Kroyer, y que Cascos Blancos debe limitarse a recolectar y empaquetar donaciones en Argentina.

Fin de fiesta

Una interna menor dentro de una operación mayor, como los es la concentración desestabilizadora de Cúcuta del 23 de febrero, donde la Argentina intentará una presencia -aún no estructurada- junto a Estados Unidos, cuyos insumos empezaron a llegar el sábado 16 de febrero abordo de los tres primeros Boeing C-17 Globemaster III de transporte estratégico rápido de tropas aerotransportadas y suministros destinados a misiones de evacuación médica y lanzamiento de paracaidistas. Las aeronaves ya descargaron 250 toneladas de comida, artículos de higiene y suplementos nutricionales, muchos de los cuales están desaconsejados para el consumo humano por la nocividad, especialmente de las vías respiratorias, de los conservantes de comidas y bebidas que distribuye USAID, de alto contenido de dióxido de azufre, de acuerdo con los estudios del Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI por sus siglas en inglés), organismo adscrito a la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.

Como en tantos otros casos de su gestión, Mauricio Macri y su equipo formulan anuncios de acuerdo a un guión definido en función de sus conveniencias de «imagen» y sus perspectivas electorales, sin realizar acciones concretas. Con relación a la «ayuda humanitaria», la verdadera cara de la moneda «argentina» está compuesta por las dificultades de financiación que padecen los organizadores del despliegue fotográfico fronterizo, que abarcan desde los problemas de cobros de viáticos de sus propios empleados, de pagos a los profesionales de la salud convocados, el volumen liliputiense de los envíos que, en este caso, se apoyarán en las donaciones de la solidaridad de los venezolanos que viven en el país, un componente que el mundo humanitario considera, más allá del compromiso afectivo del aportante, como la colaboración menos útil, más difícil de estibar y más cara de transportar.

Para redondear un panorama bizarro, el frustrado viajero a Colombia, había planificado que los pallets con la carga solidaria de la colonia venezolana fueran transportados en vuelos de la Avianca Argentina, la empresa que aterrizó en el país con la compra de la compañía aérea de la familia Macri, y que acaba de iniciar el «procedimiento preventivo de crisis» a los fines de afrontar una situación cercana a la quiebra. Por aquel negocio fueron denunciados por supuesto fraude al Estado Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y que acaba de iniciar el «procedimiento preventivo de crisis» a los fines de afrontar una situación cercana a la quiebra.

En un Ministerio en el que se vive el ambiente antes descrito, tampoco sorprende que el embajador a cargo del operativo lleve varios meses intentando su traslado a un destino diplomático fronterizo, se desconoce si apurado por dejar el barco antes que los vientos que ya cambiaron desarbolen el barco gubernamental o, más pedestre, de retirarse antes que el Canciller le retire al organismo -como lo tiene previsto- los fondos del programa OEA-BID-Cascos Blancos, con el que financia parte de las acciones.

Esto, en el caso de que el primer ministro de Relaciones Exteriores argentino surgido del elenco de carrera no se caiga antes, en medio de su pulseada con su poderoso colega de Transporte, «Guillo» Dietrich, quien no acepta intromisiones «diplomáticas» en licitaciones y negocios de construcción relacionados con los pasos fronterizos.

Notas:

[1] Carlos A. Villalba, El G20 hace su juego: Macri inventa un país ( http://estrategia.la/2018/11/24/el-g20-hace-su-juego-macri-inventa-un-pais)
[2] Carlos A. Villalba, La invasión humanitaria a Venezuela (https://www.alainet.org/es/articulo/198258

[3] João Paulo Charleaux, Qual o risco de politização da ajuda humanitárian a Venezuela (https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/02/11/Qual-o-risco-de-politiza%C3%A7%C3%A3o-da-ajuda-humanit%C3%A1ria-na-Venezuela)

Carlos A. Villalba. Psicólogo y periodista. Investigador argentino asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) (http://estrategia.la/). Miembro de la Usina del Pensamiento Nacional y Popular, Buenos Aires, Argentina. Fue Coordinador General de la Comisión Cascos Blancos de la Cancillería argentina entre 2003 y 2013.

http://estrategia.la/2019/02/21/la-invasion-humanitaria-a-venezuela-zafarrancho-en-la-cancilleria-argentina/

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.