Otra vez los gallos y las medianoches despiertan para hacer del saqueo la bandera de luz verde a los despojos de los territorios. Las voces se han multiplicado desde diversos sectores. Desde las asambleas socioambientales, las comunidades mapuches, organizaciones campesinas, organizaciones piqueteras y sindicales, hasta viñateros y ruralistas. Sin olvidar a familias enteras que se […]
Otra vez los gallos y las medianoches despiertan para hacer del saqueo la bandera de luz verde a los despojos de los territorios. Las voces se han multiplicado desde diversos sectores. Desde las asambleas socioambientales, las comunidades mapuches, organizaciones campesinas, organizaciones piqueteras y sindicales, hasta viñateros y ruralistas. Sin olvidar a familias enteras que se movilizan un día domingo hasta altas horas de la noche o quienes acampan al costado de las rutas a la espera que una marcha que ya podría titularse: la «Marcha de la Dignidad por el Agua», la cual arrancó el domingo a las 8 de la mañana a pie, bicicleta, monopatín o lo que fuera. La marcha recorre la Ruta 40 como columna vertebral de una lucha que nunca claudicó, ni siquiera en los momentos más complejos. El abanico es amplio y variopinto. Nadie se queda afuera. Mientras tanto, el looby minero junto al gobernador Rodolfo Suárez hacen malabares por estas horas para sostener una reforma de la ley 7722, que nunca tendrían que haber tocado.
La mecha se encendió hace más de una década en la Patagonia, en ese sur que sabe de lo que es curtirse al calor del frío. Nació cuando el pueblo de Esquel se opuso a un proyecto de extracción de oro por parte de la empresa El Desquite. En esas horas decisivas, las asambleas se multiplicaban y las movilizaciones crecían en Chubut. De allí nació el contagio que llevó a que se encendiera un fueguito en Mendoza, más precisamente en San Carlos. Acaso como si las palabras de Eduardo Galeano quedaran inscriptas en las venas abiertas de las tierras del sur, tan real como que «El mundo es eso (…) Un montón de gente, un mar de fueguitos«. Esos fueguitos movilizan por estas horas al pueblo de la provincia cuyana a movilizarse desde los cuatro puntos cardinales hacia el corazón estático de la institucionalidad: la casa de des-gobierno.
El viernes las espaldas fueron las caras de la gran mayoría de los y las legisladoras. Caras que enfrentan al pueblo de espaldas y tras las vallas. Un abanico que reconfigura el mapa político de todos lados. Un romance que duró treinta segundos a nivel nacional y provincial. Un mandato construido por arriba, desde una estructura tan magnánima que hace aguas. Mendoza lo refleja como la cristalina imagen del rostro en cualquier espejo de agua en estas tierras, el pueblo refleja con claridad que «El agua de Mendoza no se negocia». Mendoza y Chubut por estos días tienen el mismo camino: la unidad y la calle como horizonte, ante los embates de los gobiernos nacional y provinciales. Sin dudas como el grito del movimiento feminista cuando sentencia «abajo el amor romántico».
La estrategia del caracol
El caracol camina con una constancia milimétrica. Despacio y sin pausa. La estrategia es fundamental. Como en la película del director colombiano Sergio Cabrera, la estrategia es la que define y la que marca camino. El sendero en Mendoza ha sido y es la unidad en la diversidad. Una unidad que ha sido desde los comienzos variopinta, multicolor y rebelde. Rebeldía que se expresó el último viernes en un pueblo al borde de la sedición mientras legisladores y legisladoras componían un cuadro que no lograba anclar ni en el surrealismo ni el realismo más perspicaz. Menos aún en los pocos cuerpos que con y sin cascos hacían la parodia del minero feliz, ante la promesa metafísica de un mundo de progreso y espejitos de colores.
