El cambio de anualidad en el calendario, propicio siempre para hacer balances de lo realizado y elaborar o renovar proyectos, lo es también para realizar ejercicios de prospectiva y escenarios a futuro que puedan iluminarnos en alguna forma y medida hacia dónde se dirige el país.
Más cuando, ya rebasada la primera mitad del actual gobierno, están presentes diversos elementos que en el porvenir inmediato habrán de desplegarse con más claridad y de manera más completa.
Todo indica que el 2022 será, una vez más, un año de grandes desafíos para el mundo, para la sociedad mexicana y para el gobierno del país. Más aún: el año inicia con malos pronósticos para la economía, porque la del resto del planeta también está amenazada por una pandemia que, lejos de ceder, se extiende bajo nuevas modalidades o variantes y ya ha obligado a varios países a volver al confinamiento, así como por el alza de los combustibles, de la inflación y de las tasas de interés.
Bien sabemos que México resiente de manera directa e inmediata las afectaciones que se presenten particularmente en los Estados Unidos, que hoy es uno de los países más afectados por los contagios de la variante ómicron del SarsCov-2. Es iluso, y hasta irresponsable pensar que esa rápida transmisión de la enfermedad (426 mil nuevos casos en un solo día, el lunes 3 de enero, para acumular más de un millón desde que apareció la nueva variante) no llegará a nuestro país. Y la misma fuente, la Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, ubica a nuestro país como el de mayor tasa de mortalidad entre los contagiados del demoniaco virus, con un promedio de 7.5 fallecimientos de cada 100 contagios, contra un 4.1 de Bulgaria, que está en segundo lugar.
Ello habla de serias deficiencias en la prevención, sabiendo que en la sociedad mexicana hay múltiples comorbilidades, en la atención hospitalaria y en el abasto de medicamentos. Si bien el personal médico y paramédico realiza sin duda su mejor esfuerzo, la carencia de equipo y materiales, o de una detección oportuna del mal (no se aplican suficientes pruebas), y la apertura total de la economía y el tránsito de viajeros, prácticamente sin restricciones, llevan a ese nivel. Cierto que en el indicador de contagio y fallecimientos (número de muertes por cada 100 mil habitantes) nuestro país baja al noveno lugar mundial; pero lo cierto es que contagiarse en México conlleva un riesgo de muerte mucho mayor que en cualquier otro país.
El punto es si logrará México sobreponerse a esta nueva oleada que ya tiene aterrorizadas a las naciones europeas y a una parte de la estadounidense, sin que se eleve esa tasa de mortalidad y sin que las actividades económicas y educativas se vean afectadas seriamente de nuevo. Se aprecia muy difícil cumplir con los dos objetivos en un mismo periodo.
Otros grandes temas del 2022 serán, desde luego, el debate de la reforma eléctrica en el Congreso y la consulta para la no-revocación de mandato promovida por el mismo presidente López Obrador, es decir, el potencialmente revocado, su partido y sus partidarios incondicionales, que se han dado a la tarea de reunir firmas para hacer realidad el estéril proceso. Es impensable que haya realmente una remoción del presidente el próximo abril. Aparentemente ambos temas no tienen conexión; pero la tendrán inevitablemente en la dinámica política y sobre todo parlamentaria del país. El empeño de sacar adelante una consulta en realidad innecesaria sólo ha sido un pretexto para, por un lado, acorralar más a la oposición activa, partidaria o no, pero ya casi intrascendente en términos de la sociedad como conjunto; y por otro para generar una tensión con el Instituto Nacional Electoral que permita justificar la remoción —o incluso el desafuero, como lo intentó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, de lo que después de una virtual orden presidencial se retractó— de la mayoría de los integrantes del Consejo General de ese órgano electoral.
El debate, es cierto, debe darse en varios aspectos. Los elevados sueldos de los consejeros del INE, que tanto irritan al presidente y a sus partidarios, están en deliberación en la Suprema Corte, que decidirá en última instancia si son o no constitucionales. Pero el nuevo motivo de confrontación son las resistencias del Consejo a realizar la consulta revocatoria con un presupuesto deliberadamente recortado por la Cámara de Diputados para ese efecto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado, tras varios jaloneos judiciales, que el INE debe realizar la consulta en los términos constitucionales —esto es, con una infraestructura similar a la de una elección presidencial— con los recursos de los que dispone y los ahorros y transferencias que pueda hacer; pero también ha dejado abierta la posibilidad de que el organismo electoral solicite a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal. Eso coloca el debate en otro nivel, en el que el Consejo General deberá justificar los gastos requeridos y Hacienda justificar su negativa, de ser ése el caso. Nada está, entonces, dicho de manera definitiva.
