«Desde el primer momento no hemos creído al gobierno federal, a cada rato salen con sus mentiras. Tenemos claro que su intención es cerrar el caso [Iguala-Ayotzinapa], que éste quede en el olvido como muchos [otros] que han cometido, pero definitivamente no vamos a descansar. Lo que nos informan lo escuchamos, pero no les creemos», […]
«Desde el primer momento no hemos creído al gobierno federal, a cada rato salen con sus mentiras. Tenemos claro que su intención es cerrar el caso [Iguala-Ayotzinapa], que éste quede en el olvido como muchos [otros] que han cometido, pero definitivamente no vamos a descansar. Lo que nos informan lo escuchamos, pero no les creemos», Felipe De la Cruz, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos, diciembre 2014.
«No importa el día, la lluvia o el sol, nosotros continuaremos con nuestra exigencia que es y seguirá siendo la misma, presentación con vida de nuestros compañeros y que sepa el gobierno que el 2015 será nuestro año», Omar García, vocero de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, 26 de diciembre 2014.
Suspicacia y desencuentro
A poco más de tres meses de los hechos de violencia de Iguala y pese a las decenas de personas detenidas por estar involucradas (material e intelectualmente) en las desapariciones y asesinatos, sigue sin saberse del paradero de los más de cuarenta estudiantes normalistas que fueron secuestrados el 26 de septiembre de 2014. Desde su inicio y a causa de diversas irregularidades e inconsistencias, las indagatorias oficiales (primero estatales y posteriormente federales) despertaron un halo de suspicacia e incertidumbre. No obstante, ahora, con la información difundida hace varias semanas por múltiples medios de comunicación acerca de que datos y evidencias claves (testimonios de normalistas y reportes provenientes de los aparatos de seguridad) deliberadamente fueron descartados y de que análisis científicos ponen en entre dicho la versión difundida de la PGR (de que los estudiantes fueron asesinados y calcinados en un basurero de Cocula), se ha incrementado y generalizado en múltiples sectores de la sociedad la falta de credibilidad respecto a la capacidad y voluntad política de las instituciones federales de procuración de justicia para resolver el caso Iguala. Muy lejos está el Estado de dar una respuesta verosímil y satisfactoria a las tres demandas principales de los padres y compañeros de los normalistas de Ayotzinapa: (1) presentación con vida de los estudiantes desaparecidos; (2) esclarecimiento creíble y fidedigno de los hechos violentos del 26 de septiembre en Iguala; (3) y, finalmente, castigo a todos los responsables (materiales e intelectuales) de estos hechos, así como de aquellos que por omisión y/o negligencia hayan tomado parte. Los asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa son sólo la agreste punta de un iceberg colosal que demuestra que la impunidad y la negligencia son, desde hace décadas y particularmente en relación a la violencia hacia los sectores populares (estudiantes, maestros, campesinos e indígenas), una constante de la vida política y social del país. Conforme pasan las semanas y meses, el Estado demuestra de facto que para él hay vidas que valen menos y son prescindibles.
Inicio viciado: evidencia sesgada e investigaciones parciales
El reclamo de que se incorporaron otras líneas de indagación en las investigaciones oficiales del caso Iguala no es una petición nueva, tiene antecedentes desde hace meses. Sin embargo, esta exigencia se ha incrementado significativamente desde la reciente difusión de información en torno a que no se estaba considerando, y de facto se omitía, evidencia relevante respecto al caso Iguala-Ayotzinapa; particularmente revelador fue el reportaje periodístico «la verdadera noche de Iguala», publicado el 14 de diciembre en la edición No 1989 de Proceso. No obstante, ya desde los días posteriores al 26 de septiembre de 2014 los padres y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos, junto con organismos sociales (como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan), insistieron reiteradamente que dentro de las indagatorias oficiales no se estaba retomando información significativa relativa al caso. (1) Por un lado, se dejaba de lado los múltiples testimonios de los normalistas sobrevivientes y agredidos que vivieron y presenciaron los hechos, las declaraciones de aquellos que sufrieron en carne propia los agravios de las fuerzas de seguridad. (2) Y, por otra parte, tampoco fueron incorporados como información pertinente para el esclarecimiento de los hechos los registros audiovisuales que estos mismos estudiantes lograron grabar con sus celulares la noche de la agresión.