Son años, más de una década que la consciencia ha avanzado y ha planteado un escenario de una gran movilidad política y social, cuando se pensaba que Mendoza estaba en su eterna siesta, donde la defensa del agua estaba olvidada. La consigna de la provincia calma y tranquila, habitante de la pulcritud vendimial cae por tierra nuevamente. A tal punto, que el pueblo de Alvear exigirá mañana la suspensión de la Fiesta de la Vendimia departamental. Esta vez el tablero hizo enroque y marcó el vale cuatro. En las puertas de la Legislatura se confundían anarquistas, marxistas y peronistas. Doña rosa y su cacerola junto a Greenpace también gritaban y el muchacho sin remera subido al respiradero de la plaza Independencia con su cartel que decía: «La 7722 es del pueblo». Es que el tratamiento express que dio tanto la Cámara de Diputados como de Senadores ha hecho una captura de ese atributo que ha tenido esta ley: la de ser del pueblo. Nació de la movilización popular en el 2007 y se sostuvo hasta el viernes en ese lugar. En sesiones especiales de ambas cámaras se dio tratamiento a la reforma de la ley 7722, cuyo proyecto ingresó apenas unos días de asumido el nuevo gobernador de la UCR, Roberto Suárez, y que llevó la firma de puño y letra de quien ocupa el sillón de San Martín. El viernes hubo un «secuestro» de ese carácter de parte de un arco importante de la política local y pone en evidencia los entramados de poder.
La estrategia es determinante. El agua es estratégica para la vida. Un nuevo giro hacia la naturaleza pone en relieve a la Madre Tierra y el agua. Eso lo comprendió el pueblo de San Carlos cuando en 2006 llevó adelante los primeros cortes en la Ruta Nacional 40 y el primer ayuno en las puertas de la Legislatura en manos de Autoconvocados de San Carlos. Esas acciones serían la bisagra para que en la capital mendocina comenzaran también las primeras movilizaciones. Las intervenciones en la Fiesta del Agua en la Plaza Independencia y el escrache en la puerta de su propia casa, al por entonces gobernador radical, Julio Cleto Cobos, constituyeron, sin dudas, punta de lanza a un movimiento social que ha crecido día a día. Charlas, talleres, obras de teatro, radios abiertas se multiplicaron en distintos puntos de la provincia.
En un contexto preelectoral y ante las negociaciones de Cobos para su candidatura a la vicepresidencia junto a Cristina Fernández, en aquellos añejos tiempos de la concertación, con Marita Perceval a la cabeza, terminó con el veto a la ley de prohibición de la megaminería que había aprobado la Legislatura. Ese veto levantó al pueblo mendocino decididamente de norte a sur. Los cortes de ruta en San Carlos y la histórica pueblada de Alvear constituyeron las bases de lo que hoy se conoce como Ley 7722. La misma prohíbe el uso de sustancias tóxicas (cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, entre otras) en el proceso de lixiviación de la minería y ha sido la herramienta jurídica que ha resultado un muro de contención para los proyectos de la megaminería. Sin embargo, esta normativa para nada ha significado la anulación de la actividad minera en la provincia, sino una barrera a los métodos que emplea la gran minería del oro, la plata y el cobre.
Pasaron doce años y pasaron cosas: intentos sucesivos de modificar o vulnerar la 7722 a través de los proyecto Potasio Río Colorado, San Jorge, Hierro Indio y Cerro Amarillo. Pasaron los gobiernos de Cobos y Cornejo por la UCR y Jaque y Pérez por el PJ y nadie pudo mover la ley. La Corte Suprema de Mendoza dictó la consitucionalidad de la norma en 2015 y en 2017 ratificó dicha decisión, incluso hasta puso en valor el carácter progresivo de la ley en la preservación del agua, un bien tan fundamental para la vida en Mendoza.
