Al menos 79 personas murieron y otras 81 resultaron heridas en el estado de Hidalgo, México, luego de que estallara un ducto de combustible de la empresa estatal de Petróleos Mexicanos (Pemex), que estaba tomado ilegalmente. El nuevo mandatario Andrés Manuel López Obrador intenta desmantelar una red criminal que se dedicaba a organizar la toma […]
Al menos 79 personas murieron y otras 81 resultaron heridas en el estado de Hidalgo, México, luego de que estallara un ducto de combustible de la empresa estatal de Petróleos Mexicanos (Pemex), que estaba tomado ilegalmente. El nuevo mandatario Andrés Manuel López Obrador intenta desmantelar una red criminal que se dedicaba a organizar la toma y comercialización clandestina de hidrocarburos, el huachicoleo.
Desde hace tiempo México sufre escasez de combustible, y el llamado huachicoleo resultó para varios lugares de México una rápida escapada a la crisis económica que afecta al país en los últimos 20 años. El fiscal general Alejandro Gertz describió al siniestro como intencional porque hay responsables de esa perforación y por consecuencia el incendio fue delito. López Obrador no descartó ninguna posibilidad sobre las causas del siniestro.
El incidente ocurrió en la madrugada del sábado en el municipio de Tlahuelilpan mientras decenas de personas cargaban bidones de combustible del ducto perforado. Entre los lesionados, hay varios menores de edad que acompañaban a sus familias. Hasta el domingo se tenían contabilizados 79 fallecidos, de los cuales 56 corresponden a restos levantados en el lugar de la explosión y otros seis son cuerpos completos.
El estallido del ducto en Tlahuelilpan evidencia con crudeza el alcance que el robo de combustible y la actividad de los huachicoleros ocasiona la mayor sangría de hidrocarburos que sufre Petróleos Mexicanos, incluidos desde quienes extraen enormes volúmenes de gasolina mediante la ordeña de ductos, hasta quienes desde el interior de la empresa facilitan esas operaciones ilegales o fingen ignorarlas. Este fenómeno delictivo ha echado profundas raíces en una parte considerable de la población.
La participación activa de centenares de hombres, mujeres y jóvenes provistos de toda clase de recipientes en las tomas clandestinas abiertas por los huachicoleros deja en claro que el problema va más allá de un robo que permite el enriquecimiento de un nutrido grupo de malhechores, señala un editorial del diario La Jornada.
Ciudadanos comunes pertenecientes a estratos económicamente sumergidos, durante muchos años desatendidos por el Estado, carentes de ingresos y huérfanos de posibilidades de crecimiento personal y colectivo, se cuelgan de las acciones de los ladrones de combustible a gran escala, incurriendo así en una conducta tipificada como delito y en vías de convertirse en delito grave, si en febrero el Congreso cambia la legislación.
Pero al margen de las sanciones legales, la participación de comunidades enteras en la sustracción y comercialización de un recurso que pertenece a la nación induce a reflexionar sobre la complejidad del asunto. Parece evidente que el vacío dejado por los distintos gobiernos federal, estatales y municipales en los estados donde el fenómeno es más pronunciado ha sido llenado por la ilegal industria del comercio dehuachicol.
«Es preciso evitar la respuesta más sencilla (que en los dos días transcurridos desde la explosión en Hidalgo ha inundado las redes sociales) consistente en criminalizar sin más trámite a quienes en este caso resultaron víctimas del estallido y a su entorno», señala el diario.
Es indispensable, sin embargo -y por fortuna el actual gobierno parece haberlo entendido así- que esta doble tarea vaya acompañada de efectivos programas sociales de ayuda, que fortalezcan el discurso de la legalidad con el recurso del apoyo económico. De otra manera, corremos el riesgo, todos, de que el saqueo y el estallido de Tlahuelilpan vuelva a repetirse más temprano que tarde, concluye el editorial.
La periodista y escritora Ana Lilia Pérez, autora de cuatro libros sobre la corrupción en Pemex y el robo de combustibles señala que fue una tragedia anunciada: los fallecidos, los heridos: esta gente es el eslabón más débil dentro de la estructura del robo de combustible. Advirtió, asimismo, que en muchas comunidades grupos criminales obligan a los ciudadanos a participar en el robo de combustibles y se debe investigar si éste fue el caso de la tragedia de Tlahuelilpan.
Explica Pérez que la negligencia que hubo durante los últimos gobiernos para atender el problema ha dado como resultado el aumento de víctimas: A medida que creció el robo de combustible, de ser una práctica hormiga a volverse el principal botín del crimen organizado, también se vinculó a muchas comunidades como un efecto letal. Este es el rostro más vulnerable y vulnerado de todo el espectro criminal.
Añade que hay muchas otras víctimas de los últimos años, como trabajadores que denunciaron lo que estaba ocurriendo todos estos años y fueron desaparecidos; trabajadores siniestrados por negligencia y no les dieron la indemnización debida. Ahora se deberá investigar quién hizo previamente la toma y las condiciones en las cuales esta gente se suma a la sustracción ilegal de combustible.
«El huachicolero llegó a suplantar al narcotraficante. En muchos casos es lo mismo. En Guanajuato, por ejemplo, las drogas las controlan los mismos huachicoleros. Se requieren estrategias integrales dentro de la cultura de la legalidad. Ésta no se puede exigir cuando el ciudadano tampoco está dispuesto a ser legal», señala la investigadora, quien se pregunta ¿qué llevó a la gente a estar ahí: fue su propia circunstancia de pobreza pese a saber que se corre riesgo, o bien, participaron por presión del crimen?
Afirma que todas las tomas clandestinas son coordinadas, y el mercado negro de combustible fue creciendo, porque había empresarios del sector que estaban entrando como compradores del mercado criminal. Transportistas, contratistas que eran copartícipes de estas actividades, y en vez de que Pemex investigara se les permitían estas prácticas. Todo fue creciendo porque se podía hacer, por la impunidad.
Añade que es necesario investigar, detener y atender el delito de cuello blanco, porque es parte de esta estructura criminal, y que se les detenga, que sea ejemplar la justicia.
Gerardo Villagrán del Corral. Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.