Dicha evidencia apuntaba y sugería que, más allá de la versión que públicamente ha postulado la PGR en relación al involucramiento único y exclusivo de autoridades municipales y grupos del crimen organizado en los hechos de Iguala, también habían sido participes (directa e indirectamente) otras instituciones de seguridad del Estado mexicano. Frente a este panorama surge una pregunta de respuesta obligada ¿En qué investigación seria y cabal se omite deliberadamente y sin explicación razonable videos de los acontecimientos y testimonios de las víctimas que sufrieron de manera directa las agresiones y la violencia? La carencia y falta de justa valoración de esta información clave no sólo manifiesta una actitud deliberadamente negligente y fuertemente sesgada, sino que, además del desdén e indiferencia oficial hacia los deudos de las víctimas, contribuye directamente a propiciar situaciones de impunidad (en la medida en que se dejó de lado evidencia fundamental que contribuirá a la resolución del caso y quedó relegado el ejercicio de la justicia y el castigo de todos los responsables).
Duda, refutación y sospecha: una versión muy improbable de los hechos
Las críticas que ponen en entre dicho la versión de la PGR sobre los hechos de Iguala tiene dos vertientes (complementarias entre sí) y ambas coinciden en apuntar la insuficiencia de información, evidencia material y pruebas que han mostrado las indagatorias oficiales en el transcurso de estos meses.
Notas:
(1) Una de las refutaciones, sostenida por los físicos Jorge Montemayor del Instituto de Física de la UNAM y Pablo Ugalde de la UAM-Atzcapotzalco, recalca que, conforme a lo que hasta ahora se sabe y se ha hecho público, no es posible que haya acontecido el asesinato e incineración de los estudiantes en el lugar señalado por la PGR; lo cual conduciría a abrir otras líneas de investigación y a la incorporación de otros datos y evidencias que a todas luces han sido minusvalorados. Con base en diversos análisis y explicaciones entorno a las condiciones físico-químicas necesarias para cremar decenas de cuerpos (temperatura necesaria, insumos e infraestructura materiales requeridos para ese proceso de combustión, condiciones meteorológicas, entre otros), concluyeron que, contrario a lo sostenido por la PGR, no es físicamente factible que se hayan asesinado y calcinado a los normalistas en el basurero de Cocula el 26 y 27 de septiembre; y que, si efectivamente se asesinó y quemó a los jóvenes de esa manera, esto se llevo a cabo en otro lugar y con el sustento de infraestructura material adecuada (hornos especializados como crematorios) (La Jornada, 4 de enero 2015).
(2) El otro cuestionamiento se funda en información de una documentada y sólida investigación periodística (Proceso 1989, 1990 y 1991), que, recurriendo a testimonios de los normalistas (sobrevivientes de los hechos de violencia) y a datos y reportes obtenidos de los órganos de seguridad e inteligencia del Estado mexicano (el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo de Chilpancingo, el C4) (Proceso 1989), señala tanto el involucramiento de otros actores institucionales (la Policía Federal y el Ejercito) como el hecho de que autoridades de diversos órdenes de gobierno (estatal y federal) sabían en tiempo real lo que estaba aconteciendo en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa durante la noche del 26 de septiembre en Iguala y no hicieron nada por evitarlo.
Esta información viene nuevamente a cuestionar y sembrar serias dudas sobre la versión de los hechos que ha difundido y defendido a capa y espada la PGR y vuelve a poner sobre la mesa el tema de cuál es la verdadera voluntad política del Estado mexicano para resolver el caso; el recuento previo apunta más bien a que la intención de las autoridades federales es dar carpetazo y cerrar el caso, con miras a enterrar la crisis política en que se encuentra sumido el Estado desde fines de septiembre pasado. Así mismo y a un nivel mucho más amplio y general, plantea la inquietud de que, dado el involucramiento y participación directa e indirecta de actores e instituciones estatales en los asesinatos y desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa y las circunstancias de impunidad que han rodeado el caso Iguala, el Estado mexicano y sus instituciones no son capaces ni de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, ni de impartir justicia y castigar hechos criminales. En el contexto de un Estado cómplice, negligente y que fomenta de facto la impunidad, los padres y compañeros de los normalistas, junto con amplios sectores de la sociedad, han exigido y pedido que también se lleven a cabo investigaciones independientes y externas (como las que realiza el Equipo Argentino de Antropología Forense) y que intervengan organismos internacionales (como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en la búsqueda de los desaparecidos y la resolución del caso.
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