Un naufragio llamado Suárez
Arrancó con la impericia de quien cree que haber sido intendente de la capital mendocina le da el piné para hacer y deshacer como en el municipio capitalino. Desde algunos entornos del radicalismo lo señalan como el más PRO de los radicales. Su lectura en el armado de su equipo fue llevar a su gente y sostener a dos alfiles de Alfredo Cornejo, anterior gobernador y hoy Senador Nacional y pieza clave del radicalismo nacional: Emilio Guiñazú, Subsecretario de Energía y Minería y el Secretario de Ambiente, el diseñador Humberto Mingorance. Ambos fueron claves en la introducción del fracking a Mendoza, en la zona de Vaca Muerta y con tratamiento también express, vía presentación administrativa y dejando de lado el debate público y menos aún parlamentario. Fue el estilo del gobierno de Cornejo durante sus cuatro años, el de imponer sin debate y poca negociación.
Suárez en una semana ha buscado emular a su antecesor pero nunca advirtió que el tema megaminero ha anclado fuertemente como un consensos inamovible de la sociedad. La megaminería no tiene licencia social desde hace más de una década y lo ha expresado el pueblo en múltiples oportunidades. El error de cálculo ha mostrado las improvizaciones de la política vernácula y que los tiempos han cambiado, muestran que Cornejo ya no es el gobernador y que imponer ya no es la forma. No hay licencia social para la megaminería y los consensos son claros en la sociedad y los manifiesta por estas horas en cada rincón de Mendoza.
Naufraga Suárez a pocos días de su debut con la banda provincial. Ni bastón ni banda. La Casa de Gobierno amanece sitiada. Es domingo y las vallas son el anfitrión de la supuesta casa del pueblo. Allí adentro, en el cuarto piso, el sillón estático ni siquiera guarda el aroma al perfume de José de San Martín. El sillón es solo recuerdo de un pasado de gesta libertadora pero que ni la memoria histórica guarda. Las vallas muestran la forma, el método, el camino que ha decidido implementar el recién estrenado Suárez en su mueca de sonrisa falsa: el cerco al pueblo, el mismo que hoy se moviliza y seguro varios votos fueron a él.
Un moso para el banquete
Guillermo Mosso se ha erigido como la voz de los intereses megamineros dentro y fuera de la Legislatura. Es diputado provincial por el Partido Demócrata (PD) y es parte del Frente Cambia Mendoza. Es un activo militante en los medios locales y en las redes sociales por la reforma de la 7722 y el avance de la actividad de la gran minería en Mendoza. Fue funcionario durante la gobernación del justicialista Celso Jaque. Ocupó la Dirección de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Seguridad, con Juan Carlos Aguinaga como Ministro y Carlos Rico como Subsecretario de Seguridad de la provincia, ambos también del PD. Cargos a los que renunciaron luego del escándalo que vinculó a Rico con delito de lesa humanidad y que llevó a su detención en abril del 2013. Ocupó el cargo de Director de Promoción de la cartera de turismo durante la gobernación del también justicialista Rodolfo Gabrielli. Además ha ocupado puestos claves en los diarios digitales Los Andes y MDZ.
Mosso es un buen interlocutor entre las distintas bancadas, en particular la del PJ, para impulsar la reforma. Ha escrito recientemente una respuesta a la carta de los y las investigadoras del CONICET de Mendoza que plantearon una posición crítica a la reforma de la 7722, en el periódico Memo donde aduce el diputado que «Amén de muchas consideraciones que se pueden compartir, se manifiesta una clara objeción ideológica de base contra la minería metalífera, y esto es algo que se observa con asiduidad en ámbitos universitarios, científicos y técnicos«. Sin dudas, el prejuicio ideológico queda manifiesto en este intento de anular la posición crítica de quienes son parte del IANIGLA-CONICET desde una consideración netamente ideológica y que rememora cierta doctrina asociada al menemismo o macrismo y el que se vayan a lavar platos los científicos o el caer en la educación pública porque no entienden nada de la realidad económica de la provincia. Un reduccionismo que atenta, incluso contra el inventario de la Ley de Glaciares.
