Morena es un instrumento que ha cumplido el principal objetivo para el que fue diseñado, llevar a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.
Y todo ello en menos de 4 años, del 9 de julio de 2014 que se aprueba su registro como partido político al 1 de julio de 2018 donde el partido movimiento tuvo la capacidad de hacer converger 30 millones de votos contra el régimen neoliberal encarnado en el PRI, el PAN y el PRD.
Lo hizo además con un proyecto de nación que se podía sintetizar en tres grandes pilares: combate a la pobreza, recuperación de la paz, y austeridad combinada con combate a la corrupción. En definitiva, una transformación del Estado para su desarrollo político, económico y social, un proyecto de nación que entronca con el ciclo progresista latinoamericano de transformaciones en favor de los sectores populares marginados durante el neoliberalismo.
Ese proyecto de nación suscitó el apoyo de una mayoría de la clase media que si bien no pasa las penurias de las clases populares, sí tiene ideas progresistas y rechaza tanto el neoliberalismo corrupto del PRI como las posiciones conservadoras del PAN.
Repasando el proyecto de nación por el que cualquier persona de izquierda debería haber votado en 2018, encontramos un horizonte de justicia social claro: enfrentar la pobreza sin contraer deuda, pero sí redireccionando el presupuesto para aumentar la masa de destinatarios que reciben programas sociales en un país del G20 donde más del 50% de la población vive en la economía informal y en la pobreza. Resolver los problemas materiales más inmediatos de las clases populares en el corto plazo, unido en el largo plazo a la realización de grandes obras de infraestructura (Tren Maya, Corredor del Istmo) que de manera keynesiana combinarían inversión pública, empleo y ahorro/generación de desarrollo económico.
Al mismo tiempo, el despliegue de programas en el territorio permitiría alejar a la gente de las redes de la economía criminal, combinado con el despliegue de la nueva Guardia Nacional (desapareciendo una Policía Federal que tenía relaciones carnales con el narco), permitiría, sin generar una nueva guerra por medio, recuperar la soberanía territorial, y al mismo tiempo la paz territorial.
Y finalmente, como tercer pilar central, transformar el Estado y su cultura de corrupción (aunque el proyecto de nación y el propio López Obrador ha insistido varias veces en que la corrupción no es cultural), aplicando además políticas de austeridad.
El problema es que a Andrés Manuel, que ya demostró su capacidad como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se le cruzaron dos piedras nada desdeñables en el camino: una tangible, una pandemia mundial acompañada de una crisis de salud y económica, y otra más intangible pero igual o más importante, un monstruo llamado Estado que hacer que se mueva es peor que movilizar a un elefante reumático y para el que necesitas acompañarte de un equipo con capacidad de gestión y lectura política, que no siempre es tan fácil encontrar.
Teniendo en cuenta esos dos problemas, uno que ningún gobernante debería enfrentar y el otro la obligación de todo gobernante que aspire a dirigir los destinos de un país, es necesario ir a los datos duros, los indicadores políticos y económicos que nos permiten medir el éxito o el fracaso de un gobierno.
Y los datos no son buenos. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su último informe de evaluación de la política social, hace una crítica al asistencialismo estructural como política gubernamental: Si bien existe una clara intención de la actual administración federal de construir un sistema de bienestar universal que brinde protección a todas las personas ante los riesgos presentes durante las distintas etapas del curso de vida, se encontró una tendencia hacia la seguridad en el ingreso de los hogares y las personas a través de la transferencia de apoyos directos, sin que se enfoquen necesariamente en el desarrollo de capacidades para enfrentar dichos riesgos. Traducido a números: 3.8 millones de mexicanos y mexicanas se sumaron a la pobreza desde que comenzó el sexenio (un aumento del 7.3% respecto de 2018); de ellos, 2 millones pasaron a situación de extrema pobreza.
