Se han cumplido nueve años de la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Y como en todo crimen en el que el aparato estatal se ha puesto en marcha, seguimos sin saber muchos detalles esenciales y el actual gobierno parece mostrar poca voluntad de ir más al fondo del problema.
A diferencia de la vulgar promesa de Fox de arreglar el conflicto de Chiapas en 15 minutos, por allá del año 2000, la promesa de López Obrador de llegar al fondo de lo acontecido en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, parecía una tarea más asequible, sin embargo, había razones para dudar de que realmente fuera a cumplirse.
El gobierno es sólo una parte del Estado, una muy importante -más en los sistemas presidencialistas como el mexicano- pero no la única. Otra parte del Estado son los cuerpos de seguridad, como el ejército y las policías, siendo el ejército uno de especial importancia, ya que sus élites son parte esencial del poder de prácticamente todas las sociedades.
Originalmente, el ejército mexicano fue una mezcla de militares realistas (como Iturbide o Santa Anna) y de insurgentes (como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria o Juan N. Álvarez), quienes solían levantarse en armas de vez en cuando y ponerse al servicio de la ideología o cacicazgo que les pareciera más conveniente.
Esto trajo consecuencias funestas para el desarrollo del Estado mexicano, que naufragó por varias décadas y en esas condiciones presentó una resistencia que sólo puede ser caracterizada como heroica a las intervenciones extranjeras.
Tal vez el más importante logro de Porfirio Díaz fue lograr someter al ejército a la disciplina del Estado. Pero es más relevante lo que logró hacer el Estado posrevolucionario que disciplinó y alineó al ejército emanado de una Revolución y, al menos por la mayor parte del siglo XX, éste se mantuvo con una participación política relevante, pero sometido al poder civil.
Con la crisis del Estado posrevolucionario tendría que llegar una crisis en la relación entre ejército y gobierno civil, no ha sido casual que desde finales de los 80’s el gobierno haya tratado por distintos medios de revitalizar ese contrato.
Calderón Hinojosa, Peña Nieto y López Obrador han tratado de renovar la relación, pero siempre han buscado generar contrapesos, uno por medio de la Marina, el segundo con la gendarmería y en algún momento el actual presidente pareció intentarlo con la Guardia Nacional, proyecto que acabó quedando en manos del ejército, junto con jugosos contratos de construcción.
Aún con toda la fuerza popular que respalda a López Obrador, todo parece indicar que éste, por gusto o por debilidad, no logró hacerle frente al poder de este organismo, y por el contrario ha procurado servirles todo en bandeja de plata.
Es muy probable que este gobierno cierre con ese avasallador apoyo popular y además con el visto bueno de los militares, pero vale la pena preguntarse qué le espera a su sucesora.
Es importante señalar que en la crisis del Estado neoliberal, el ejército también ha dejado de ser monolítico, algo que parece ser un síntoma claro de lo que aconteció en Iguala en septiembre de 2014. Todo parece indicar que un jefe militar local se encontraba trabajando para un narcotraficante de la región y actuó al margen del resto del ejército y del gobierno.
Pero, a sabiendas de esto, los demás aparatos del Estado se han puesto en marcha (hasta el día de hoy) para garantizar el prestigio de la que hasta hace unos años era una de las pocas instituciones gubernamentales que le generaba confianza a los mexicanos.
El futuro es impredecible, pero las tendencias existen, y la relación de poder siempre está en juego, hoy es innegable que más allá de su popularidad o aprobación el ejército cuenta con el poder de las armas, así como de organización y disciplina, que podrían optar por hacer a un lado la institucionalidad que hoy conocemos.
Francisco Lemus | @PacoJLemus
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