Pero lo cierto es que el tema, tras el que se esconde la intención de los morenistas de cobrar venganza por la anulación en 2021 de sus candidaturas a los gobiernos de Guerrero y Michoacán por el INE y el TEPJF, ha escalado la controversia hasta un punto que parece ya irreconciliable. La oposición partidaria, cada vez más debilitada electoralmente, conserva sin embargo en las cámaras del Congreso los votos suficientes para impedir que el Morena y sus aliados logren la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución. Y tanto el bloque PAN-PRI-PRD como el Movimiento Ciudadano han hecho causa común en defender al INE de un posible golpe de mano contra sus consejeros. De ello se deriva que, como lo han anunciado el PAN y el ex dirigente empresarial Gustavo de Hoyos, frustrarán con su minoría parlamentaria cualquier posible reforma constitucional.
Si eso se cumple en este año, la presidencia y el Morena habrán perdido lo más por lo menos. No podrán sacar adelante la reforma eléctrica —estratégica y necesaria para recuperar la soberanía en el sector— ni las otras reformas anunciadas por el presidente para la segunda mitad de su mandato: la integración de la Guardia Nacional al ejército y la reforma política, cuyo núcleo sería, obviamente, la reestructuración a fondo del INE para que vuelva a ser, como en los tiempos del priismo clásico lo fue la Comisión Federal Electoral y el IFE en el salinato, un órgano controlado desde el poder Ejecutivo.
Para la consulta de revocación de mandato, el presidente López Obrador confía en sus altos niveles de aprobación personal, difundidos por la propia presidencia de la República La encuesta de Parametría le da una aprobación de 72%; Demoscopia Digital un 68.4%; el sondeo de El Financiero 67%; y el de El Economista /Mitofsky 64.5%. Niveles envidiables, desde luego, pero que no le garantizan operación política en el Congreso, con una oposición crispada por los constantes ataques y descalificaciones que se le lanzan desde el púlpito presidencial y por el tema del INE. Y la ausencia de acuerdos parlamentarios con las minorías es lo que puede dar al traste con los proyectos de reforma constitucional que el presidente ha anunciado requerir, a pesar de los cosméticos ejercicios de parlamento abierto anunciados por el Congreso.
Por si esto fuera poco, la muy adelantada competencia por la candidatura presidencial del partido oficial esboza otra zona de riesgo para el presidente, su proyecto de continuidad y su partido. Está demasiado visto que, a despecho y en contradicción con sus compromisos y decires anteriores, constantemente hace pública su intervención en los asuntos partidarios. No le tiembla la mano para apoyar palmariamente a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum como su favorita para la sucesión, al menos hasta ahora. Y abiertamente también da línea al partido del método de selección de candidatos, que ha de ser por las muy cuestionadas «encuestas» operadas por Mario Delgado como nueva forma de encubrir la viejísima práctica del dedazo, seguramente en la mayoría de los casos también presidencial. Los posicionamientos del presidente lo distancian de los otros aspirantes, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal Ávila, y particularmente de este último, que ha exigido que la designación del abanderado morenista para 2024 sea por medio de elección directa de los militantes, y no por los sombríos sondeos ciudadanos que jamás se hacen públicos. No es descartable que antes del año de las próximas elecciones federales tanto Ebrard como Monreal busquen obtener la candidatura con otros partidos, quizá no para ganar, pero sí poniendo en riesgo el triunfo de Morena en los comicios.
La detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, el colaborador del coordinador Ricardo Monreal José Manuel del Río Virgen, acusado de la instigación del asesinato de René Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, Veracruz, ha puesto otro factor de tensión entre morenistas. Monreal, junto con el coordinador de MC Dante Delgado acusan al gobernador veracruzano Cuitláhuac García de haber fabricado la acusación por razones políticas y han formado una comisión senatorial para investigar el caso. García, a su vez, reclama que no se realizó un procedimiento similar en el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas que fue desaforado por la Cámara de Diputados, pero no dejó el cargo por la protección que le brindó su congreso local.