De hecho, la gran apuesta del gobierno, los programas sociales, que hasta 2018 según la Encuesta de Ocupación y Empleo del INEGI eran recibidos por el 61% de los hogares más pobres (el 10% de menos ingresos), en 2021 pasaron a ser recibidos solo por el 50% de los hogares con menos ingresos según el propio INEGI, demostrando el fracaso de un censo del bienestar hecho sin metodología ni transparencia, que además nunca ha sido bien aplicado y que se ha utilizado más para movilizar votantes en las diferentes elecciones estatales, que para reducir significativamente la pobreza.
En la cuestión de la construcción de paz, es de destacar que con cifras de marzo 2022 el homicidio ha bajado un 13.5% respecto de su máximo histórico en julio 2018, pero se sitúa prácticamente en las mismas cifras (2657 homicidios) de abril 2018 (2776 homicidios). Es decir, estamos exactamente igual en número de homicidios que hace 4 años, terminando el sexenio de Peña Nieto.
Pero los malos números no terminan ahí, entre diciembre de 2018 y julio de 2021 desparecieron 49 mil personas, de las cuales 21 mil siguen en esa condición, el mismo número (21 mil personas) que en todo el sexenio de Felipe Calderón donde se puso en marcha la Guerra contra el Narco (que en realidad era una guerra contra el pueblo).
Y si hablamos de corrupción, si bien es cierto que en lo simbólico Andrés Manuel López Obrador ha dado muestras importantes de un cambio, lo cierto es que hay importantes acusaciones de corrupción que no se pueden dejar pasar desde una ética de izquierda: desde los “cajeros del bienestar” a toda la suciedad que está saliendo a la luz en las denuncias cruzadas entre el ex Consejero Jurídico de la Presidencia, y mano derecha de López Obrador, Julio Scherer, y el Fiscal General del Estado Gertz Manero, pasando por Segalmex o los vínculos del gobierno y de dirigentes de Morena en Nuevo León, Tamaulipas y Ciudad de México, con Sergio Carmona, empresario huachicolero ejecutado de dos tiros a finales de 2021.
Respecto a la transformación de ese monstruo llamado Estado, está costando más de lo pensado. Los sucesivos cambios en el Tren Maya, desde el responsable inicial del proyecto a cambios de trazado por presión de los hoteleros como en el tramo 5, son un ejemplo de ello. Sobre la tan anunciada separación entre poder político y poder económico, tampoco podemos ser optimistas, hay un recambio de élites como en todo cambio de régimen, eso sí; empresarios como Slim estaban, están, y estarán por encima de cualquier gobierno, pero han llegado otros nuevos como Daniel Chávez, dueño del grupo hotelero Vidanta, nombrado “supervisor personal” del Tren Maya (ad honorem).
Y aunque este texto tiene intención de señalar los problemas estructurales y no hacer un balance de lo bueno y lo malo, es necesario señalar dos elementos muy positivos: la respuesta (excelente dentro de las condiciones estructurales del sistema de salud) a la pandemia, y la política internacional del gobierno de López Obrador, encabezada por el Canciller Marcelo Ebrard. El rescate de Evo y el asilo político a tantos amigos y compañeros bolivianos y ecuatorianos perseguidos en sus países, la recuperación de la CELAC, la defensa de la Revolución Cubana y la defensa de la soberanía ante la injerencia estadounidense, vecino incómodo con el que hay que convivir y llevarse lo mejor posible, hacen destacar la política de la Cancillería en un gabinete sin grandes logros.