Suponían que el banquete estaba servido y que estaba todo listo para festejar. Las copas desbordaban el viernes por la noche y el sábado la fiesta continuó. El error de cálculo fue que distintos sectores de la sociedad salieron a la calle el domingo y hoy lunes la fiesta está en estado de coma postdesbordes. Mientras tanto, ya los pedidos que renuncie el gobernador Suárez se hacen sentir desde los y las manifestantes.
Don Sixto, que en paz descanse
Los dos proyectos que están en gateras para salir al ruedo son San Jorge y Don Sixto. Aquí aparece el entramado que da sentido al breve repaso del caminar de Mosso y sus relaciones. Los permisos de la mina Don Sixto pertenecen a la familia de Félix. Omar y Chafi Félix, ambos del PJ y que conforman una línea propia en el partido, desde hace años tienen un litigio por este proyecto megaminero de oro y plata en la zona limítrofe entre San Rafael y Malargüe, con la Comunidad Mapuche Lof Rukache, que pertenece a la Organización Mapuche Malalweche y que han interpuesto en la justicia local demandas por intentos de desalojo de las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas, por parte de los hermanos Félix y la multinacional Yamana Gold, la misma empresa que es una de las empresa de la masa societaria que explota la mina Bajo la Alumbrera en Catamarca y que el Fiscal de Tucumán, Antonio Gómez, impulsó una denuncia por delitos ambientales contra el titular de Minera La Alumbrera, debido a un hecho de contaminación.
El exgobernador Gabrielli es el puente entre los Félix y Mosso. Esto lleva a que recientemente, según muestra el propio Mosso en su Twitter, visitó la Mina Gualcamayo en San Juan, que aún es propiedad de Yamana Gold, más allá de estar en proceso de venta desde 2017. Los hermanos Félix alentaban en los meses iniciales de este año, y ante las definiciones del armado de las listas del PJ, un Instituto Provincial de Minería (algo así como el instituto de la megaminería). Un organismo similar a Irrigación, con características de ser un ente autárquico y donde pudieran participar las ONG y asambleas socio-ambientales en los procesos de control por parte del estado en el desarrollo de la megaminería en Mendoza. El tema, es que Irrigación, si bien nació con un buen fin: la organización y protección del recurso hídrico, con las décadas, se transformó en un mecanismo burocrático en busca del control de los Inspectores de Cauce para controlar territorios. El control territorial sabemos que definen elecciones. La creación del Instituto Provincial de Minería, llevaría adelante la regulación de la Policía Minera, prevista por la propia Ley 7722 y que se podría constituir en un nuevo ejercicio de control territorial a base de prebendas políticas.
En esta entrampona se encontró el PJ, al negociar Alberto Fernández con los gobernadores radicales la Ley de Emergencia y al señalar con claridad que las leyes de Chubut y Mendoza ya estaban en marcha, como señaló Página 12 en su edición papel. Furcio que parece transparentar acuerdos que se vieron reflejados en las votaciones tanto de la Legislatura mendocina como por parte de legisladores opositores en el Congreso Nacional. El mal cálculo explotó en las calles de Mendoza desde hace una semana y que los caciques del PJ local trataron de resolver con una conferencia de prensa con Anabel Fernández Sagasti a la cabeza, Guillermo Carmona, Bermejo y el propio Félix, quien fue el que llevó la batuta de la conferencia, donde a grandes rasgos plantearon el acompañamiento del proyecto de modificación enviado por Suárez y el aporte de modificaciones que nada cambiaban al fondo de la cosa.
El costo político ya desangra al PJ. Guillermo Carmona desde tu Twitter salió a pedirle al gobernador Suárez que vete la ley debido a las movilizaciones populares, hasta aquí el único que ha salido públicamente a fijar una posición opuesta a lo dicho en la conferencia de prensa y a lo reflejado en las votaciones de las dos Cámaras en la Legislatura. En tanto, Sagasti sigue en silencio y las bases militantes cada día más descontentas con la decisión tomada.