El enfrentamiento entre Monreal —respaldado por Delgado— y Cuitláhuac García por el caso parece que seguirá la ruta de la confrontación en las próximas semanas, pese a la defensa explícita que el presidente ha hecho del gobernante veracruzano, con resultados ahora difíciles de predecir pero que plantearán sin duda un escenario muy difícil para el partido oficial, cualquiera que sea el desenlace.
Ya en el año que inicia, con motivo de la designación de candidatos para las elecciones donde se renovarán los gobiernos locales, han aflorado las inconformidades: de la ex panista y ex presidenta municipal de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, por la imposición del senador Américo Villarreal como candidato al gobierno de Tamaulipas; de la cantante popular Susana Harp, actualmente senadora morenista por Oaxaca, por la designación del matemático Salomón Jara para ese Estado, e incluso en Durango, la del ex emecista José Ramón Henríquez, que cuestiona la nominación verticalista de Marina Vitela para el gobierno de la entidad.
En suma, la equívoca conducción del partido por el ex perredista Mario Delgado se encuentra cada vez más cuestionada por los militantes y aspirantes a candidaturas, lo que podría desembocar en diversas rupturas y escisiones en las regiones, en detrimento del proyecto hegemónico del Morena y de su subsistencia en el mediano o corto plazo. La cuestión es si la endeble estructura partidaria del órgano electoral lopezobradorista podrá resistirlas, de cara a los procesos por venir de aquí al 2024, entre ellos el del Estado de México en 2023.
Sin reformas constitucionales, ¿cuáles son los logros y transformaciones que podría exhibir el gobierno de López Obrador al terminar su gestión, dentro de menos de tres años?
¿Combate a la corrupción? Mucho nos queda a deber todavía. Están en prisión Rosario Robles, Emilio Lozoya Austin y el ex senador panista José Luis Lavalle; investigado Ricardo Anaya y sin resolver la extradición de César Duarte; pero intocables los jefes de las redes de manejo del dinero en la campaña de 2012 y durante el gobierno anterior: Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong y algunos otros.
En el aspecto económico, seguirán pesando durante 2022 el crecimiento de 0 % del 2019 y la brutal caída del producto interno de -8.5 en 2020. El crecimiento del 2021, que podrá haber sido de un 6.2 o 6.4, no basta para la recuperación todavía, y hay nuevas amenazas de inflación, alza internacional de los combustibles (cuando nuestro país ha disminuido en un porcentaje importante sus exportaciones de crudo con respecto de otros periodos y continúa siendo importador de gasolinas), la lenta recuperación del turismo, nuevamente amenazado por la cuarta oleada del Covid-19, y el alza, también internacional, de las tasas de interés, que será replicada en el año que inicia por el Banco de México.
Todo ello seguramente retrasará la recuperación y difícultará que al final del sexenio la economía esté creciendo al 4 %, como optimistamente lo quería el presidente al inicio de su mandato. Nuevamente, son los niveles récord de las remesas, que durante 19 meses no han dejado de crecer y que en noviembre de 2021 alcanzaron un 26.73 por ciento más que en los primeros 11 meses del año anterior, los que mantienen a flote la economía. Las transferencias de los trabajadores emigrados, en realidad refugiados económicos, evitan o moderan el empobrecimiento de las familias, incrementan la demanda efectiva interna, alimentan las reservas monetarias del país e impiden una mayor depreciación de nuestra moneda.
¿Combate a la pobreza? Aún muy lejos. La crisis económica, agravada por la pandemia, y pese a significativos incrementos a los salarios mínimos, ha dejado saldos desfavorables para la población, que los programas asistenciales del gobierno no alcanzan a contrarrestar. Si en 2016 había un 50.8 por ciento de la población en condiciones de pobreza, y un 14.9 % en pobreza extrema, para el 2020 esas tasas se incrementaron a 52.8 y 17.2 por ciento, respectivamente, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval (https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx). Y ello deriva del empeoramiento da casi todos los indicadores de carencias, con excepción del acceso a los servicios de salud y el acceso a una alimentación nutritiva de calidad, que fueron los únicos indicadores que registraron mejoría. Educación, seguridad social, espacios de vivienda y servicios básicos se deterioraron más para sectores más amplios de la población. Durante el presente gobierno, entonces, debido a la crisis y el crecimiento natural de la población (126 millones de habitantes) hay 3.8 millones más de pobres que en 2018, y 2,1 millones más en pobreza extrema. Veremos si esa tendencia logra ser revertida en el próximo trienio, dadas las nuevas dificultades que la economía enfrentará para su recuperación.
