Narcotráfico ¿Qué es narcotráfico? El vox populi a menudo responde a botepronto: tráfico de drogas. Algunos científicos sociales acostumbran decir que tal definición es empíricamente cierta pero científicamente falsa. Yo argüiría que es redondamente falsa. Ni siquiera un observador amateur podría ignorar que el narcotráfico en México tiene tantas aristas, dimensiones y esferas de influencia […]
Narcotráfico
¿Qué es narcotráfico? El vox populi a menudo responde a botepronto: tráfico de drogas. Algunos científicos sociales acostumbran decir que tal definición es empíricamente cierta pero científicamente falsa. Yo argüiría que es redondamente falsa. Ni siquiera un observador amateur podría ignorar que el narcotráfico en México tiene tantas aristas, dimensiones y esferas de influencia que incluso es difícil distinguirlo de un gobierno, un ejército o una empresa. En este sentido, tal tentativa de definición es apenas la descripción de una de las múltiples funciones que engloba «narcotráfico».
El narcotráfico cobra impuestos o derecho de piso, efectúa tareas de contrainsurgencia o represión, ensaya estrategias de comunicación con el público, entrena o recluta comandos militares de élite, conquista territorios por la fuerza, delimita fronteras militarmente, genera fuentes de empleo, invierte en obras públicas tales como carreteras, escuelas e iglesias, desarrolla proyectos turísticos e infraestructurales, diversifica el mercado legal e ilegal, agrupa en su órbita a las Pymes del crimen común, regula relaciones sociales en las comunidades, coopta poblaciones jóvenes, pobres y desocupadas, desempeña funciones de arbitraje en la resolución de conflictos en los barrios, define contenidos editoriales de la prensa, blanquea o lava sumas ingentes de dinero, teje alianzas con la clase gobernante, financia campañas políticas etc. Y, por último, trafica droga.
La opinión comúnmente compartida es que «los políticos corruptos imitan a la mafia». Pero ¿acaso el ejemplo mexicano no sugiere que el orden de los factores es a la inversa, y que los narcotraficantes emulan el comportamiento político del Estado y sus representantes?
Efectivamente, el inventario de rutinas arriba citadas, y de las cuales hemos sido testigos todos los mexicanos, particularmente en los últimos 12 años, perfilan o constituyen comportamientos típicamente políticos. Esto significa que el narcotráfico no es únicamente drogas y economía ilegal, sino también, y acaso señaladamente, política y Estado.
Diversas organizaciones civiles en México coinciden en señalar que es realmente difícil establecer los contornos de la delincuencia y el Estado; o, en su defecto, que tal separación demanda rigor quirúrgico. Y aciertan. La razón es que el narcotráfico es una problemática que implica, desde sus orígenes, fuertes conexiones con el aparato estatal y sus instituciones. Tal conexión alcanzó en México un grado de desarrollo y evolución posiblemente inédito en el mundo. Cómo llegamos a esta encrucijada, es quizá la pregunta que deberíamos formular y responder los mexicanos. Pero ese objetivo rebasa las dimensiones y aspiraciones de este breve ejercicio de reflexión.
Ahora bien, lo políticamente sustantivo de este análisis es identificar cómo la naturaleza política del narcotráfico se desdobla e impacta en las estructuras del Estado, porque sólo así estaremos facultados para valorar las acciones de gobierno y enarbolar propuestas sobre la materia. La caracterización del narcotráfico que pretendo hacer en este análisis aspira a exhibir el carácter político de ese actor -a menudo ignorado por las corrientes de opinión dominantes-, y cómo tal carácter, en los hechos, reviste fines estatalistas. Para tal efecto, es necesario puntualizar qué entendemos por «comportamiento político» e «indicador de estatalidad». Y acudo a una ilustración básica, no sin ignorar el riesgo que involucra aislar objetos en el caso de un análisis que versa sobre fenómenos sociales: la lógica de costo-beneficio o maximización de ganancia es una consideración económica, y por consiguiente un indicador de mercado; la conquista militar de un territorio y el control de esa territorialidad mediante la delimitación de fronteras es un comportamiento político, y por consiguiente un indicador de Estado. Si bien es cierto que el narcotráfico engloba las dos dimensiones antes referidas, el propósito de esta reflexión es distinguir y caracterizar la segunda de ellas: la política y estatalista.
Está casi universalmente aceptado que un Estado nacional tiene por lo menos cuatro atributos: a saber, territorio, coerción, monopolio y legitimidad. La hipótesis que planteo es que el narcotráfico aglutina en su órbita tales ámbitos funcionales del aparato estatal en vinculación con las instituciones formales del Estado. Esto significa que, para arrancar al narcotráfico de las estructuras gubernativas, es necesario arrancar un «pedazo» de Estado, y más específicamente, un pedazo del Estado conservador. Alguien, en algún lugar escribió, que el error de AMLO, en relación con el presupuesto, había sido que, allí donde tenía que cortar con bisturí, el gobierno de la 4T pasó el machete. Considero que esta accidentada metodología de recortar presupuestos podría extrapolarse -acá sí legítimamente- al ámbito de la delincuencia organizada: decomisar resueltamente al actor narco los ámbitos funcionales del aparato estatal que, en coadyuvancia con el régimen conservador, regenteó durante tantos años.
Por ahora, interésanos identificar esos ámbitos funcionales en los que el narcotráfico emula comportamientos políticos, acaso como parte del Estado organizado.