Pero el problema no es solo un gobierno que no acompaña al Presidente (ahí están otros proyectos estrella fallidos como Jóvenes Construyendo el Futuro), sino que además, es un gobierno que comunica mal. Si bien durante la primera mitad del sexenio la responsabilidad comunicativa recayó en su totalidad en las mañaneras de López Obrador, una excelente herramienta comunicativa, siempre señalamos que esa herramienta tiene límites, que se están empezando a ver en la segunda mitad del sexenio. No puede ser que un solo comunicador opositor, Loret de Mola, ponga en jaque durante semanas a todo un gobierno, que solo es capaz de responder haciéndole leer al Presidente tuits falsos o atacando en una huida hacia adelante que solo trae consigo un distanciamiento de una clase media que no está en el territorio sino en sus casas consumiendo medios de comunicación tradicionales y redes sociales. Tampoco se puede intentar comunicar que los diputados opositores son traidores a la patria por no votar a favor de la (contra)reforma eléctrica al mismo tiempo que el coordinador de Diputados de Morena (Nacho Mier) votó como Diputado Federal del PRI a favor del FOBAPROA, la mayor estafa a la nación jamás realizada (a esos diputados sí habría que haberlos “fusilado simbólicamente” como el propio Mier pedía) o la candidata de Morena a la Gubernatura de Durango (Marina Vitela) votaba a favor de las reformas neoliberales de Peña Nieto, con quien hacía campaña hasta 2018. No se puede criticar las campañas sucias de la oposición en redes sociales, mientras se pagan granjas de bots manejados por consultoras como Neurona y Heurística para atacar no solo a la derecha sino a otros obradoristas, entre los que me incluyo (porque mi lugar de enunciación es un obradorismo crítico desde la izquierda, aunque a algunos en Palacio Nacional les cueste entenderlo e intenten silenciar las voces que no les gustan).
Y si bien la disputa territorial siempre va a ser fundamental, en el ciclo 2022-2024 la disputa también va a ser de aire ante una opinión pública (urbana y clasemediera) que es cada vez más anti obradorista. Anti obradorismo que ya va tomando cauce y se ha plasmado en una victoria legislativa con la no aprobación de la reforma eléctrica, pero también con los resultados del referéndum revocatorio especialmente en los principales graneros electorales del país, Jalisco, Estado de México, y una Ciudad de México con 2.6 millones de beneficiarios de programas sociales pero solo 1.3 millones de votos a favor de la continuidad de López Obrador.
A falta de lo que suceda con las reformas política y de la Guardia Nacional, el sexenio ya se terminó, y los dos años que quedan hasta estar inmersos en una campaña electoral aún más dura si cabe que la del 2024, van a ser de navajazos internos en Morena, que no tiene oposición. Ni un PRI anti soberanía, ni un PAN anti derechos, ni un Movimiento Ciudadano pro legalización y aborto pero en contra de un modelo económico de justicia social, son alternativa de nada.
En ese escenario de polarización en el que Andrés Manuel se mueve como pez en el agua (el problema es que a 4 años de haber ganado las elecciones no se sostiene ser opositor al neoliberalismo cuando la principal tarea es gobernar y transformar el Estado y las condiciones de vida materiales de las clases populares), las disputa de cara a 2024 es al interior del obradorismo, a quien solo la falta de unidad interna le puede hacer perder una elección presidencial cuya candidatura todo parece indicar que se va a decidir por encuesta, aunque según Alejandro Moreno [1] solo el 14% de la población prefiere este método para escoger al candidato de Morena, frente a un 48% que prefiere una elección interna, bien sea esta abierta a la ciudadanía o solo entre la militancia del partido, porcentaje que sube al 56% entre la militancia de Morena.
La apuesta en 2024 debe ser recuperar el excelente proyecto de nación de 2024 y exigir que, quienquiera que sea el candidato en 2024, lo haga suyo.
La pregunta que queda en el aire es si después de 2024 va a haber obradorismo sin Obrador, como en Argentina hay peronismo sin Perón o en Venezuela chavismo sin Chávez. La existencia de esa identidad política también podría determinar la elección presidencial y sobre todo, el sexenio 2024-2030.
Nota:
[1] De métodos y candidaturas 2024 https://nacion321.com/opinion/alejandro-moreno-de-metodos-y-candidaturas-2024
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