¿Por qué los programas de Bienestar no logran abatir esos índices? Porque se enfocan a incrementar la demanda y el consumo, que bien puede ser de productos elaborados en China, los Estados Unidos o cualquier otro país del mundo, y no a estimular a las pequeñas y medianas empresas que producen para los mercados locales; mucho menos al sector social y de economía solidaria. No hay suficiente generación de capital ni creación de empleos, acorde con el crecimiento poblacional. Los flujos migratorios a los Estados Unidos, que se habían reducido sustancialmente desde 2008-2009, han vuelto a crecer y los mexicanos representan el 40 por ciento de los que intentan cruzar la frontera, contra el 60 por ciento de migrantes de todas las demás nacionalidades.
La distribución del ingreso en el país tampoco nos mueve al optimismo. El más reciente informe al respecto, el World Inequality Report 2022, realizado por el Laboratorio de las Desigualdades Mundiales, apunta que a mediados del 2021 el 50 por ciento de la población, la que se ubica en condiciones de pobreza, recibe apenas el 9.2 por ciento del producto nacional, en tanto que el decil más rico tiene ingresos 30 veces mayores que los mexicanos más pobres. “La riqueza promedia de los hogares en México es de 833 mil 660 pesos. La mitad de la población más pobre no cuenta con riqueza alguna. Es más, su riqueza neta es negativa lo que significa que por lo general tiene más deudas que bienes. Contrasta esa situación con la del 10% de los hogares más acomodados que disponen de una riqueza promedio de seis millones 561 mil 490 pesos acumulando así 62% del total”, dice el informe (https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/12/7/mexico-uno-de-los-paises-mas-desiguales-del-mundo-laboratorio-mundial-de-la-desigualdad-277051.html).
Eso hace de México, pese al lema “primero los pobres” uno de los países más desiguales del continente, junto con Chile y Brasil, que presentan tendencias similares de concentración del producto. Aun así, se mantiene el criterio de no recurrir al incremento de impuestos a la riqueza extraordinaria, operado ya en muchos países, que es la única base sólida para reducir esa enorme brecha entre las clases sociales de la nación.
En materia de seguridad pública, los resultados no son tampoco halagüeños. La política de abrazos a las organizaciones de negocios delictivos no ha reducido sustancialmente la violencia cotidiana. Si bien hay una reducción en delitos dolosos como el homicidio y el secuestro, ésta es casi imperceptible, y el propio gobierno reconoce el incremento en feminicidios y robo de vehículos. Los cárteles grandes y medianos siguen en control o en la disputa de importantes porciones territoriales en Zacatecas, Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Sinaloa, Durango, Chihuahua y otras entidades. Los del huachicol, como también lo reconoce el gobierno, siguen activos sobre todo en Hidalgo. Pero lo importante es que las estrategias no parecen estar bien diseñadas para la reducción de la criminalidad, pese a algunas iniciativas importantes como demandar el control del tráfico de armas al gobierno y los fabricantes de los Estados Unidos, que sólo en un mediano plazo podrá, si acaso, dar algunos resultados.
En fin, el 2022 llega cargado de algunas oportunidades y muchas asechanzas contra la salud, la economía y la convivencia de la sociedad mexicana, cuyos efectos podrían extenderse a los años subsiguientes, quizá hasta el final del sexenio. No olvidar la experiencia no tan lejana del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que a la mitad de su gestión tenía indicadores más que satisfactorios de popularidad y aprobación social, lo que no evitó ni la atroz crisis de diciembre de 1994 ni la crisis política de ese año.
Tema aparte es el del llamado cambio de régimen, otra de las insignias discursivas del actual gobierno. Pero de ello me ocuparé en un próximo artículo.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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