Acá nadie se rinde
En este contexto, las asambleas socio-ambientales salieron a repudiar los votos positivos al proyecto de reforma de la 7722 que envió el gobernador Suárez. La historia marca los sentidos y los caminos. La Ruta 40 fue escenario de los cortes apenas asumió Jaque a la gobernación y las piletas con agua fueron emblema de una lucha que ocupó la enunciación de sentidos en un verano que soñaba tranquilidad y que mostró que las calles y las rutas eran la estrategia. La emblemática 40, hoy es testigo de un hecho histórico para Mendoza, casi con ribetes épicos. La marcha que convocó el pueblo de San Carlos arrancó a las ocho de la mañana del día domingo para ver hoy las puertas de la Casa de Gobierno, donde la exigencia es el veto del mismo autor del proyecto de reforma, a lo que se aprobó el día viernes en la Legislatura.
Las Asambleas se han multiplicado y este mismo domingo se constituyó la Asamblea del Agua de La Paz, tal vez sea el último departamento de la provincia que aún no había encontrado la asamblea como método para el encuentro por preservar el agua. Las movilizaciones se multiplicaron y en horas de la noche de ayer, hubo una masiva concentración y corte en Luján de Cuyo, marchas multitudinarias en Rivadavia, San Martín, Maipú. Lavalle se movilizó hasta el nudo vial. Una verdadera Asamblea del pueblo que ha resistido una vez más a los embates por la instalación de la megaminería en una provincia que claramente no le otorga licencia social. Un punto destacado, la Asamblea de Uspallata que sostuvo un corte total de la Ruta Internacional 7, donde hasta el Cura del pueblo participó en las movilizaciones. La Casa de Gobierno rodeada por la dignidad de miles marchando y exigiendo. Miles que dicen: «no hay licencia social para la megaminería». El caracol en su estrategia.
Hacia una mirada «biocéntrica»
Dice el poeta José Martí en su poesía Banquete de Tiranos: «Hay una raza vil de hombres tenaces/ de sí propios inflados, y hechos todos, / todos del pelo al pie, de garras y diente; / y hay otros, como flor, que al viento exhalan / en el amor del hombre su perfume«. La resistencia deja de ser resistencia para ser encuentro en la mirada con el otro y la otra. Nuevas formas de habitar las relaciones entre política y la tierra. Nuevas formas de encontrarnos con la Pacha, la Mapu, Abya Yala, la Gran Madre, la Madre Tierra. Un sentido donde el perfume del amor a la tierra es un reencuentro con el sentido profundo de la existencia. Una búsqueda de un senti-pensar biocéntrico que nos permita un regreso a la tierra.
El intelectual uruguayo Eduardo Gudynas nos dice que los valores biocéntricos buscan «colocar los valores propios en la vida, sea en individuos, especies o ecosistemas«. Esto nos lleva a analizar distintas dimensiones a la hora de un emprendimiento megaminero y las reacciones sociales, en particular cuando una reforma de una ley es regresiva en materia de derecho (y por lo tanto inconstitucional) pero sobre todo, nos marca un eje fundamental en el debate: la vida, que si bien es paradójica y contradictoria según desde donde la podamos abordar, es la raíz que echa luz a las relaciones entre humanidad y naturaleza.
Desde la perspectiva de la ecología profunda el mismo Gudynas, dice: «Bajo esta concepción, la Naturaleza ocupa un papel central, aunque se introduce otro énfasis clave: esa naturaleza si bien es entendida de una manera extendida y ampliada también incluye a la sociedad. Dicho de otra manera, la cultura y las sociedades humanas se insertan dentro de la Naturaleza«. El biocentrismo busca una forma igualitaria de todas las formas de la naturaleza, lo cual pone en debate la concepción antropológica de la modernidad y con ello, sobre todo, de las consecuencias de la revolución industrial. Paradigma que día a día agota un poco más su pólvora.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.