Monopolio. El narcotráfico es monopólico. Existen casos en los que un territorio o plaza es «habitado» por dos cárteles; por ejemplo, Veracruz (Los Zetas; Cártel de Jalisco Nueva Generación). Pero esa cohabitación es hostil. Cuando CJNG penetró en la entidad veracruzana, los reporteros de la región advirtieron: «vinieron por todas las canicas». Esto significa que el narcotráfico es inherentemente monopólico, y que la coexistencia de dos o más cárteles es apenas un estadio inferior en el proceso de dominio hegemónico de uno sobre los otros. Los episodios de violencia desbordada que hemos observado en las diferentes geografías de México responden a las guerras predatorias que libran los cárteles del narcotráfico -prohijados por el blindaje institucional del poder político local- con el objetivo de conquistar exitosa, efectiva y monopólicamente un territorio, e instalar un centro de poder único sobre alguna demarcación territorial que, no casualmente, corresponde con las unidades administrativas del país (estados o municipios). La gente acostumbra llamar a este proceso «disputa por la plaza».
Territorialidad. El narcotráfico es territorial. Tras la conquista del territorio por la guerra, y el sometimiento del adversario, el cártel vencedor coopta o aniquila los remanentes del cártel rival. Posteriormente, establece un rígido control de la «plaza» a través de los agentes que más proximidad tienen con el territorio: policías, agentes de tránsito, elementos de las fuerzas armadas, taxistas. El cártel del narcotráfico engrosa este destacamento de ocupación con Halcones -jóvenes vigilantes que viajan en motonetas-, Estacas o sicarios -que por lo general son expolicías o exmilitares que ejecutan operativos de carácter militar- y escuadrones de muerte. En algunos estados como Veracruz, Guerrero o Tamaulipas es común encontrar retenes irregulares custodiados por personal del cártel fuertemente armados: delimitan el área de influencia -las fronteras- sobre las que ejerce soberanía la organización. Dentro de ese territorio, no se admiten adherencias o simpatías por otro grupo criminal. Cabe hacer notar que el objetivo central del narcotráfico es el control de territorios, ya que tal ejercicio de poder territorial es mucho más rentable que el tráfico de droga: permite dictar las leyes que rigen en un lugar.
Coerción: El narcotráfico es coercitivo. Es la violencia que dota de estabilidad a la victoria tras la guerra. Coerción es lealtad por la fuerza. Y esta violencia sostenida se expresa especialmente en modalidad de extorsión. Está documentado que en los 32 estados de la república el narcotráfico cobra una cuota o «impuesto» a los pequeños y medianos comercios, y el «derecho de piso» a los negocios clandestinos, informales o de giros negros. El incumplimiento del pago se traduce en cierre del emprendimiento o la muerte del dueño o algún empleado. Al igual que el juego extorsivo que caracterizó al Estado en sus orígenes, el narcotráfico ofrece protección o seguridad a cambio de una tributación. Lo mismo ocurre con los periodistas: el cártel que gobierna la plaza riega dineros entre la prensa local a cambio de lealtad. La deslealtad es castigada letalmente. En no pocos casos, ni siquiera compra las voluntades editoriales: tan sólo endosa la amenaza de muerte a aquellos periodistas que no se apeguen a su política de información. La extorsión también comparece en los dominios políticos. Cuando un aspirante a cargo de elección popular visita una comunidad, el narcotráfico acostumbra secuestrar las unidades vehiculares en las que se transporta el candidato y su círculo de trabajo, incluidos reporteros y personal de prensa. Se trata de un secuestro exprés que consiste en concertar ex profeso una entrevista entre el jefe narco de la «plaza» y el candidato en cuestión, con el propósito de acordar a priori la «agenda de cooperación» entre el futuro funcionario y la organización criminal. Esto ocurre rutinariamente en varios estados del país. Y los desencuentros se pagan con sangre. Tan sólo recuérdese el proceso electoral de 2018, que dejó un saldo de 523 políticos y funcionarios asesinados, de los cuales 48 eran candidatos a puestos de elección popular ( https://bit.ly/2zoA0sY ).
Legitimidad. El narcotráfico busca legitimidad. Como cualquier otro centro de poder y autoridad, el narco combina los recursos de la coacción y el consenso. Si bien los cárteles del narcotráfico en México han desarrollado sus propios medios de comunicación, lo cierto es que, en algunos estados como Veracruz, estas organizaciones han acudido a la prensa establecida para controlar la información que circula, y con ello conquistar simpatías entre el público a través de estrategias de comunicación que combinan la divulgación de éxitos programáticos (e.g. seguridad) y la censura de hechos o acciones socialmente inconfesables. También, innovan en materia de recursos comunicacionales; por ejemplo, las narcomantas . Reproduzco el pronunciamiento, a mi juicio emblemático, de aquella manta que dejó el CJNG al lado de los 35 cadáveres que, en 2011, arrojó en una avenida neurálgica de Boca del Río, y que da cuenta fielmente de ese interés de ganar legitimidad, y que es un atributo político que distingue a los cárteles: «No más extorsiones, no más muertes de ¡gente inocente! (sic) […] zetas del estado de Veracruz aún faltan más ministerios públicos […] Esto les pasará o como los que hemos matado a balazos (sic). Al pueblo veracruzano no se dejen extorsionar, no paguen más cuotas. Si lo hacen es porque quieren. esta gente es lo único que saben hacer […] Esto les va pasar a todos los zetamierdas (sic) que sigan en Veracruz la plaza ya tiene nuevo dueño».
Fuente: http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=190604_111253_850
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